Por José René Tamariz

La salvaje golpiza con tubos a dos trabajadoras, en posición de rodillas, de la cadena de tiendas SYR ejecutadas por verdugos enviados por los dueños de esas tiendas, destapó, una vez más, de forma pública una de las diversas maneras de castigos y violaciones a los derechos de miles de trabajadores en el sector de la empresa privada. Este escandaloso y violento método de “disciplina” patronal, supuestamente por robo de esas empleadas -lo cual fue demostrado que era falso- fue dado a conocer, recientemente, en las redes sociales mediante un video que se hizo viral. La gravedad de esa agresión física contra esas trabajadoras ha sido tan grande que las distintas autoridades gubernamentales, institucionales y municipales han corrido e intervenido esa cadena de tiendas.

Las pesquisas e intervención interinstitucional de la fuerza pública, policía municipal, policía de control fiscal, ministerio de trabajo, ministerio de salud, instituto nacional de seguros, CCSS, migración y otras, han develado un conjunto de situaciones y hechos que violan, de forma flagrante, los derechos básicos de los trabajadores. Entre otras violaciones, se encontró que a los empleados no se les paga el salario mínimo, ni las horas extras, se les hace trabajar largas jornadas de trabajo, no se les otorga el tiempo de descanso, así como que se contrata a menores de edad. En esas cadenas de tiendas también se contrata, principalmente, mano de obra de nicaragüenses, venezolanos, chinos, salvadoreños, hondureños y pocos nacionales.

Pero, ese salvaje “método” para “disciplinar” a los trabajadores por parte de los dueños de las tiendas SYR, es típico del esclavismo del siglo XVI al XVIII que se aplica desde hace mucho tiempo y de forma permanente en esos negocios de capital chino. Existen precedentes de golpizas a los trabajadores en esos comercios, sin embargo, las diversas autoridades no habían intervenido para impedir la ejecución de esos brutales castigos en contra de los trabajadores.

La justificación de los dueños de la cadena de tienda SYR para ejecutar esa salvaje golpiza contra las dos empleadas es atroz y despreciable. Según ellos “Antes de pegarles, siempre les dimos la oportunidad que nos dijeran la verdad para que no les pasara nada”. (El Observador, 17 de noviembre de 2022).

Sin embargo, frente a esas atrocidades de los dueños de esas tiendas y de sus verdugos, lo ridículo y bochornoso de la intervención interinstitucional es que cerraron solamente por 24 horas 14 tiendas SYR y se le giró instrucciones para corregir las violaciones en que incurren en contra de los trabajadores. Se detuvo a una de las mujeres que ejecutó la brutal golpiza a las dos trabajadoras y el OIJ busca al representante de esas tiendas para que responda por la agresión física en contra de las dos empleadas.

Según un comunicado de Casa Presidencial “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Inspección levantó actas de inspección a 20 tiendas de la cadena, quienes deben corregir las situaciones indicadas en un plazo determinado. Vencido este plazo, la Dirección hará las revisiones correspondientes y, en caso de persistir el incumplimiento se trasladará a la vía judicial”. (Comunicado 18 de noviembre de 2022).

Todas esas medidas ejecutadas por las diversas autoridades son insuficientes frente a la gravedad de la salvaje golpiza realizada en contra de las trabajadoras. Se necesita y urge, no sólo cerrar de forma definitiva esos negocios, sino también enjuiciar y encarcelar de forma inmediata a los autores intelectuales, dueños de las tiendas SYR, así como a los autores físicos de la brutal golpiza realizada a las trabajadoras.

La Esclavitud en el Sector Agrícola

En el año 2020, en el marco de la pandemia de la Covid-19, durante las revisiones de esa peste que realizó el ministerio de salud en diferentes fincas agrícolas se destapó las distintas formas de esclavitud asalariada que existían -aún existen- en el sector agrícola.  El desarrollo y profundización de la pandemia desnudaron las condiciones infrahumanas en que viven miles de trabajadores agrícolas, tales como hacinamiento, dormitorios en el suelo y otras terribles situaciones, así como la despiadada súper explotación a que son sometidos, tanto por los contratistas como por los empresarios agrícolas de la piña, yuca y otros productos agrícolas.

Los contratistas son como una especie de vendedores de esclavos asalariados, los cuales son ofrecidos a los dueños de plantaciones agrícolas para “trabajar” por bajísimos salarios y por largas jornadas de trabajo.

Los patrones, dueños de fincas, para evadir el pago de la seguridad social (seguro social, seguro de riesgo de trabajo, pago de cuota patronal para pensión y otras), el pago de las prestaciones legales (salario mínimo, aguinaldo, horas extras y otras) buscan a los contratistas para que les proporcionen la mano de obra de esa moderna y contemporánea forma de esclavitud asalariada. Los contratistas le venden esa mano de obra esclava moderna a un precio determinado a los patronos. A su vez, los contratistas les pagan a los modernos esclavos salarios de hambre.

La Esclavitud en el Sector de Seguridad Privada

Las empresas de seguridad privada han florecido como hongos. Actualmente existen en el país 1463. Funcionan muy parecido a los contratistas del sector agrícolas. Esos contratistas de seguridad privada ofrecen guardas de seguridad a las empresas y hogares ricos a un precio y ellos les pagan bajísimos salarios a esos trabajadores, muy por debajo del sueldo mínimo permitido por ley.

Además, los obligan a trabajar desde 12 horas hasta 16 horas diarias. Cientos o miles de guardas de seguridad no tienen seguridad social ni a las prestaciones legales de ley que les corresponden. Los guardas de seguridad trabajan en diversas empresas, por ejemplo, en la cadena de panadería-pulpería Musmanni y muchas otras.

La Esclavitud en el Sector de las Empleadas Domesticas

El trabajo de las empleadas domésticas tiene distintas modalidades, unas trabajan en las casas del patrón sin dormir en ellas, otras trabajan en dichas casas con dormitorio incluido y otras trabajan solo por algunas horas.  Las más super explotadas son las empleadas domésticas que viven dentro de las casas de los patrones. Estos las hacen trabajar largas jornadas de trabajo y las pueden levantar a cualquier hora de la noche para ponerlas a trabajar por el mismo salario y en horario no laborales. Igual que en los demás sectores, las empleadas domésticas, no tienen seguridad social ni prestaciones legales.

Veamos algunas situaciones. Por ejemplo, “Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del segundo semestre de este año, hay 83.000 empleadas domésticas sin seguro; lo que corresponde a un 62% de ese grupo laboral…”. (La Nación, 13 de noviembre de 2022). Y más adelante, en ese medio de comunicación, se señala que “Las trabajadoras domésticas encabezan una lista de siete grupos laborales sin acceso a los servicios de salud del Estado, una situación que obliga a más de 662.000 personas a valerse por sus propios medios cuando se enferman. En esa lista están obreros de la construcción y trabajadores de comercio, hoteles, transporte, ganadería y pesca”. (Ídem). 

Muchos patrones de las empleadas domésticas evaden el pago de las cotizaciones de pensiones, lo cual significa que miles de esas trabajadoras no tendrán pensiones durante su vejez. De otro lado, el gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) declaró a ese diario que “Estudios han demostrado que tampoco les pagan aguinaldo o las vacaciones, y no les reconocen otros derechos fundamentales, como los feriados, el día libre a la semana, las horas extras o los permisos para asistir a citas médicas”. (Ídem). Las empleadas domésticas son un sector laboral sometidas a especie de régimen laboral entre la servidumbre y el esclavismo moderno. Su situación de sobreexplotación es terrible y degradante de la condición humana.

La Esclavitud Asalariada Moderna Generalizada: Jornadas de 12 horas diarias

El gobierno de Rodrigo Chaves impulsa la aprobación del proyecto de ley 21.182 que pretende cambiar la jornada de trabajo de 8 horas diarias a 12 horas y la presenta como un gran “avance” y prioridad de su gestión gubernamental. La búsqueda por parte del gobierno de Chaves de imponer esa brutal jornada de trabajo a los trabadores se orienta en la dirección de instaurar una forma de esclavitud generalizada en diversos sectores laborales. Tanto el gobierno como los empresarios señalan una serie de “supuestos beneficios” para los trabajadores diciendo que sólo trabajaran cuatro días y descansaran tres; que tendrían más tiempo para estar con sus familias o para estudiar o realizar otras actividades.

Pero, la realidad es otra. Sencillamente, los trabajadores terminarían trabajando jornadas de hasta 6 días por 12 horas diarias, para un total de 72 horas a la semana. Lo más probable es que los patronos les soliciten a esos trabajadores, además de la jornada de cuatro días, trabajar horas extras en los siguientes días “libres”. Si los trabajadores no aceptan serían despedido de inmediato, ya que en las empresas privadas existe un régimen laboral sin ningún tipo de derecho para los trabajadores. Así que, a los trabajadores, ya sea de forma voluntaria por necesidad de más salario o por imposición patronal, serían esclavizados a trabajar jornadas de 72 horas semanales.

Por otro lado, para las trabajadoras mujeres la situación de ese tipo de jornadas tendría consecuencias terribles. Actualmente existen 480 mil familias que son dirigidas por madres solteras. Si a los miles de mujeres trabajadoras se les impone la jornada de trabajo de 12 horas diarias ya no podrán realizar el cuido de sus hijos, así como realizar las diversas actividades domésticas que deben realizar diariamente, ya que tendrían que invertir unas 16 horas diarias entre el desplazamiento de su casa al trabajo y viceversa y la jornada de 12 horas.

Por ejemplo, si una mujer trabajadora debe entrar a las 6 am o 7 pm a la empresa, tendría, dependiendo del lugar de trabajo, que levantarse a las 4 o 5 de la mañana y llegar a su casa a las 8 pm o 9 pm. Esta trabajadora, llegaría tan reventada tanto de su jornada de trabajo de 12 horas diarias, así como del tiempo invertido en el desplazamiento de su hogar-empresa y empresa-hogar que no tendría tiempo para realizar otras actividades en la casa.

Es decir, no tendría tiempo para atender a sus hijos. ¿qué institución pública podría cuidar los hijos de esas mujeres durante semejante cantidad de horas? Sencillamente no existen esas instituciones. Entonces, desde todo de punto de vista esa jornada es inviable para miles de mujeres jefas de hogar. Entonces, ¿qué harían -harán- los empresarios cuando una o varias mujeres trabajadoras de sus empresas les digan que no pueden laborar esa jornada 4 x 3? Simple y sencillamente la despedirán sin responsabilidad patronal por negarse a trabajar la nueva jornada de trabajo que se convertirá en ley de la República cuando sea aprobada, contra viento y marea, por los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa.   

Algunas Propuestas para Enfrentar la Esclavitud Contemporánea

1. Impulsar la sindicalización en todos los sectores laborales privados para que los trabajadores de forma organizada asuman la defensa de sus derechos, violentados de forma constante y permanente. Es necesario e importante señalar que los patronos prohíben que sus trabajadores formen sindicatos en sus empresas. Aquellos trabajadores que osen formar alguna organización sindical o incorporarse a ella, simple y sencillamente, son despedidos ipso facto, ya que el régimen laboral patronal en el sector privado es brutal, despiadado y sin leyes. Formalmente, existe el derecho a la sindicalización, pero en la realidad eso es totalmente falso.

2. Las organizaciones sindicales del sector público deben contribuir, tanto con apoyo económico y logístico como legal, con los trabajadores del sector privado para que construyan sus sindicatos o bien se organicen a algunos existentes. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), encabezada por Albino Vargas, es una de las pocas organizaciones sindicales que impulsa de forma constante la sindicalización de los trabajadores del sector privado. Las demás organizaciones deben seguir ese ejemplo. De ahí que es necesario que se produzca una unidad sindical de todas las organizaciones sindicales para emprender, de forma conjunta, esa importante tarea a favor de los trabajadores de la empresa.

3. Las organizaciones sindicales deben impulsar una fuerte y sólida unidad de acción para evitar que la Asamblea Legislativa apruebe la esclavista jornada de 12 horas diarias.

4. De igual forma, las organizaciones sindicales deben impulsar una amplia campaña masiva de denuncia contra las diversas formas de esclavitud que existen en los diversos sectores laborales señalados, así como en aquellos en los que no se pagan la seguridad social ni las prestaciones legales.

5. Exigir al gobierno de turno que los negocios o empresas que realicen practicas esclavistas contra sus trabajadores deben ser confiscados y sus ejecutores, intelectuales y físicos, sean encarcelados de inmediato. No debe de haber ningún tipo de contemplaciones contra esas brutales formas de explotación laboral contra los trabajadores.

Por José René Tamariz

El sábado 5 de noviembre se realizó el Consejo Nacional del sindicato APSE, supuesto órgano político de la organización sindical. En esa sesión la compañera Heidy Valencia Espinoza y el compañero Diego Vásquez Loría, coordinadores de la regional 07 y 02 respectivamente, propusieron la moción que aparece más abajo. Dice la moción:

“En el sentido de que el Consejo Nacional de APSE convoque a una Asamblea de Presidentes de Bases para discutir la situación sobre el congelamiento salarial permanente y el aumento continuo y generalizado de los precios de los productos y servicios básicos que han conducido a una gran depreciación de los salarios, así como al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. Asimismo, esa Asamblea debe votar un plan de lucha para exigir al gobierno un justo y digno reajuste salarial. Se propone que esa Asamblea de Presidentes sea convocada el viernes 11 de noviembre”.

El resultado de la votación de esa moción en el seno del Consejo Nacional fue el siguiente:

41 votos en contra.

19 votos a favor.

1 voto de abstención.

Como se puede leer la moción tenía como objetivo que las bases de APSE, mediante sus miles de presidentes de bases, discutieran el grave y sempiterno problema del congelamiento salarial que nos han impuesto los gobiernos de turno, así como el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación debido a la galopante y generalizada inflación y al congelamiento salarial. Al final, se buscaba votar un plan de lucha que, mediante la movilización callejera, le exigiera al gobierno de Rodrigo Chaves un inmediato reajuste salarial que compense la inflación.

Sin embargo, como se pueden leer los resultados de la votación, la mayoría de los miembros de dicho Consejo Nacional, encabezado por la burócrata sindical, Ana Doris González, experta en la desmovilización de las bases del sindicato, se opusieron rotundamente a que esa instancia democrática de la organización sindical fuera convocada.

Es importante mencionar que esa votación en contra de la convocatoria a la Asamblea de Presidentes de Bases, viola el artículo 52 del Estatuto de la APSE que plantea:

“La Asamblea de Presidentes de Base será presidida por la Junta Directiva. Se reunirá ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando sea convocada por acuerdo del Consejo Nacional o, en su defecto, por la Junta Directiva”.

Es decir, que por Estatuto tanto la Directiva o el Consejo están obligados a convocar de oficio a dos Asambleas de Presidentes de Bases anual, o sea, una Asamblea cada semestre.

Entonces, ¿Por qué? Los burócratas sindicales de APSE, dirigidos por la burócrata mayor, Ana Doris González, se oponen furibundamente a convocar a esa estructura democrática del sindicato. Porque simple y sencillamente, le tienen terror al debate político de las bases y la eventual movilización en las calles que se podría votar en esa Asamblea de Presidentes de Bases.

Por otro lado, es necesario señalar que los burócratas sindicales tienen un PACTO TÁCITO con las altas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el gobierno de Chaves, en este caso, para tener desmovilizados a los trabajadores de la educación, ya que el gobierno no quiere ningún tipo de movimiento huelguístico o callejero, ya que esos tipos de acciones podrían desencadenar una reacción en cadena de más movilizaciones sociales producto del descontento de la población por el alto costo de la vida y los miserables salarios que se convierten como una tenaza que hunden en la pobreza, miseria y ruina a miles de trabajadores y sus familias.

Llamamos a todas las bases del sindicato APSE a enviar notas de protesta y repudio a los burócratas sindicales de la Junta Directiva, así como de sus serviles del Consejo Nacional, que votaron en contra de la convocatoria de esa instancia democrática y de la lucha y movilización por un reajuste salarial digno para todos los trabajadores de la educación.

Se hace evidente con todo lo planteado en esta nota que los burócratas sindicales de APSE y sus serviles del Consejo Nacional están ubicado y entregados en cuerpo y alma al gobierno de turno. A todos esos burócratas sindicales los hace felices estar reuniéndose en la “comisión paritaria” (representantes de APSE, ANDE, SEC, SITRACOME y MEP) y tomando café con los jerarcas del MEP, desde donde les dan permanentemente atolillo con el dedo y algunos confites (por ejemplo, zonaje), todo a cambio de desmovilizar de forma descarada y permanente a las bases de la organización sindical.

Por Jose René Tamariz

En el mes de julio, el gobierno de Rodrigo Chaves cerró el negocio para la realización de eventos públicos llamado Parque Viva del periódico La Nación. La orden sanitaria del cierre fue emitida por el Ministerio de Salud, bajo el argumento de que ese parque producía grandes congestiones de flujo vehicular y eso tendía a ocasionar accidentes y ponía en riesgo la vida de muchas personas.

Recurso de Amparo de La Nación y Sentencia de la Sala Constitucional

El recurso contra ese cierre fue introducido a la Sala Constitucional por el director de ese medio, Armando González y varios periodistas, y, entre los argumentos esgrimidos, “… resaltó que Chaves es consciente de que Parque Viva tiene la función de apoyar económicamente la operación La Nación, cuyos ingresos han caído a causa de la migración de la publicidad hacia medios digitales, como les ha ocurrido a miles de medios de comunicación en todo el mundo”. (La Nación, 22 de octubre de 2022).

Según los recurridos de ese medio de comunicación, Rodrigo Chaves desde que fue candidato a la presidencia de la República los había atacado por que ese diario destapó públicamente el acoso sexual contra empleadas del Banco Mundial que había realizado Chaves siendo alto funcionario de ese organismo financiero internacional. En un acto de campaña, Chaves dijo que “Somos un sunami y, sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7. Óigame, Ignacio Santos, óigame el otro… René Picado, óigame, Armando González”. (Ídem).

Por otra parte, esos periodistas argumentaron que dicho cierre “… violentó principios consagrados en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el principio de legalidad por el cual deben regirse los funcionarios públicos”. (Ídem).

El día 21 de octubre la Sala Constitucional o Cuarta, mediante una sentencia que no se ha dado conocer, anuló esa orden sanitaria de cierre contra el Parque Viva. Al respecto de esa anulación la sentencia señala que se realiza “en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia”. Y, entre otros, uno de los argumentos planteados por dicha sentencia dice que ese cierre es “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”. (Ídem).

De otro lado, en el, por tanto, esa sentencia señala que “se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. (Ídem).

Aunque no conocemos la sentencia completa de la Sala Constitucional la cual anula el cierre sanitario del Parque Viva propiedad del diario La Nación, vamos a plantear algunas posiciones políticas de dicha sentencia.

Los Negocios del Grupo Económico La Nación

Es importante y necesario señalar que el grupo económico “La Nación” es un conglomerado de diversos empresas y negocios que tiene, como objetivo último, generar ganancias. En la dirección electrónica www.nación.com se mencionan esos negocios, tales como, medios de comunicación GN medios (La Nación, El Financiero, La Teja, revista Perfil y Sabores y otros); GN digital (Yuplón, sitio de ofertas diarias número uno de Costa Rica); Parque Viva “… negocio dedicado al administración de recintos y la creación de plataformas comerciales a largo plazo… es el primer recinto dedicado a la interacción, la generación de vínculo y entretenimiento y el primero  en Centroamérica que reúne un Anfiteatro, un Centro de Eventos y un circuito de competencias…”; Bienes Raíces; Unidades de  Soporte.

Por otro lado, de acuerdo con un análisis del medio digital “Delfino” el “Grupo Nación (GN) es un grupo de poder económico cuyos principales accionistas son la familia Jiménez, constituida por tres generaciones. Además, dicha familia tiene acciones mayoritarias en la Florida Ice & Farm, productora de cervezas y bebidas, e históricamente ha estado ligada a diversas actividades económicas, en el pasado a la producción de café y caña de azúcar, por mencionar dos casos; y de manera reciente al sector turístico e inmobiliario, entre otros. Por la cantidad de activos en su propiedad, la familia Jiménez es parte de la lista de los diez empresarios más “ricos” de Centroamérica, según la revista Forbes”. (Ramírez, Lorenzo: La pérdida de hegemonía de Grupo Nación. 22 de noviembre de 2019).

Entonces, la familia Jiménez es parte de la vieja oligarquía costarricense que concentra no sólo un gran poder económico sino también político. Actualmente, el presidente del diario La Nación es Carlos González Jiménez, quien sustituyó en 2020 a Manuel Francisco Jiménez Echeverría. Es importante destacar que La Nación ha estado involucrado en caso de defraudación fiscal.

La Historia de la Intervención Política de La Nación

Cuenta el escritor Alberto Cañas la siguiente anécdota del año 1948 cuando se produjo el conflicto político-militar que condujo al poder a la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José María Figueres Ferrer “Pero no puedo omitir un pasaje que yo he contado en otra parte, y fue la visita que a Figueres hicieron el gerente y el director de La Nación, acompañando a don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, don Eladio Trejos y don Fernando Lara. Me tocó conducirlos al Club Social de Cartago, donde Figueres y Alberto Martén los recibirían y quedé, con máuser al hombro, de guardia en la puerta… por lo cual escuché, con el otro guardia, Roberto Güell, la conversación.

Simplemente, en San José, “sabían” que la Revolución se proponía “desconocer” la elección de Ulate. Y esa decisión contaría con el apoyo de importantes grupos, y del periódico La Nación, si Figueres accedía a derogar el Código de Trabajo… Figueres y Martén rechazaron casi con violencia. Ni desconocería la revolución la elección de Ulate, ni echaría atrás la legislación social, que más bien sería perfeccionada”. (Cañas, Alberto: 80 años no es nada. Editorial UCR. San José, Costa Rica, 2008. Páginas 207 y 208).

El diario La Nación, por su gran poder económico, a través de los años ha tenido mucha influencia, peso político y capacidad de incidir en diversos gobiernos en Costa Rica. Con sus redes de informantes husmea todos los ministerios, instituciones públicas, casa presidencial y otras organizaciones.

Sus denuncias constantes contra las convenciones colectivas de diferentes instituciones públicas han llevado a que políticos neoliberales y otros elementos de esa fauna interpongan recursos en la Sala Cuarte en contra de artículos que, supuestamente son “abusivos”, han conducido a que ese órgano jurisdiccional elimine, de un solo tajo, múltiples artículos de decenas de convenciones colectivas. Asimismo, ese periódico realiza constantes ataque a los componentes salariales, mejor conocidos como pluses, de los trabajadores públicos, llamando de forma descarada a su eliminación.

Como se puede observar de lo planteado por Alberto Cañas, desde hace muchos años, los dueños del diario La Nación, así como sus directores y demás plumíferos a sueldo, se han opuesto y demandado la eliminación de las conquistas del Estado Social de Derecho, tales como, en su momento, del Código de Trabajo, y, más recientemente, del derecho colectivo, como son el derecho a la huelga y a la negociación y conquistas de las convenciones colectivas. En realidad, más de la apariencia de medio periodístico La Nación se ha constituido como otro poder dentro del Estado Costarricense.

El Cierre del Parque Viva… ¿constituyó una Violación Indirecta de la Libertad de Prensa?

Implicó el cierre del jugoso negocio millonario del Parque Viva de ese grupo capitalista ¿una violación indirecta de la libertad de prensa? Ese es uno de los argumentos centrales de la sentencia de la Sala Constitucional. Analicemos. Dado que todavía no se conoce en todos sus extremos el fallo constitucional vamos a plantear algunas ideas preliminares, no definitiva, sobre esa cuestión.

En primer lugar, debemos plantear que no apoyamos al gobierno de Rodrigo Chaves ni compartimos sus posiciones políticas, propuestas y proyectos de leyes. El gobierno de Chaves es un gobierno neoliberal sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumple, a pie juntillas, sus mandatos. Además, es un gobierno que trabaja en función de beneficiar a diferentes grupos capitalistas y, en especial, a su grupo económico que financió su campaña política-electoral para llegar la presidencia de la República. 

Sin embargo, consideramos que la sentencia de la Sala Constitucional sobre el cierre del negocio de La Nación, llamado Parque Viva, es una sentencia eminentemente política, no es jurídica ni técnica. Sostener que el cierre de ese negocio es una “violación indirecta a libertad de prensa”, no sólo basta decirlo y escribirlo, sino que hay que demostrarlo con datos y hechos probados. Al respecto tomo lo planteado por el científico Carl Sagan que dice “Desconfía de los argumentos que proceden de la autoridad… Las autoridades deben demostrar sus opiniones como todos los demás…”. (Sagan, Carl: El mundo y sus demonios. Editorial Planeta. España, 2016. Página 47).

Entonces, de lo anterior, surgen una serie de cuestionamientos. Concretamente, cuáles son los elementos y factores que, eses cierre, afectó la continuidad del funcionamiento del periódico La Nación. ¿Se afectó o interrumpió la impresión y publicación física de La Nación? No, de ninguna manera, el periódico continuó de forma diaria su publicación, porque disponía de todos los recursos y medios necesarios para su funcionamiento y emisión. ¿Se afectó o limitó los editoriales y artículos críticos de ese medio de comunicación hacia el gobierno y su gestión? No, de ninguna manera. Todos los plumíferos a sueldo y sin sueldo continuaron con línea editorial y sus posiciones políticas. No se les limitó de “forma indirecta” sus opiniones.

¿Depende La Nación de los recursos financieros del Parque Viva para seguir funcionando? Al parecer, no existen datos de los estados financieros que demuestren con la falta de ingreso de ese negocio por parte de La Nación haya contribuido o llevado a un cierre técnico a ese medio de comunicación. La Nación, ha seguido funcionando de forma normal y, hasta donde se conoce, sin problemas de papel, tinta, insumos, repartición y otros necesarios para su continuidad como periódico. Por otro lado, es importante destacar que La Nación y sus principales dueños poseen múltiples negocios millonarios con los cuales pueden apalancar el funcionamiento de las alicaídas finanzas de ese medio periodístico, no por el cierre, sino por el surgimiento de las redes sociales, la Internet y otros desarrollos tecnológicos que han hecho entrar en crisis a muchos medios de comunicación.

El Cierre del Parque Viva es un Conflicto Inter burgués

El argumento falaz al estilo ad populum de la Sala Constitucional es que "El cierre del negocio del Parque Viva representa un ataque indirecto a la libertad de prensa y, por ende, al sistema democrático".

El periódico La Nación han continuado, sin interrupción, con sus políticas periodísticas de mentiras y falsedades que muchos conocemos, por ejemplo, contra los salarios y componentes salariales de los empleados públicos, contra las convenciones colectivas y muchas otras mentiras en contra de las empresas e instituciones públicas. Ha seguido avanzando en su política de destruir el Estado Social en Costa Rica. No se le ha limitado el derecho a mentir las veces que quiera

Entonces, ¿cuál es el problema de fondo del cierre del Parque Viva? Esa cuestión constituye un conflicto inter burgués entre facciones del capital costarricense. La Nación y sus dueños representante de la más rancia oligarquía nacional, trataron a toda costa de bloquear e impedir el ascenso de Rodrigo Chaves a la presidencia de la República, ya que no era un hombre confiable y controlable a lo cual están acostumbrado de gobiernos anteriores. Por esa razón sacaron la denuncia correcta de los abusos sexuales de Chaves contra funcionarias del Banco Mundial, cuando éste era alto funcionario de ese organismo financiero internacional.

Ahora, ¿es el cierre del negocio Parque Viva una revancha o vendetta de parte de Chaves al periódico La Nación por esa denuncia? Es una hipótesis probable, pero no es el problema de fondo. Rodrigo Chaves, representa un ala burguesa emergente que tiene aspiraciones de quedarse y repartirse una parte del pastel de los negocios en Costa Rica y, por ende, necesita el aparato del Estado para desde ahí abrirse paso y desarrollarse como tal. El poderoso grupo económico de La Nación es un obstáculo para sus pretensiones. De ahí que, Rodrigo Chaves, ha golpeado de costado a ese grupo económico, cerrándole el Parque Viva como una forma de advertencia. No obstante, el conflicto inter burgués no ha terminado, sino que veremos su continuación y habrá más golpes y contragolpes en ese pleito entre fracciones burguesas.

De último, debemos sostener de forma categórica que el fallo de la Sala Cuarta que anula la orden sanitaria de cierre del Parque Viva se ubica, políticamente, al lado del bando de la oligarquía costarricense, bajo el falso argumento de la “violación indirecta a la libertad de prensa”, debido a que, evidentemente, muchos de esos magistrado de ese organismo jurisdiccional pertenecen y han sido puesto en esa instancias por los partidos tradicionales, obedeciendo de alguna u otra forma a esas posiciones políticas. 

Por José René Tamariz

En el año 2000 se publicó la Ley de Protección al Trabajador (LPT) que creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que según el artículo 1 inciso c) de esa ley tiene como objetivo “Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores”. Para el año 2001 el sistema centralizado de recaudación (SICERE) de la CCSS comenzó a trasladar los primeros recursos de esos fondos a las denominadas Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que administran los fondos individuales de los afiliados.

Ese régimen constituye un “sistema de capitalización individual” que se nutre de los aportes de los trabajadores y patronos, 1% y 3.45%, respectivamente, para un total del 4,25%. Según las estimaciones de diversos organismos ese régimen de pensiones incrementará hasta en un 20% la pensión otorgada por los regímenes básicos de pensiones.

Es necesario destacar que el régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS otorga una pensión a sus afiliados entre un 43% a 52.5% del salario de referencia por los primeras 240 (20 años) cotizaciones más un 0,083% por cotización adicional. Con mayor cantidad de cuotas sobre las de referencia, el pensionado del IVM podría llegar a obtener hasta un 60% del salario de referencia como pensión. Con la reforma al IVM que entra a regir en enero de 2024 se cambia el salario de referencia a 300 cotizaciones y la cuantía adicional se reconocerá a partir de esa cantidad de cuotas. Lo anterior, significará que el monto de la pensión se reducirá entre un 5% y 7%, pasando entre un 42% a 45,5%

Es importante destacar que para marzo del año 2022 los fondos del ROP administrados por las OPC tenían un saldo de ₵10.447.058 millones, o sea, ₵10.45 billones, pero producto de la crisis y caída actual de los rendimientos de las inversiones pasó a septiembre a ₵9.616.641 millones, o sea, ₵9.62 billones. En seis meses se perdieron la cantidad ₵830.417 millones. O sea, las pérdidas ascienden a 7,95% del total de los fondos del ROP. Actualmente, existen 2,9 millones de afiliados. Para el año 2010 el ROP tenía apenas 2 pensionados, mientras que para el año 2022 existen unos 67.000 pensionados, aproximadamente. De otro lado, existen cinco OPC, a saber, BAC, BCR, Popular Pensiones, CCCS OPC y Vida Plena.

También es necesario informar que, entre los planes de retiro de esas pensiones, se encuentran cinco modalidades, tales como, retiro programado, renta permanente, renta temporal condicionada a expectativa de vida, renta temporal por cuotas pagadas y renta vitalicia. Esta última modalidad, sin embargo, como plan de retiro no se ofrece en el mercado, ya que ninguna aseguradora la ha asumido.

El Desastre de las Inversiones de los Fondos del ROP en el Mercado Internacional

Por otro lado, es muy importante señalar que la ley autoriza a las operadoras de pensiones complementarias invertir hasta un 50% de sus fondos en el extranjero. Esas administradoras pueden invertir un 25% sin autorización y cuando se pase de ese límite, deberán ser autorizado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica de julio 2022 “En lo que respecta al mercado cambiario, las presiones se han mantenido desde inicios de la pandemia, pero se intensificaron durante el primer semestre del 2022. Esas presiones surgen de los mayores requerimientos de divisas del sector público no bancario (SPNB) y de las operadoras de pensiones. (…) Por su parte, en las operadoras de pensiones, esa mayor demanda surge de la decisión de diversificar su cartera de títulos valores, con activos financieros internacionales. Este proceso de diversificación inició hace varios años, pero se intensificó a partir de la segunda mitad del 2020, que coincide con los puntos álgidos de la pandemia”. (Informe de Política Monetaria. Julio 2022, Banco Central de Costa Rica, página 7).

En la actualidad, la inversión en el extranjero de los fondos de pensiones complementarias es de $4.874 millones, mientras que hace dos años era de $2.684 millones, es decir, que el aumento absoluto de colocación de esos fondos en el mercado internacional asciende a la cantidad de $2.190 millones para un incremento porcentual del 81,6%. Esa cantidad de dólares invertido por las operadoras de pensiones en el mercado internacional al cambio actual del dólar es de, aproximadamente, unos ₵3.12 billones, o sea, el 32,4% del total de los fondos de pensiones complementarias. En otras palabras, eso constituye demasiado dinero invertido en el extranjero. Sin embargo, existen algunos economistas y “técnicos” neoliberales que plantean de forma temeraria que se debería invertir hasta un 60% de dichos fondos en el mercado internacional.

Esa masiva compra de dólares con los fondos pensiones complementaria por parte de la OPC para invertir en el mercado extranjero condujo a graves consecuencias. Primero, produjeron una fuerte alza en el precio del dólar con repercusiones graves en el incremento de los precios de los productos y servicios, perjudicando a miles de trabajadores. Segundo, producto de varios factores que se analizan más adelante, condujeron a pérdidas millonarias en el capital acumulado por los 2,9 millones de afiliados. Tercero, provocaron una disminución significativa de los montos de las pensiones mensuales de miles pensionados.

Pérdidas de los Fondos del ROP ¿Juegan a los Dados las OPC y la SUPEN?

La inversión de semejante cantidad de dólares en el mercado internacional por parte de las OPC en forma de acciones de renta variable ha conducido a varias operadoras de pensiones a tener pérdidas millonarias de los fondos de los 2,9 millones de sus afiliados. Según las informaciones brindadas por las OPC a sus afiliados en el semestre comprendido entre el 1 de marzo al 31 de agosto se han tenido pérdidas total entre un 2,34% y 4,25% de su fondo de pensión. ¿A cuánto ascienden esas pérdidas? No existe un dato global sobre el monto de las pérdidas. Según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) “Hasta agosto anterior, la rentabilidad de las inversiones del ROP tuvo una variación interanual real de entre -11,7% y -8,2%...”. (La Nación, 10 de octubre de 2022).

Es importante señalar que dependiendo del saldo que cada afiliado tenga en su fondo de pensiones complementarias, de forma proporcional y directa tendrá un monto determinado de pérdidas. A mayor cantidad de dinero en el fondo mayor será el monto o porcentaje de pérdidas. Esos montos de pérdidas en números absolutos pueden ser desde ₵100.000 hasta ₵6. 000.000 o más. Aunque esas grandes pérdidas son reales los afiliados no la han materializado porque no han recibido su dinero del ROP en forma de pensiones, ya que son trabajadores activos.

Más grave aún son las pérdidas de los miles de pensionados en el ROP. El 60% de los pensionados (40.000) por el régimen de pensiones complementarias se encuentran ubicados en la modalidad de renta permanente que la paga la pensión con base, solamente, en los rendimientos de 12 meses de las inversiones de sus fondos, pero que fue modificado por la SUPEN en el mes de agosto, producto de la crisis de las pensiones del ROP, a 36 meses.

Veamos varios casos graves de pensionados que han visto disminuir dramáticamente el monto de sus pensiones.

Un pensionado que tenía un capital de ₵9.000.000 en su ROP recibía en el año 2021 una pensión de ₵162.000 y con la crisis del 2022 ese monto disminuyó ₵60.000. La pérdida absoluta fue de ₵102.000 y en términos porcentuales fue de 63%. Una persona que tenía un saldo de ₵30.000.000 en su ROP recibía de pensión el año anterior ₵540.000 y con la crisis en el 2022, ese monto disminuyó a ₵201.00, teniendo una perdida absoluta de ₵339.000 para un porcentaje del 62,78%. El cambio de pagar los montos de pensión con base a 36 meses de los rendimientos aumenta ligeramente el monto de la pensión, pero siempre queda disminuida en una buena cantidad. Sin embargo, dado que los rendimientos siguen cayendo cada mes, por tanto, el monto de las pensiones continuará disminuyendo conforme las OPC vayan tomando en cuenta los meses actuales de rendimientos negativos.

Todo este desastre de los rendimientos de las inversiones de los fondos de las pensiones complementaria desvirtúa y desmiente los objetivos que pretendía conseguir la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Según esa ley se pretendía que los trabajadores complementaran hasta con un 20% más su pensión básica del IVM con el ROP para compensar la disminución de la primera. Sin embargo, como se puede observar de los datos anteriores, las miserables pensiones del ROP que otorgan la OPC son una burla, ya que no compensan ni siquiera con el 10% la pensión básica del IVM.

¿Cuáles son las causas de la grave pérdidas de los fondos de pensión? Según Rocío Aguilar, superintendente de pensiones “… Ya al final del año pasado se empieza a gestar una crisis inflacionaria producto de las políticas expansivas de los bancos centrales, a raíz del confinamiento por la pandemia y las dificultades de la logística internacional. Además, como si fuera poco, se da el conflicto geopolítico en Ucrania, que genera volatilidad de las materias primas. Estas razones generan un aumento significativo de las tasas de interés y los rendimientos caen de manera importante. A los efectos internacionales, se debe sumar la situación local que tiene un componente importante de títulos valores de Gobierno que, con la subida en la tasa de política monetaria del Banco Central, el efecto se va transmitiendo, Hacienda debe reconocer una tasa mayor, en cuyo caso el rendimiento se cae”. (La Nación, 10 de octubre de 2022).

Las autoridades de la SUPEN y los funcionarios de las OPC para justificar las millonarias pérdidas de los fondos de pensiones, así como de los montos de la pensión de miles de pensionados, sostienen que las pérdidas se han producido tanto en el mercado internacional como el nacional, aunque no brindan los datos para demostrarlo. Por ejemplo, a cuánto ascienden las pérdidas por el mercado local y extranjero.

Muchas operadoras de pensiones y la SUPEN para justificar y maquillar semejantes pérdidas, le llaman eufemísticamente, "minusvalías", lo cual es falso. El hundimiento de los fondos de pensiones no son ninguna “minusvalía”, sino simple y sencillamente, pérdidas reales.

¿Quién Debe Pagar las Pérdidas de los Fondos de las Pensiones Complementarias?

La crisis y hundimiento de los fondos de pensión complementaria seguirá su curso en la medida que la inflación continúe, se profundice la guerra entre Rusia y Ucrania y llegue el invierno a Europa en el mes de noviembre, lo cual podría provocar una grave crisis energética en ese continente por desabastecimiento del gas ruso, pero aún peor será en caso de que se produzca una recesión económica en los Estados Unidos, Europa y otros lugares.

¿Quiénes son los responsables de semejante desastre y hundimiento de los fondos de pensiones? Sin duda alguna, los personajes que dirigen las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Los primeros, por invertir demasiado dinero de los fondos en el mercado internacional sin conocer bien y haber estudiado la situación y las condiciones del mercado internacional y la segunda por autorizar la inversión de más del 25% de los fondos de pensiones sin conocer la situación económica internacional.

Desde que se inició la pandemia y se prolongó en el tiempo, muchos economistas serios pronosticaron que podía conducir, no sólo a la desaceleración económica mundial tal como sucedió, sino también a una eventual recesión internacional, aún con grandes probabilidades de producirse, con graves efectos y consecuencias internacionales. Por tanto, el momento escogido (segunda mitad de 2020 a 2022) por las operadoras de pensiones para incrementar sus inversiones en el extranjero que, según expresión del Banco Central, “coincide con los puntos álgidos de la pandemia”, constituyó un mal momento y una decisión totalmente equivocada que ha conducido a grandísimas pérdidas y hundimiento de los fondos de las pensiones y de los montos de pensión de miles de afiliados. Así también la gran cantidad de dinero invertido en el extranjero fue un grave error, lo cual ha agravado las pérdidas.

Ahora, es de gran importancia y necesidad plantear que de producirse una eventual recesión económica internacional, la quiebra de los fondos de pensiones invertidos en el extranjero podría llegar a ser catastrófico, llegando a desaparecer no sólo los rendimientos sino también los aportes realizados por más de 20 años por parte de los trabajadores y los patronos al ROP. Esto se debe evitar antes que sea demasiado tarde.

Entonces, tanto los neófitos, aprendices de brujos, gerentes y comité de las OPC que deciden invertir en el mercado internacional, como Roció Aguilar, superintendente de pensiones y otros personajes de esta que autorizaron invertir semejante cantidad de dinero de los fondos de pensiones deben pagar por sus graves errores y malas decisiones. Jugaron -continúan jugando- a los dados con los fondos de las pensiones de 2,9 millones de trabajadores y, por tanto, ocasionaron grandes pérdidas y hundimiento de esos fondos y la ruina en el monto de la pensión de miles de pensionados del ROP.

Propuestas Para Defender los Fondos de Pensiones de los Trabajadores

1. Que las pérdidas de los fondos de pensiones sean asumidas por las OPC de sus ganancias.

2. Destitución de los gerentes y los miembros del comité de las OPC encargados de las inversiones en el extranjero.

3. Exigir la inmediata destitución de Rocío Aguilar como superintendente de pensiones (SUPEN) por ser corresponsable de la crisis y hundimiento de los fondos de pensiones.

4. Disminuir los porcentajes de inversión en el extranjero y aumentar las inversiones en el mercado local, bajo otras modalidades que no sean títulos valores de Gobierno. Por ejemplo, invertir en un plan de obras públicas (construcción de carreteras, escuelas y colegios, hospitales y clínicas, vivienda y otros) los fondos de pensiones.

5. Llamamos a las organizaciones sindicales a realizar una amplia unidad de acción para defender los fondos de pensiones complementarias de sus miles de afiliados. Por tanto, hacemos un llamado a todas las dirigencias sindicales a promover y realizar una gran movilización nacional para exigir la destitución de Roció Aguilar, gerentes y demás miembros de las operadoras de pensiones responsables del desastre y hundimiento