Compañeras, compañeros, en Costa Rica y en donde se encuentren:

El próximo lunes 22 de febrero el Ministerio Público y la Fiscalía de la República de Costa Rica llevan otra vez a juicio (ya van cinco veces) a Orlando Barrantes por hechos sucedidos hace 10 años. Lo acusan de amarrar cinco policías durante una huelga y de retenerlos varias horas y luego arreglar un intercambio de rehenes con el gobierno. Eso lo califica el Ministerio Público y la Fiscalia como secuestro extorsivo, con pena de hasta 60 años de cárcel, según el Código Procesal Penal.

Los cargos son falsos. Orlando Barrantes nunca participó en esos hechos ni estaba presente en el lugar.

La acusación es política. Cualquiera puede leer la acusación original. El Ministerio Público y la Fiscalía insisten, y han sido muy reiterativos en los debates realizados durante los diferentes juicios a que ha sido sometido, en su condición de dirigente social. Lo acusan de organizar a las personas para que exijan sus derechos ante el gobierno, como si la Constitución Política no resguardara ese derecho legítimo que tenemos los costarricenses. Para el Ministerio Público costarricense es un delito protestar, es un delito quejarse ante el gobierno, es un delito pedir soluciones reales para la gente pobre. Ninguna razón válida tiene el Ministerio Público para acusar a Orlando Barrantes y mucho menos para pedir cárcel para su persona.

Pareciera que lo que busca el Ministerio Público y su Fiscalía, al igual que en el caso del compañero Carlos Arguedas, también llevado a juicio la próxima semana en Siquirres, es meterle miedo a las personas para que no defiendan sus derechos. Lo que buscan es “sentar” precedentes, como si no viviéramos en un estado costarricense cuya fortaleza es más bien, históricamente, el derecho que hemos tenido para opinar, para hablar, para expresar disidencias, para protestar.

El Ministerio Público y su Fiscalía basan su horror jurídico en el falso testimonio de dos policías, uno abogado y el otro jefe policial, quienes intentan tapar sus propios e inexcusables errores del día de los hechos lanzando cortinas de humo y queriendo desviar hacia el compañero Orlando la atención de sus actos irresponsables, como lo vamos a demostrar durante el juicio.

El Ministerio Público, en cambio, ignora la abundante y sólida prueba testimonial que brindan importantes funcionarios públicos quienes aseguran vehemente que Orlando Barrantes no tuvo nada que ver con los hechos relacionados con el juicio.

Vamos a demostrar con prueba incuestionable la equivocada posición del Ministerio Público y la Fiscalía, para terminar de una vez por todas con 10 años de persecución inexcusable en un estado de derecho como el costarricense.

El anterior es el contexto exacto del juicio. No hay otro.

En un juicio anterior Orlando Barrantes fue condenado a dos años de cárcel, recalificando los jueces el delito de secuestro extorsivo a privación de libertad. Por mala asesoría jurídica y la no presentación de algunos testigos claves, Orlando Barrantes tuvo una pésima, malísima defensa. Esa fue nuestra “culpa”, que estamos corrigiendo en este nuevo proceso.

Posterior a la condena de Orlando, la Fiscalía recurrió a Casación, instancia superior que anuló el juicio y la condena y ordenó realizar uno nuevo. Este es el que inicia el lunes 22. Un recurso de apelación ante esa instancia presentado por la defensa de Orlando, con nueva y precisa prueba testimonial, ni siquiera lo conoció la Sala Tercera, a pesar del resolución con acatamiento obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las segundas instancias.

Ayer martes 16 se llevó a cabo una reunión con los dos abogados de nuestra defensa y elaboramos una estrategia precisa basada en la abundante prueba testimonial a favor de Orlando Barrantes.

El resultado de esta reunión de ayer fue bastante positivo, y nos llena de optimismo. Se decidió entre otras cosas que Orlando y el equipo de personas que lo acompañamos, se dedique a tiempo completo a garantizar los testigos de la defensa, que están dispersos entre San José y la zona atlántica.

A diferencia de otros años, en donde existían conflictos sociales, como en el 2000 en el que se dan los hechos que provocan el juicio (combo del ICE, movilizaciones campesinas, etc), y el año en que lo condenan 2007 (en medio de la lucha contra el TLC), hay que reconocer que ya no hay sobre el juicio la presión política de entonces (aunque nunca se sabe, la verdad). El problema aquí pareciera que es el Ministerio Público y su Fiscalía, para los cuales no hay contexto ni razones que valgan.

El principio penal que establece que ante duda razonable no se puede condenar al imputado (indubio pro reo), junto con la prueba que estaremos aportando durante el debate, son los dos elementos sobre la que los jueces deben basar una absolutoria clara y contundente.

Hacemos un llamado vehemente para que ustedes y sus organizaciones nos comuniquemos con respeto con el Licenciado Francisco Dallanesse, Fiscal General de la República, para que conozca de este caso y nos reciba en audiencia antes del lunes 22 de febrero.

Estamos seguros de que el Fiscal General pondrá mucha atención a nuestros argumentos, especialmente porque hay un aspecto de fondo en este juicio sobre el que ni el Ministerio Público ni la Fiscalia se han pronunciado y ni siquiera aparentemente valorado: cualquier proceso penal resuelto del año 2004 para acá es nulo, porque existe un desacato del Estado costarricense a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre recursos de apelación (segunda instancia). El asunto es más grave aún en el caso de Orlando Barrantes: su recurso de apelación presentado a la Sala Tercera ni siquiera fue conocido por ese órgano, irrespetando en forma concreta y especifica esta resolución de la Corte Interamericana.

Ante este panorama, ahora podemos afirmar con toda seguridad que el juicio en contra de Orlando Barrantes que inicia el 22 de febrero está viciado de nulidad.

La confianza y fortaleza con que estamos enfrentando este nuevo juicio se basa sin duda en el enorme apoyo que estamos recibiendo de la gente acá en la zona atlántica y en todo el país, esa gente con la que hemos dado luchas para que viva en casas decentes, de esa gente que vive en las comunidades que han estado con nosotros en defensa del derecho a la salud pública, de los trabajadores bananeros afectados por el nemagón que durante 30 años nadie los escuchó, de los indígenas que trabajan en la defensa de sus derechos de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de OIT y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, de las artesanas que luchan día a día por su sustento, de los jóvenes que participan en nuestros programas por una vida mejor y por oportunidades de empleo, de las mujeres y niños y niñas que son víctimas de agresión física y psicológica, de los agricultores que tiene ya su parcela. En fin, de la gente más necesitada de nuestro país.

Y también nos da mucha fortaleza y confianza tener siempre presente la más absoluta seguridad de que Orlando Barrantes jamás cometió ese delito de secuestro extorsivo por el que lo acusa y persigue despiadadamente el Ministerio Público y su Fiscalía desde hace 10 años.

Orlando Barrantes no tiene nada de que avergonzarse en este caso, sino  más bien estamos convencidos de que, al igual que el compañero Carlos Arguedas, Orlando está siendo llevado a juicio porque defiende la causa de los más pobres, de los desprotegidos, del ambiente, de los que no tienen voz, de los que sufren por su pobreza.

Comité de Apoyo (Equipo Coordinador)

José Daniel Corrales

Dorian Valladares

Eugenia Madrigal

Hugo Vargas

Mauricio Barquero

Gerardo Soto

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Costa Rica, 17 de febrero 2010

El primer domingo de febrero se realizan las elecciones nacionales. Día a día se nos machaca sobre nuestra “obligación” de  votar por alguna de las  listas para la presidencia, diputaciones y cargos municipales.  El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en particular, nos atosiga con una hueca y millonaria campaña bajo el estribillo de que “votar es pura vida”; el mismo órgano estatal que fue denunciado por irregularidades en el anterior proceso electoral que llevó al sillón presidencial a Oscar Arias, con el espaldarazo que le había dado la Sala IV al permitir su inconstitucional re-elección. Se trata también del mismo TSE que orquestó el fraudulento referéndum en el que se impuso el nefasto Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, en las condiciones más beneficiosas para el Gobierno y la gran burguesía.

Es absolutamente falso que las y los costarricenses con nuestro voto decidamos el futuro de Costa Rica. De antemano los grandes capitalistas escogen a sus candidatos y se aseguran con una millonaria campaña en los medios de comunicación, así como con abundantes recursos para comprar votos, que  impondrán a sus elegidos en los principales puestos de elección. El propio proceso de inscripción de los partidos resulta tan engorroso y oneroso, que hace tremendamente difícil la inscripción para los partidos de escasos recursos, que son justamente los que representan los intereses de los sectores obreros y populares. Las reglas que impone del TSE y el manejo de la deuda política son además  completamente antidemocráticos, lo que asegura que al final, los capitalistas se repartan entre ellos el botín electoral, para que desde el Ejecutivo o la “falsa oposición” sigan lucrando con la politiquería, promoviendo el clientelismo en los sectores humildes y haciendo sus grandes negocios al amparo del aparato estatal y la corrupción. La última demostración del carácter podrido de esta falsa democracia es la elección de “compadre hablado” de la ex diputada liberacionista Ofelia Taitelbaum como Defensora de los Habitantes, con lo que se evidencian una vez más los tentáculos del poder de la camarilla gobernante.

En Costa Rica existe una “democracia” a imagen y semejanza de los grandes millonarios, la que denominamos “democracia burguesa”,  es decir, una falsa democracia al servicio de los ricos. Las y los trabajadores y sectores populares debemos  luchar para transformar radicalmente el régimen político, construyendo una democracia desde y para los de abajo, aboliendo los privilegios de los capitalistas y estableciendo relaciones de verdadera justicia e igualdad.

Siendo así, no obstante las grandes adversidades y trampas que impone el régimen de falsa democracia, en algunas ocasiones las y los revolucionarios, tácticamente, no descartamos participar en este tipo de elecciones, pero sin despertar la  más mínima ilusión en ellas, sino únicamente con el objetivo de levantar – en medio de tanta demagogia de los patrones- una voz y una tribuna de denuncia frontal contra este régimen y para organizar y educar a las y los trabajadores y sectores populares en la independencia de clase, en la confianza en sus propias fuerzas y en los métodos de lucha directa.

Sin embargo, en la actualidad está claro que el movimiento obrero y popular no tiene absolutamente ninguna posibilidad de expresarse participando en el terreno electoral, ni siquiera de manera testimonial.

Los partidos de los grandes capitalistas despliegan una campaña insulsa y vacía, que gira alrededor de temas como la seguridad y no responde para nada a las aspiraciones de las y los más desposeídos. Laura Chinchilla y su corte son la continuidad del arismo. El hecho de que la papeleta presidencial del PLN la encabece una mujer, para nada significa que tenga un pelo de feminista, porque Laura Chinchilla representa a los sectores más concentrados del  capital financiero y exportador. Por otra parte, con derroche de demagogia y con el favor de un sector muy importante de los millonarios que le han financiado una campaña masiva, Otto Guevara y los libertarios aparecen como  “el lobo con piel de oveja”, con un planteamiento de fondo de derecha recalcitrante.  El PAC  de Otón Solís inconsecuente y timorato en la lucha contra el TLC, se desgasta ante el  descreimiento creciente de los sectores populares.

En ese panorama de fuerzas: ¿existen opciones de izquierda?, ¿hay por quién votar?, se preguntan muchos luchadores y luchadoras. Creemos que no. No sólo hay una gran dispersión del voto de este sector, sino que es agobiado por distintas variantes del oportunismo. El  elector de izquierda está desperdigado y confundido entre propuestas populistas pero profundamente reaccionarias, como la del PASE (como se revela con su rechazo a la unión civil de parejas del mismo sexo, marchando junto a la jerarquía católica), la emergencia de Alianza Patriótica con Rolando Araya que procura retomar un rostro socialdemócrata, y el Frente Amplio, con el rector del Tecnológico, Eugenio Trejos, a la cabeza. Son en verdad tres expresiones que demostraron toda su impotencia  en la lucha contra el TLC, al privilegiar cálculos electoreros antes que la batalla frontal en las calles; de hecho, no sólo son cómplices de la trampa del referéndum, sino que se rehusaron a denunciar el fraude y luego a combatir consecuentemente la agenda de implementación del TLC, porque son la “pata izquierda” del régimen de falsa democracia al que terminaron y terminan rindiendo pleitesía. Por ello creemos que votar por estas alternativas que se presentan como “de izquierda responsable” o de centroizquierda, en realidad es seguir alimentando obstáculos para la reconstrucción del movimiento obrero y popular, que creemos debe darse desde las bases y las luchas concretas.

De tal manera, desde el PRT, llamamos a todas las y los activistas independientes de izquierda, trabajadores y trabajadoras luchadoras, feministas y ambientalistas, del movimiento de diversidad sexual y en general a todos los sectores populares  a no concurrir a las urnas y no votar por ninguna de la papeletas el próximo 7 de febrero y expresar así nuestra enérgica protesta contra este régimen de falsa democracia y esta farsa electoral. Al mismo tiempo creemos que se hace necesario articular un espacio unitario de acción y reflexión para construir juntos una izquierda anticapitalista de combate, feminista, defensora de la diversidad sexual y ecosocialista. En ese camino bregamos las y los compañeros que militamos en el PRT.

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES (PRT)

San José, 6 de enero del 2009

COMUNICADO PRENSA

El pasado 20 de noviembre del 2009 en las instalaciones del Centro de Capacitación del Instituto Nacional de Seguros se congregaron los delegados y delegadas de la Central General de Trabajadores (CGT), organización sindical que agrupa a 2 Federaciones, 16 sindicatos, 4 organizaciones no sindicales con un total de más de 15 mil personas asociadas.

En un ambiente de fraternidad y sinceridad se procedió a renovar a los miembros de la Junta Directiva Nacional y la Comisión fiscalizadora, se aprovechó la ocasión para recordar y  homenajeando al recién fallecido lidere Álvaro Montero Vega quien fue hasta su deceso Presidente de la CGT, se desatacó el papel fundamental del compañero Luis Salas Sarkis que dejó el cargo de Secretario General y que despedido por las autoridades del Instituto Nacional de Seguros como represalia a las denuncias de corrupción que planteó contra la Presidencia de esa institución pública.

Le correspondió al compañero Carlos J. Cabezas Mora asumir el cargo de Secretario General y así junto a la nueva Junta Directiva durante los próximos dos años le corresponderá la responsabilidad de cohesionar y fortalecer el movimiento sindical y popular tanto en el sector privado como público.

El compañero Cabezas Mora 24 años de  estar en el movimiento sindical, laboró como obrero de la construcción, obrero industrial en el campo del textil,  participo en la primera huelga Solidarista en busca de la independencia de los trabajadores por lo cual fue despedido, fue bodeguero, dirigente cooperativista y  es actualmente trabajador del Patronato Nacional de la Infancia con 20 años de servicio, allí ocupó diferentes puestos en la Junta Directiva del Sindicato entre ellos la Secretaría General, es profesional en Administración de la Universidad Nacional.

Entre los retos que enfrentará la nueva Junta Directiva está la consolidación de la Central a través de  la cooperación entre organizaciones.

El crecimiento del movimiento sindical clasista y posesionar ideas y propuestas de carácter nacional.

Para mayor información comunicarse con Franklin Benavides al teléfono 8392452