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COSTA RICA: Ni taxistas ni porteadores: trabajo y salario digno para los subempleados

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porteadores

Por Antonio Trejos

La crisis social y económica en nuestro país se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es el conflicto permanente en el empleo de una buena cantidad de habitantes que se dedican a las actividades informales como el transporte de personas en sus múltiples formas.

Taxistas, porteadores, piratas: empleo informal, caos urbano

El derecho a un trabajo digno es el tema de fondo en esta situación. A lo largo de los años de implementación de los planes de ajuste estructural, muchos trabajadores del sector público movilizados por la nefasta “movilidad laboral”, vieron en el transporte de personas una manera de obtener ingresos para sus familias.

El panorama en las ciudades del Gran Área Metropolitana es muy similar: filas de taxistas informales, organizados por sectores a la espera de clientes para trabajar.

Una de las razones para este “éxito”, es el caos en el transporte público, que lejos de mejorar y ofrecer alternativas de ser más eficiente, desmejora notablemente con el paso del tiempo. El aumento constante de tarifas, unido a las desmejoras de las unidades, la inseguridad y demás problemas, hacen viable este tipo de alternativas.

Sin embargo, lo que refleja esta crisis, es la inestabilidad en el empleo formal y la caída en el nivel de vida de la población.

El empleo formal ha caído enormemente como producto de la aplicación de los planes de ajuste estructural. Esto porque el estado ha sido uno de los mayores empleadores de nuestro país y al bajar su planilla, mucha de mano de obra ha venido a ser contratada por la empresa privada.

Pero la empresa privada, no ha captado a todo este personal, básicamente porque los salarios son mucho más bajos y las condiciones de sobre explotación imperan. Las garantías sociales son inexistentes, el derecho a la organización sindical prohibido con ferocidad, entre tantos males de la famosa empresa privada, que fue publicitada como la que “produce libertad”.

Evidentemente, produce libertad en función de los explotadores que se sienten a sus anchas a la hora de despedir sin responsabilidad patronal a mujeres embarazadas o a aquel que ose cuestionar el sacrosanto sistema de explotación capitalista.

Por otro lado, la repartición de las “placas” de taxis siempre ha estado a la sombra de los compromisos políticos de las campañas presidenciales. Los diputados de los diferentes gobiernos ha repartido a familiares y amigos, no una, sino varias placas de taxis, lo que ha creado una mafia.

La defensa de la “legalidad” que apelan los taxistas formales, no es más que la defensa de un privilegio que gozan algunos, a la sombra de estos compromisos políticos mencionados anteriormente. Muchos dueños de placas arriendan los derechos a terceros que tienen que trabajar para pagar las cuotas diarias que les imponen. Esto provoca que muchos de estos arrendatarios opten por comprar un vehículo y salir a “piratear” como una forma de evadir estas condiciones adversas para el trabajo.

Una propuesta desde el PSOCA

El problema del derecho al empleo es incuestionable en esta coyuntura. Por eso defendemos a los denominados porteadores de la represión policial y de la ilegalización de su actividad. Pero no creemos que esa sea la solución al problema del empleo. En la medida en que las condiciones salariales de la población sigan deteriorándose, los efectos sobre este tipo de transporte se verán de inmediato.

Esta es una actividad que adquiere la dimensión de espejismo o de salida momentánea para sobrellevar el desempleo. Es necesario plantear una salida que sea digna para todos estos trabajadores y sus familias.

La población en general tiene una gran carencia de servicios en infraestructura provocada por los planes de ajuste mencionados anteriormente y el fiel cumplimiento que de ellos han hecho los gobiernos socialcristianos y socialdemócratas.

Las filas en las clínicas del Seguro Social y otras dependencias, los huecos en las calles, la falta de aulas y todo eso se explica porque la inversión del Estado se ha puesto en función del pago de la deuda pública, que se traduce en congelamiento de plazas y desmejoramiento de los servicios.

Por eso proponemos que estas plazas que hacen falta, la construcción de obras públicas y demás servicios sean asumidos por el Estado, para que estos trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo, salario digno y estable.

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