Por Jose René Tamariz

El régimen político de Costa Rica es presidencialista, pero con poderes limitados por las funciones y poderes que tiene la Asamblea Legislativa, así como de los contrapesos ejercidos por parte de la Sala Constitucional que, tienen como objetivo, evitar los desmanes y excesos del poder Ejecutivo en diferentes ámbitos y los roces constitucionales de las diversas leyes. Rodrigo Chaves conoce y sabe de sus limitaciones. No es ignorante de esos pesos y contrapesos del poder político.

¿Qué es el bonapartismo?

El bonapartismo es un “régimen personal” que se eleva por encima de las clases sociales y democracia y concilia con los diferentes bandos, mientras, a la vez, protege los intereses de las clases dominantes. Este tipo de “gobierno fuerte” se convierte en una especie de juez-árbitro entre los distintos bandos en pugna del país. El término “bonapartista” tiene su origen histórico en Napoleón Bonaparte, pero el marxismo no lo utiliza desde el punto de vista de su génesis histórica, sino más bien como una caracterización de tipo sociológica.

¿Por qué nos referimos al concepto de “bonapartismo a la tica”? Porque el típico bonapartismo para gobernar de forma fuerte se apoya en el aparato militar y policial, sin embargo, es sabido que Costa Rica no cuenta con ejército y, por ende, Rodrigo Chaves, no se puede apoyar en las fuerzas armadas para llevar adelante su régimen y proyecto político.

Entonces, ¿en quién o quiénes se apoya Rodrigo Chaves? En el aparato estatal burocrático y todo su personal nombrado, como en una empresa privada, personalmente por él como “gerente de una empresa”, pero, en nuestro caso como “gerente” del Estado. Simultáneamente, también se sostiene en el apoyo de un gran sector de la población, tanto es así que, en la encuesta de IDESPO-UNA publicada el 31 de mayo, el 67,6% de los costarricenses tienen una expectativa muy buena o buena del gobierno de Rodrigo Chaves. Esta valoración y apoyo a la gestión de Chaves es una de las más altas de todas las últimas décadas.

¿Por Qué Surge la Tendencia al Bonapartismo en Costa Rica?

Porque existe un proceso desde hace años de desgaste y agotamiento del sistema de los partidos políticos y del sistema democrático. El hecho significativo de que Rodrigo Chaves, utilizando un partido político desconocido por la población, derrotara a los viejos partidos tradicionales y demás, refleja de manera clara y transparente la crisis del sistema de los partidos políticos en el país. Por otro lado, el desgaste y agotamiento de la democracia costarricense, surgida posteriormente del conflicto político-militar de 1948, se ha agudizado en los últimos años, ya que el sistema no tiene la capacidad de hacer concesiones materiales sobre las cuales se asientan los cimientos democráticos. El alto déficit fiscal, el abultado endeudamiento público, el altísimo desempleo, el incremento de la pobreza y miseria de la mayoría de la población, así como los golpes constantes y estrujamiento de las clases intermedias, sostén de la democracia, tienden a la desaparición de estas.

Por otra parte, según el Estado de la Nación “El 2011 da cuenta de un deterioro en los principales indicadores que se utilizan para medir la adhesión de la ciudadanía costarricense a la democracia y sus instituciones. De acuerdo con el Barómetro de las Américas de 2012, el apoyo promedio al sistema político costarricense registró su nivel más bajo desde su primera medición en 1978: 56 puntos en una escala de 0 a 100. Nunca antes la cifra de Costa Rica había sido igual o menor a 60 puntos. Esta caída profundiza una tendencia de largo plazo que muestra un declive en el apoyo al sistema, y que ha coincidido con un período de deterioro y recomposición del sistema de partidos, volatilidad en las preferencias electorales, escándalos de corrupción…”. (Resumen del 18 Informe Estado de la Nación. Noviembre 20212, página 62). Desde ese informe hasta la fecha han pasado casi 10 años y la situación de deterioro, declive, crisis y agotamiento del sistema de partidos políticos y democrático, lejos de mejorar, ha empeorado hasta hacer crisis. Eso explica el ascenso del “outsider” de Rodrigo Chaves al poder político en Costa Rica.

Características del Gobierno de Rodrigo Chaves

Las características del gobierno de Rodrigo Chaves son de un “régimen personal” que intentará, vía de hecho, saltarse los controles, tanto del poder Legislativo y Constitucional. En ese proceso es muy probable que tenga enfrentamientos con esos poderes de la República. En el fondo desea gobernar por decretos, pero el sistema le impone límites claros al respecto de ese tipo de gobernanza. Se auto presenta como un “salvador” de la grave situación económica y social que vive el país, planteando que va a ser el que rompa los “cuellos de botella” que evitan que Costa Rica se desarrolle. También se presenta así mismo como un presidente “ejecutivo” dando ordenes a sus ministros y subalternos.

Ese tipo de régimen personalista lo lleva, de forma constante, a tomar medidas que, de facto, desconocen la institucionalidad y el orden establecido. Los casos más notorios de ese rompimiento del orden institucional son los anuncios del presidente Rodrigo Chaves de eliminar la obligatoriedad de la vacunación, medida que solamente le competía a la comisión nacional de vacunación; el anunció de la eliminación de las pruebas Faro en secundaria, sin consultar al Consejo Superior de la Educación (CSE), órgano al cual le corresponde, en última instancia a solicitud del MEP, poder realizar la eliminación de esas pruebas y así, sucesivamente, lo veremos actuando. Al respecto de la eliminación de esas pruebas en secundaria, Rodrigo Chaves, dijo que “La decisión está tomada y anunciada: no va a haber más pruebas FARO, así de fácil “.

En sus intentos de hacer un “régimen bonapartista a la tica”, a su imagen y semejanza, se presentará, en apariencia, como un gobernante por “encima” de las clases sociales. En la conferencia de Davos señaló que “El desafío de este gobierno es que los ganadores sean la inmensa mayoría del pueblo costarricense ¿y quiénes van a ser los perdedores? Quienes se han beneficiado de las políticas públicas por años, de monopolios privados -en Costa Rica hay monopolios privados, el Estado les ha entregado a empresas monopolios de agroquímicos, medicinas, eso se está acabando-. Generar cambios que creen muchísimos ganadores y que los perdedores tengan que reconocer que tenían beneficios ilegítimos y que los van a tener que entregar”.

Hay que anotar que Chaves, de forma cuidadosa, no toca otros grandes monopolios privados, tales son los de las cadenas de supermercados como Walmart. Para avanzar en su proyecto de gobernanza “personalista”, Rodrigo Chaves, intentará presentar “resultados positivos” a corto plazo. En primer lugar, está desmontando de forma simbólica algunas políticas del gobierno de Carlos Alvarado. Por ejemplo, derogó el acuerdo sobre educación del pasado gobierno de Costa Rica y el gobierno de Cuba; eliminará las pruebas educativas de secundaria llamadas FARO que vienen del período de Alvarado y, así sucesivamente.  Por otro lado, parece que golpeará, de costado, a algunos sectores económicos señalados por él, pero para potenciar su alianza con otros sectores económicos y financieros poderosos.

Los Límites del Gobierno de Rodrigo Chaves

No obstante, su capacidad de maniobra para hacer concesiones materiales al movimiento de masas y popular para utilizarlos en la implementación de su proyecto político, es no sólo limitado, sino que casi imposible. El panorama nacional e internacional se le complica a Rodrigo Chaves en su proyecto político, tanto por la grave situación económica y fiscal que atraviesa el país, sino también por la altísima inflación importada debido a la guerra de Rusia contra Ucrania y la inevitable recesión económica internacional que estallará en los próximos días o meses, dada la conjugación de múltiples factores que la impulsan. Asimismo, cuando el apoyo de la población del que goza actualmente se le termine por su incapacidad de hacer concesiones materiales, se terminará su luna miel con el movimiento de masas.

Entonces, lo más probable es que el gobierno de Rodrigo Chaves derive en un gobierno autoritario y represivo, en alianza con los neoliberales del Congreso, ya que existe mucho descontento y furia entre la población en general, debido a sus graves condiciones miserables de vida y existencia, profundizada por la situación internacional y, entonces, lo más probable es que haya conflictos y estallidos por todas partes, exigiendo diferentes demandas y reivindicaciones que no podrá otorgar. De lo anterior, se deriva que lo más probable es que, en la medida que avance en su gobierno, y no pueda cumplir con las expectativas generadas entre la población, el único camino que le quedará es la de reprimir las protestas sociales futuras.

Por José René Tamariz

El movimiento de exigencia al MEP de los pagos de salarios adeudados (7 quincenas) a los trabajadores de la educación, ya sean actuales y nuevos, es un movimiento independiente que fue impulsado y realizado por fuera de las estructuras burocráticas, directiva nacional y Consejo Nacional, del sindicato APSE y demás cúpulas burocráticas, ANDE o SEC. Este proceso de lucha de reivindicación y demanda salarial es un desbordamiento y superación de las estructuras sindicales burocráticas sindicales que se han convertido en un chaleco de fuerzas para impedir la movilización y lucha de los trabajadores y un muro de contención a favor de la patronal del MEP y de los gobiernos de turno. Debemos decirlo claramente que es un proceso de auto organización y de lucha desde las bases, ya sean sindicalizadas y no sindicalizadas. No constituye una ruptura con el sindicato sino con las estructuras sindicales degeneradas burocráticamente.

En la asamblea de presidentes de base de la regional 02 del sindicato APSE realizada el día 9 de mayo, después de discutir exhaustivamente la grave problemática de los pagos de los salarios por parte del MEP y las posiciones de inacción y desmovilización de la burocracia sindical de APSE frente a esa situación, se votó por unanimidad de los presidentes y representantes de diversos colegios realizar una concentración frente al edificio Torre Mercedes en donde se encuentra la oficina de la nueva ministra de educación, Katharina Müller.

Es importante y necesario destacar que a esa asamblea de presidentes de bases asistió la compañera, Heydi Valencia, coordinadora de la regional 07, un compañero de un colegio Marco Tulio y una compañera universitaria de la carrera de historia de la UCR. De esa reunión amplia, se constituyó un Comité de Lucha que tiene como objetivo integrar a más colegios al movimiento social de lucha, así como impulsar y realizar una confluencia de organización y lucha más amplia con otros sectores sociales con diversas problemáticas. Para la concentración del día 17 de mayo, esperamos que asistan los trabajadores de la educación de Goicoechea, Moravia, Coronado, Alajuelita, el CTP Uladislao Gámez, colegios nocturnos, colegios de Guápiles y de otros lugares y ciudades.

La concentración en el edificio de Torre Mercedes y la movilización en pleno centro de San José que concluyó en el Ministerio de Hacienda del 17 de mayo surgido desde las bases, rebasando y superando las estructuras desmovilizadoras de la burocracia sindical de APSE, encabezada por la burócrata sindical Ana Doris González, fue un éxito por diversas razones:

1. Se rompió el miedo que infunden los burócratas sindicales a las bases de que nos van a rebajar los salarios y a despedirnos por movilizarse contra el MEP y el gobierno de turno. ¡Al carajo con ese miedo!

2. El movimiento independiente de las burocracias sindicales es posible y puede ser masivo. ¡No necesitamos a los burócratas sindicales para defender nuestros derechos!

3. Este es un inicio del movimiento que tendrá otras acción y actividades que se comunicará en los próximos días.

4. Cientos de educadoras de más de 25 colegios se movilizaron por fuera de los burócratas sindicales y eso es un gran éxito.

5. Vendrán nuevas y más acciones en los próximos días. Serán anunciadas por el Comité de Lucha.

6. La concentración y movilización tuvo una gran cobertura de los diferentes medios de comunicación lo cual permitió visibilizar nacionalmente la problemática de los salarios adeudados por el MEP y el gobierno.

7. Aunque la ministra de educación no quiso recibir a los representantes del movimiento y tampoco permitió dejar en su despacho el pliego de peticiones, el movimiento del 17 de mayo logró ejercer una fuerte presión sobre las diferentes cupulas burocráticas sindicales APSE, ANDE y SEC y también contra el gobierno. Ambos, burócratas sindicales y gobierno, corrieron a reunirse para desmontar, producto de esa presión en las calles, cualquier movimiento huelguístico con el cual había amenazado la directiva nacional de la APSE.

El acuerdo firmado por los burócratas sindicales de la ANDE y SEC y el gobierno el día 21 de mayo, el cual no fue firmado por los burócratas sindicales de APSE porque lo llevó a “consulta” al Consejo Nacional Extraordinario del día 22 de mayo. Sin embargo, en ese Consejo los burócratas y sus sirvientes en ese órgano, terminaron apoyando dicho acuerdo y desconvocando el llamado a huelga de un día para el viernes 27 de mayo.  La moción votada en esa reunión señala que “Este Consejo Nacional avala la propuesta: “ACUERDO SOBRE LOS PAGOS SECTOR EDUCACIÓN” planteada por el gobierno el sábado 21 de mayo para adecuar la situación salarial de los funcionarios del Título I y Título II correspondiente al curso lectivo 2022”.

Dicho acuerdo plantea el pago 3160 trabajadores de la educación de reciente nombramiento a los cuales no se les ha pagado ni un colón de salario. El punto 3 señala que “… se creará una planilla extraordinaria para incluir a cerca de 13.000 personas, a los cuales le corresponderá el pago por aumento de lecciones, recargos y ampliaciones de jornadas…”. El grave problema de este punto es que no específica la fecha exacta en que se creará esa planilla extraordinaria. Entonces, lo más probable es que el MEP y el gobierno incumplan con los pagos completos de los salarios el próximo 26 de mayo. Aunque, también es posible que realicen la maniobra de pagar a los educadores en algunos colegios y en otros no, lo cual sería para dividir a los trabajadores y, esa forma, evitar futuras movilizaciones y protestas en las calles.

Es importante mencionar que el gobierno de Rodrigo Chaves está evitando las movilizaciones en las calles, ya que debido a que existe mucho descontento y malestar en la población producto de los constantes aumentos de los precios de los combustibles, así como también de los alimentos y servicios básicos, cualquier huelga o movilización callejera por los salarios podría ser un ejemplo para seguir y generaría estallidos por todos lados.

Por otra parte, ¿A qué se refiere el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuando dice que se reconocerá a los educadores de secundaria 40 horas más ocho horas extra?

Sencillamente el tipo no sabe de lo que habla.

En primer lugar, a los docentes de secundaria no nos pagan horas extras. Está desinformado y perdido. En segundo lugar, los educadores de secundaria no trabajamos la jornada de 40 horas. Sino que trabajamos máximo 32 horas por semana para un total de 48 lecciones semanales. Otra desinformación de Chaves. Lo peor es que la ministra de educación, Katharina Müller, tampoco sabe y, por ende, no le informó lo correcto.

Este gobierno y el ministerio de educación están de lo peor con sus cabezas: Chaves y Müller. Me imagino que así andan todos los ministerios. Un desastre de gobierno chavista.

De último, también hacemos un llamado a los padres de familia a participar activamente de los movimientos por los pagos completos de los salarios y exigir al MEP y al gobierno de turno, la solución de las problemáticas que existen en colegios de diversas comunidades, ya sean problemas de transporte estudiantil por falta de pago del MEP; problemas con los pagos de energía eléctrica en diferentes colegios; problemas de pago de becas a estudiantes y múltiples situaciones existentes. ¡Ha llegado el momento de unificar demandas variadas de la comunidad educativa nacional, así como luchar de forma coordinada y centralizada!

Por José René Tamariz

Antes de la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, cuatro fracciones parlamentarias neoliberales (PLN, PUSC, PLP y PNR) habían pactado un acuerdo, tanto para elegir al directorio legislativo y al presidente del Congreso como en cinco cuestiones programáticas, tales como ética y transparencia, costo de vida y producción, reactivación económica, educación y reforma del Estado. Producto de ese acuerdo previo, asume la presidencia de la Asamblea Legislativa el confeso neoliberal y troglodita del PLN, Rodrigo Arias, con 50 votos de 57, es decir, el 88% del parlamento, lo cual refleja una fuerte unidad monolítica programática de la mayoría de esa jauría neoliberal. ¿Por qué razones se produce ese acuerdo de control total de la Asamblea Legislativa por parte de esa pandilla neoliberal?

Existen dos razones de fondo. La primera, se explica porque existe una unidad y acuerdo programático entre esa fauna neoliberal. Segundo, porque hay un temor oculto entre los viejos partidos del extinto bipartidismo (PLN y PUSC) y de los conservadores evangélicos y liberales (PNR y PLP) de que el advenedizo presidente, Rodrigo Chaves, pretenda en algunos momentos o situaciones “salirse del canasto”, intentando gobernar por encima de ellos, mediante decretos presidenciales, golpes bajos a la institucionalidad y otras triquiñuelas típicas de los personajes bonapartistas y autoritarios. Temen que les salga una símil, guardando las diferencias, al estilo de Bukele. Entonces, ese control total del Congreso por parte de la jauría neoliberal es preventivo para evitar golpes desde el poder Ejecutivo.

Reforma del Estado: Desmantelamiento del Aparato Estatal

Por otra parte, ¿Qué proyectos se avecinan con Rodrigo Arias a la cabeza del Congreso y ese directorio legislativo super neoliberal? Este cavernícola planteo, siendo candidato a diputado, que su prioridad era y sería constituir una "comisión de reforma del Estado". En su discurso inaugural como presidente del Congreso, Arias, reafirmó lo planteado antes al declarar que “La gran pregunta que yo me hago es esta ¿Hasta dónde seremos capaces de alcanzar acuerdos básicos pero significativos en una reforma del Estado que ya no puede seguir esperando?”. (La Nación, 2 de mayo de 2022). Por su parte, el consumado neoliberal, Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) declaró recientemente que “Lo que hemos dicho a lo largo de la campaña es que necesitamos achicar el aparato estatal, necesitamos volver los servicios públicos bastante agiles, pero también necesitamos entrar en la era digital”. (La Nación, 3 de mayo de 2022). Como se puede observar existe una amplia unidad de criterios y posiciones entre cuatros fracciones neoliberales para realizar el llamado “achicamiento” del Estado que, simple y sencillamente, significa fusionar diversas instituciones públicas en una sola institución.

Esta asamblea monolíticamente neoliberal va a consumar la reconfiguración del Estado. Lo anterior, llevará a la unificación de diversas instituciones y ministerios en uno solo y, por tanto, tendrán que despedir a cientos o miles de trabajadores del sector público. A su vez, eso conllevará a incrementar la desocupación, la pobreza, miseria y hambre en más familias.

Veamos dos ejemplos. En esa dirección y objetivo de los neoliberales de “achicar” el Estado apunta el proyecto de fusionar en una sola institución el Ministerio de la Vivienda, con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). En eso existe acuerdo del Poder Ejecutivo, encabezado por Rodrigo Chaves, con la fauna neoliberal de la Asamblea Legislativa. La ministra de Vivienda, Jéssica Martínez, ante la pregunta realizada por un periodista en el sentido de que “¿Será una fusión de entidades sin necesidad de despedir gente o sin planes de movilidad laboral?”, ella declaró que “Eso no lo podemos decir en este momento… pero la fusión tiene que ser realidad”. (La Nación, 6 de mayo de 2022). Es decir, que dicha fusión institucional, aunque no lo dice claramente, es evidente que inevitablemente significará el despido de personal en esas instituciones públicas.

Por otro lado, Rodrigo Chaves y su fracción parlamentaria, en concordancia con el resto de la pandilla neoliberal que controla el parlamento, envío, entre otros, dos proyectos de leyes a ese órgano legislativo. Uno de ellos se inscribe en el marco de la tal “reforma del Estado” que busca eliminar 15 órganos desconcentrados de diversos ministerios, tales como en el sector salud, cultura, educación, social y otros. Según el despacho de la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros “Con ello, se simplifica la estructura del Estado, se eliminan duplicidades funcionales y se mejora el direccionamiento técnico y la toma de decisiones del ministro sobre la totalidad de competencias ministeriales”. (La Nación, 10 de mayo de 2022). Obviamente, ese proyecto significará despidos de trabajadores públicos.

Sin embargo, esos dos proyectos de compactación de instituciones y órganos públicos representan apenas el inicio de una mayor y más profunda reducción del aparato estatal para disminuir el gasto estatal y reducir la planilla para pagar el alto déficit fiscal.

De otro lado es importante, mencionar que ya, mediante el "combo fiscal" y la "Ley de Empleo Público", se desmontó el sistema salarial en sector público y se impuso el salario único y el congelamiento salarial a perpetuidad. ¿Qué falta? El despido masivo de empleados públicos mediante la reforma del Estado, bajo el eufemismo de eliminar duplicidades y competencias, lo cual conllevará a la reducción de la planilla estatal para continuar con la disminución del déficit y, obviamente, los patos y pagadores de ese “problema fiscal” y en el ahorro en el gasto público serán los trabajadores del sector estatal, mediante el desempleo masivo, aunque quieran engañar con el cuento de que no habrá despidos en el sector público

Todo lo anterior conlleva al soñado anhelo neoliberal de reducir al mínimo tanto el funcionamiento como el tamaño del Estado para reducir los gastos. Los patos de ese festín tenebroso y neoliberal serán los empleados públicos.

Proyecto de Flexibilización Laboral: Contrarreforma Reaccionaria y Anti Obrera

El gobierno de Chaves convocó el expediente N° 21.182 que pretende imponer a los trabajadores del sector privado la “jornada excepcional” de 12 horas diarias durante 4 días denominada como jornada 4-3, supuestamente, eso significaría cuatro días continuo de trabajo de 12 horas diaria para completar la jornada de 48 horas semanales y, aparentemente, 3 días de descanso. La imposición de semejante jornada de trabajo representará un proceso de sobreexplotación brutal en contra de los trabajadores en general y, en particular, contra las mujeres trabajadoras.

Como era de esperarse, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y todas las demás cámaras patronales a pie juntillas han aplaudido el envío y, eventualmente, la aprobación de ese anti obrero proyecto de ley, ya que los favorece y les permite realizar una mayor explotación laboral y, por ende, obtener mayores cantidades de plusvalía.

Según el presidente de la UCCAEP, José Álvaro Jenkins, ese sistema de super explotación de los trabajadores “Es una forma de dinamizar la economía, generar más empleo y, además, actualizará las posibilidades de conformación de la jornada laboral ajustando la normativa a la realidad laboral del siglo XXI, que se distingue por tener un mercado laboral que es cada vez más competitivo”. (La Nación, 10 de mayo de 2022). Todo lo planteado por este capitalista son falacias. Veamos.

No es cierto que la ampliación de la jornada de laboral de 8 a 12 horas de trabajo vaya a “generar más empleo”, sino que más bien es lo contrario, pues, va a ampliar el desempleo entre los trabajadores, ya que esas 4 horas de trabajo diarias extras a los mismos trabajadores no les permite a otros conseguir un trabajo. En realidad, la única manera de que se genere más empleo para los desempleados es reduciendo la jornada de trabajo mediante una escala móvil de horas de trabajo para distribuir todas las horas de trabajo disponibles entre los ocupados y desempleados, manteniendo el mismo salario según las ocupaciones realizadas.

Tampoco es cierto que esa jornada laboral de sobreexplotación obrera sea del siglo XXI, sino que es lo contrario, ya que esa es una jornada de trabajo de los albores del capitalismo del siglo XVIII y XIX.

Por otra parte, ese inhumano sistema de jornada laboral atenta contra las mujeres, ya que miles de trabajadoras no podrán cuidar de sus hijas/os porque pasarán la mayor parte de su tiempo en el trabajo y utilizando el tiempo para transportarse a su puesto de trabajo. Eso significará que tendrá que abandonar y no podrá cuidar a sus hijos, prácticamente, durante cuatros días consecutivos. Semejante régimen laboral no les permitirá realizar otras labores familiares. Será terrible, desgastante, extenuante y devastador en todos los campos: físico, psicológico, salud y social.

Solo la movilización callejera, la unidad de las fuerzas sindicales y populares y el estallido social puede frenar los sueños neoliberales, tanto de la reforma del Estado como de la contrarreforma laboral de la jornada de 12 horas diarias, así como de otros proyectos neoliberales que se avecinan para ser aprobados por la pandilla neoliberal del poder Legislativo y Ejecutivo ¡No hay otro camino que la movilización y lucha!

Por José René Tamariz

La ley N°10159 de empleo público fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el día 8 de marzo de 2022. Según el anti obrero Alvarado “Esta es una reforma estructural necesaria para el desarrollo de Costa Rica”. Esa afirmación constituye una falacia más de este nefasto personaje de la historia del país. En realidad, esa ley es una contra reforma regresiva y salvaje contra los niveles de los salarios, el empleo público, el derecho colectivo, la autonomía institucional y la independencia de poderes. Por otra parte, esa ley tiene un claro sesgo fiscalista, ya que según el gobierno la aplicación de dicha ley le va a “ahorrar” al Estado, mediante la expropiación de los componentes salariales y el congelamiento de los salarios, entre el 0,81% y el 1,04% del PIB. Asimismo, es necesario mencionar que dicha ley entrará a regir a partir del 9 de marzo del año 2023.

Exclusiones e Inclusiones de la Ley

Según el artículo 3 de la ley quedan excluidos de esa ley: los entes públicos no estatales; las empresas e instituciones públicas en competencia, salvo en lo relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva y el cuerpo de Bomberos.

El ente rector del empleo público será el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Según el artículo 13 de dicho proyecto denominado “Existirá un único régimen general de empleo público, el cual a su vez estará conformado por las siguientes familias de puesto que serán de aplicación en los órganos y entes de la Administración Pública, según las funciones que ejecute su personal

a) Personas servidoras públicas bajo el ámbito de aplicación del título I y del título IV del Estatuto de Servicio Civil, así como a las que se desempeñen en las instituciones señaladas en el artículo 2 de la presente ley, que no estén incluidas en las restantes familias de puestos.

b) Personas servidoras públicas que se desempeñen en funciones en ciencias de la salud.  c) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones policiales. d) Personas docentes contempladas en el Estatuto de Servicio Civil, del título II y el título IV. e) Personas docentes y académicas de la educación técnica. f) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones del servicio exterior. g) Personas servidoras públicas que se desempeñan en cargos de confianza.

El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa tendrán cada uno su propia familia de puestos. Según la determinación que realice el respectivo ente, la correspondiente familia estará conformada por las personas servidoras…con funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas”. Lo anterior también incluye a la CCSS y las universidades públicas.

En el caso de estas últimas instituciones la ley de empleo público cubre a los puestos comunes, excepto, aquellos puestos y funciones que sean exclusivas y excluyentes. En otras palabras, en esos poderes de la República e instituciones autónomas habrá dos tipos empleados, los que estarán bajo el régimen del MIDEPLAN y otros que estarán bajo los estatutos y normas de esos poderes e instituciones autónomas como la CCSS y Universidades Públicas. Sin duda alguna, esa dualidad de dos regímenes de empleo público, uno mandatado por el poder Ejecutivo, mediante el ministerio de planificación y, el otro, por los órganos de las instituciones autónomas como las universidades públicas, la caja costarricense de seguro social (CCSS), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el poder judicial constituye una clara violación a la autonomía e independencias de esas instituciones y poderes de la República. Es una evidente intromisión del poder Ejecutivo en los demás poderes nacionales e institucionales independientes.

En verdad, esta ley es como haber construido un monstruo al estilo de Frankenstein construido con diferentes partes de la arquitectura de la institucionalidad, pero contradictoria entre sí lo cual origina abusos grotescos contra los derechos de los trabajadores del sector público y violaciones flagrantes a la autonomía e independencia de instituciones y poderes de la República.

Salario Global o Único

El inciso d) del artículo 30 plantea que “Cada familia de puestos tendrá una columna de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la personas servidora pública que lo ostente. La columna salarial deberá ser publicada en la plataforma integrada de empleo público”. El denominado “salario global” es lo mismo que la imposición del salario único a todos los trabajadores del sector público, ya sean nuevos empleados o los actuales.

El articulo 35 denominado “Régimen salarial unificado de todo el servicio público” insiste en que “Todas las instituciones públicas se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales”. Queda totalmente claro que el salario global incluye a los nuevos empleados públicos como a los actuales.

El planteamiento de hacer un “régimen salarial unificado” es crear un sistema salarial que, simple y sencillamente, rebajará y equiparará hacia abajo los salarios de miles de trabajadores del sector público. Por ejemplo, intentar y ejecutar la “unificación de los salarios” de médicos, científicos de centros especializados, educadores y otros puestos sería una cuestión absurda que, conllevaría a la disminución de los salarios y, por ende, a desincentivar el trabajo en muchas de esas especialidades en el sector público, lo cual podría llevar a la fuga de mucho personal hacia el sector privado.

La Política de Remuneraciones

El artículo 36 denominado “Política de remuneración” señala que serán “la Dirección General de Servicio Civil, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda prepararán conjuntamente una declaración anual de la política de remuneración, que presentarán al Consejo de Gobierno para su aprobación. Esta política tendrá en cuenta: a) El estado de los fondos públicos disponibles… “. Como se puede observar con lo anterior desaparece la “comisión de salarios” que existía en el Ministerio de Trabajo para negociar los salarios. Ahora, esas tres instituciones decidirán, sin ninguna participación sindical, si hacen o no reajustes salariales que, obviamente, nunca lo harán porque no habrán “fondos disponibles” por la política de ajuste fiscal y aplicación de la regla fiscal.

Los Despidos o Cese del Empleo Público

El artículo 20 plantea que, entre otras, son “causas de cese del empleo público”: “1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondo; y 2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de estos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos al cincuenta por ciento (50%) de los empleados de la respectiva dependencia pública”.  Estos dos últimos puntos fueron tomados del capítulo sobre el servicio civil que aparece en la Constitución, pero fueron ampliados. Probablemente, se ampliaron pensando en la reforma del Estado que se encuentra en curso y la cual pretende eliminar un conjunto de instituciones públicas, unificándolas en una sola lo que conllevaría a los despidos de cientos, sino de miles, de empleados públicos.

También será causal de despido inmediato “… obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del setenta por ciento (70%)”. Esto constituye una nueva forma de despidos de los trabajadores del sector público. Además, no se conoce la “nueva forma de evaluación”, ya que el ministerio de planificación (MIDEPLAN) elaborará la metodología de evaluación. Y según el artículo 31, inciso m) “En el caso del personal docente del título II del Estatuto de Servicio Civil, adicionalmente se tomarán en cuenta los lineamientos y políticas para la evaluación de desempeño docente que al efecto disponga el Consejo Superior de Educación”.  

Es evidente, por tanto, que la política de salario global o único y, eventuales despidos, son parte de la política fiscalista en el marco de la reducción del déficit fiscal del gobierno.

Metodología del Valor de Trabajo y Evaluación de Desempeño

Según el artículo 31 “… La metodología de evaluación de trabajo será un esquema de “factor de puntos”, en el que las puntuaciones se asignarán a los puestos de trabajo de acuerdo con un análisis de los factores de trabajo relevantes. Dicha metodología definirá los factores relevantes para cada familia laboral dentro de los cuales se consideran…” 13 aspectos.

No obstante, es importante destacar que esos tales “factores relevantes” son muy generales y que los mencionados “factores de puntos” no existen, sino que el ministerio de planificación en conjunto con personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los está elaborando. Es decir, este gobierno anti obrero de Alvarado va a entregar el poder a Chaves dejando pendiente ese trabajo de forma irresponsable.

La Extirpación del Derecho a la Negociación de las Convenciones Colectiva

El artículo 43 plantea que “Mediante la negociación colectiva no se podrá generar nuevas obligaciones o derechos, o variar condiciones laborales referentes a:

a) Salarios o remuneraciones y variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global. b) La creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales.

c) Asuntos donde se debe realizar una erogación adicional de recursos que afecten el presupuesto nacional o el de una institución pública, mediante gastos que no se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad desarrollados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. d) Normas de carácter prohibitivo contenidas en la presente ley. e) La creación de nuevas plazas.

Con todas esas prohibiciones al derecho de la negociación colectiva, simple y sencillamente, se está vaciando de contenido el derecho colectivo de las negociaciones de las convenciones colectiva, convirtiéndolo en letra muerte. Es su extinción en los hechos. Es más, todo eso se contradice con el Código de Trabajo que plantea en su inciso c) del artículo 58 que “En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: “ c) los salarios”.

Ley de Empleo Público Creada sin Fundamentos

En dicha ley se inventan una serie de conceptos y términos que en la realidad no tienen ninguna fundamentación técnica ni profesional. Son cuestiones vagas, imprecisas, arbitrarias y puras ocurrencias de quienes elaboraron semejante disparate. Veamos.

Se inventa una tal “columna de salario global” que no se sabe que es, ya que ni los personajes que la “crearon” sabe como se construye o elabora.

Se inventó un “salario global o único” del cual no se tiene ninguna idea de como se va a construir y determinar los salarios que corresponderá a cada puesto de trabajo.

Se creó una supuesta “metodología de valoración de trabajo” con unos tales ”factores de puntos” que se le asignarán a “factores relevantes” vagos y generales. Esos “factores de puntos” no existen, los van a inventar a puras ocurrencias burocráticas desde los escritorios.

Se inventa un supuesto “fundamento metodológico de la evaluación de desempeño” el cual tomará en cuenta “indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas” tanto individuales como institucionales, así como “lineamientos generales” que determine el ministerio de planificación. ¿Cuáles son esos “indicadores cuantitativos” y “lineamientos generales”? Tampoco se conocen ni se tienen, en otras palabras, serán hechos a puras ocurrencias de las mentes burocráticas desde los escritorios.

El cálculo del supuesto “ahorro” que producirá esa ley tampoco ha sido demostrado técnicamente por el gobierno. Los burócratas que elaboraron ese “adefesio” de ley se sacaron del sombrero como los magos esos porcentajes del ahorro.

Congelamiento Salarial a Perpetuidad e Inflación

El transitorio XI en su artículo b) plantea que “Quienes devenguen un salario compuesto mayor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos, hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que reciba, y en el mes siguiente se trasladarán al salario global

Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas…”. (Las negrillas son nuestras).

Asimismo, el transitorio XII también señala que “Las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas…”. (Las negrillas son nuestras). Veamos las canalladas de esos artículos transitorios de esta ley y sus consecuencias presentes y futuras sobre los salarios de los trabajadores del sector público y, por ende, de sus niveles de vida y existencia.

Los trabajadores que devenguen salarios actuales mayores a los próximos salarios globales que determinen desde los escritorios los burócratas del ministerio de planificación, no tendrán reajustes salariales ni siquiera por costo de vida, hasta que los salarios globales de su categoría alcance a los salarios compuestos (salario base + componentes salariales) actuales. Pero, resulta que los salarios globales indeterminados y desconocidos, no podrán tampoco tener ningún “incremento salarial” en tanto se mantengan las condiciones del inciso d) del artículo 11 de la regla fiscal.

Entonces, ¿cuándo los salarios globales de un puesto determinado alcanzarán a los salarios compuestos? Eso es una incertidumbre que podría prolongarse por varios años, ya que las condiciones del inciso d) del artículo 11 de la regla fiscal podrían mantenerse por muchos años.

El inciso d) del artículo 11 de la regla fiscal señala que “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio del crecimiento del PIB nominal”. Es decir, que mientras la relación deuda/PIB se encuentre en el 60% o más, no se concederá reajustes salariales ni siquiera por costo de vida. (Las negrillas son nuestras) Es importante destacar que, según el FMI, la deuda pública alcanzará en el presenta año 2022 el 68,6% del PIB. Asimismo, es necesario señalar que, lejos de disminuir el nivel de la deuda éste más bien se ha incrementado año con año, el gobierno de Alvarado ha llevado a niveles gigantesco el endeudamiento de la nación. Por tanto, reducir la deuda pública por debajo del 60% se convierte, casi en algo imposible. Tardará muchos años para que se pueda realizar esa disminución de endeudamiento.

Por otra parte, en el caso hipotético, poco improbable, que la relación deuda/PIB disminuyera por debajo del 60% y a los trabajadores con salarios globales se le concediera reajustes salariales por costo de vida, a los trabajadores públicos con salarios compuestos más altos que los globales no se les concedería incrementos salariales por costo de vida porque sus salarios siguen siendo más altos que los compuestos. Ahora, en ese caso hipotético, llevaría muchos años para que, bajo esa condición, los salarios globales alcancen a los salarios compuestos.

Por tanto, esa situación del congelamiento salarial, tanto para los trabajadores con salarios compuesto como globales, constituyen como una condena perpetua contra los trabajadores a vivir con los mismos montos de los salarios de por vida.

El problema es aún más grave con el galopante aumento de los precios de los productos y servicios básicos y no básicos. La tasa de inflación al mes de marzo acumulada de forma interanual fue del 5,79%. Es decir, que los salarios desde el mes de marzo de 2021 a marzo de 2022 se han devaluado en ese mismo porcentaje. Ejemplo, por cada cien mil colones se han perdido ₵5.790 y en un millón eso representan ₵57.900. Esto es sólo en un año, pero si le sumamos la inflación de los años anteriores, la pérdida salarial es aún mas grande y brutal. Nos encontramos y enfrentamos a un proceso constante y permanente de deterioro de nuestras condiciones salariales y de vida que nos están conduciendo, de forma irremediable, a un empobrecimiento y pauperización creciente.

¿Cuál debe ser la Salida?

Exigir al gobierno saliente y entrante, mediante la lucha y la movilización callejera, los reajustes salariales pertinentes que compensen la inflación acumulada, así como la inflación anual para que los salarios no se sigan depreciando y, por ende, disminuyendo la capacidad de compra de los productos y de los servicios.

Demandar al gobierno entrante, incorporar como una cláusula de escape de la regla fiscal, los incrementos salariales que reconozcan, por su carácter de emergencia, la galopante elevación de los precios de los productos de la canasta básica alimentaria y de los servicios.

Exigir a las dirigencias sindicales de las diversas organizaciones y bloques sindicales (APSE, ANDE, SEC, UNDECA, ANEP, BUSSCO, Patria Justa y otras) la más amplia unidad de acción y un plan de lucha conjunta que, mediante la democracia callejera, le exija al próximo gobierno de Rodrigo Chaves, los reajustes salariales inmediatos de acuerdo con el índice de inflación.

La celebración y movilización del 1° de mayo debe ser el inicio de un proceso de movilización permanente que exija esos reajustes salariales de acuerdo con el índice precios al consumidor, así como el comienzo de la unidad más amplia del movimiento sindical para enfrentar la arremetida de los gobiernos de turno contra los salarios y los niveles de vida de todos los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público.