Por Melchor Benavente

Hace años que no veíamos a los sindicatos sandinistas organizar una marcha contra el Fondo Monetario Internacional (FMI). En términos generales, en los últimos 20 años han sido muy pocas las marchas obreras, casi siempre cuando estas son convocadas se debe a que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) necesita ejercer algún tipo de presión en la mesa de negociaciones. Los bajos niveles de organización, conciencia y movilización de los trabajadores nicaragüenses constituyen una lastimosa excepción en relación a la dinámica de los demás países del área centroamericana.

Nicaragua, la excepción de Centroamérica

Varios factores inciden en esta calamitosa situación. Primero fue la brutal represión de la dictadura somocista, que mantuvo los niveles de sindicalización en apenas un 7% del total de la mano de obra. Los pocos sindicatos eran controlados en su mayoría por el Partido Liberal Nacionalista (PLN)Central General de Trabajadores (CGT) oficialista. de la familia Somoza y la

En segundo lugar, con la revolución del 19 de Julio de 1979, se produjo un boom en la organización de sindicatos, pero estos cayeron rápidamente bajo el control del FSLN, quien utilizó la autoridad moral de haber dirigido una revolución heroica, para terminar reconstruyendo el Estado burgués y la economía capitalista, en un medio de una feroz guerra civil, imponiendo un control totalitario sobre los sindicatos, lo que incidió en su posterior debilitamiento. En la década de los años 80 la clase obrera que trabajaba en la industria manufacturera creada a raíz del Mercado Común Centroamericano (MCCA) fue literalmente barrida de la escena económica.

Las centrales obreras como la Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS) dirigida por el Partido Comunista de Nicaragua (PC de N) y la Central General de Trabajadores-independiente (CGT-i) dirigida por una de las fracciones del Partido Socialista de Nicaragua (PSN) fueron perseguidas, sus dirigentes encarcelados y obligados a rendirse ante la poderosa maquinaria de la Central Sandinista de los trabajadores (CST) controlada por el FSLN.

En tercer lugar, con la derrota electoral del FSLN en 1990 se desplomaron los aparatos sindicales del FSLN, y los pocos sindicatos que sobrevivieron fueron utilizados como fuerzas de choque en los conflictos y en las negociaciones que el FSLN establecía periódicamente con los gobiernos neoliberales (Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños). En este periodo de reflujo, los gobiernos neoliberales fomentaron la creación de sindicatos “independientes”, pero la derrota histórica que significó la derrota de la revolución de 1979 no permitió que las centrales derechistas crecieran o tuvieran una real influencia de masas.

Debido a la crisis económica y al debilitamiento numérico de la clase obrera industrial, los principales sindicatos que sobrevivieron estaban concentrados en el sector público: el sector salud agrupado en la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) y el sector educación agrupado en la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN). Los empleados públicos de los ministerios y demás entes del Estado sufrieron directamente los planes de movilidad laboral y el resultado fue que la otrora poderosa Unión Nacional de Empleados (UNE) casi desaparece de la escena sindical, pasando de 40,000 afiliados a apenas 6,500.

El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT)

Ante el desprestigio de la CST, y como parte de la reorganización de los sindicatos sandinistas para sobrevivir y resistir la ofensiva de los gobiernos neoliberales, como parte de un proceso de readecuación de la dirigencia sindical sandinista, el 28 de abril de 1990 fue fundado el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), asentado en los sindicatos de empleados públicos, quienes protoganizaron importantes luchas de resistencia durante los años 90, pero que fueron manipuladas por el FSLN.

Por el debilitamiento numérico de la clase obrera industrial, y por peso relativo de los empleados públicos en lucha, FETSALUD comenzó a tener mayor beligerancia en la conducción, y el doctor Gustavo Porras se convirtió en el principal y siempre eterno dirigente del FNT. En este período, debido a que el FSLN se encontraba formalmente en la oposición, el FNT agitaba la lucha reivindicativa salarial, con un discurso revolucionario y clasista, logrando mantener cohesionada a su base social, aunque esto no significó un mayor crecimiento de los sindicatos afiliados al mismo.

En el llamado periodo neoliberal (1990-2006) las contradicciones entre la dirigencia sindical sandinista quedaron reflejadas en la división cada vez más abierta entre la CST y el FNT. Estas contradicciones no tuvieron mayor significado hasta que el FSLN recupero el gobierno al ganar las elecciones presidenciales del año 2006.

La lucha contra el FMI

Pero la situación dio un abrupto vuelco con la segunda presidencia de Daniel Ortega. Contrario a lo que la base sandinista esperaba, el actual gobierno mantiene inalterable el rumbo neoliberal de la económica, sosteniendo los planes de austeridad que dicta el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque potenciando el contenido de los programas de asistencia social.

Y aquí es donde el rol del FNT ha cambiado. Antes era una organización que impulsaba las luchas, sirviéndole de instrumento de presión del FSLN en la mesa de negociaciones. En cierta medida jugaba un rol progresivo. Sin embargo, ahora ya no lucha contra el gobierno sino que le sirve a éste en el contradictorio proceso de negociación y regateo con el FMI. Aunque el gobierno de Daniel Ortega ha aplicado en términos generales las orientaciones que dicta el FMI, sería una estupidez negar que existan contradicciones.

En el marco de la solución de estas contradicciones, el FNT sigue jugando el rol de fútil mecanismo de presión social ante el insensible Directorio del FMI. Las contradicciones se pusieron recientemente al rojo vivo, cuando el FMI anuncio que suspendía la cuarta revisión del programa que mantiene con Nicaragua, debido al anuncio de Daniel Ortega, el pasado 30 de abril, cuando anuncio que darían el “bono cristiano, solidario y socialista” de 500 córdobas (25 dólares) a los empleados públicos que ganan menos de 5,500 córdobas (255 dólares)

Aunque el gobernante FSLN tiene la voluntad de mantener la estabilidad macroeconómica y el clima de negocios, existen dos temas extremadamente sensibles en un año preelectoral: el sistema de pensiones y la reforma tributaria.

Reforma al sistema de pensiones

En las próximas elecciones se decide la reelección de Daniel Ortega. Por ello Gustavo Porras ha pegado el grito al cielo contra el FMI: “No es aceptable que ahora quieran venir a imponer que en vez de 750 cotizaciones, sean 1,500 ó 2,000, es absolutamente inaceptable alargarle las posibilidades al sector trabajador de obtener sus jubilaciones”. También existe la propuesta de subir la edad de jubilación de 60 a 65 años, en un país donde la esperanza de vida ronda precisamente los 70 años. Por ello, Luis Barbosa, dirigente de la construcción y del FNT, secundó que “no se deben aceptar las imposiciones del FMI en materia de seguridad social”. (El Nuevo Diario 27/05/2010)

Es justo y necesario desarrollar las más amplia unidad de acción para oponerse al aumento de la edad de jubilación y del número de cotizaciones, pero también se debe luchar por revalorizar las pensiones y mejorar el servicio en los hospitales, donde los ancianos jubilados pasan los peores momentos, mendigando medicinas y atención medica. La deficiente atención en los hospitales no es solo un problema de los jubilados, sino de la totalidad de trabajadores activos que cotizan al INSS, pero que no reciben los beneficios médicos necesarios para una vida digna.

Reforma Tributaria

En una reunión con empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)“, el presidente Daniel Ortega llamó a la unidad nacional contra las imposiciones del FMI: “La verdadera batalla que tenemos ante el FMI, no es el ‘bono solidario’ que hemos decidido entregar a los trabajadores, es la reforma tributaria, es la suspensión de las exoneraciones fiscales, es la reforma a la ley de la Seguridad Social, medidas que en países como Grecia han provocado caos y violencia (…) Estamos hablando de una situación peligrosa si aplicamos ese tipo de medidas restrictivas en nuestra economía, por eso creo que la única solución es cerrar filas empresarios, gobierno y trabajadores ante el FMI”, (Agencia Xinhua 26/05/2010)

Pero los trabajadores ya tienen muy malas experiencias con los empresarios, con el FSLN y con el propio FNT. Durante la campaña electoral del año 2006, el FSLN prometió elevar la exención del Impuesto sobre la Renta (IR) a los que ganaran 100,000 córdobas al año, pero durante la aprobación de la pasada reforma tributaria, en diciembre del 2009, por un arreglo con los empresarios, los diputados sandinistas, incluido Gustavo Porras, aprobaron que el techo de exención al IR cubriría a las personas que ganan hasta 75 mil córdobas anuales, es decir, 6 mil 250 córdobas mensuales.

Obviamente, que la propuesta de reforma tributaria del FMI es mucho más dura y favorable a los empresarios.

La marcha del 3 de Junio

La protesta contra las imposiciones del FMI no fue masiva pero después de muchos vaivenes se realizó frente al Banco Central de Nicaragua, donde se encuentran las oficinas de la delegación del FMI.

Como era de esperarse, la mayor parte de los manifestantes eran empleados públicos. Manteniendo la unidad de acción contra el FMI, los trabajadores y los jóvenes debemos discutir como perfilar una política independiente del FMI y del gobierno sandinista, que continua aplicando a pies juntillas una política neoliberal, matizando con un discurso antimperialista.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

No hay duda que después de más de 30 años en el poder, o en la oposición pero con una alta cuota de poder, el ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha desarrollado enormes habilidades políticas.

La resurrección del Partido Conservador y de Bolaños Davis

En una jugada espectacular, con el claro objetivo de acrecentar las divisiones y resentimientos entre la oposición burguesa, acaba de restablecer administrativamente la personalidad jurídica del Partido Conservador de Nicaragua, enemigo natural del liberalismo, y devolvió la condición de diputado de Alejandro Bolaños Davis, el más reconocido y carismático dirigente político de esa agrupación.

Alejandro Bolaños Davis, sobrino del ex presidente Enrique Bolaños Gayer, cobró notoriedad en junio del año 2007 cuando denunció que altos dirigentes del FSLN supuestamente intentaban sobornar a inversionistas ligados al negocio turístico conocido como Arenas Bay, en las playas de Tola, departamento de Rivas.

La repuesta del FSLN fue violenta y tajante: el Consejo Supremo Electoral (CSE) lo destituyó de su condición de diputado, a pesar de haber obtenido el cargo en una elección popular, argumentando que tenía ciudadanía norteamericana. En esa ocasión, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) coincidieron en no hacer nada efectivo para salvar la diputación de Bolaños Davis, y consintieron que el caso pasara a la Corte Suprema de Justicia, en donde los espacios de negociación son más estrechos. que dirige Arnoldo Alemán y el

No obstante, en agosto del  2007 la Sala Constitucional confirmó la destitución de  Bolaños Davis como diputado, asumiendo la curul su suplente, el caribeño Stanford Cash, conservador ligado a Montealegre.

La sorpresa fue que en el año 2010 el mismo CSE revocó su decisión, pasando incluso por encima de la sentencia de la Sala Constitucional. Como era de esperarse, la devolución de la condición de diputado a Bolaños Davis, estuvo sujeta a una negociación secreta tendente a elevar el perfil político del Partido Conservador en las próximas elecciones presidenciales.

Bolaños Davis resucitó a la vida política criticando a las dos fracciones liberales. A su juicio el boicot legislativo de los liberales “no afectan directamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sino a la población y al sector privado, lo cual pone en riesgo la estabilidad del país. Esta estrategia de bloqueo que traba leyes y abre brechas, iniciada desde agosto del 2008, es totalmente errada (…) debe cambiarse la estrategia legislativa de la oposición. Yo soy opositor al Gobierno sandinista, y no voy a votar a favor del Frente, yo voy a votar a favor de los intereses de la población (…) mi misión no es servir a un caudillo, a como hacen los del Frente Sandinista, los del PLC, o como hacen los liberales de Vamos con Eduardo... Imagínese, Vamos con Eduardo, no es vamos con el país, sino vamos con una persona” (La Prensa 16/05/2010).

Por las agresivas declaraciones de Bolaños Davis puede deducirse que el Partido Conservador de Nicaragua, antiguo colaborador de la dictadura somocista, se prepara para competir de manera independiente en las próximas elecciones del año 2011, quitando ladrillos a uno de los proyectos que la oposición burguesa quiere construir contra Daniel Ortega y el FSLN.

El fracaso de la unidad liberal

Producto de innumerables concesiones, este año el poder judicial controlado por el FSLN terminó absolviendo de la mayoría de los cargos penales a Arnoldo Alemán, dejando otros pendientes como reserva, con el objetivo que este pudiera presentarse nuevamente como candidato presidencial. De la misma manera, tampoco quiso encarcelar al banquero Eduardo Montealegre, porque era mejor que ambos caudillos liberales luchasen entre sí, repitiendo la experiencia del año 2006.

Reteniendo a uno, impulsando al otro, o vicecersa, el FSLN logra un equilibrio de fuerzas que la favorece. En diferentes oportunidades hemos explicado que tanto Arnoldo Alemán como Eduardo Montealegre, han aparecido como abanderados de la unidad liberal, para satisfacer las exigencias de sus bases, pero en realidad no la desean, porque ambos representan proyectos políticos diferentes. El PLC de Alemán, a pesar de su crisis, todavía tiene una amplia base social en los sectores paupérrimos del campesinado, en cambio el MVE tiene su base social en la clase media urbana.

La cercanía de las elecciones generales del año 2011 ha desatado una feroz lucha política entre ambos caudillos del liberalismo. Contrario a lo que los medios de comunicación difunden, los actos de gobierno de Daniel Ortega lejos de unificar al liberalismo y al conjunto de la oposición burguesa en su contra, están diseñados para dividirla aun más.

El pleito por la elección de los 25 altos funcionarios divide profundamente al PLC y al MVE por la sencilla razón que el PLC no quiere compartir su tradicional cuota de poder con un movimiento disidente. El PLC aspira a recuperar el 50% de los cargos públicos, mientras el MVE espira a controlar el 25% de la cuota de la oposición. El PLC busca desesperadamente convertirse en el partido del segundo lugar, en el nuevo régimen político que se está configurando a partir del retorno del sandinismo al gobierno, donde el FSLN lucha a muerte por mantener su hegemonía.

El cuento de las elecciones internas

Hasta hace poco, la panacea para lograr la unidad del liberalismo eran las elecciones internas propuestas por el propio Arnoldo Alemán, como una astuta maniobra para reunificar al liberalismo bajo las banderas del PLC. Aunque ambos caudillos rojos  cantaron la canción de las elecciones internas, la realidad indica que estas nunca se realizaran, a pesar que la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) se ofreció a organizarlas.

Las elecciones internas abiertas no se realizarán, en primer lugar, porque tanto Alemán como Montealegre temen que los votantes sandinistas decidan la votación, a conveniencia del FSLN. Y, en segundo lugar, si las elecciones internas fuesen en base a la afiliación liberal, tanto el uno como el otro, no quieren mostrar sus debilidades en su tendido electoral ni arriesgarse a perder, porque ello significaría su liquidación política. Además, la mayor parte de los votantes que deciden las elecciones presidenciales no tienen partido.

La Alianza Patriótica

Mientras Arnoldo Alemán se prepara para que la Convención Nacional del PLC, a realizarse el próximo 11 de Julio, lo confirme como el candidato oficial de su partido, Montealegre, jugando a dos bandas, sigue apostando a la llamada unidad liberal pero también está impulsando por debajo de la mesa la llamada Alianza Patriótica, conformada por sectores disidentes del Partido Resistencia Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente (PLI), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y agrupaciones de la mal llamada sociedad civil, como el Movimiento por Nicaragua y la Unión Ciudadana por la Democracia(UCD).

La dispersión de la oposición burguesa

El panorama electoral para el año 2011 va quedando desbrozado. Se configuran tres fuerzas electorales que, pronunciando todas un frustrante e impotente discurso de “unidad de las fuerzas democráticas” contra el FSLN: a.- El PLC marchara solo con pequeños partidos aliados; b.- el Partido Conservador de Nicaragua que también marchara independiente; c.- La Alianza Patriótica que tarde o temprano terminara aliándose abiertamente con el MVE, cuando sea evidente que el PLC marchara solo en las próximas elecciones.

La debilidad y dispersión de las fracciones burguesas opositoras se debe a que el sandinismo emergió de la derrota de la revolución como una nueva burguesía, la que en dos décadas ha logrado imponer su hegemonía política y económica. Actualmente, la burguesía sandinista tiene más peso económico que sus opositores, no solo por la cuantiosa ayuda petrolera venezolana, sino por la amplia base pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, herederos de la reforma agraria, que se aglutinan tras la bandera roja y negra.

Lo anterior no es garantía de una permanencia eterna en el poder, pero le da muchas ventajas a la burguesía sandinista en su lucha contra las fracciones burguesas opositoras. El FSLN logra gobernar a través del pacto con el PLC que le permite el control de las instituciones del Estado, pero pocos mencionan el pacto que el sandinismo ha consolidado con la oligarquía financiera (Grupo Pellas, Grupo Promerica, Grupo Lafise, etc) que permite mantener la famosa estabilidad financiera que tanto necesitan los empresarios sandinistas.

En una reciente reunión entre Daniel Ortega y los principales empresarios del país, realizada el 27 de Mayo en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el magnate Carlos Pellas se deshizo en elogios a favor del gobierno: “lo que hemos estado haciendo es buscando todos aquellos aspectos en los cuales coincidimos, tenemos nuestras diferencias, pero también tenemos muchas coincidencias en qué es lo que tenemos que hacer por Nicaragua. Todo el sector privado, desde que el presidente Ortega tomó posesión ha venido trabajando con el presidente en ese camino: buscar el bienestar de Nicaragua (…) la intención del Gobierno es seguir con este diálogo, seguir fortaleciendo la unidad tripartita entre los trabajadores, el sector privado y el Gobierno, porque todos tenemos que jalar la carreta al mismo lugar (…) en este proceso hablamos de tratar de mantener siempre la macroeconomía y la estabilidad macroeconómica del país y es lo que se ha venido haciendo. Y eso ha sido un logro del gobierno y un aporte importante del sector privado en el mismo proceso” (El 19 Digital 27/05/2010)

Crear una alternativa socialista

El panorama se va aclarando poco a poco. El FSLN ha logrado imponer su hegemonía política debido a la desmovilización de los trabajadores que todavía no se recuperan de la derrota de la revolución, y que sufren los constantes terremotos económicos que producen los tratados de libre comercio y la aplicación de políticas neoliberales, que Carlos Pellas aplaude alegremente.

No vamos a cansarnos de insistir que ante la inminente polarización política en tres o más grupos electorales, los trabajadores y los jóvenes debemos crear nuestra propia alternativa política, independiente del FSLN y de los otras fracciones burguesas opositoras. En el plano electoral debemos luchar porque le devuelvan la personalidad jurídica a todos los partidos de izquierda, entre ellos, claro está, al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que ahora forma parte indisoluble del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

Por Aquiles Izaguirre

Desde finales del mes de abril, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunciaría un nuevo incremento del 6.85 por ciento en el costo de la energía eléctrica en Nicaragua. Este duro golpe para la economía de los trabajadores Nicaragüenses fue anunciado días antes de celebrarse el día internacional de los trabajadores, y constituye una prueba fehaciente que nuestro sistema energético, no solo se encuentra al vaivén de los precios internacionales del combustible, sino que se ha convertido en un gran negocio para los burgueses que controlan la generación de energética en Nicaragua.

Breves antecedentes.

El problema de la crisis energética en nuestro país no es una penuria nueva para los nicaragüenses. Cabe señalar que los problemas se pueden escudriñar hasta los denominados “gobiernos neoliberales” antecesores de la administración Ortega. Todo inicia en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, desde cuya administración el sistema de producción de energía dependía en un 80 por ciento de la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles. En aquella época, el costo internacional de los combustibles permitía que se produjese electricidad a un costo relativamente barato, por ende, la administración de Arnoldo Alemán fomentó que la generación energética fuese cada vez más adicta a los combustibles y las oscilaciones que tenía en los precios internacionales.

El caos llegaría en el Gobierno del entonces presidente Enrique Bolaños, cuando se conjugan tres factores que serian desastrosos para los nicaragüenses. El primero fue el crecimiento precipitado en los precios internacionales del petróleo, producto de la especulación de las trasnacionales petroleras, que fomentadas por la guerra en Irak vieron el nirvana capitalista para amasar enormes ganancias. El segundo factor fue el crecimiento económico y el incremento de la demanda interna en el consumo de energía. Estos dos factores sumados a la falta de previsión de los dos gobiernos neoliberales nos llevó casi a la barbarie, con apagones energéticos de más de 10 horas al día. Desde entonces los costos, de la energía eléctrica no han cesado de ir al alza.

Ortega y los nuevos incrementos.

Desde que inició este segundo gobierno de Daniel Ortega, tuvo que afrontar la espeluznante crisis energética que vivía el país. La solución fue muy simple, había que acabar con los apagones y se comenzó a importar plantas energéticas venezolanas que funcionan con combustibles. Pero el problema que parecía solucionar los apagones, solo ha incrementado la dependencia a los combustibles y a los precios internacionales del mismo, por ende Cesar Zamora gerente general de la empresa energética Corinto diría:  “El año pasado el búnker estaba a 34 dólares, hoy está a 75 dólares, ha subido el 120 por ciento, hay un incremento sustancial en los precios del búnker en el país y desde mayo del año pasado no ha habido incremento en las tarifas, porque lo que se ocupó fueron 20 millones para subsidio, pero el hoyo es tan grande que ya no es un subsidio lo que va a solucionar el problema, sino que necesariamente se tiene que subir la tarifa” (La Prensa 29/04/2010)

Claro, lo que no dice Zamora, es que la tarifa energética se había adaptado hace tres años al precio internacional del combustible, que en ese entonces estaba a mas de 80 dólares por barril.

El negocio detrás del incremento.

Atrás quedaron los días en que el Frente Sandinista y sus partidarios reprendían a Unión Fenosa como una trasnacional que solo buscaba amasar una gran fortuna a costas de la miseria de los trabajadores nicaragüenses. Ahora el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, se puede dar el lujo de justificar el incremento aprobado por el gobierno declarando que: “Nicaragua debía aumentar la tarifa eléctrica como un requisito exigido por el FMI para aprobar la cuarta revisión del programa económico, en una sesión que se realizará el 5 de mayo en Washington” (AFP 28/04/2010)

Por su parte, El Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli justificaría el incremento de la siguiente manera: “Si siguen subiendo los precios del petróleo, pues sí, así es, ¿no? Si usted tiene un negocio y compra materia prima que está sujeta a incrementos de precios, cuando sube esa materia prima, usted está obligado a subir el precio de lo que usted vende, a menos que usted consiga un subsidio que le permita mantener el precio y no subirlo” (La Prensa 05/05/2010) La clave de este cambio en el discurso del gobierno, está en la palabra “negocio” utilizada por el Ministro Rappaccioli.

Solo hay que hacer un poco de memoria y recordaremos que en plena crisis energética, el gobierno anunció la creación de Alba de Nicaragua S.A (Albanisa). Esta empresa fue creada con la cooperación del gobierno Venezolano y controla actualmente el 85 % de la importación de petróleo a nivel nacional, y además, participa en el negocio de la generación y en la distribución de energía. En perspectiva, el juego del gobierno con este incremento apunta a que: “Gas Natural (la distribuidora de energía, antes Unión Fenosa, de la que el Gobierno es socio) tendrá más disponibilidad de plata para pagarle a Albanisa y Albanisa se pasará la plata a sí misma, porque controla la importación de petróleo” (Ídem)

Para variar, el gobierno intentó minimizar el incremento, aduciendo que un buen porcentaje de la población recibiría el subsidio energético a los abonados que consumen hasta 150 kilovatios al mes. Pero la realidad es que el incremento afecta directamente a 180 mil clientes, entre ellos pequeños comerciantes y domiciliarios de todo el país. Pero el problema no se limita a estos 180 mil clientes, sino que el propio Rappaccioli revela un panorama muy crudo en donde: “el 65 por ciento de la población tiene acceso a la electricidad en todo el país pese a todos “los esfuerzos” de la Administración Ortega, pues aseguró que del Gobierno anterior recibieron el 53 por ciento. (Ídem) Es de esperar, que el ministro Rappaccioli no considere un logro que el gobierno no le haya incrementado a este 35% de los nicaragüenses el precio de la tarifa energética, pues no recibe dicho servicio.

Que los burgueses paguen los altos costos de la energía.

Con más de 7 años de incrementos continuos en el precio de la energía, podemos concluir que se acabaron los apagones del tiempo del ex presidente Enrique Bolaños, pero esto ha significado un plan orientado a la instalación de plantas energéticas cada vez más dependientes de los precios del petróleo, es decir, a beneficiar a la burguesía vinculada al actual gobierno sandinista.

Partiendo de esta premisa, es obvio que el gobierno no ha anunciado, ni anunciará ninguna política para economizar energía, menos para abaratar los  precios en las facturas energéticas a la población pobre. Por ende, debemos exigir que los altos costos de la energía no sean pagados por los trabajadores nicaragüenses. Debemos luchar para que sean las trasnacionales y empresarios nacionales los que paguen con impuestos el nuevo incremento en los precios de la energía eléctrica, es decir, la carga no puede recaer en el eslabón más débil de la cadena productiva, que cada día ve como su capacidad adquisitiva se deteriora producto de los aumentos constantes de la canasta básica y los servicios básicos como lo son el servicio de luz y agua.

Nacionalización sin indemnización.

Así mismo hay que nacionalizar las empresas privadas que  participan del sistema energético tanto la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, no pueden seguir en manos de burgueses, que en harás de lucrarse, ocasionan caos y crisis para obtener más ganancias.

El Estado no debe pagar ningún tipo de indemnización a las empresas que han saqueado al país, todas ellas, desde Gas Natural (antes UNION FENOSA) hasta las generadoras, especulan con los precios de la energía y se enriquecen llevando al país al borde de la  barbarie.

Los trabajadores y la sociedad deben regular los precios de la energía.

El sistema energético tiene que ser nacionalizado, pero no en manos de burócratas afines a cualquier gobierno de turno, debe estar bajo el control de los trabajadores que laboran en las empresas energéticas del Estado. Solo estos serán consecuentes con los intereses y derechos de la población trabajadora, además de acabar con la dependencia al petróleo que han venido fomentando todos los gobiernos de turno, desde liberales hasta el Sandinistas.

En lo que respecta a las tarifas eléctricas, estas deben ser reguladas por la sociedad civil, a través de las asociaciones de defensa de los consumidores y órganos que agrupen a la población del país. Estas junto a los trabajadores deben asegurar tarifas estables y justas para todos los nicaragüenses.

Por Diego Lynch

Una vez más, sectores de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA), se encuentra envueltos en las luchas en las que defienden sus derechos pero a la vez participan en la lucha por las cuotas de poder y el control de los recintos universitarios de la universidad más grande de Nicaragua.

Esta vez, la lucha gira alrededor de las Elecciones de Decanatura en los Centros Universitarios Regionales (CUR), las que están programadas para fines de este mes de mayo. Ante esta coyuntura, los dirigentes estudiantiles, quienes a lo largo de la existencia de la UNEN han venido viviendo del presupuesto anual que el gobierno entrega a las universidades, han visto una clara oportunidad de continuar perpetuándose en el poder, lo que los ha llevado a la división y a enfrentarse entre sí. Cesar Pérez, ex presidente de la UNEN y quien en un momento violentó los Estatutos para extender su periodo, ha seguido controlando desde fuera a una parte de la dirigencia estudiantil. Hace dos meses un sector de UNEN apoyó la destitución de Alejandro Duarte (ex presidente estudiantil de la UNAN Managua). Son estos sectores quienes se han tomado las instalaciones de la UNAN Managua, paralizando las clases y exigiendo participar en la Asamblea Electoral para elegir a los decanos en estos recintos.

Leyes y Reglamentos antidemocráticos

Según el artículo 38 de la Ley 89, “Ley de Autonomía Universitaria”, estas mal llamadas “Asambleas Electorales” estarán integradas por los docentes, tres directivos de los sindicatos de trabajadores no docentes, los representantes estudiantiles de grupos de la respectiva facultad , los presidentes estudiantiles de escuelas y el presidente estudiantil de la facultad. El  sector de UNEN que se han tomado las instalaciones de la UNAN-Managua ha alegado que las autoridades administrativas no quieren permitir la participación de los representantes de grupo, y que a consecuencia de la destitución de Alejandro Duarte esta alma mater no tendría máxima representación en las próximas elecciones de decanatura.

Pero además ocurrió que la burocracia universitaria elevo a la calidad de Facultades a varias escuelas en los Centros Universitarios Regionales (CUR) en varios departamentos del país, los cuales también elegirán autoridades, restringiendo el derecho de representación de los estudiantes

Por otro lado, el grupo de estudiantes afines a Duarte, ha intentado desmontar la toma tratando de ingresar al recinto de la UNAN-Managua, enfrentándose con armas y morteros a los fieles seguidores de Cesar Pérez, alegando que estos buscan proponer candidatos afines a sus intereses y que lo que pretender con esta toma es obligar a negociar a las autoridades, repartiéndose la cuotas de poder y continuar viviendo del presupuestos y de las prebendas que reciben como  dirigentes estudiantiles.

Métodos de lucha de pandillas

El Movimiento Estudiantil se ha caracterizado por hacer uso de métodos guerrilleristas, los que son influenciados y patrocinados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que ahora que se encuentra en el poder. Últimamente, el FSLN ha recurrido a buscar pandilleros y utilizar sus métodos gansteriles para intimidar a la oposición burguesa y a todo aquel que trate de expresar su inconformidad con el gobierno.

En la toma de la UNAN, por parte de un grupo reducido de estudiantes, el gobierno sandinista ha llevado estos métodos de pandillas hasta la filas del movimiento estudiantil, quienes utilizan machetes, tubos, piedras, morteros y hasta armas de fuego para agredirse entre sí. En una época (1990-2006), estos métodos siempre criticados eran utilizados por los estudiantes en lucha para defenderse de las agresiones y de la represión que ejercía la Policía Nacional. Pero hoy observamos con tristeza que se utilizan para dirimir conflictos entre la propia dirigencia estudiantil y contradictoriamente para defender derechos de representación en los organismos de gobierno de la universidad

Toma de grupos minoritarios

Tras varios días de toma de la UNAN-Managua y de enfrentamientos entre ambas fracciones de la dirigencia estudiantil, las autoridades administrativas y rectores no han dado la cara ni han buscado una solución a esta problemática que está afectando a los mismos estudiantes, quienes alegan no sentirse representados por los supuestos dirigentes estudiantiles y quienes dicen que han tenido que incurrir en gastos al tratar de trasladarse a sus aulas de clases para realizar sus exámenes y poder culminar sus estudios.

La mayoría de los estudiantes universitarios alegan no sentirse representados por estos grupos de choque que responden a intereses de grupo, porque no participan de las elecciones, las cuales también son amañadas, y que lejos de ayudar y resolver sus problemas estudiantiles, lo que buscan es perpetuarse en el poder y continuar viviendo del movimiento estudiantil, y que por eso los dirigentes estudiantiles jamás culminan sus estudios.

Urgen Reformas y Asambleas Estudiantiles

Ante estos conflictos y luchas de poder entre la dirigencia estudiantil y ante la apatía que estos han creado entre las masas estudiantiles, es necesario que tanto las Leyes como Reglamentos y Estatutos que rigen y norman a la UNAN, así como las elecciones tanto de las autoridades administrativas como del movimiento estudiantil, sean reformados. Urgen elecciones limpias, democráticas y participativas, que sea mediante asambleas estudiantiles y democráticas en donde se elijan a los dirigentes y que no sea un “representante de grupo, de carrera o de facultad” quien decida.

Que sean todos los estudiantes a mano alzada quienes decidan quienes serán sus autoridades y sus dirigentes, que sea por mayoría y no por medio de negociaciones entre dos grupos oportunistas que lo que buscan es un modus vivendi. No podemos permitir que los estudiantes se sigan agrediendo entre por responder a los intereses de terceros, hay que unir fuerzas y que toda la comunidad estudiantil exija de manera pacífica y mediante una asamblea general que se les tome en cuenta y que se reformen estas Leyes y Reglamentos antidemocráticos.

Los estudiantes debemos defender nuestros derechos de participación, pero de manera democrática, sin violencia entre las diferentes agrupaciones.