Por Sebastián Ernesto González

El 7 de abril los transportistas paralizaron el servicio público exigiendo aumentos a las tarifas, como argumento plantearon el encarecimiento del combustible  a consecuencia de la guerra en Ucrania. Es entendible que en dos años de pandemia uno de los rubros más afectado fue el transporte, a la crisis del virus hay que agregar el alto costo del combustible que dispara los precios en todas direcciones.

La paralización obligó al gobierno a sentarse con los representantes del rubro, el martes 12 de abril,  consensuado en medio de la Semana Santa, aumentos al precio del taxi colectivo, al transporte interurbano y subsidio al transporte ejecutivo.

En el grupo de los transportistas hay que diferenciar los magnates de los dueños de una sola unidad, sin duda alguna que, este segundo grupo ha sido el más sufrido en toda esta alza inflacionaria, por lo que si era necesario un ajuste a las tarifas. En el caso de los taxis colectivos solo se oficializó un aumento de cinco lempiras y se les concedió que ya podían subir un cuarto pasajero que se había eliminado a consecuencia del virus COVID-19. Al transporte interurbano se les concedió un aumento de 90 centavos por kilómetro y el servicio ejecutivo logró un subsidio.

La triste realidad de los pasajeros

Si bien es cierto que el grupo más maltratado en esta crisis necesitaban el aumento, no se puede abordar el tema sin señalar el pésimo servicio prestado por los trabajadores del transporte, el cual se convierte en un martirio diario para los ciudadanos que lo utilizan, quizás, más que lamentar los aumentos que ya nunca van a rebajar, es el hecho de que el servicio seguirá siendo una angustia permanente, iniciando por la cantidad de personas que sobrepasan la capacidad de cada bus, el maltrato vulgar e irrespetuoso que hacen ayudantes y choferes, hasta soportar que; bajo el efecto del alcohol o de las drogas estos empleados de las unidades pongan en riesgo la vida de los pasajeros.

Un día de trabajo para un ciudadano que se moviliza en bus, se inicia soportando la ansiedad del chofer y el ayudante producto del deseo por llenar la unidad hasta que ya no quepa un alfiler, en el transcurso del subir pasajeros hay que soportar que muchas personas pasen muy pegadas por detrás o por delante, casi fusionándose los cuerpos unos con otros. En este pasar o sobrepasar personas paradas o sentadas, se tiene que estar escuchando los insultos y amenazas de un ayudante mal vestido y con cara drogada, luego, al momento de bajarse en el lugar que corresponde hay que convertirse en un “hombre araña” para no quedar restregado en el pavimento. Desde el momento en que hay que subirse en el bus hasta el momento en que hay que bajarse debe soportarse con mucha paciencia la música estridente que repercute en los oídos, que en la mayoría de los casos es reguetón.

Hasta ahora, ningún gobierno o autoridad ha legislado para obligar a los transportistas a que brinden un correcto servicio donde se respete la dignidad de las personas. Generalmente, los magnates del transporte son los dueños de centenares de unidades recibiendo por cada una de estas una tarifa diaria que el chofer de cada bus está en la obligación de pagar, estos a la vez, con ayudante o sin él, andan todo el día como almas que se las lleva el diablo para obtener el dinero que corresponde a la tarifa, costo del combustible más guanacia del día.

Así que, ni los dueños del transporte ni los empleados del mismo tienen un atisbo por prestar un buen servicio a la ciudadanía, que en la mayoría de los casos; son mujeres, niños y personas de la tercera edad los más afectados.

En este momento se entiende el aumento al transporte, sin embargo, debe obligarse a los transportistas y sus empleados a que den un servicio de respeto a los pasajeros.

Los trabajadores necesitan aumento para cubrir el alza al combustible

 No ha pasado ni un mes desde que se decidió el aumento al salario mínimo cuando este ya fue absorbido por la inflación a consecuencia del precio del crudo. Esto vuelve una necesidad inmediata que se le aumente el salario a los trabajadores, si bien es cierto se aumentó al salario mínimo, debe existir un reajuste al mismo y además, aprobar el aumento de salarios a los empleados públicos y demás gremios. La única forma de contrarrestar esos aumentos es mejorando los salarios.

Por Carlos Alberto Fúnez

El gobierno de doña Xiomara Castro ha causado gran alboroto con el llamado a clases presenciales a partir del 18 de abril, por un lado, los sectores que consideran que los educandos muy poco han obtenido con dos años alejados de los centros educativos. Por otro lado, algunos dirigentes magisteriales que consideran que el retorno a la presencialidad inmediatamente después del receso  de semana santa; ocasionará un aumento en el nivel de contagio de COVID-19, situación que podría desencadenar la muerte de maestros y educandos.    

Entre los riflazos de uno y otro lado se encuentran los educandos, que son los mayores perjudicados al mantenerse alejados de los docentes, y, los mas beneficiados con el retorno a clases presenciales en su totalidad.

Diferencias entre dirigentes, un nudo giordano milenario

No se puede hablar de aplicar políticas educativas sin antes caracterizar a los presidentes de los colegios magisteriales. Las personas que dirigen ahora al magisterio son totalmente diferentes a los dirigentes de la década de los ochenta y hasta noventa, años en que no existían riquezas y por el contrario, los dirigentes ponían dinero de su bolsa para financiar actividades de lucha. Poco a poco el burocratismo fue absorviendo a las figuras actuales, y, estas a la vez, fueron creando feudos de los que se niegan a salir, considerándose dueños muchas veces de las finanzas y de los bienes de las organizaciones.

Actualmente es muy evidente la fragmentación de las dirigencias; algunos que, han pasado a ser funcionarios del gobierno de LIBRE mientras otros tienen como aspiración no perder el control de la organización que dirigen. En el caso del COPEMH y COPRUMH existe una seria diferencia desde la lucha de marzo del 2011 que aun sigue pesando en la unidad de los maestros, esta fricción se acrecentó a madiados del 2019 en la lucha contra el régimen de Juan Orlando Hernández por la derogación de varios PCM (decretos Por Consejo de Ministros).

Con el nombramiento del dirigente del COPRUMH, Daniel Sponda, como Secretario de Educación, se aumentó la incomodidad en los docentes por la decisión del ahora ministro, de reunirse con funcionarios del exdictador en plena lucha del 2019. Para nadie es desconocido que varios de los dirigentes del magisterio se promocionaron desde el triunfo del Partido LIBRE el 28 de noviembre del 2021, para ser el titular de educación. Creándose de esta forma un ambiente corrosivo entre los nuevos funcionarios de Educación y sus anteriores compañeros de lucha en las calles. Edwin Hernández y Jaime Rodríguez son expresidentes del COLPEDAGOGOSH y COPEMH respectivamente.    Edwin Oliva fue presidente del COLPROSUMAH y es el Secretario General de la Secretaría de Educación.

Mientras los funcionarios actuales coinciden en la necesidad de las clases presenciales, el otro sector que se mantiene principalmente en la dirigencia del COPEMH y PRICPHMA, han venido variando el discurso; 1) que no existen condiciones en los edificios, 2) que no existen implementos de bioseguridad, 3) que el oficio donde se da la orden es inentendible y contradictorio, 4) regresar a clases en la forma presencial, traerá como consecuencia el aumento exponencial de personas contagiadas de COVID y, en su defecto, de muertes. 5) desde el 1 de febrero estamos en clases.

A recuperar lo que la cuarentena se llevó

Si hay que Hablar de culpables en este retroceso en la educación pública es hablar de 12 años de una dictadura que nunca se interesó en una educación de calidad, es hablar de las dirigencias del gremio que han vegetado en los colegios magisteriales, es hablar de una universidad que es la encargada de formar a los nuevos licenciados en educación, es hablar de políticas desatrosas.

El gobierno lleva casi los tres meses de haber iniciado, es ser intransigente el despotricar por una medida correcta que beneficia a nuestros educandos. El dirigente consecuente en estos momentos no debe levantar banderas de lucha que reflejen la división entre colegios magisteriales. Para avanzar en educación en este momento pasa por empujar todos en la misma dirección.

Es un buen momento para converger con la alegría de la mayoría de la población, y, a la par, iniciar un diálogo encaminado a mejorar la calidad educativa, negociar los aumentos salariales y remediar de una vez por todas la jubilacion digna que la dictadura se robó.

Por Carlos M. Licona

El poder judicial siempre fue controlado por el partido político de turno en el poder, el actuar de la misma siempre fue acorde con los intereses de políticos y sectores fácticos. En el 2009 se eligió una corte que avaló el golpe de Estado del 28 de junio de ese mismo año, y, que, emprendió una cacería contra todo aquel que se oponía al presidente de facto, Roberto Micheletti.

La Corte Suprema de Justicia se conforma de 15 magistrados electos por un periodo de 7 años, hasta el 2016 siempre fueron repartidos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. En el caso del 2009, fueron 8 magistrados para el Partido Liberal y 7 para el Partido Nacional. En el 2016 se invirtió los números eligiendo 8 para los nacionalistas y 7 para los liberales.

El poder de JOH sobre los magistrados

En diciembre del 2012, siendo el presidente del Poder Ejecutivo Porfirio Lobo Sosa y el presidente del Poder Legislativo Juan Orlando Hernández, ambos se confabularon para destituir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que no complacían en la ratificación de leyes ilegales a Porfirio Lobo.

La agencia de noticias Reuters publicó: El presidente Lobo afirmó el sábado que los magistrados de la sala constitucional están “en contra de la depuración de la policía” y los acusó de estar “en una colusión para atentar contra la institucionalidad”. Reuters (12/12/2012).

El Congreso Nacional controlado por Juan Orlando Hernández eligió 4 nuevos magistrados leales a sus propósitos, es de recordar que el único magistrado que no fue destituido de la Sala de lo Constitucional fue Óscar Fernando Chinchilla, quien en el 2013 fue electo como Fiscal General de la República y reelecto ilegalmente en el 2020.

En el periodo 2010-2014, el Congreso Nacional estaba conformado de la siguiente forma: 71 del PN, 45 del PL, 5 del PDCH, 4 de UD y 3 del PINU. Los diputados del Partido Liberal siempre se alinearon con Juan Orlando Hernández, al igual que los diputados de los partidos con poco caudal electoral.

La Corte Suprema vigente fue electa en el 2016, en este periodo (2014-2018), con la ya existencia del Partido LIBRE y del Partido PAC, la distribución de diputados estaba de la siguiente forma: 48 del PN, 37 de LIBRE, 27 del PL, 13 del PAC, 1 del PDCH, 1 de UD y 1 del PINU. Sin embargo, es acá en que el ahora acusado en New York de narcotráfico tuvo la mayor imposición de su voluntad, para lograr sus caprichos repartió dinero a manos llenas, con apenas 48 diputados logró imponer en el 2016 la Corte Suprema de Justicia, para lograr su objetivo compró diputados del resto de partidos, pero siempre, su mayor comparsa fueron los diputados del Partido Liberal.

La entronización en el poder del ahora detenido Juan Orlando Hernández, fue un proceso gradual y de dos décadas de violaciones a las leyes, y, de un alto grado de corrupción donde compraron  conciencias a muy altos precios para lograr sus propósitos. Fue esta Corte Suprema de Justicia la que le dio vía libre para reelegirse ilegalmente en el 2018.

Los privilegios a un delincuente

Al parecer, el ya casi extraditado expresidente será llevado al norte para ser enjuiciado en NY como delincuente de alto grado de peligrosidad, aun así, sigue recibiendo privilegios de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. En el caso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, recibió el privilegio de hacer un video en una de las oficinas muy bien acondicionadas, en el video sigue diciendo que es inocente y que es víctima de una conspiración de enemigos políticos y narcotraficantes. Pero, además, se trata de alargarle la estadía en el país obsequiándole algunos días que en nada cambiarán su realidad, excepto su agonía asfixiante por perder la libertad y la vida de rey que tuvo durante 12 años.

En el caso del Fiscal General de la República se ha alargado el aseguramiento y la incautación de bienes con el propósito de ganar tiempo y desaparecer millones de dinero y traspasar bienes y menaje en grandes cantidades a otras personas sin dejar rastro.

Los 15 magistrados actuales y el Fiscal General son una vergüenza completa para el país, se unieron a una banda criminal que asaltó las arcas del Estado y que utilizó instituciones para contrabandear drogas a USA. Ya es tiempo de iniciar los pasos para un juicio político a los magistrados de la CSJ y al Fiscal General.

Por Sebastián Ernesto González

 Después de la catastrófica derrota del Partido Nacional (2010-2022) en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, se inició una escalada de aumentos a los precios de la canasta básica que han evaporado la ya deteriorada economía de la familia hondureña. La situación empeoró, más aún, después del 24 de febrero cuando Rusia invadió a Ucrania, situación que ha elevado el precio de los combustibles, en el caso de la gasolina súper ha aumentado más de  16 lempiras. Al iniciar el año 2022 el precio del galón de gasolina súper era de L. 105.07, a mediados de febrero el precio fue de L. 106.43, y, al iniciar el mes de abril el galón de gasolina súper es de L. 121.46. Los aumentos constantes al combustible siempre generan aumentos al precio de la canasta básica, de tal forma que todo se ha encarecido en los primeros 3 meses del 2022.

Tomando en cuenta que le empresa privada nunca absorbe cualquier aumento al costo de la producción, se avizora que el encarecimiento de los productos de consumo cotidiano como alimentos, medicinas, vestuario y educación, seguirán en alza, volviendo caótico el diario vivir de las familias que ya debe andar arriba del 70% viviendo en la pobreza. “Según la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la pobreza en el país centroamericano aumentó al 70 % en 2020, con un alza de 10,7 puntos porcentuales con respecto al 59,3 % de 2019”.

“La extrema pobreza en Honduras, país con 9,5 millones de habitantes, aumentó alrededor de un 4 % en los últimos años, hasta llegar al 45 %, debido a la pérdida de puestos de trabajo, dijo el exministro hondureño de Finanzas Hugo Noe Pino”. EFE (12/07/21)

En el primer informe del 2022 del Banco Central de Honduras, en el mes de enero se sufrió el mayor índice inflacionario desde el 2014, señalan que “En enero de 2022, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 1.22% , superior a la observada 12 meses atrás (0.40%), comportamiento determinado básicamente por el aumento en el precio del suministro de electricidad, el querosene y combustibles de uso vehicular…”.

“En su conjunto, el índice de precios de este rubro aumentó en 0.51%, derivado de los mayores precios de ciertos productos alimenticios industrializados como: manteca, aceite, margarina, semitas, pan molde, café, refrescos embotellados, harina de maíz; así como ciertos granos básicos (frijoles y arroz)”. Índices de Precios al Consumidor Enero 2022 (BCH).

Sin duda alguna que, al aumentar el precio del combustible y sus derivados, automáticamente todo se eleva sin existir un paliativo al salario de los trabajadores.

Siempre los platos rotos los paga el trabajador

El 1 de abril se anunció el acuerdo tripartito entre; empresarios, representantes de la clase obrera y el gobierno, el aumento al salario mínimo consensuado oscila desde el 5.32% (L. 374.20) al  7.5 % (L. 640.54). Los nuevos salarios en Honduras quedaron fijados con montos de entre L. 7,408 el más bajo y L. 14,220 el más alto. EH (01/04/22).

El sector más afectado al recibir salarios muy bajos es el campesinado, en comparación con el costo de la canasta básica que ya anda arriba de los L. 10,000, según lo informó el presidente de  la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECABAH), Adalid Irías,  “expresó que en 2021 el precio de la canasta básica para cinco personas pasó de L10,000 a L10,800, o sea, un incremento promedio de L800. En los últimos seis meses el aumento fue de L600, aseguró Irías. Esta canasta básica está conformada por alrededor de 30 productos alimenticios”. LP (14/02/22).

Lo anterior significa que en el momento actual el precio de lo necesario para subsistir ya sobrepasó los L. 11,400. Una diferencia abismal con respecto al salario mínimo.

Doña Xiomara aún no cumple con un aumento general de salarios

La clase trabajadora no puede seguir siendo la única sacrificada, es el momento en que la empresa privada, principal culpable del descalabro que existe en el país al haberse inclinado al lado golpista en el 2009, deben pagar su cuota correspondiente al detener el aumento de precios. Las bases de los sindicatos y gremios ya deben exigir el aumento correspondiente al salario del 2022. El salario mínimo ya lo negociaron los secretarios generales de las Centrales Obreras a espaldas de la base, no debe suceder lo mismo con los gremios y sindicatos.

Los trabajadores tienen todo el derecho a un aumento salarial digno acorde con el índice de inflación. Todos a levantar la voz por un ¡aumento general de salarios ya!