Por Horacio Zambrano Raudales

El martes 7 de marzo se iniciaron una serie de asambleas informativas en las proximidades de los edificios que albergan carreras de Humanidades y Arte y algunas ingenierías. El motivo central de esta socialización fue dar a conocer la arbitrariedad de las autoridades universitarias en el seguimiento de los acuerdos firmados el 28 de julio de 2016; y la pretensión de extender el proceso de elección de la nueva Junta de Dirección Universitaria (JDU) que, por tanto, sería la extensión de rectoría, vicerrectorías y decanaturas de la UNAH.

Objetivos inconclusos

La actual administración de la universidad, afianzados en la 4arta reforma universitaria, quieren perdurar en sus cargos quizá con el pretexto de darle continuidad a proyectos de largo plazo que tienen que ver más con construcciones de varios edificios en toda la Ciudad Universitaria, y no tanto con los cambios favorables en cada unidad académica o carrera. El único obstáculo que podría impedir sus pretensiones lleva el nombre de Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), considerándolo como plataforma integral de representación estudiantil. En este sentido no es casual que busquen pactar soluciones que convienen a los dos: la extensión del acuerdo que interesa al movimiento y la reelección de la rectora que les interesa a la mayoría de las autoridades vigentes.

Es necesario que el MEU no se encarrile en direcciones opuestas que le den una imagen de pactistas de la lucha, que se inició por objetivos todavía inconclusos: nuevas normas académicas, representación estudiantil y cese de la criminalización de estudiantes. Las autoridades universitarias quieren desmembrar al movimiento, se aprovechan de los momentos de reflujo para iniciar maniobras de esta naturaleza: ofrecer soluciones aparentes a cambio de males mayores como la reelección de Julieta y todas las actuales autoridades.

¿Cuál es el horizonte que puede seguir el Movimiento Universitario?

No es nada fácil replantearse los objetivos concretos de la lucha del movimiento; parece que se respira derrota cuando se habla de los alcances logrados por el MEU. Lo cierto es que debe recuperarse el discurso integrador de las asociaciones de carrera, poner como punto de agenda los avances y atrasos que se han tenido desde el inicio de la lucha hasta el presente.

No despachar a la ligera, discusiones tan importantes como el papel del movimiento ante el intento de reelección de Julieta y los administrativos. No tener la política de escoger el mal menor. Las autoridades no subestiman el poder de los estudiantes organizados, pero aprovechan los momentos de desencanto para llevar a cabo cambios que pasan inadvertidos por la mayoría de estudiantes. Es momento de empezar la agitación, de informar en asambleas al aire libre, carreras, facultades, etcétera, sobre estos actos sumamente corruptos de extender el periodo de gobierno de la rectora por segunda vez.

Reorganización y lucha

No podemos permitir que las autoridades modifiquen a su gusto y cuando les plazca la ley orgánica de la universidad. Debemos estar alertas de los pasos que den las autoridades, y a la vez tener presente que la corrupción es un motivo suficiente para manifestarnos y condenar nuestra falta de participación en los rumbos de la universidad.

El MEU no debe tampoco centrar su política en la renegociación de los acuerdos. Si bien la bandera de lucha para el 2016 fue la derogación total de las normas académicas, los acuerdos no sentaron un precedente para la consolidación del poder estudiantil a través de las asociaciones estudiantiles. La dirigencia del MEU cerró las discusiones, estrechó los espacios de construcción y no tuvo claridad política al permanecer casi 9 meses en los límites que los propios acuerdos le impusieron. El reforzamiento de la organización por carrera y unidad académica debe ser una prioridad política y estratégica del movimiento estudiantil de a UNAH. La democratización de la UNAH, como eje central del discurso del MEU, debe ser retomado desde la necesidad histórica que los pueblos indígenas, trabajadores, campesinos, etc., puedan esperar y proponer sobre la educación superior.


Por Sebastián Ernesto González          

En el mes de febrero entró en vigencia el cobro por atenciones de servicios de salud en el Hospital Escuela Universitario (HEU), un nuevo golpe a la ya raquítica economía de las familias hondureñas que se mueven por debajo de la línea de pobreza, pero este nuevo trancazo también va dirigido a la clase trabajadora que ya no cuenta con un eficiente servicio de salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes optan por asistir al HEU desde que el IHSS fue víctima del saqueo descarado por JOH y sus aliados criminales que se llevaron más de 7,000 millones de lempiras.

Paradójicamente, en Honduras desde el golpe de estado del 2009, se ha aumentado ostensiblemente el presupuesto a las secretarías de Seguridad, Ejército y Policía Nacional, mientras que los presupuestos de Salud y Educación los han mermado, además de que han dejado de crear plazas tanto de médicos y enfermeras en salud como docentes en educación.        

El régimen pos golpe, donde el Partido Nacional y Partido Liberal en una alianza inquebrantable al servicio de la oligarquía y la burguesía, han hecho y desecho con las leyes del país, también lo hacen con las necesidades más sensibles de la población como ser la salud y educación. Porque siempre hay que enfatizar que el Partido Nacional no podría hacer y deshacer sin el apoyo de los liberales. De esta forma, Juan Orlando Hernández siguiendo al pie de la letra las exigencias del Fondo Monetario Internacional, aplica trancazo tras trancazo, hace despidos masivos de trabajadores y privatiza los medios de salud, ya son varios los centros hospitalarios del país que han sido cedidos a organizaciones no gubernamentales para ser administrados.

En el mes de febrero entró en vigencia una tarifa de cobros en el HEU, donde el costo de un parto normal cuesta 500 lempiras, las actas médicas pasan a costar 700 lempiras, mientras que el costo de los exámenes de laboratorio, experimentan incrementos de 20, 25 y hasta de más de cien lempiras, dependiendo del examen de que se trate. www.diariolanoticia.hn (30/01/2017). De acuerdo a las autoridades del centro asistencial, los cambios en la tarifa son para amortiguar el déficit de 737 millones de lempiras del presupuesto anual del hospital que fue cortado por Finanzas. LT (04/0372017).

La presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa, manifestó al respecto “El gobierno está teniendo la desobligación de brindar y garantizar la prestación de servicios de salud a nivel nacional, cediendo los hospitales a organizaciones no gubernamentales u otras instituciones que no son directamente el gobierno…este mecanismo hace que muchos de estos centros hospitalarios tengan que hacer cobros para poder dar repuestas a las necesidades que tienen para cubrir el déficit presupuestario”.LT (04/03/2017).

Al pueblo solo le queda la movilización

Definitivamente que la única forma de parar los abusos de JOH en contra de las necesidades de las familias hondureñas, es la movilización general, al respecto, la Doctora Suyapa Figueroa señaló “si estas organizaciones no tienen presupuesto, hay que hacer algo, hay que protestar y hay que ir a quien corresponde para que este déficit presupuestario sea cubierto en su totalidad y se garantice lo que la carta magna dice; que el Estado es responsable de garantizar la salud de forma gratuita, porque es un derecho humano inalienable”.

Después de que JOH a vapuleado las dirigencias sindicales y coaptado a la mayoría de los Diputados del Congreso Nacional, no cuenta con oposición alguna en el país, con la nueva Ley Antiterrorista se dispone reprimir cualquier intento de protesta o de oposición a sus dictatoriales medidas. Solamente con un pueblo volcado a las calles se dará vuelta a todos estos planes de miseria que imponen a los más necesitados. Ante la ausencia de líderes populares que convoque a las calles debe surgir una nueva vanguardia que asuma el compromiso de llamar a luchar por los intereses de la población en general.

El pueblo no puede seguir esperanzado en soluciones divinas para sus necesidades básicas, es obligación del estado garantizar la salud pública, los dirigentes sindicales y las Centrales Obreras no llamarán a movilización general, entonces es imperativo que la población salga a las calles por si misma a exigir justicia para los saqueadores del IHSS y exigir el incremento a los presupuestos de la salud pública y educación.


Por Max Luján

El miércoles 22 de febrero se aprobó el polémico proyecto denominado Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”. La aprobación se dio después de varias semanas de discusión entre los sectores de oposición y el gobierno, cabe señalar que el papel de la oposición política sigue siendo débil, muy dividida, sin capacidad de negociación y sin ofrecer una alternativa real que frene los atropellos de JOH; por otro lado, el Partido Liberal con su estira y encoge en la aprobación de estas reformas, dejó mucho que desear con su presencia, ausencia; y sobre todo los silencios y evasivas a la hora de votar, acción que refleja que a lo interno del Partido Liberal, la crisis sigue vigente. La iniciativa de este proyecto de ley fue aprovechada por JOH para desarrollar su propaganda electoral y consolidar su plan continuista.

¿Qué hay detrás de las reformas penales?

La aprobación de las reformas penales se da en el marco de la implementación del Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP), proyecto orquestado por el imperialismo norteamericano y que está siendo recetado a los países del Triangulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, se viene implementando desde hace dos años, planes de reacción democrática, de fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, y sobre todo, el fortalecimiento y modernización del aparato policial. Por eso vemos la creación de una Comisión Depuradora que se ha encargado de expulsar a miles de policías corruptos, se equipa y moderniza todos los aparatos policiales, se crea la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se construyen cárceles de máxima seguridad, se moderniza el aparato judicial depurando también jueces y magistrados y se aprueban leyes más severas. En el caso de Honduras, JOH utiliza el tema de la violencia y criminalidad como bandera de campaña electoral para atraer votos. El tema de la extorsión es el delito que más vive en carne propia la población hondureña, delito a cargo de las maras y pandillas que operan en todo el país y que mantiene en zozobra a toda la población.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el 2014 perdieron la vida 99 personas que supuestamente no pagaron el “impuesto de guerra”, mientras que cifra igual se registró en el 2015. Los pequeños, medianos y grandes comerciantes son el principal blanco de las extorsiones. Se calcula que por las extorsiones unos 45 mil negocios fueron cerrados a nivel nacional, dejando a más de 150 mil personas sin empleos. El 12% de los transportistas sufre extorsiones. La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) calcula que “la extorsión le cuesta a Honduras 200 millones de dólares al año”. JOH a través de los medios de comunicación oficialista se promueve como el impulsor del orden y la estabilidad, y hace ver que las reformas penales es una necesidad que desean millones de hondureños que viven bajo la angustia de la inseguridad y la violencia cotidiana. El paquete de reformas penales consiste en la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal. Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Para rematar, el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

Consecuencias de las reformas penales

La aprobación de estas reformas es una maniobra política destinada a quitarle respaldo a la alianza opositora formada por LIBRE-PAC, se aplicará la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación. Con estas reformas se configura la instauración de un régimen bonapartista, autoritario, que pretende además el establecimiento de la hegemonía del Partido Nacional. Hay que señalar que estas reformas no solventarán la crisis que se vive en el país con la criminalidad y violencia, debido a que las instituciones encargadas de investigar y aplicar la ley, no cuentan con la preparación adecuada, además, todas estas instituciones siguen comandadas por estructuras criminales cuyos líderes son políticos y familiares de altos funcionarios gubernamentales.

El Partido Socialista Centroamericano plantea que el mal de las extorsiones debe ser combatido desde abajo, es decir, llamando a la población a organizarse en los barrios y mercados contra los extorsionadores. El combate contra las extorsiones implica la creación de una red de autodefensa territorial, una especie de policía comunitaria o milicia que defienda a la población, similar a lo que ocurre en algunos pueblos de México, en donde las autodefensas garantizan el orden y no hay delincuencia.


Por Horacio Raudales Zambrano

En Honduras no se agotan las preguntas. Sobran las penas, y muchas deudas que pagar. A casi un año del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, nos podríamos cuestionar: ¿cuál ha sido el papel del sistema de Justicia en la resolución efectiva del asesinato y persecución selectiva de líderes y lideresas populares, que ha convertido en Honduras en el lugar más peligroso para ejercer la defensa de la tierra?, ¿cuál es, además, la implicación del actual gobierno si los máximos dirigentes del Partido Nacional resultan ser inversionistas directos de corporaciones transnacionales mineras e hidroeléctricas? ¿Qué defiende la justicia hondureña y bajo qué procedimientos pretenden sostener un régimen de terror?

Una crisis que se agudiza

En este momento Honduras vive una crucial crisis de sus instituciones. Desde la problemática estudiantil en 2011 con la Ley Fundamental de Educación, el desfalco y fracaso de los sistemas de comunicación, salud y energía; hasta la crisis universitaria del 2016 en la UNAH y la UNAG, los rastros de una pérdida de legitimidad se profundizan y despiertan cierto recelo en especial en aquellas instancias que, como el Poder Judicial, se han visto manchadas por injerencia directa de intereses del legislativo y el ejecutivo a lo largo de casi 8 años de gobiernos cachurecos. ¿Cómo puede haber confianza en un sistema que no procede a castigar los culpables de la crisis del IHSS a dos años de conocerse las redes de corrupción que implicó la muerte de más de 3.000 personas?

El caso de Kevin Solórzano evidencia una incertidumbre generalizada con respecto a la seguridad, la justicia y los derechos conquistados desde 1954; cabiendo la pregunta: ¿dónde está el Estado hondureño y el aparato de justicia y represión cuando un estudiante es asesinado en un transporte hacia su universidad?, ¿dónde los sueños y el presente cuando más de 20 mil jóvenes estudiantes han sido asesinados entre 2014 y 2016? ¿Adónde sirven los fusiles y más 10 mil millones de lempiras de la tasa de seguridad cuando 123 activistas por la defensa de los bienes comunes han sido asesinados desde 2009?

Reiniciando la movilización

El pasado jueves 9, el viernes 10 y el 17 de febrero se llevaron a cabo varias acciones que prácticamente dieron inicio a una serie de respuestas populares al vil gobierno de JOH. La primera de ellas, del 9 de febrero, fue realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que consistió en el levantamiento de los compañeros estudiantes en contra de las muchas injusticias evidentes en el país.

La protesta de los estudiantes condenó la falta de seguimiento y respuestas por parte del sistema de justicia hondureño en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres que fue asesinada el 3 de marzo de 2016; se exigió también la total libertad de varios compañeros que todavía enfrentan procesos judiciales hasta la fecha; entre otras exigencias, también se denunció el nefasto papel de los nacionalistas al proponer un paquete de reformas al código penal que atenta con la libertad de expresión tachando de «terrorismo» el derecho pleno a la protesta, y además dándole potestad a los militares y otros gendarmes de acabar con la vida de cualquier persona que se manifieste en contra de este gobierno; también se condenó la falta de pruebas fehacientes y científicas que arrojaran verdades claras en el caso de Kevin Solórzano quien fue dictaminado culpable sin las evidencias suficientes. Esta protesta en la universidad terminó en un expreso enfrentamiento entre los compañeros y los policías.

El viernes 10 de febrero se realizó una movilización que tuvo como objetivo exponer el descontento generalizado en la población hondureña por el caso de Kevin Solórzano. Al parecer surgió de nuevo la figura de los indignados, quienes salieron a manifestarse esta vez condenando la ineficacia del sistema de justicia del país, ya que existen enormes contrastes en donde sale a relucir el esquema corrupto de estas instituciones, como la falta de rigor en las penas establecidas para Mario Zelaya y Lena Gutiérrez saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La reciente manifestación del 17 de febrero demostró el grado de empatía de los compañeros, pues el 14 de febrero fue asesinado un estudiante de arquitectura en un autobús de ruta cercana a la universidad. Todas estas protestas y manifestaciones sostuvieron la necesidad de alzar la voz en contra de este gobierno que cada vez irrumpe con medidas de contenido represivo y aplastante para la mayoría de hondureños que estamos en contra de los corruptos en el poder y del intento reeleccionista de JOH.

JOH quiere sofocar a cualquiera que se oponga a su intento reeleccionista

El paquete de reformas al código penal, propuesta de los nacionalistas en el Congreso, obedece a su sórdida campaña política y no a una exigencia directa del pueblo hondureño; pareciera que JOH quiere contener cualquier tipo de oposición con estas reformas: desde limitar por completo las protestas contra su reelección, hasta cederles la potestad a cualquier militar o policía de acabar con cualquiera que se manifieste en contra del gobierno. Bajo el pretexto de «terrorismo» se estaría atentando con la vida de cualquier hondureño y hondureña.

Está claro que la oposición o la «alianza» no ha jugado el papel que le corresponde bajo estas amenazas de censura de la libertad de expresión por el intento reeleccionista, tal parece que subestiman la eficacia de las movilizaciones continuas, y depositan su ciega confianza en las contiendas electorales. Ninguna oposición coherente a estas medidas que atentan contra la libertad surgirá del letargo de los partidos de oposición o la «alianza»; se espera, más bien, que sectores no viciados por la lógica de los partidos tradicionales, como los estudiantes, maestros y el resto del movimiento social, den su respuesta con manifestaciones organizadas y recurrentes en contra del paquete de reformas al código penal y la reelección de JOH.


Por Ricardo Velásquez

Los últimos siete años del régimen post golpista, dirigido por el Partido Nacional en comparsa con el Partido Liberal, tuvieron como uno de los objetivos prioritarios la eliminación de las conquistas económicas y sociales de los maestros, además de invisibilizar al mínimo las dirigencias de los colegios magisteriales. El régimen liderado en primera instancia por Porfirio Lobo y luego por Juan Orlando Hernández, con Marlon Escoto al frente del Ministerio de Educación, impusieron la Ley Fundamental de Educación, aprobada por las bancadas del PN y sus comparsas del PL, esta ley violenta derechos de los docentes y en la mejora educativa deja mucho que desear, quedando en evidencia que el propósito para aprobarla era eliminar el Estatuto del Docente.

Los logros de que tanto se ufana el gobierno, en la mejora de la calidad educativa son nulos en la realidad. Los datos estadísticos de aprobación, reprobación y deserción al final del año lectivo, son utilizados para justificar los fondos externos que han llegado al país y que exigían cumplir con las metas EFA (Plan Educación Para Todos) cuyo objetivo principal es que todos los niños aprobasen a los 12 años su sexto grado, a partir del 2015.

En la realidad lo que hubo fue un retroceso enorme en la calidad educativa, producto de las amenazas permanentes a los docentes si no obedecían con las órdenes arbitrarias a través de “oficios” ilegales, tendientes a la aprobación de los educandos. Sin duda alguna, que ese retroceso abismal en la calidad de la educación, viene a impactar con los resultados finales en la educación media y en las Pruebas PAA como requisito para ingresar a la UNAH. Es evidente entonces que la reforma no fue para mejorar la calidad educativa.

En año político: JOH pone nuevo rostro al Ministerio de Educación

Una vez hecho el trabajo sucio por Marlon Escoto, JOH le dio la patada en el trasero y lo sacaron por la puerta falsa del sistema educativo nacional, nombrando en su lugar a la Vice Rectora de la UNAH, Rutilia Calderón, quien de entrada se presenta abierta al diálogo y en sus primeras dos semanas no da muestras de seguir con la misma política de amenazas y represión de Marlon Escoto.

La nueva Ministra de Educación declaró “…está por iniciar una agenda de reuniones con las diferentes organizaciones magisteriales, pero ya se ha sostenido encuentros directos con maestros en varios centros educativos”. Y en lo que respecta a las organizaciones Calderón también ha solicitado datos sobre lo que se les adeuda a los colegios magisteriales, “para lo cual se deberán reunir con la Secretaría de Finanzas, para que haya un arreglo”. LT (17/02/2017).

La declaración anterior, viene a abrir las puertas del diálogo con las dirigencias, los que de primera pedirán que se renueve las deducciones a los afiliados respectivos, hecho que sería muy satisfactorio para el magisterio nacional.

Por una nueva estrategia que se gane a padres, madres y alumnos

No hay lugar a duda que una de las estrategias de Pepe y JOH fue desmeritar y descalificar a los docentes, a tal punto que se escuchó a personajes muy públicos del país, tildar de “rateros” o “ladrones” a los docentes, tal y como lo dijo el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez.

Con la apertura del diálogo, se atisba un nuevo idilio entre las dirigencias y la representante de JOH, este hecho también acarrea un impasse para los docentes: la consolidación de las burocracias que están al frente de las organizaciones desde hace más de 15 años.

La base del magisterio tiene el reto ineludible de cambiar esas dirigencias por una nueva vanguardia que tenga por estrategia, por un lado, el rol del maestro en la mejora permanente de la calidad educativa y por el otro entregar las organizaciones magisteriales a las bases a través de las discusiones democráticas en asambleas abiertas.

Es vital para la lucha, la construcción de un plan de acción, que no ponga en peligro el trabajo docente, pero sobre todo este plan debe concientizar a padres y madres de familia, para que sepan que los docentes son los abanderados de la defensa de la educación pública. Se abre un nuevo momento en el accionar del magisterio, pero este debe ser acompañado por la concientización de las bases para elegir una nueva dirigencia.

De acordarse nuevamente las deducciones de los afiliados, estas no deben ser para engordar las burocracias sino más bien, para desarrollar un trabajo gremialista que encamine a los docentes a la recuperación de sus conquistas.

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