nopago

Por Maximiliano Cavalera

La derrotada de la revolución ante la avasalladora victoria electoral de doña Violeta Barrios, creó un nuevo panorama en el desarrollo político social y económico en el país. Como es natural, la burguesía, a través de sus empresarios financieros, se aseguró de que en el país se crearan “buenas condiciones para el desarrollo económico y la inversión privada”, claro “el desarrollo de la inversión privada traería desarrollo y más empleo al país”.  Fue en la década de los noventas, en que la burguesía creó a su antojo, el actual sistema financiero y los privilegios que tienen los bancos y las entidades financieras en Nicaragua.

Este sistema fue creado de forma tal, que los bancos serían “los propulsores del desarrollo económico del país”. El problema es que ya ha pasado más de una década desde la creación del actual sistema financiero, luego del colapso de algunos bancos, y los millones de córdobas que se robaron los encargados de “administrar de manera segura” los fondos de las entidades financieras, nuestra sociedad está inmersa en una polémica “Ley de Moratoria”.

Ley de moratoria

Esta ley fue aprobada por el 24 de febrero por la asamblea nacional, debido a que en el país se ha venido desarrollando un movimiento denominado los NO PAGO, el asunto en cuestión se trata, de que a pesar de todos los incentivos que tienen las entidades financieras para funcionar, en el país los intereses que se devengan son altísimos, tanto así, que son impagables para las personas que de una u otra forma tienen la penuria de solicitar un préstamo de un banco o micro-financiera. La ley se vuelve polémica, porque según algunos burgueses como Bayardo Arce temen que: “puede tener un efecto nefasto, no para el Sistema Financiero, sino para la economía nacional” (La Prensa 26/02/2010). Realmente la campaña de temor económico la han impulsado el COSEP y algunos medios de comunicación que intentan crear miedo, con el tonto argumento que esta ley nos llevara a la catástrofe económica, como si catástrofe económica, no es la que vive el hogar de los trabajadores nicaragüenses en estos tiempos.

Moratoria de mentiras

Hay un dicho popular que cita: “se verán cosas”, y eso fue lo que pasó en la asamblea nacional cuando se aprobó la famosa Ley de Moratoria y todas las bancadas votaron a favor de dicha norma. Pero, ¿porque todas las bancadas votaron a favor de dicha ley?, la respuesta se puede palpar a casi un mes aprobada dicha ley y no se han ni congelado los intereses, ni detenido ninguno de los juicios que dichas instituciones llevan en contra de los trabajadores y pequeños productores del país. Claro que en un año pre electoral, hasta Arnoldo Alemán es capaz de declarar sin ascuas: “muchas microfinancieras abusan de los intereses y sin estar reguladas por la Superintendencia de Bancos funcionan... apoyamos lo que consideramos era mejor para los productores” (Idem).

En pocas palabras, la bendita moratoria que hasta Alemán apoya, dormirá el sueño de los justos, como lo esta haciendo desde este momento.

Otro aspecto a destacar hasta el momento, es que la ley de moratoria, no solo no se está aplicando, sino que la moratoria solo abarca los préstamos otorgados por las financieras y microfinancieras, los bancos, que son los grandes actores que se enriquecen producto de los enormes intereses, no han sido siquiera mencionados por los preocupados diputados de la asamblea nacional.

Como hemos visto, la ley de moratoria, no es más que un cuento chino que están dando los actores políticos de este país cuando están próximas las elecciones nacionales. Pero el problema está latente para los trabajadores, pequeños y medianos productores en el país. Y es que no hay dinero disponible para que estos puedan trabajar y vivir dignamente. Por ende, el Estado no puede permitir que los burgueses financieros sigan amasando enormes fortunas a costillas de los trabajadores.

La banca debe ser nacionalizada, pero no bajo el control de la burocracia estatal, sino bajo el control de los trabajadores. El estado debe capacitar a los productores y no solo hacerlos sujetos de prestamos. Los préstamos que están otorgados, deben ser reestructurados con una tasa baja en intereses que los trabajadores sean capaces de abonar y pagar.

marcha escobas

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Tal como estaba previsto, el ex presidente Arnoldo Alemán, amo y señor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se ha despojado del ropaje opositor utilizado en los últimos meses, y ha comenzado a acercase nuevamente al gobierno de Ortega. El resultado de las elecciones regionales de la costa Caribe, en donde el PLC quedó en segundo lugar (36,674 votos), con una distancia corta en relación a los votos sacados por el FSLN (43,335 votos), y muy por encima de de la alianza de Eduardo Montealegre (8,323 votos) ha dado la oportunidad que estaba esperando para sacudirse el polvo y conquistar la hegemonía dentro de las platicas de unidad liberal.

Concentración en Boaco

Por la víspera se saca el día. Desde haces meses, específicamente después del fraude de las elecciones municipales, mientras se veía forzado en participar en actividades de la sociedad civil, y se comprometerse a sellar la unidad liberal, en realidad Arnoldo Alemán estaba impulsando su propia candidatura presidencial. Para recuperar el halo de dirigente antisandinista, debió distanciarse de Daniel Ortega, pero con la estrategia clara de recomponerse políticamente para, desde la maquinaria del PLC, reunificar a la derecha en la perspectiva de tomar el poder en las elecciones de 2011.

Por ello, al mismo tiempo que Alemán criticaba la convocatoria de la marcha de las escobas, a las que llamo despectivamente, marcha de “hallowen”, convocó a una concentración en la ciudad de Boaco, el domingo 21 de Marzo, intentando reagrupar a su base electoral campesina. La concentración liberal fue un éxito relativo para sus organizadores, debido a que esa zona fue bastión de la contra. Inicialmente está concebida para condecorar a Roberto Micheletti, pero el gobierno de Ortega le negó la entrada al país.

Pero lo que también fue notorio, es que a Alemán y al PLC les cuesta convencer al campesino que se muestra cada vez mas desconfiado.

La marcha de las escobas

La Unión Cívica por la Democracia (UCD), que agrupa a todos los organismos de la sociedad civil, convoca a una marcha de las escobas, para barrer con la corrupción en todos los poderes del Estado. Se calcula que asistieron a lo sumo 2000 personas, lo que representa una derrota en relación a la convocatoria de marchas anteriores.

No basta luchar para que no reelijan a los mismos magistrados, lo que se requiere es un cambio radical en el sistema político. El problema no son las personas sino las instituciones antidemocráticas y excluyentes. Mientras el FSLN negocia secretamente con el PLC y trata de convencerlo de mantener a los mismos magistrados, los organismos de la sociedad civil plantean solo el cambio de personas. En sus propuestas encontramos a altos funcionarios de los gobiernos del llamado periodo neoliberal (1990-2006). Funcionarios corruptos contra otros funcionarios corruptos.

Con ello los organismos de la sociedad civil se han convertido en furgón de cola de los partidos de derecha. No plantean la real democratización del sistema político. Tal vez por ello asistió poca gente a la marcha.

Por una reforma electoral

Nicaragua necesita una democratización del sistema político. La alta tasa de abstención del 64% en las elecciones regionales de la costa Caribe, es un alarmante síntoma del hastío de los ciudadanos.

SE deben abrir espacios democráticos en donde los trabajadores y los jóvenes puedan expresar libremente sus puntos de vista, sobre las principales decisiones que se deben tomar para sacar al país de la crisis y el estancamiento.

Debemos acabar de una vez por todas con el excluyente bipartidismo que permite repartirse los altos cargos del Estado  entre el gobernante FSLN y su aliado colaboracionista del PLC. Los ciudadanos deben elegir directa y libremente a los altos funcionarios, y de la misma manera destituirlos cuando sea necesario.

Ni el FSLN, ni el PLC, ni Eduardo Montealegre, pueden garantizar este necesario cambio democrático.

nicaragua_elecciones

Por Victoriano Sánchez

El pasado 7 de Marzo se realizó las elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua, sin resultados espectaculares. Las dos ramas de la oposición burguesa, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirige el ex presidente Arnoldo Alemán, y el Movimiento Vamos con Eduardo (MVE), que dirige el disidente liberal, Eduardo Montealegre, a pesar de encontrarse en un proceso de unidad, marcharon por separado, cada quien inscribiendo sus propios candidatos.

Un poco de historia

La Costa Caribe de Nicaragua tiene una historia muy particular. Nicaragua es junto a Guatemala y la isla La Española (ahora Republica Dominicana), uno de los pocos territorios en que se produjo una doble colonización por parte del imperio español e ingles. En Republica Dominicana la doble colonización se produjo por parte del imperio español y Frances, dando origen esta ultima ocupación a lo que actualmente es Haití.

En el caso de Centroamérica, la ocupación inglesa produjo una nación independiente, arrebatando una porción del territorio a Guatemala, dando origen a Belice. En Nicaragua, el territorio de la nación misquita abarcaba una parte de Honduras, la costa caribe de Nicaragua, y una porción de la costa caribe de Costa Rica. Se discute mucho si realmente existía una nación misquita en formación o en ciernes, pero la verdad es que la prolongada ocupación inglesa estaba creando las condiciones para repetir la experiencia de Belice.

Fue hasta el año 1894, cuando Nicaragua, bajo el gobierno nacionalista de José Santos Zelaya, con el apoyo militar de los Estados Unidos, reincorporó para si el territorio de la Mosquitia, el cual nunca le perteneció. Este fin de la ocupación inglesa no fue con fines benéficos, sino que obedecía el interés de Estados Unidos de construir un canal interoceánico en donde no tuvieran ingerencia las potencias europeas.

La llamada reincorporación de la Mosquitia significó para la población indígena una mayor opresión. A pesar de que el general Zelaya se comprometió a respetar las costumbres, idioma y las tierras comunales, comenzó un proceso de despojo y de entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras. Esta situación de explotación y despojo permaneció incólume todo el siglo XX y la revolución sandinista (1979-1980) no produjo cambios sustanciales.

La mala experiencia con el gobierno sandinista

Al contrario, el gobierno sandinista continuó con una política nefasta de erradicación del idioma y costumbres de los indígenas, quienes eran socialistas instintivos en el desarrollo de sus comunidades. El resultado fue fatal: miles de indígenas engrosaron se levantaron en armas y engrosaron las filas de la contrarrevolución armada.

El crecimiento del ejercito contra representaba un peligro militar real en la costa Caribe lo que obligó al gobierno sandinista a publicar en Octubre de 1987 el Estatuto de Autonomía para las regiones de la costa atlántica, iniciando un proceso de reconciliación con las minorías étnicas: misquitos, sumos y ramas. El resultado de esta política de reconciliación fue sorprendente, pero las heridas causadas todavía no han sanado.

En términos generales, desde 1990 en adelante, la costa Caribe ha sido bastión del PLC, a pesar que fue el liberalismo quien reincorporó brutalmente la costa Caribe al Estado de Nicaragua. El sentimiento antisandinista de los indígenas fue canalizado hábilmente por el PLC.

Autonomía formal

El Estatuto de Autonomía creó ilusiones de que las cosas mejorarían para los indígenas, pero la realidad fue diferente. El Estatuto de Autonomía fue una declaración de buenas intenciones que fue reglamentado mediante el Decreto Legislativo No 3584, ni siquiera fue a través de una ley, con fecha de Octubre de 2003, es decir, 16 años después de haberse aprobado el Estatuto de Autonomía.

En esos años, los Concejos Regionales Autónomos no tomaban las decisiones, sino que solamente eran consultados, al final las concesiones  y las decisiones mas importantes eran tomadas en Managua. Los gobiernos regionales bajo la conducción del PLC no mejoraron esa situación, lo que provocó una desilusión muy grande, que incidió en la elevación del índice de abstención electoral.

Resultados del 2006

En el año 2006, según los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE), acudieron a votar 100,352 personas de un padrón electoral de 226 mil personas, registrando 92,849 votos válidos. Ese año la abstención alcanzó el 55% del padrón electoral.

En la RAAN de 58,467 votos válidos, el PLC obtuvo 20,971 votos, equivalentes al 35.85 %; el FSLN obtuvo 18,127 votos, con un 31 %; Yatama obtuvo 12,019 votos con un 20.56 %; ALN- PC obtuvo 3,161 equivalente al 5.42

En la RAAS de 34,382 votos válidos el PLC obtuvo 16,468 votos, equivalente al 47.90 %; el FSLN obtuvo 7,282 votos alcanzando el 21.18 %; ALN obtuvo 5,463 votos alcanzando el 15.89 %) y Yatama obtuvo 3,172 votos, equivalentes al 9.23 %.

En total, en el año 2006, el PLC obtuvo el apoyo del 40.31 % , el FSLN el 27.37 %, seguido de Yatama con el 16.36 %, la ALN-PC con 9.29 %, el MRS el 2.89 %, Camino Cristiano el 1.59 %, el APRE el 1.56 % y el Partido Movimiento Unidad Costeña (PAMUC), que únicamente presentó candidatos en la RAAN y obtuvo el 1.36 por ciento de los votos.

Resultados del 2010

El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) de origen sandinista dio como vencedor al PLC tanto en la RAAS como en la RAAN con un 42 por ciento de los votos válidos a su favor. El organismo Ética y Transparencia (E y T) denuncio la mala calidad de la tinta indeleble. Todos los partidos denunciaron irregularidades, pero estas denuncias no cambian los resultados electorales.

El nivel de abstención en las elecciones regionales ha aumentando en el tiempo: 22% en las primeras votaciones de 1990, 62% en 2002 y 55% en las elecciones del 2006 para aumentar al 64% en las pasadas elecciones del 7 de Marzo.

En las elecciones de este año, de un total de 290.000 inscritos en 936 Juntas Receptoras de Votos (JRV), sólo un poco más de 100.000 personas acudieron a votar, de éstos se registran 73.000 votos validos, una disminución de la cantidad de votos que refleja menor participación ciudadana.

Participaron 8 partidos o alianzas políticas: FSLN, PLC, Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN),Alianza por la Republica (APRE), la Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el Movimiento de Unidad Cristiana (MUC)

RESULTADOS ELECTORALES

Partido

RAAN

Porcentaje

RAAN

RAAS

Porcentaje RAAS

Total de Votos

FSLN

29,297

43,86%

11,684

34,59%

40,981

PLC

10,037

28,50%

12.636

37,40

31,673

YATAMA

13,937

1,368

15,305

CCN

563

0,84%

1,017

3,01%

1,580

ALN

2,930

4,39%

4,199

12,43%

7,129

APRE

106

0,16%

941

2,79%

1,047

UDC

547

0,82%

1,153

3,41%

1,700

MUC

386

0,58%

785

2,32%

1,171

100,586

Bipartidismo y statu quo

El resultado global de las elecciones regionales arroja que el FSLN retuvo el control del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) mientras que el PLC mantuvo el control del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Quienes pensaron que estas elecciones permitirían la quiebra del bipartidismo se han llevado una tremenda decepción.

En la RAAN el FSLN logra mantener el control por que la alianza con YATAMA, partido indígena regional, impide que ese electorado antisandinista se agrupe bajo la bandera del PLC, como había ocurrido en los años anteriores. Con los votos de YATAMA, el FSLN puede escoger libremente al gobernador regional.

En la RAAS, la situación es diferente. No existe una amplia población misquita, como en la RAAN, sino que la mayoría de los pobladores son negros o creoles. En la RAAS se sintió la división de los liberales. El MVE no se alió con el PLC sino con sus antiguos aliados de ALN, quienes mantienen una sólida alianza con el FSLN a nivel de la Asamblea Nacional. Eduardo Monteleagre aparece como el gran perdedor ante la maquinaria del PLC.

Aflora la división entre liberales

Sin embargo, esta es una visión superficial. No hay duda que la RAAS ha sido bastión del PLC, pero Eduardo Montealegre, al parecer, no está interesado en ganar las elecciones en una región pobre y marginalizada, sino en ganarse el lugar como líder de la oposición unificada contra el gobierno sandinista, obligando a Arnoldo Alemán y al PLC a desenmascararse ante las bases el liberalismo como una corriente que pacta permanentemente con el FSLN. Montealegre juega a ser el ala radical de la alianza antisandinista en las próximas elecciones presidenciales.

Independientemente del resultado electoral, en donde se mantiene el statu quo, en donde el FSLN y el PLC se han repartido una región autónoma cada uno, con escaso margen de votación de diferencia en el caso de la RAAS, es obvio que el PLC está llegando a acuerdos preliminares con el FSLN, los que se reflejarán inevitablemente en la próxima elección del combo de 25 magistrados.

De confirmarse esta variante, quedaría claro que Arnoldo Alemán esta maniobrando, lavándose la cara, pero que esta dispuesto a jugar el rol de subordinado en el marco del bipartidismo, soportando la hegemonía del FSLN, mientras Montealegre quiere aparecer como un firme opositor.

Una vez más: debemos crear una alternativa independiente

Las elecciones regionales demostraron que el pueblo costeño no tiene alternativa política. Se requiere reformar la Ley Electoral para resucitar las asociaciones de suscripción popular, para que los ciudadanos se presenten a cargos de elección popular, sin tener que enlistarse en los partidos políticos tradicionales.

Pero, sobretodo, se requiere construir un gran partidos de los trabajadores negros, miskitos, sumus y ramas, que sea independiente del FSLN y del PLC, las dos nuevas paralelas históricas. Desde ya, a pesar de reciente formación, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) da un paso al frente en esta histórica tarea de conformar una dirección revolucionaria, que luche de manera consecuente por la libertad y la autonomía de las etnias de Nicaragua y Centroamérica.

Por Diego Lynch

Tras largos meses de negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada la espera llego a su fin, una vez más los empresarios doblegaron el brazo de los sindicatos y con la aprobación del gobierno otorgaron un raquítico aumento al salario mínimo del 12% anual, 6% cada seis meses. Este acuerdo es una clara violación a nuestro código del trabajo el que determina que las negociaciones por el incremento al salario mínimo se realizaran cada seis meses.

Según Alberto Guevara, Ministro de Hacienda y Crédito Público, el hecho de que se haya logrado un acuerdo tripartito es una buena señal, significa una orientación hacia la estabilidad y la tranquilidad de los asalariados. Estas afirmaciones son una vil mentira y una muestra de las políticas de derecha y racionamiento que ha venido implementando el Gobierno. Los sindicatos vinieron semana a semana reduciendo su propuesta de incremento; entre otros de los acuerdos, Adam Aguerrí, titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dejo claro que este incremento del 6% semestral no será para todos los sectores, para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) el incremento será de un 4% y manifestó sentirse satisfecho por los acuerdos alcanzados.

Ante estas aseveraciones se puede observar como la empresa privada continua exprimiendo a los trabajadores, y esta vez con el apoyo del Gobierno y los Sindicatos afines a él, que lejos de defender los derechos de los trabajadores los utilizan para negociar migajas y mantener estables económicamente las empresas de la familia Ortega Murillo y sus allegados.

Gobierno avala miseria

Nuestra legislación establece que basta con que dos de las tres partes negociadoras estén de acuerdo para aprobar el incremento, sin embargo el gobierno quien entra a la mesa de negociación representado por el Ministerio del Trabajo jamás apoyo las primeras propuestas de los sindicatos, y el día en que se vencía el plazo de dos meses que se otorgan para llegar a un acuerdo decidieron de forma unánime realizar este paupérrimo incremento para no dejar al descubierto al gobierno, ya que la ley establece que si después de dos meses de negociaciones no se llega a ningún acuerdo, el incremento será aprobado por el Gobierno.

Porque no defender la posición de los trabajadores y claudicarle a los empresarios? No es el Frente Sandinista el Gobierno de los pobres y de los trabajadores? Hay que denunciar la complicidad del gobierno en estas negociaciones, avala la posición de los empresarios y coloca una soga al cuello a la clase obrera y trabajadora al permitir este pobre incremento salarial y violentar nuestro ordenamiento jurídico; la economía es cambiante y las necesidades de hoy no serán las necesidades de mañana, no podemos permitir que la negociación sea una vez por año, hay que ser enérgicos y exigirle al gobierno y a los sindicatos que no respondan a intereses propios sino a las necesidades de los asalariados y a la realidad que vive el país.

Tanto el gobierno como los empresarios aducen que no es posible un mayor incremento debido a la crisis económica que se vive alrededor del mundo, y que de ser así tarde o temprano las empresas van a quebrar o tendrán que recurrir al recorte de personal y esto aumentaría el nivel de desempleo.

Por un aumento digno y equiparado al nivel promedio centroamericano

El argumento de la crisis económica mundial es muy cierto, pero esto no justifica que la clase obrera y asalariada tenga que pagar por ella, los asalariados estamos pagando los estragos del mal manejo económico que han realizado los empresarios y las grandes burguesías a través de los años para enriquecerse.

Es hora de que los trabajadores nos levantemos y exijamos que el salario mínimo en Nicaragua se equipare al de toda Centroamérica, que la crisis la paguen los burgueses y los empresarios, emplacemos al gobierno para que proteja los intereses de los más pobres, que dejen de exprimir la bolsa de los asalariados y de una vez por todas salgamos de esta crisis que agobia a la sociedad.

comision especial

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Mientras el liberalismo iniciaba su rebelión dentro de la Asamblea Nacional, y peleaba desesperadamente por aprobar la ley de amnistía a favor de Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, paralelamente y casi en secreto se instaló la Comisión Especial encargada de recibir el currículo de más de 25 funcionarios que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional.

Un suculento Combo

La Comisión Especial debe dictaminar sobre más de 25 cargos que deben ser elegidos por el plenario de la Asamblea General, con una votación de al menos el 60% de los votos totales. Esta votación calificada, contemplada en la Constitución, obliga a las nuevas paralelas históricas a realizar algún tipo de pacto o transacción política.

La Asamblea Nacional debe elegir cinco magistrados propietarios y tres suplentes de la Contraloría General de la Republica (CGR), cuyo periodo ya terminó; dos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), los cuales dejarán sus cargos un mes antes que se realicen las elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense. Para el 1 de junio, todo el CSE quedará sin magistrados, para un total de 11 funcionarios, siete propietarios y cuatro suplentes. Debido a las acusaciones de fraude electoral en las elecciones municipales del año 2008, y que en el año 2011 se realizaran las elecciones generales, la elección del nuevo CSE se ha vuelto un asunto clave para el gobierno de Daniel Ortega y la manzana de la discordia entre las fuerzas políticas.

Desde el 10 de Diciembre, la Procuraduría de Protección de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos están sin titular. El 11 de abril termina el periodo de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reclutando liberales

El sistema bipartidista imperante en Nicaragua, a raíz del pacto Ortega-Alemán de 1999, posibilita que cada cierto tiempo las nuevas paralelas históricas se repartan los cargos en la proporción del 50% cada uno, sin tomar en cuenta la opinión y la decisión de los ciudadanos.

Esta repartidera de cargos era tranquila hasta hace poco. Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recuperó el gobierno en el año 2007, comenzó un nuevo forcejeo por instalar un control hegemónico del sandinismo en los poderes e instituciones del Estado.

Poco a poco el FSLN comenzó a reclutar a los cuadros dirigentes del liberalismo, supuestamente incondicionales a Arnoldo Alemán. El caso más significativo ha sido la captación de los magistrados liberales dentro del CSE, quienes ahora defienden las políticas del FSLN: José Marenco Cardenal y René Herrera, el asesor político más cercano de Arnoldo Alemán. La captación de Roberto Rivas Reyes, muy cercano al Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quizás el trofeo más grande de este proceso de absorción de los funcionarios de confianza de Arnoldo Alemán.

Un fenómeno parecido ocurrió en la Contraloría General de la Republica: Guillermo Arguello Poessy, de un oscuro pasado somocista, ahora defiende las posiciones del gobierno sandinista. Y el sandinismo se ufana de que también ha reclutado a magistrados liberales dentro de la CSJ, aparte del control que ya ejerce dentro de la Fiscalía. No es un casualidad, pues, que el presiente Daniel Ortega haya propuesto la reelección de casi todos los funcionarios liberales.

Candidatos de la sociedad civil

El colmo de este show es que la llamada “sociedad civil” ha presentado sus candidatos, que no son más que antiguos funcionarios de los anteriores gobiernos o activistas de derecha dentro de las Ong.

En esta inminente negociación, quien mas sale perdiendo es Arnoldo Alemán, porque de conformidad con los Acuerdos de Metrocentro II, firmados por todo los partidos de derecha, deben escoger los nuevos funcionarios de manera proporcional a sus fuerzas. Alemán ya no puede negociar el 50% con el FSLN, ahora debe compartir esa cuota con Eduardo Montealegre, quien no tiene un solo funcionario en los poderes del Estado.

Elección popular de todos los funcionarios

Estos pactos y repactos antidemocráticos deben terminar. No podemos permitir que los funcionarios públicos sean negociados en la oscuridad, entre las nuevas paralelas históricas y las fracciones de estas.

Se requiere la participación de los ciudadanos en la elección de estos funcionarios. Y la única salida para terminar con los orígenes del pacto es que el pueblo elija directamente a los funcionarios, reservándose el derecho a revocarlos cuando sus actuaciones sean corruptas o no obedezcan la voluntad popular. Se requiere cambiar la Constitución completamente, para ello debemos luchar por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en donde el pueblo decida libre y democráticamente como reorganizar la sociedad nicaragüense.

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