Por José René Tamariz

Recientemente el gobierno de Rodrigo Chaves envío a la Asamblea Legislativa un paquete de cinco proyectos de ley sobre impuestos y exoneraciones fiscales a algunos sectores. Ese intento de hacer aprobar ese paquetazo en el seno del Congreso ha sido rechazado por diversos políticos y económicos, tanto de las diversas fracciones legislativas y de las diversas cámaras empresariales. El caso más polémico es el proyecto de impuesto sobre la renta. La actual ley (N°.7092) sobre ese tipo de impuesto es del año 1988 y tiene como modelo de impuesto de “renta producto” o “cedular” que tiene un criterio territorial. El nuevo modelo de impuestos que pretende implementar el gobierno es el modelo de “renta global” el cual agruparía y sumaría todos los ingresos de las personas físicas o jurídicas, aplicando una tarifa única sobre todos los ingresos, ya sean todas las ganancias, diversos ingresos y otras con independencia del lugar en donde se produzcan, ya sea dentro o fuera del país.

El grave problema es que el nuevo proyecto de impuesto sobre la renta (expediente 23.760) es que incrementaría el impuesto sobre los salarios. La base sobre la cual se cobra actualmente el impuesto a los salarios de los trabajadores es a partir de los ₡942.000, pero el nuevo proyecto bajaba la base gravable ₡842.000 lo cual incrementaba ese impuesto. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, después de varias críticas realizadas a ese nuevo gravamen, salió a decir que había sido un error suyo el haber disminuido la baja gravable de los salarios y corrió, supuestamente, a hacer las correcciones.

Por otro lado, el gobierno pretende incrementar los impuestos a al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), haciéndolos pasar de pagar desde un 5% y 20% actual hasta un 30%, lo cual conllevaría a que muchas de esas empresas que cierren ya que tienen una situación crítica debido a la reducción del consumo. El otro proyecto de ley sobre que tuvo un fuerte y contundente rechazo contundente es el de eliminación de exoneraciones a equipos médicos como las sillas de ruedas de personas discapacitas, así como las exoneraciones a los boletos de aviones.

Políticas Recesivas y Regímenes de Empresas.

Las políticas económicas del gobierno de Rodrigo Chaves son recesivas. Todas ellas han conducido a una grave disminución del consumo nacional, ya que los trabajadores y otros agentes económicos han disminuido sus ingresos salariales (pérdida del 6% de capacidad de compra en el año 2022) y bajado sus inversiones para incrementar sus actividades productivas. Asimismo, el desempleo entre la población juvenil ha aumentado y Costa Rica es el tercer país de la OCDE con la tasa de desempleo más alto en esa población Lo mismo ocurre en cuanto al incremento de la pobreza en la población en general y, en particular, para los jóvenes. Lo mismo ocurre en el crecimiento de la informalidad en el trabajo.

En Costa Rica existen dos tipos de régimen empresariales. El régimen especial que incluye a todas las zonas francas. Este régimen le da trabajo a apenas un 15% de la población. En el mes de marzo la actividad económica de ese régimen aumentó en 21,1%, siendo el sector más de la economía, pero es la que menos aporta en impuesto o más bien no aporta nada porque está exento de pagar impuestos. Por otra parte “Actualmente, según Cinde con datos del 2019 sobre zonas francas, hay 374 empresas (un 27% nacionales y un 73% de capital extranjero) que emplean a unas 123.000 personas) un 10% por empresas nacionales y el 90% por empresas de capital extranjero), que compran localmente unos $2.100 millones (un 23% nacionales y un 77% de empresas de capital extranjero) y que exportan poco menos de $10.000 millones (un 9% de nacionales y un 91% de capital extranjero)”. (La Nación, 10 de enero de 2023).

El régimen definitivo de las empresas apenas creció un 1,8% y emplean al 85% del total de la producción nacional. Este “… régimen definitivo es más afectado por las altas tasas de interés, pero está destinado a generar más empleo, principalmente, para aquellos trabajadores menos calificados”. (La Nación, 31 de mayo de 2023). Por otra parte, hay que mencionar que ese régimen paga sus impuestos y, por ende, subsidia al sector más dinámico. En realidad, existe una competencia desleal de parte del régimen de zonas francas con respecto a las empresas del sector tradicional.

Eliminación de las Grandes Exoneraciones a las Empresas de Zonas Francas

El 15 de diciembre del año 2022 “… salió una noticia muy importante en The Wall Street Journal: la Unión Europea ya había logrado la ratificación de un acuerdo para establecer un impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales. Esta noticia plantea que la UE había superado la objeción de dos países miembros al acuerdo de octubre de 2021 en el que 137 países (Estados Unidos, la UE y Costa Rica entre ellos) acordaron imponer un mínimo del 15% del impuesto sobre la renta a empresas internacionales de gran envergadura, estuvieran donde estuvieran”. (La Nación, 10 de enero de 2023). Por tanto, es urgente y necesario que el gobierno de Chaves o la Asamblea Legislativa, cuando esta última tenga la iniciativa legislativa, a que elaboren un proyecto de ley en donde se establezca aplicar a las empresas de zonas francas el 15% impuesto sobre la renta. El gravamen de ese 15% sobre las zonas francas que es el sector más dinámico de la economía puede contribuir de forma muy importante en el proceso de reactivación económica que necesita el país, lo cual podría generar más empleo, disminuir la pobreza e incrementar los ingresos salariales de los trabajadores y, por ende, incrementar el consumo nacional.     

Con base en la situación señalada anteriormente realizamos las siguientes propuestas para reactivar la economía para generar más empleo y resolver otros problemas sociales y económicos que existen:

Propuestas de Reactivación Económica y Cambio de Modelo de Desarrollo

1. Para reducir drásticamente el alto desempleo tanto en el sector tradicional de la economía y reducir la alta informalidad que existe proponemos: elaborar e impulsar un Plan de Obras Públicas que le garantice trabajo a los sectores desempleados de bajo nivel educativo, el cual es el más golpeado por la desocupación. Este plan puede incluir la construcción de carreteras, escuelas y colegios deteriorados o que están en lugares insalubres, eliminación de los cientos de tugurios construyendo viviendas dignas y de bien social, construcción de hospitales modernos, construcción de alcantarillados y otras obras de construcción que estén identificadas por las instituciones a cargos. El financiamiento para realizar ese plan de Obras Públicas podría hacerse con los billones de colones que existen en las operadoras de pensiones.

2. La demanda se encuentra fuertemente deprimida y reducida por las políticas económicas del gobierno de Chaves, que incrementa el desempleo e informalidad, aumenta las tasas de interés, incrementa la pobreza y miseria, reducen los salarios y, por ende, conllevan a una drástica reducción del consumo nacional. y la incertidumbre de la situación de desaceleración económica. Por tanto, se requiere medidas para estimular el consumo. Por tanto, se propone impulsar una política de incrementos de salarios que compensen el índice de precios al consumidor (IPC) y de salarios mínimos reales crecientes, es decir, ya que estos salarios se han mantenido congelados por mucho tiempo y reduciéndose. Luchar contra el salario global que impone la Ley de Empleo Público.

3. Cambiar la matriz productiva del país. Esto requiere impulsar la industrialización, incorporando nuevas tecnologías y métodos de trabajo en la industria nacional, tales como industrializar los productos agrícolas, industrializar la agricultura con equipos y maquinarias modernos. Crear y desarrollar polos productivos en las regiones internas del país donde existe mucho desempleo, tales como Puntarenas, Limón, Guanacaste y otras.

4. Cambiar la matriz energética, impulsando el desarrollo de proyectos de producción de energía solar, geotérmica y otras. Estas tendrían dos objetivos centrales, reducir el gasto millonario en compra de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, descarbonizar la economía, evitando o reduciendo sensiblemente la contaminación ambiental, contribuyendo con la atenuación del cambio climático.

5. Que se haga efectivo destinar el 8% del PIB para la educación y de esa manera atraer a muchos jóvenes que han sido excluidos del sistema educativo. Aumentar la inversión del PIB en Ciencia, Tecnología e Innovación en educación para contribuir al desarrollo nacional.

6. Estimular el desarrollo las micros, pequeñas y medianas empresas mediante la condonación de las deudas de esos sectores productivos y las diferentes actividades económicas que tienen dificultades económicas, por problemas de cambio climático, de reducción de los precios internacionales, falta de tecnificación y modernización de los sectores.

7. Disminución de la tasa de política monetaria (TPM) y de las tasas de interés en el sistema bancario nacional para la contribución del proceso de reactivación económica.

8.  Moratoria del pago de la deuda externa e interna privada, intereses y capital, para utilizar esos dineros en la reactivación económica. Que algunas empresas e instituciones estatales le condonen la deuda pública interna al gobierno, tales como el INS, los bancos públicos como el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) y que esos dineros sean utilizados en el desarrollo del plan de obras pública y otros procesos de modernización de la estructura del país.

9. Combate a la alta evasión de impuesto, mediante diversos mecanismos, ya sean tecnológicos, confiscatorios e incluso la cárcel a los evasores.

10. Eliminación de las grandes exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas. Por un impuesto del 15% a las empresas del régimen especial.