Por Germán Aquino
Una de las principales características de las ideología y de la superestructura burguesa es la separación de “poderes” a saber el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para el caso de la República de El Salvador se establecen como órganos fundamentales de gobierno el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; asi mismo la Constitución burguesa señala: El poder público emana del pueblo y que los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes…Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley… Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidas en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. (Cn. Art. 86 y 87).
El Órgano Ejecutivo está conformado por el Presidente Funes y el Vicepresidente Sánchez Cerén ,los Ministros y Viceministros y sus funcionarios dependientes, la Asamblea Legislativa como cuerpo colegiado está compuesto por los Diputados de todos los partidos políticos (ARENA, FMLN, GANA, CD, PDC, PCN) y el órgano Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales; este órgano es el que tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, etc.
Como parte de este órgano esta la Corte Suprema de Justicia dentro de la cual está la Sala de lo Constitucional compuesta de cinco Magistrados, que son designados por la Asamblea Legislativa; las funciones de dicha sala son el conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo y las causas relacionadas con la perdida de la ciudadanía y su restitución.
Decreto 743 busca frenar luchas
La Sala de lo Constitucional en los últimos meses ha resuelto favorablemente a demandas de inconstitucionalidad asi se puede mencionara la resolución emitida de cara a las candidaturas independientes, el hecho de votar por personas y no por partidos políticos, estando pendiente de resolver otros temas siempre en materia electoral como la inconstitucionalidad del sistema de cocientes y residuos para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, asi como derogatoria a la Ley de Amnistía, TLC, dolarización. Etc.
El día 2 de junio de 2011 los partidos PCN, PDC, ARENA, y GANA,aprobaron el decreto 743 que reforman los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, con lo que obliga a que las sentencias de la Sala de lo Constitucional sean aprobadas por unanimidad, la noción fue presentada por el PCN quienes según Mario Ponce, se hizo con la única intención de "homologar" el sistema de votación con el resto de Salas de la Corte Suprema de Justicia, que a su juicio, son por unanimidad y no por mayoría como venía operando la Sala de lo Constitucional.( http://www.elsalvador.com)
Este decreto es transitorio venceel 31 de julio de 2012, cuando se cambie a los actuales integrantes de la Sala de lo Constitucional.
Para su entrada en vigencia necesitaba sersancionado por el Presidente de la República Mauricio Funes, quien sin mucho esperar lo sancionado, de esta forma se está obligando que las resoluciones tomadas por la Sala de lo Constitucional sean por unanimidad y no de la forma como se venía realizando; para el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, considera que “en ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad” (Co Latino, 04/06/2011)
Mientras sus partidos lo aprueban, los voceros oficiales de la burguesía se rasgan las vestiduras
Diversos sectores han reaccionado en contra de la aprobación del decreto que busca que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sean por unanimidad y la sorprendente aprobación por parte del gobierno del presidente Funes; asi la ANEP “consideró que con la sanción del decreto, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, podría ser neutralizado…. Manifestando que este sistema de pesos y contrapesos, propio de una democracia, ha sido anulado en El Salvador, pues el Gobierno ya controla la Asamblea Legislativa, lo cual ha quedado demostrado en innumerables leyes y préstamos convenientes para el Gobierno donde fácilmente obtienen los votos.” (Co Latino, 04/06/2011)
FMLN y ARENA derraman lágrimas de cocodrilo
Posicionamientos de miembros de la dirección del FMLN con respecto al decreto hacen ver que dicho partido no ha estado de acuerdo, asi Sigfrido Reyes, calificó de aberrante la medida aprobada externando “Creo que con esto se está dando un golpe fuerte al Estado de Derecho y a la independencia de poderes” (Co Latino, 04/06/2011). Norma Guevara va más allá y expreso que existen hechos que incomodan al poder dominante del país, asi refiere: “Una Asamblea con 35 diputados de izquierda, comprometidos con el cambio que el país empieza a experimentar y una Sala de lo Constitucional en la cual la independencia judicial se empieza a manifestar en resoluciones concretas, son hechos incómodos para el poder fáctico acostumbrado a someter….De manera que las intentonas de golpe de Estado por la vía de la desestabilidad de las instituciones llamadas a constituir soportes fundamentales de la democracia y del Estado Social y Democrático de Derecho, acechan intentando recomponer el alineamiento perdido el 15 de marzo de 2009” (Co Latino, 04/06/2011).
A si también Roberto D'Aubuisson, quien no voto por el acuerdo manifestó: “No estoy de acuerdo con lo sucedido, siento que no está acorde con la esencia de un estado de derecho, es más, no podría acompañar algo así cuando he dado iniciativa a una reforma a la misma ley para que en la Sala de lo Contencioso Administrativo los acuerdos sean por mayoría y no por unanimidad; pues siempre he tratado de ser coherente con mis posiciones ( http://www.elsalvador.com).
Desenmascaran complicidad del FMLN
En todos los medios responsabilizan del decreto a los tradicionales partidos de derecha PCN, PDC, ARENA, y Gana, pero a pesar de las posiciones del FMLN se señala que la sanción a dicho decreto fue firmada por el presidente de la República, Mauricio Funes, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, a pocas horas de la votación en la Asamblea Legislativa, esto deja ver una clara participación de miembros del FMLN, en tan nefasto decreto.
También la organización Tendencia Revolucionaria (TR) liderada por el ex dirigente del FMLN, Dagoberto Gutiérrez, deja ver la clara participación del FMLN en la aprobación de dicho decreto, quienes refieren: “Aunque Sigfrido Reyes apareció “repudiando” la sanción del presidente Mauricio Funes porque lo catalogó como golpe a la Democracia, dos diputadas del FMLN si votaron por el decreto 743 lo cual se puede ver en el mismo documento. (http://www.tendenciarevolucionaria.org)
Luchemos por la democratización del régimen
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) expresa no estar defiendo la institucionalidad de la superestructura burguesa, pero si rechaza la aprobación del decreto 743 por parte de la Asamblea Legislativa por considerar que este significa un golpe a la ya deteriorada democracia burguesa y a las pocas garantías, libertades y derechos otorgados y por sus posibles repercusiones que dicho decreto pueda tener en las luchas de las grandes mayorías.
A pesar que teóricamente y la misma Constitución Salvadoreña plantea la separación de los órganos de gobierno, consideramos que dicha separación en la realidad no existe, ya que quienes designan a los magistrados son los Diputados, por lo tanto llama a luchar para que los Magistrados sean cargos de elección popular y sea el pueblo quien los elija.
Con la aprobación del Decreto 743 por los partidos políticos tuvieron participación, hubo un repliegue táctico de miembros de cada uno de ellos, por lo tanto consideramos que producto de la misma crisis económica se podría entrar en una crisis de la instituciones u órganos de la superestructura burguesa, situación que debemos aprovechar la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, para democratizar el actual régimen y asi mismo exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
