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El subsecretario Jhon Dimitri Negroponte recorre Centroamerica para impulsar el "Plan Mérida"

La Iniciativa Mérida, el Plan Puebla Panamá y la visita de Negroponte

Por Mirian Miranda, integrante de la Organización Fraternal Negra

Hondureña, OFRANEH

ALAI AMLATINA, 03/06/2008, La Ceiba Atlántida.- El pasado 22 de mayo el Senado de Estados Unidos aprobó, con condiciones, una partida de 450 millones de dólares destinados para la Iniciativa Mérida, concebida supuestamente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica.

La Iniciativa de Mérida fue formulada en octubre del 2007, con el supuesto propósito de maximizar la eficacia de los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales así como para detener el narcotráfico (incluyendo el de precursores químicos; el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas.

La inclusión de Centroamérica en esta réplica del Plan Colombia, fue comunicada a los medios por el subsecretario de Estado Thomas A. Shannon, en noviembre del año pasado, para lo cual se aumentó la partida original de los $1.400 millones de dólares, en $50 millones adicionales que servirán para reforzar a los organismos de seguridad del Istmo.

Una vez más el narcotráfico y el crimen organizado sirven de pretexto para que los Estados Unidos intervengan en la zona, con la excusa del incremento de la ingobernabilidad que gira alrededor de la erosión de los estados-nación como resultado directo del pingue mercado estadounidense de la drogas ilícitas.

Es bastante conocido por la opinión pública el fracaso del Plan Colombia en cuanto a frenar la producción y trasiego de estupefacientes. Mientras tanto las Fuerzas Armadas han aumentado en 51% su armamento y erradicado casi 800,000 hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y destruido 8.900 laboratorios. No obstante esas buenas noticias, el flujo de drogas ha continuado y el mercado de los industrializados sigue anegado de estupefacientes.

Mientas tanto el "componente de mejoramiento y apoyo social" del Plan Colombia, es practicante inexistente, además que el número de desplazados en ese país casi iguala al de Irak y Sudán y por supuesto se han incrementado las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y sus socios, los paramilitares, que han sido reciclados bajo una política de reinserción destinada más a legitimar el saqueo de tierras que a la aplicación de justicia.

La Iniciativa Mérida va de la mano del Plan Puebla Panamá, programa vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo, el que viene a crear una red de infraestructura eléctrica, de carreteras, canales secos y en un futuro no muy lejano poliductos para el transporte de gas natural y petróleo. No obstante las "buenas intenciones" de los banqueros y empresarios relacionados con el Plan, las comunidades locales y los pueblos indígenas observamos múltiples anomalías en la formulación de los proyectos y la practica inexistencia de una verdadera aplicación del derecho a la consulta.

El día de ayer en Medellín Colombia, ante la prensa apareció uno de los personajes más ominosos de la política exterior de los Estados Unido: John Dimitir Negroponte el que resaltó ante los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA la importancia de la Iniciativa Mérida y de los TLC entre su país y varias naciones latinoamericanas, porque proporcionan seguridad y oportunidades económicas a los ciudadanos, además fue enfático en que "ningún país en el hemisferio será seguro del crimen organizado, de pandillas y del narcotráfico, hasta que todos se encuentren seguros".

El apellido Negroponte tiene una especial connotación para el pueblo hondureño, el que lo asocia con la tenebrosa década de los 80, cuando fungió como procónsul en Honduras y estableció un régimen de terror que hasta la fecha no ha sido totalmente disipado. El ideólogo del batallón de la muerte conocido como el 316, no sólo sembró el terror en el país, sino que confiscó el imaginario social del pueblo hondureño, creando una generación de timoratos al servicio de los mandatos del imperio. Cabe señalar que en Honduras hasta la fecha los violadores de los derechos prosiguen en libertad, e incluso algunos de ellos incrustados dentro de los aparatos de seguridad del estado.

La visita de Negroponte es un mal augurio para el país, el que de la noche a la mañana posiblemente retornará a la década de los 80 en el marco de la Iniciativa Mérida, gendarme del Plan Puebla Panamá. El hecho que sea Negroponte uno de los encargados de venir a vendernos una caja de Pandora da mucho que esperar. Por algo será que el canciller Nicolás Maduro de Venezuela, en el marco de la reunión de la OEA, el día de ayer en Medellín, dijo que ¨funcionarillo llamado Negroponte, que no tiene currículo, lo que tiene es un prontuario criminal”(3).

Como dato curioso, el Senado de Estado Unidos aprobó el pasado 18 de mayo una partida de $350 millones de dólares para México, y cien millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además decidió agregar 5 millones para Haití y otros 5 millones para República Dominicana. Sin embargo, México recibiría fondos de la Iniciativa Mérida sólo si el gobierno estadounidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a abusos o corrupción. Las condiciones impuestas han sido rechazadas de forma categórica por el gobierno mexicano, declarando las condiciones impuestas por los Estados Unidos como inaceptables por parte del el Secretario de Gobernación, Camilo Mouriño (2).

Es una enorme ironía que los Estados Unidos -el autoproclamado gendarme del mundo- sea ahora el encargado de valorar las condiciones de derechos humanos. Es factible que el Alzeihmers afecte a buena parte del honorable Congreso de ese país, y se hayan olvidado de sus presos en Guantánamo, Abu Ghraib, las masacres de víctimas civiles en Irak, Afganistán y en los otros escenarios de guerras preventivas que están tan acuciosamente llevando a cabo en todos los confines del planeta.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se suma al repudio del pueblo hondureño y centroamericano por la visita de uno de sus mas temidos torturados.

Notas

(1)

http://www.elespectador.com/articulo-canciller-venezolano-califica-negroponte-de-criminalillo-y-funcionarillo

(2)

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/03/index.php?section=politica&article=003n1po

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Mantas de solidaridad, en apoyo a la recien finalizada huelga de hambre de los Fiscales

¿Que se esconde tras la huelga

de los fiscales?

Por Aquiles Izaguirre.

El pasado 7 de abril, cuatro fiscales del ministerio público, iniciaron una huelga de hambre, que en su momento, parecía intrascendente ante el Paro Cívico Nacional programado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP). Estos fiscales, exigían que fuesen auditadas las actuaciones del Fiscal General Leónidas Rosa, quien junto a Omar Cerna, eran acusados por actos de corrupción en los que se beneficiaron a empresarios, políticos, alcaldes, periodistas, etc.

Al inicio la huelga de hambre parecía destinada al olvido, pero, la propia dinámica que llevan las luchas del movimiento obrero y popular hondureño, como el Paro Cívico Nacional, las movilizaciones del primero de Mayo, etc, proporcionaron un gran impulso a la lucha que llevaban a cabo los fiscales de la República.

El carácter de clase del MP.

Es válido mencionar, que la lucha de los cuatro fiscales es justa, pero debemos dejar claro, que su batalla tiene una deficiencia genética, como se evidencio el día que aceptaron la intervención del congreso en su protesta. Y es que; el ministerio público, es un órgano de represión del Estado burgués, por ende esta construido para hacer precisamente lo que hacen los fiscales denunciados, defender los intereses de los burgueses, juzgando y procesando solo a la población pobre que no tiene acceso a la justicia. Al mismo tiempo, son los mismos órganos del Estado burgués los que nombran a los fiscales corruptos, y son estos mismos los que ahora pretenden investigar y enjuiciar a los corruptos. Para que se acabe la corrupción en el Estado, es necesario comprender, que las luchas justas deben encausarse en por las vías correctas, sin confiar en los órganos corruptos del Estado burgués.

Asimismo, la corrupción que se le achaca al Ministerio Público (MP), no es exclusiva de esta Institución; este es el panorama de todas las instituciones del Estado, sin excepciones, donde impera la corrupción, en todos los niveles, creando un modus viven di, en los burócratas, ya que esa es la forma en que la burguesía ha logrado sobrevivir. Especialmente la burguesía hondureña, que desde sus inicios ha sido parasitaria como reflejo de su debilidad intrínseca como burguesía en Centroamérica. Recordemos, que nuestra burguesía ha sobrevivido de las migajas que las transnacionales bananeras les otorgaban, para que ellos facilitaran la transmisión de todos los recursos naturales, la explotación y represión de toda una población.

El conflicto ínter burgués.

Como dice el refrán “Entre bueyes no hay cornadas”, y precisamente eso es lo que acontece en nuestro sistema judicial, en donde desde las alturas de la Corte Suprema de Justicia se dirimen las actuaciones de los subordinados de este poder, dirigido por 9 magistrados. Claro está, que nuestro sistema jurídico está construido para que estos magistrados llegan a sus puestos a través de negociaciones previas, en donde se reparten: el número de instituciones, el número de Diputados y el número de magistrados que le toca manipular a cada empresario hondureño.

De ahí, que los principales actores políticos, intenten aprovecharse de la masividad que tuvo la protesta de los fiscales. Claro está, en la lucha por la sucesión en el partido liberal, entre Roberto Micheletti y Patricia Rodas. Así que cuando algún poderoso, llámese (Callejas, Rosental, Facusse, Nasser, por mencionar algunos) o un socio o amigo de estos necesita un “favor” o es acusado ante la Ley, no se le aplica la justicia porque precisamente para estos casos se han adquirido las “Cuotas de Poder”.

Este grupo de fiscales pertenecientes al ministerio publico estaba compuesto por: Jari Dixon Herrera, Soraya Morales, Víctor Fernández y Luis Santos, ellos decidieron decretar una huelga de hambre exigiendo el esclarecimiento de los casos de corrupción, independencia en sus decisiones, alto a la persecución y estabilidad laboral y la destitución del Fiscal General Leónidas Rosa Bautista y de su Adjunto Omar Cerna.

Junto a ellos, estamos a favor de la lucha contra la corrupción, y que se esclarezcan todos los casos de podredura que involucran a los funcionarios del actual gobierno y de los que han estado recientemente vinculados a el, pero no estamos de acuerdo con el fortalecimiento de las instituciones represoras del estado burgués, en su comunicado, la Asociación de Fiscales de Honduras expone lo siguiente: “la lucha que están, librando va orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, procurando con sus acciones que tanto sus autoridades como los y las fiscales cumplan con su ley interna y con el ejercicio de la acción penal pública sin exclusiones ni privilegios para nadie, de forma tal, que igual se pueda acusar por delitos bagatela que por delitos de cuello blanco, sin importar la condición económica o política de las y los imputados(as)”.(Comunicado de fiscales) El Ministerio Publico es una institución creada por el Estado burgués para que proteja sus propios intereses en materia penal, y por ello los revolucionarios no podemos centrar esperanzas en que el ministerio publico actué de manera imparcial como ente represor del Estado.

Una muestra de ello es el caso del Asesinato del Dirigente Campesino Edickson Roberto Lemus, en la cual la fiscalía no ha hecho nada por esclarecer quienes son los autores materiales e intelectuales del asesinato del Dirigente Campesino. Recientemente asesinaron de manera brutal a una Dirigente Obrera, Altagracia Fuentes y sus compañeros, y al igual que el caso de Edickson, la fiscalía tampoco ha dado respuesta sobre los autores del asesinato. Por ende, nuestra lucha no solo se debe limitar a que se enjuicien a los fiscales corruptos, sino que debemos exigir que se esclarezcan, y se juzguen a los culpables de los asesinos de dirigentes populares y campesinos, la lucha contra la corrupción pasa por llevar justicia a los casos en que los fiscales no han actuado diligentemente provocando que actos criminales queden impunes.

Un movimiento amplio.

La huelga de hambre protagonizada por los fiscales, obtuvo un gran apoyo de la sociedad en general, logrando aunar a amplios sectores sociales como iglesias protestantes, el movimiento obrero y popular y muchas organizaciones no gubernamentales, etc. Claro está, el apoyo no es sorprendente, ya que la población está cansada del alza en los precios de consumo básico, la carestía de la vida, acompañada con el despilfarro y corrupción del actual gobierno de Mel Zelaya.

El mismo día que se realizo el segundo Paro Cívico Nacional, se nombro una Comisión de Notables que realizará la investigación sobre los casos de corrupción que los fiscales demandaron con el apoyo del movimiento obrero y popular. Esta comisión la integraran tres abogados designados por el propio congreso nacional. Estos serán propuestos de la siguiente manera; dos abogados propuestos por la Presidencia de la República, dos por la Corte Suprema de Justicia, dos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), dos por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y los últimos dos, por el Colegio de Abogados de Honduras. Como vemos, los políticos burgueses quieren llevar el descontento general a su terreno, que son las oficinas, en donde los burócratas acostumbran dar largas a los problemas sociales, maniobrando hasta que la opinión pública olvide los casos que dormirán el sueño de los justos.

No en vano uno de los imputados, Leónidas Rosa, fiscal general de la República declarara: “creo que no es necesario en un Estado de derecho apostar la vida por circunstancias que pueden ser solucionadas en el marco jurídico legal, ya que Honduras es un país que ha suscrito la enorme mayoría de convenciones internacionales que privilegian jurídicamente el derecho a la vida y estamos obligados a garantizarlo.” (La Tribuna 18/05/08)

A pesar de que el pastor protestante Evelio Reyes proclamara a los cuatro vientos que: “La suspensión de la huelga es una victoria porque hemos derrotado ese sentimiento de prepotencia, renace la esperanza y el pueblo organizado ha demostrado el vigor para luchar contra la corrupción” (Argenpress 18/05/08) La firma de los acuerdos y que se aceptara que la comisión de notables, realizara las investigaciones, es una maniobra de la burguesía. La verdad, es que la única forma de juzgar y garantizar que la corrupción no quede impune, es que sea el movimiento obrero y popular quienes impulsen la movilización para que se castigue a los corruptos.

Por ende hacemos un llamado a las todas las Centrales Obreras y a la CNRP, para que adopte la lucha que llevaban a cabo los fiscales y sigan impulsando movilizaciones en contra de la corrupción, pero sin dejar de lado la querella en contra de la carestía de la vida que actualmente agobia a todo el pueblo hondureño.

EMPRESAS DE MAQUILA: NEOTRADE Y MATEX

SIGUEN VIOLANDO DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Por German Reyes

Común Noticias

San Pedro Sula. Trabajadoras de la empresa NEOTRADE de capital Coreano, quien produce para las marcas: IVORY y GARLAND SPORT, entre otras, denunciaron ante la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, que la empresa cerró el pasado 10 de mayo, 200 empleados y empleadas han sido despedidos en los últimos días, otros 150 han sido hostigados hasta renunciar, derechos como pago de maternidad han sido violentados. La empresa ha entregado cheques sin fondos a los trabajadores despedidos y a quienes renunciaron por hostigamiento.

Waldina Díaz de 22 años denunció que fue objeto de múltiples agresiones en su integridad personal, entre ellas, el encierro durante más de 12 horas diarias en la última semana anterior al cierre de la empresa. Según las trabajadoras la empresa NEOTRADE, S.A. de C.V. ubicada en el kilometro 7 boulevard del sur en San Pedro Sula, está cambiando de razón social, abriendo una nueva empresa en la Zona Libre de Puerto Cortés con el nombre de ALEX APPAREL. La propietaria Eun Joo Cho, está trasladando a nombre de su hijo la nueva empresa.

La empresa obligaba a las trabajadoras y trabajadores durante los últimos cuatro meses a trabajar durante 24 horas seguidas todos los fines de semana para entregar todos los pedidos pendientes antes del cierre.

Estas prácticas son frecuentes de parte de las empresas maquiladoras, cierran inesperadamente negándole los derechos a las y los trabajadores e inmediatamente aperturan nuevas empresas. Ni la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, ni la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social hace nada al respecto, en éste y otros cierres de empresas para que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, la empresa Manufacturadora Textil de Honduras, (MATEX), de capital estadounidense, ubicada en Zip Calpules en San Pedro Sula Cortés. Quienes producen para las marcas; LAT, JERRY LEIGH y NIKE, están violando los derechos humanos y laborales de sus trabajadoras y trabajadores, quienes denuncian constantes maltratos, humillaciones de parte de su gerente general y socio mayoritario Geovanny Monge, quien constantemente les grita diciéndoles; “Ustedes son unos mediocres asalariados conformistas que no pueden cumplir una meta de producción”.

Además; los trabajadores y trabajadoras denuncian discriminación hacia uno de los empleados por condición de homosexualidad, quien recibe burlas y maltratos, asimismo, a las mujeres embarazadas, suspendiéndoles por ocho días sin derecho a sueldo y despidiéndolas posteriormente, deducciones ilegales a trabajadores que asisten al seguro social por estar enfermos de los riñones. Hostigamiento a todos los trabajadores o trabajadoras que solicitan asistir al Instituto Hondureño de Seguridad Social al sentirse enfermos. En total han sido despedidos nueve trabajadoras y dos trabajadores. Uno de los trabajadores fue despedido por asistir a la marcha del primero de mayo.

La licenciada Blanca Ochoa jefe de personal, les dijo que si no les gustaban como los trataban en la empresa que renunciaran. Una de las empleadas que ingresó como inspectora de calidad, cuando salió embarazada la mandaron a cortar hebra bajándola de cargo en discriminación por su embarazo.

Los trabajadores solicitaron la presencia de un inspector de trabajo, cuando éste llegó fueron despedidos de la empresa, recibiendo amenazas de enviar una lista a todas las empresas con sus nombres para que no vuelvan a trabajar en ninguna empresa.

El gerente general Geovanny Monge y la Jefe de Personal Blanca Ochoa, asi como la supervisora Ana Granados les informaron a las trabajadoras y trabajadores despedidos que serán cancelados sus derechos en cuotas mensuales como si estuvieran pagando una “camera” y a la trabajadora embarazada hasta que nazca su bebe.

Estas empresas maquiladoras demuestran una vez más que están por encima del Código del Trabajo Hondureño, burlándose de las autoridades hondureñas y de los trabajadores de la maquila quienes son el nervio y motor de la producción.

La Colectiva de Mujeres Hondureñas, Codemuh, procederá a denunciar nacional e internacionalmente a estas empresas. (Lourdes Ramírez Difusión e Incidencia CODEMUH)

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La huelga de hambre de los Fiscales se ha convertido en una importante lucha democrática contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

 

Anuncian Paro Nacional para este miércoles en apoyo a los fiscales

Por Germán Reyes

Comunicación Comunitaria (COMUN)

Lunes 12 de mayo de 2008

Tegucigalpa. Al menos unos 33 puntos del país estarán tomados como parte del paro cívico en apoyo a los fiscales, convocado por el movimiento social organizado en Honduras este día. De no resolverse el problema, vendría una huelga general en la nación.

Hoy se cumplen 36 días de que se iniciara lo que se conoce dentro y fuera del país como la huelga de los fiscales, quienes ahora junto a todo un pueblo propugnan por un corte radical a la corrupción en que se encuentra el Ministerio Público.

Se han unido a este movimiento varias personas que mantienen huelgas de hambre en el occidente del país, en el Litoral Atlántico y en Tocoa, Colón, aparte de tomas de carreteras que han obstaculizado el paso de vehículos entre ellos los que transportan el banano de la transnacional Standard Fruit Company.

En una conferencia de prensa realizada en los bajos del Congreso Nacional, el movimiento popular agrupado en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, CNRP, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, La Central General de Trabajadores, CGT, la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH y la Federación de Organizaciones de Honduras, FOMH, anunciaron la medida, la cual fue tomada en el marco de un encuentro nacional.

"Desde el siete de abril, los fiscales en huelga de hambre han denunciado y exigido se proceda a desengavetar los expedientes de varios casos de corrupción, adoptando para ello las medidas necesarias que garanticen una aplicación transparente de la justicia y el castigo correspondiente a los corruptos, medidas entre las que destacan la separación del Fiscal General y Fiscal Adjunto y el nombramiento de una Comisión Investigadora, han pasado 30 días y el Congreso Nacional, presidido por Roberto Micheletti Baín, continúa dando largas a la resolución del conflicto", dicen en su comunicado entregado a los periodistas de los diferentes medios de comunicación.

El paro cívico consiste en movilizaciones, paros, asambleas informativas y tomas de carreteras a nivel regional y local.

Las organizaciones también responsabilizaron en su comunicado al gobierno de la república y en particular al presidente del Congreso Nacional, por la seguridad de los huelguistas, así como de todos aquellos y aquellas que están apoyando solidaria y militantemente su lucha.

Israel Salinas de la CUTH, señaló que al menos en 33 puntos estratégicos en el país, el paso estará cortado, "si el Congreso Nacional quiere una descomposición social, pues que ignore las demandas, la actitud de no querer extirpar ese cáncer de la corrupción es lo que tiene detenida la solución al problema, emplazamos al Congreso Nacional para que aplique el Decreto que es aplicable a los actuales fiscal General y Adjunto y proceda a suspenderlos", añadió.

Víctor Fernández, presidente de la Asociación de Fiscales y quien junto a sus compañeros lleva más de un mes en huelga de hambre expresó que estas acciones que emprende coordinadamente el movimiento popular en Honduras ratifican que la corrupción no es solo un tema de los fiscales sino de todo el pueblo. (Prensa Sin Censura, lunes12 de mayo 2008).

ACUERDOS APROBADOS EN EL ENCUENTRO

 

Por considerarlo de importancia, publicamos los acuerdos del primer encuentro obrero y popular realizado en San Pedro Sula, Honduras, el 1 de Febrero del 2008, y que dieron origen al histórico Paro Cívico Nacional del pasado 17 de abril. 1.-

 

Aprobar NOTA DE DUELO por la muerte del señor LORENZO ZELAYA ALGER, padre de la compañera LORENA ZELAYA.

Aprobar PLIEGO DE DEMANDAS UNITARIAS del PRIMER ENCUENTRO OBRERO CAMPESINO MAGISTERIAL COMUNITARIO Y POPULAR con las respectivas modificaciones.

Desautorizar cualquier intento de la llamada “sociedad civil” de pretender “representar” al movimiento social en la negociación de las DEMANDAS UNITARIAS que no sea parte del ENCUENTRO OBRERO CAMPESINO MAGISTERIAL COMUNITARIO Y POPULAR.

Aprobar el PARO CÍVICO para el 17 de abril, con movilización, paros, asambleas informativas y tomas de carreteras.

Aprobar un PLAN DE LUCHA desde el 1º de febrero con las siguientes orientaciones:

a.- Divulgación de las demandas (conferencia de prensa, mítines, foros, pintas, a nivel nacional, regional y local; otros medios)

b.- Movilizaciones locales, regionales y nacionales para el mes de febrero sobre agua potable, aumento general de salarios y alto costo de la vida

c.- Movilizaciones locales, regionales y nacionales Comunicación a nivel regional y local sobre las demandas.

d.- Movimientos de solidaridad nacional sobre las principales demandas

e.- Asambleas de adhesión al paro nacional.

 

 

COORDINADORA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR – CNRP

CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS – CUTH

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES – CGT

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE HONDURAS – CTH

FEDERACION DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES – FOMH

CONSEJO COORIDNADOR DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HONDURAS – COCOCH

CONSEJO NACIONAL CAMPESINO – CNC


DEMANDAS DEL I ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, MAGISTERIALES, COMUNITARIAS Y POPULARES

La aplicación del modelo neoliberal en Honduras ha provocado el empobrecimiento generalizado de la población al lado del enriquecimiento escandaloso de unas pocas familias. El clamor de miles de demandas populares se hace sentir desde todas las regiones del país. Desde los reclamos nacionales hasta los más sencillos, todos están postergados.

El movimiento popular a través de sus diversas organizaciones y comunidades ha venido planteando exigencias a los gobiernos de la República, destacando los Pliegos Unitarios del 26 de agosto del 2003, el Emplazamiento al gobierno del 2004, la lucha contra la firma del TLC y las Demandas de agosto del 2007, sin que los gobiernos de turno hayan resuelto satisfactoriamente las necesidades del pueblo hondureño.

Por tal motivo el I ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, MAGISTERIALES, COMUNITARIAS Y POPULARES, representativas del movimiento popular organizado de Honduras, reunido en San Pedro Sula el 1 de febrero del 2008, acuerda impulsar un PLAN DE LUCHA UNITARIO y UN PARO CIVICO NACIONAL para exigir al gobierno de la República las siguientes demandas:

  1. La derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada contra la voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso de consulta con los sectores sociales, comunitarios y populares del país para formular una nueva ley general de aguas en la que se inserte la regulación de la administración del agua potable, a partir de la propuesta presentada por las organizaciones populares al Congreso Nacional el primero de julio del año 2003. Dejar inmediatamente sin efecto el concesionamiento de los ríos, quebradas y fuentes de agua.
  2. Un estricto control de precios que detenga las alzas al costo de la vida, no al aumento de los servicios públicos, por un aumento general de salarios, la derogación del salario diferenciado así como los Decretos Legislativos 219 y 220 del 19 de diciembre del 2003 que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva. Exigimos el respeto a la libre sindicalización, en particular en los parques industriales, el respeto a la estabilidad laboral y al salario digno. Cumplimiento de los compromisos contraídos Demandamos la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación. Aprobar y aplicar la Ley de Protección al Consumidor.
  3. Detener de forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de los campesinos presos en la lucha por la tierra. Derogar la Ley de Modernización Agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas en relación directa con la aprobación de una nueva Reforma Agraria; así como el esclarecimiento y enjuiciamiento de los asesinos materiales e intelectuales del dirigente campesino Edickson Lemus, asesinado el 24 de mayo del año 2005 y otros luchadores populares que continúan en la impunidad.
  4. Derogación de la Contrarreforma electoral en su totalidad y aprobación de una nueva ley electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas, incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población así como las candidaturas independientes sin mayores restricciones.
  5. Educación pública gratuita en todos los niveles educativos sin exámenes de admisión de ningún tipo ni mecanismos selectivos excluyentes en las matrículas y la abolición de los reglamentos internos intimidatorios y autoritarios y respeto al bono estudiantil extendiendo su beneficio a todos los estudiantes. Oficialización de las escuelas PROHECO e implementación de un modelo educativo acorde a la realidad de Honduras. No a la privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. No a la corrupción en la UNAH y la UPN. Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y el Instituto Hondureño de Seguro Social que efectivamente beneficie a los derechohabientes. No a la municipalización ni privatización de los servicios de salud pública.
  6. Nacionalización de la importación de los combustibles; fortalecimiento de las empresas del Estado ENEE, SANAA, HONDUTEL, Honducor; derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas. Aprobación del Contrato con PETROCARIBE y que los beneficios logrados sean canalizados a eliminar el ajuste por combustibles, impulsar un programa de Electrificación Rural y otros beneficios populares y no a los empresarios de las térmicas. No a la privatización del Registro Nacional de las Personas.
  7. Drástica reducción del costo de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir una política pública permanente que legisle y proteja a los migrantes y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad en tanto actores fundamentales en la vida económica y social del país.
  8. Derogación de la actual ley de minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades; suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades sobre los recursos naturales y el territorio nacional. Cumplimiento del dictamen 260-2006 en relación a Gases del Caribe.
  9. Pleno cumplimiento del Convenio 169 de la O.I.T. en relación con la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros, así como la devolución de las tierras a los campesinos de Zacate Grande, no a las leyes que disminuyen los derechos de los pueblos originarios.
  10. Inmediata depuración de la policía, aplicación de justicia a los altos funcionarios y ex funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de fondos públicos; la derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como ley antimaras, y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres en la granja penal de El Porvenir y el Centro Penal de San Pedro Sula, en abril del 2003 y mayo del 2004 respectivamente así como los asesinatos en serie denunciados y documentados por los organismos de derechos humanos, de manera especial los asesinatos de mujeres.
  11. Por la puesta en marcha de una Estrategia Nacional para la Redistribución Permanente de la Riqueza a partir de una propuesta formulada por los diversos sectores sociales populares hondureños, en donde se garantice la plena participación de las mujeres y de los jóvenes.
  12. Los temas que toquen los intereses nacionales no podrán ser decididos sin consulta por parte del gobierno, se debe tomar en cuenta al pueblo en general y al movimiento popular. Se debe hacer efectivos los mecanismos de consulta popular como ser el Referéndum y la Consulta Pública.

Las demandas anteriores constituyen los problemas más sentidos y generalizados de la población hondureña razón por la cual las organizaciones participantes en el I ENCUENTRO exigen al gobierno de Mel Zelaya una respuesta satisfactoria a las mismas así como a las reivindicaciones particulares que cada organización o región exige.

Al pueblo hondureño el I ENCUENTRO hace un llamado a organizarse, unificar esfuerzos y sumarse al presente acuerdo mediante la movilización para detener la política neoliberal impulsada por el gobierno y dictada por los organismos financieros internacionales que son los responsables de la falta de respuesta a las necesidades populares.

COORDINADORA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR – CNRP

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