Por Carlos M. Licona

El poder judicial siempre fue controlado por el partido político de turno en el poder, el actuar de la misma siempre fue acorde con los intereses de políticos y sectores fácticos. En el 2009 se eligió una corte que avaló el golpe de Estado del 28 de junio de ese mismo año, y, que, emprendió una cacería contra todo aquel que se oponía al presidente de facto, Roberto Micheletti.

La Corte Suprema de Justicia se conforma de 15 magistrados electos por un periodo de 7 años, hasta el 2016 siempre fueron repartidos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. En el caso del 2009, fueron 8 magistrados para el Partido Liberal y 7 para el Partido Nacional. En el 2016 se invirtió los números eligiendo 8 para los nacionalistas y 7 para los liberales.

El poder de JOH sobre los magistrados

En diciembre del 2012, siendo el presidente del Poder Ejecutivo Porfirio Lobo Sosa y el presidente del Poder Legislativo Juan Orlando Hernández, ambos se confabularon para destituir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que no complacían en la ratificación de leyes ilegales a Porfirio Lobo.

La agencia de noticias Reuters publicó: El presidente Lobo afirmó el sábado que los magistrados de la sala constitucional están “en contra de la depuración de la policía” y los acusó de estar “en una colusión para atentar contra la institucionalidad”. Reuters (12/12/2012).

El Congreso Nacional controlado por Juan Orlando Hernández eligió 4 nuevos magistrados leales a sus propósitos, es de recordar que el único magistrado que no fue destituido de la Sala de lo Constitucional fue Óscar Fernando Chinchilla, quien en el 2013 fue electo como Fiscal General de la República y reelecto ilegalmente en el 2020.

En el periodo 2010-2014, el Congreso Nacional estaba conformado de la siguiente forma: 71 del PN, 45 del PL, 5 del PDCH, 4 de UD y 3 del PINU. Los diputados del Partido Liberal siempre se alinearon con Juan Orlando Hernández, al igual que los diputados de los partidos con poco caudal electoral.

La Corte Suprema vigente fue electa en el 2016, en este periodo (2014-2018), con la ya existencia del Partido LIBRE y del Partido PAC, la distribución de diputados estaba de la siguiente forma: 48 del PN, 37 de LIBRE, 27 del PL, 13 del PAC, 1 del PDCH, 1 de UD y 1 del PINU. Sin embargo, es acá en que el ahora acusado en New York de narcotráfico tuvo la mayor imposición de su voluntad, para lograr sus caprichos repartió dinero a manos llenas, con apenas 48 diputados logró imponer en el 2016 la Corte Suprema de Justicia, para lograr su objetivo compró diputados del resto de partidos, pero siempre, su mayor comparsa fueron los diputados del Partido Liberal.

La entronización en el poder del ahora detenido Juan Orlando Hernández, fue un proceso gradual y de dos décadas de violaciones a las leyes, y, de un alto grado de corrupción donde compraron  conciencias a muy altos precios para lograr sus propósitos. Fue esta Corte Suprema de Justicia la que le dio vía libre para reelegirse ilegalmente en el 2018.

Los privilegios a un delincuente

Al parecer, el ya casi extraditado expresidente será llevado al norte para ser enjuiciado en NY como delincuente de alto grado de peligrosidad, aun así, sigue recibiendo privilegios de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. En el caso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, recibió el privilegio de hacer un video en una de las oficinas muy bien acondicionadas, en el video sigue diciendo que es inocente y que es víctima de una conspiración de enemigos políticos y narcotraficantes. Pero, además, se trata de alargarle la estadía en el país obsequiándole algunos días que en nada cambiarán su realidad, excepto su agonía asfixiante por perder la libertad y la vida de rey que tuvo durante 12 años.

En el caso del Fiscal General de la República se ha alargado el aseguramiento y la incautación de bienes con el propósito de ganar tiempo y desaparecer millones de dinero y traspasar bienes y menaje en grandes cantidades a otras personas sin dejar rastro.

Los 15 magistrados actuales y el Fiscal General son una vergüenza completa para el país, se unieron a una banda criminal que asaltó las arcas del Estado y que utilizó instituciones para contrabandear drogas a USA. Ya es tiempo de iniciar los pasos para un juicio político a los magistrados de la CSJ y al Fiscal General.