NICARAGUA.- ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2017: ¡OTRA VEZ LLAMAMOS A VOTAR NULO!

Este domingo 5 de noviembre del año 2017, conforme al calendario electoral, se realizarán las elecciones municipales en Nicaragua, en un ambiente marcado por la apatía y el rechazo a los partidos políticos existentes. Esta es la tercera elección municipal desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reconquistó el gobierno en enero del 2007.

Profundos cambios antidemocráticos en el sistema electoral

En la última década, las elecciones realizadas en Nicaragua, tanto generales como municipales y regionales, han sido enturbiadas por las constantes denuncias de fraude electoral, por parte de la oposición burguesa y de algunos organismos de la llamada “sociedad civil”. Debido a que el FSLN controla todas las instituciones del Estado, resulta difícil verificar las denuncias. Pero “cuando el rio suena, piedras arrastra.” Aunque en algunos casos se trata de lamentos de una oposición burguesa dividida y derrotada, estas denuncias de fraude electoral reflejan también los cambios antidemocráticos del sistema electoral nicaragüense.

Desde 1979 hasta la fecha podemos ubicar tres periodos de cambios en el sistema electoral. El primer periodo (1979-1990) se inició con el triunfo de la insurrección popular en 1979 se destruyó el sistema bipartidista (partido liberal y partido conservador). En 1983 se aprobó la primera Ley de Partidos Políticos que reconocía el multipartidismo, lo que quedó consagrado en la Constitución de 1987. A pesar de la concentración de poder por parte del FSLN, de la guerra de agresión y de las grandes limitaciones materiales, en ese periodo la Ley Electoral fue muy generosa y respetaba la representación proporcional. Lo más democrático de este periodo fue la inclusión en la Ley Electoral de 1988 de las “candidaturas por suscripción popular”, es decir, se garantizó el derecho a que surgieran candidatos independientes, por fuera de los partidos políticos.

El segundo periodo (1990-2006) se inició en 1990, con la derrota de la revolución y la instauración del gobierno pro imperialista de Violeta Chamorro (1990-1997). Es el inicio del llamado periodo neoliberal, que duraría hasta 2016, y que significaría el retroceso y liquidación de las pocas conquistas de la revolución que quedaban en pie, y de una profunda reacción en el plano político y económico. Es el periodo de los planes de ajuste neoliberales, privatizaciones, devoluciones de propiedades y enriquecimiento de las camarillas gobernantes.

El FSLN entró de cabeza en este proceso de reacción. Como parte fundamental de la nueva burguesía, renegó de su pasado revolucionario y pudo sobrevivir. La reforma constitucional de 1995 reinstaló las mismas instituciones antidemocráticas del somocismo, al copiar párrafos enteros de la Constitución de 1974. Es el punto de inflexión y liquidación del sistema electoral relativamente democrático que existió en el periodo de la revolución. Bajo el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), en el año 1999, se produjo el Pacto entre Daniel Ortega y el presidente Arnoldo Alemán, que permitió el reparto de las instituciones del Estado en un 50% cada uno.

La Ley Electoral del año 2000 cambió radicalmente el sistema electoral, abolió las “candidaturas por suscripción popular”, fortaleciendo el monopolio de los partidos políticos que serían los únicos que podrían presentar candidatos. Se pasó de la representación proporcional heredado de la revolución, a un nuevo sistema donde los dos partidos mayoritarios se repartían las diputaciones, las alcaldías y los gobiernos regionales autónomos. Desde entonces predomina la “media mayor”, es decir, el sistema de cociente electoral que permite que los dos partidos mayoritarios se quedan con todos los cargos, a pesar de que en la Constitución todavía existe, al menos formalmente, el principio de representación proporcional.

Como parte de este proceso reaccionario, a los partidos minoritarios se los puso frente al pelotón de fusilamiento: si no participaban en las elecciones perdían la personalidad jurídica, pero si participaban deberían sacar al menos el 4% de los votos, para seguir siendo considerado un partido político. “Si te corres te tiro, y si te paras te mato”. Y para constituir nuevos partidos se requerían juntas directivas en todos los municipios del país. Estos cambios están destinados a destruir a la competencia. Se destruyó el derecho de las minorías a organizar sus propios partidos.

Las reformas constitucionales del año 2000 y 2005 sentaron las bases de un sistema bipartidista, entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán y el FSLN. Pero la voluntad del FSLN de reconquistar el poder dislocó al naciente bipartidismo. El Pacto de 1999 suponía la alternabilidad en el poder, pero el FSLN no respetó las reglas cuando el FSLN ganó las elecciones en noviembre del 2006, aprovechando hábilmente la división del liberalismo. Una vez en el poder, el FSLN impondría su hegemonía.

El tercer periodo (2007-2017) se inició con la reconquista de la presidencia de Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Inmediatamente se inició un proceso de centralización del poder, manipulando y jugando con los dos partidos liberales. En proceso contradictorio el FSLN logró copar todas las instituciones, incluido, por supuesto, el vital Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo encargado de organizar los procesos electorales.

El régimen bonapartista y el CSE

Esta centralización del poder condujo a la instauración de la hegemonía del FSLN sobre el resto de partidos, a la instauración de un régimen político en los hechos: un bonapartismo donde Daniel Ortega se convertía en el árbitro supremo de la nación. Este bonapartismo en el plano político tenía su contrapartida en el plano económico. La centralización extrema del poder era necesaria para iniciar con rapidez un proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, a partir d los recursos del Estado y del manejo discrecional del convenio petrolero con Venezuela le permitió al gobierno de Ortega, contar con los recursos líquidos para montar un conglomerado de empresas y ampliar su clientela electoral. El bipartidismo ya no tenía razón de ser, se disolvió en la medida en que el PLC dejó de ser el gran competidor. Para llenar el vacío, el FSLN promovió la creación de partidos aliados que, conforme la Ley Electoral, tendría que ocupar los principales cargos dentro del CSE.

En el año 2016, en las postrimerías de las elecciones generales, el bonapartismo de Ortega llegó al extremo de destituir diputados opositores, bajo el falso argumento de “transfuguismo político”. La reforma constitucional del año 2014 introdujo la penalidad de la destitución del cargo a los “tránsfugas”, pasando por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones. Cualquier diputado o alcalde puede ser acusado de “tránsfuga” y es destituido inmediatamente por el CSE. Las resoluciones del CSE en material electoral no pueden ser cuestionadas, según la reforma de 1995. El CSE se ha convertido en el gran elector e institución encargada de destituir a los diputados y alcaldes rebeldes. Para sostener el bonapartismo el control total del CSE pasó a ser la más grande prioridad política.

Fraude electoral y abstencionismo

Las elecciones municipales del 2008 fueron denunciadas como fraudulentas. Bajo un régimen que controla todo, hasta las denuncias de fraudes son difíciles de comprobar, pero estas denuncias, contradictoriamente, provocan un rechazo pasivo del movimiento de masas que se traducen en un incremento de la abstención electoral.

Una situación similar ocurrió con las elecciones municipales del año 2012, donde se incrementó el abstencionismo electoral. ¿Para que ir a votar si al final ya sabemos quién va a ganar?, se preguntan muchos. Esta es una expresión popular que refleja el desencanto con el sistema electoral, pero que beneficia al gobierno porque de esta manera el voto duro o cautivo del FSLN se transforma en amplia mayoría bajo un panorama de alta abstención electoral.

Reformas y contrarreformas a la Ley Electoral

La situación es tan critica que, asustados por la alta abstención durante las elecciones generales del año 2016, el gobierno del FSLN ha impulsado a última hora una seria de cambios a la Ley Electoral para supuestamente promover la participación en las elecciones municipales.

En el año 2012, una reforma a la Ley Electoral creó un padrón electoral activo y pasivo. Los partidos de oposición creyeron obtener la ansiada depuración del padrón electoral, pero el resultado fue que la escasa credibilidad en el CSE hizo crecer enormemente el padrón pasivo, al grado tal que más de un tercio de los votantes quedarían excluidos de las Junta Receptora de Votos (JRV) y, por lo tanto, sin derecho al voto en las elecciones municipales.

Recientemente, el FSLN promovió una reforma a la Ley Electoral, en sentido inverso y de carácter transitorio, con el objetivo de que, en las elecciones de noviembre del 2017, cualquier persona que haya sido trasladada al padrón pasivo pueda solicitar su inclusión en cualquier JRV, con el objetivo de garantizar el derecho al voto, con el único requisito de presentar su cedula de identidad.

Si bien es cierto que esta reforma garantiza el derecho al voto, también crea condiciones para que existe voto múltiple en las próximas elecciones. De esta manera Ortega combate la abstención electoral, pero quedando con las manos libres para manipular las votaciones, con los antecedentes de anteriores denuncias de voto múltiple a favor del partido de gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno de Ortega ha hecho algunas concesiones a los partidos de la oposición burguesa, dentro de los organismos electorales, para garantizar su participación ante la vigilancia de los observadores de la OEA. Estas concesiones no constituyen una real democratización, sino un burdo maquillaje. El colapso del sistema electoral antidemocrático es evidente, la falta de legitimidad y credibilidad continúa provocando el rechazo pasivo y la exclusión de la mayoría de los electores.

Las preocupaciones de la Iglesia Católica

Los Obispos en su última Carta Pastoral, con un lenguaje sibilino, lleno de ambigüedades, se pronunciaron sobre el cada vez más grave problema de la abstención electoral, llamando a participar en los comicios: “A quince días de efectuarse las próximas elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017,  los  obispos  de  la  Conferencia  Episcopal  de  Nicaragua,  constatamos  que  en  su mayoría, las problemáticas en esta materia, siguen siendo las mismas que mencionamos en el Comunicado del pasado 26 de septiembre de 2012 y en el documento emitido en el diálogo con el Presidente de la República el 21 de mayo de 2014 (…) La desmoralización de un pueblo conduce a la apatía, a dejar que otros hagan, que otros decidan; nunca olviden que somos nosotros, el pueblo nicaragüense,  quien  tendrá  la última  palabra  y  podrá  decidir  el  horizonte  que  el  país  deba  tomar. La fuerza que trasforma una sociedad es la del pueblo que, animado por la justicia y la libertad se edifica en las virtudes del bien común, la verdad y la justicia social.  Seamos actores y no espectadores (…) Cuando un pueblo cae en el pesimismo pierde el aliento de vida, corre el riesgo de ser una veleta (…) Los sueños no se hacen realidad solos, es el pueblo quien hace realidad sus sueños. No nos sentemos a esperar, hagamos realidad los sueños de una nación verdadera (…)”

La Iglesia Católica, como baluarte de la reacción, huele el peligro y comprende que esta etapa de apatía y desmoralización de las masas populares puede ser la antesala de un estallido revolucionario, y por eso llama a votar, a luchar contra el rechazo pasivo, para encausar el descontento popular por la vía de las elecciones creíbles, y no por la vía revolucionaria, como ocurrió en 1979. Su crítica al gobierno sandinista se resume en pocas palabras: “vuelvan a un sistema electoral creíble”.

Los acuerdos con la OEA y las presiones de la Nica Act

A pesar de que, a mediados del 2016, Daniel Ortega dijo, en el Congreso del FSLN, que no habría nunca más observación electoral extranjera, a inicios del 2017 firmó con la Organización de Estados Americanos (OEA) un acuerdo para perfeccionar la democracia y el sistema electoral, el que deberá cumplirse en un espacio de tiempo de 3 0 4 años y cuya finalización coincide con las elecciones generales del año del 2021.

Mientras tanto, en el año 2016 y 2017, en el Congreso de los Estados Unidos, los sectores más derechistas de los partidos Republicano y Demócrata han impulsado en dos ocasiones el proyecto de ley conocido como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, con el objetivo de presionar al presidente Daniel Ortega a desmontar el régimen bonapartista, y democratizar un poco las instituciones del Estado.

Pero esta vital necesidad de democratizar realmente a la sociedad nicaragüense jamás será obra de la injerencia de la OEA o del Congreso de los Estados Unidos. Solo los trabajadores y las masas populares pueden derrotar el régimen bonapartista y conquistar las necesarias libertades democráticas que se requieren para movilizarse, luchar y vencer.

No hay por quién votar

En este contexto de presiones imperialistas, por un lado, y de enorme rechazo pasivo que se manifestó en la altísima abstención electoral durante las elecciones generales del 2016, es que se van a realizar las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2017.

La campaña electoral ha sido nuevamente insípida, plagada de promesas increíbles e irrealizables por todos los candidatos que participan, incluidos los del gobernante FSLN. Desde el año 2000, cuando los partidos de izquierda fueron ilegalizados, los trabajadores y los sectores de izquierda por fuera del FSLN, no hemos tenido la más mínima oportunidad de participar en elecciones. En el fondo, la izquierda ha sido proscrita por las reformas constitucionales y de la Ley Electoral. Los trabajadores tampoco pueden presentar sus propios candidatos, debido a que fueron derogadas las asociaciones de suscripción popular. Otra vez debemos afirmar categóricamente que no hay por quién votar. Los partidos que se presentan a las elecciones tienen programas que defienden el statu quo y el sistema capitalista.

Llamamos al voto nulo

El sistema electoral en Nicaragua ha colapsado, en la medida en que la mayoría de la población desconfía abiertamente del CSE y siente que votar ya no tiene sentido. Esta desconfianza sigue siendo pasiva, individual, molecular. Necesitamos convertir el rechazo pasivo en rechazo activo. Por eso, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a votar nulo en las próximas elecciones municipales. No permitamos que nuestro voto sea usado por otras personas. Si la papeleta queda en blanco, puede ser llenada por los representantes de los partidos en las JRV. Que el gobierno de Daniel Ortega cuente nuestro rechazo activo al actual sistema electoral antidemocrático

Hemos retrocedido a niveles increíbles. Estamos viviendo una situación similar a la que vivimos en la época de lucha contra el somocismo, cuando nos fue arrebatado el derecho de elegir y ser elegido. La lucha por la democratización del sistema electoral solo puede ser librado de manera consecuente por los trabajadores y la izquierda, repudiando al gobierno de Ortega, repudiando a los partidos de la oposición burguesa, y creando nuestra propia alternativa política independiente.

Centroamérica, 31 de octubre del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Carta Abierta a las centrales obreras y organizaciones sindicales de El Salvador:

Todavía estamos a tiempo de lograr candidatos a diputados por los sindicatos y trabajadores

Recientemente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó a elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa e integrantes de Concejos Municipales, las que se realizaran el 4 de marzo de 2018, con un  padrón electoral de 5 millones 200 mil electores potenciales.

Hasta el momento se encuentran legalmente inscritos un total de diez partidos políticos entre los que están: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Cambio Democrático (CD), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido Salvadoreño Progresista (PSP), Partido Social Demócrata (PSD), Democracia Salvadoreña (DS).

Ninguno de estos partidos reflejan los intereses y aspiraciones de los trabajadores. Algunos de ellos, como el FMLN, tradicionalmente han hablado en nombre de los trabajadores, pero una vez que han conquistado el gobierno, en los últimos 8 años han adoptado políticas contra los trabajadores. ARENA y sus escisiones, siempre han estado del lado de la patronal, en contra de los trabajadores

Descontento popular y falta de defensa de los intereses de la clase trabajadora

Desde la firma y aplicación de los Acuerdos de “Paz” en 1992, se han realizado a la fecha un total de 26 elecciones. En todos estos años se han realizado algunas reformas al sistema electoral, pero estas no han conducido a una verdadera democratización.

Desde entonces, la cúpula del FMLN ha participado en diversas elecciones, ha ganado espacios en la Asamblea Legislativa, pero sus diputados nunca han promovido leyes que verdaderamente favorezcan a la clase trabajadora y los pobres. Hablan en nuestros nombres, pero vivimos cada vez peor, en condiciones cada vez mas duras.

En la actualidad ningun Diputado o Diputada de los diferentes partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa representa y defiende los intereses de la clase trabajadora, más bien busca capitalizar el descontento de la clase trabajadora a su conveniencia; basta ver como todas las bancadas se pusieron de acuerdo para aprobar las recientes reformas realizadas al sistema de pensiones, las que constituyen una estocada mortal en el tema de pensiones y jubilaciones. No tenemos un solo diputado que hable en nuestro nombre y de verdad defienda los intereses de los trabajadores

Por representantes obreros, populares, campesinos e indígenas

Esta situación de orfandad política de los trabajadores debe terminar. La falta de candidatos a diputados que representen y sean portavoces de las demandas y los intereses de las grandes mayorías, nos obliga a promover el debate sobre la necesidad de que la clase trabajadora, los indígenas, los campesinos y demás sectores populares, utilizando la figura legal de los “candidatos no partidarios” participemos en las próximas elecciones legislativas que se realizaran el 4 de marzo de 2018.

El tiempo apremia, debemos vencer los obstáculos y requisitos legales del antidemocrático sistema electoral. No hay peor lucha que la que no se libra. Creemos que ha llegado el momento que las centrales obreras y las organizaciones sindicales deben actuar por su propia cuenta, que se liberen del yugo partidario que las asfixia, tanto del FMLN como del derechista ARENA. El movimiento sindical salvadoreño debe recuperar el protagonismo de antaño, cuando se escribieron páginas de honor y de gloria, cuando se lograron las conquistas históricas que hoy sin ningún pudor nos arrebatan: el Escalafón que nos entregan retaceado, las pensiones y jubilaciones cada vez más simbólicas que reales.

Tenemos un corto espacio de tiempo para discutir, decidir y actuar. Hoy más que nunca está planteada la necesidad de postular candidatos no partidarios, desde las organizaciones sindicales y populares. Estos candidatos no partidarios a diputados deben ser propuestos y nombrados desde las bases. Con un debate democrático y participación de las bases de los sindicatos, tenemos garantizado el cumplimiento de los requisitos de inscripción, recolecta de firmar, etc. Lo que necesitamos es la voluntad de acero de aquellos dirigentes de organizaciones sindicales que han estado peleando solos contra las políticas anti obreras del actual gobierno

El camino de la abstención o del voto nulo

Si las organizaciones sindicales, populares y de izquierda, no logramos formar este frente o coalición por candidatos de los trabajadores, bajo la figura de no partidarios, después solo quedaría el camino de la resistencia pasiva llamando al voto nulo o la abstención.

El descontento debe ser transformado en fuerza activa. Si nos unimos los sindicatos bajo el lema de tener nuestros propios diputados, ese descontento popular que sentimos a diario a nuestros centros de trabajo y estudio, en las calles, puede dar un resultado positivo con una bancada incorruptible de diputados de los trabajadores, la que lucharía incansablemente por aprobar leyes a favor de los trabajadores, y no en contra como ha sucedido bajo los gobiernos de ARENA y del FMLN, que han resultado ser casi lo mismo.

Ustedes, compañeros y compañeras, dirigentes y activistas sindicales, tienen la última palabra

Centroamérica, diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


Dentro de la agenda establecida por el rector interino, Francisco Herrera, para los seis meses que durará su estancia en la UNAH, está el acercamiento inmediato a los distintos sectores que se han manifestado durante la crisis: con el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en primera instancia.

Luego tiene programado reunirse con los sectores en descontento que nacieron como grupos de choque u oposición del MEU: el Bloque Amplio Universitario (BAU); la Comisión Estudiantil Universitaria (CEU) –que está compuesta por estudiantes de derecho que reniegan de los pasos y determinaciones que han tomado los dirigentes en su carrera. Se reunirá también con los Frentes históricos, que en resumidas cuentas, han aparecido en el conflicto tomando posición de un bando y otro, como es el caso del FUR, BARM, FUUD, y demás frentes, con las autoridades, y el caso excepcional del FRU.

Las jornadas de acercamiento llevadas a cabo por el nuevo rector comenzaron el 30 de septiembre con algunos representantes del MEU, y luego con representantes de la FUR el 2 de octubre. El pasado 3 de octubre fue el último acercamiento entre el rector y estos sectores en Ciudad Universitaria; y al parecer los acercamientos se extenderán hasta los centros regionales –luego del feriado morazánico.

Los judicializados no son un tema prioritario para el rector Francisco Herrera

El pasado 27 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias en el Colegio de Abogados de Tegucigalpa, para los compañeros que fueron detenidos en el desalojo del viernes 8 de septiembre en la UNAH. Compañeros pertenecientes a movimientos independientes, estudiantes de Historia, Sociología, y otras carreras combativas fueron “enchachados”, y encerrados en celdas de la posta policial del Core 7 de Tegucigalpa.

También varios compañeros de ingeniería fueron golpeados en este violento desalojo, en donde hasta a defensores de derechos humanos se les lanzó gas pimienta en su rostro. Todo un escándalo que dejó conmocionada a la comunidad universitaria y al país.

Julieta Castellanos, como rectora de la Universidad, en toda su gestión –logró llevar a los juzgados a más de 170 estudiantes a nivel nacional–, dejó por sentado que, simplemente, al haber estudiantes rehenes se puede llegar a un equivalente en las negociaciones. Mientras exista el conflicto en la Universidad es necesario negociar con intercambios en la mesa. Y esta estratagema la seguirá utilizando, mientras le sea posible, el nuevo rector Francisco Herrera, quien no ha dado declaración consistente sobre el tema de los criminalizados.

La audiencia que se les hicieran a los compañeros el 27 de septiembre, tuvo como resultado la prisión preventiva para Marcio Silva, estudiante de psicología; sobreseimiento definitivo para algunos, y auto de formal procesamiento para otros. Siendo el “delito” por el que se les acusaba a varios de ellos, la “usurpación”, como si los estudiantes pueden usurpar sus propias aulas.

El objetivo del rector interino es pulverizar al movimiento estudiantil

A Francisco Herrera le tocó asumir la rectoría de la UNAH en un momento de quiebre y fragilidad del movimiento estudiantil, en donde las derrotas a secas han dejado mal parado al MEU ante la mayoría de estudiantes universitarios: con el anteproyecto de ley, que fue trastocado por los mediocres congresistas, quienes mandaron a volar la propuesta del Gobierno Universitario Provisional, desmantelando así el último programa de la dirigencia del MEU; las tomas de edificios, que se convirtieron en un método fallido en el preciso momento en que la mayoría de los estudiantes no acuerparon dicha acción; el fracaso de la dirigencia del movimiento al forzar la opinión general de los estudiantes en las asambleas, como el caso de la asociación de derecho; etcétera.

Julieta Castellanos dejó establecidas las pautas a la nueva administración de Francisco Herrera, para que la derrota del movimiento estudiantil se fraguara en esta nueva etapa en que transcurre hoy día. El tema de las elecciones estudiantiles mantiene en un constante ajetreo a los dirigentes del MEU, quienes ya empiezan a atacar cualquier protagonismo que les haga competencia, como los movimientos independientes, por ejemplo. Las asociaciones de carreras no son instadas a convocar a asambleas estudiantiles; y el nefasto vinculo de la mayor parte de la dirigencia del MEU al partido Libre (ahora la Alianza) genera incertidumbre en los pasos que ahora en adelante seguirá el movimiento estudiantil. Quizá la estrategia del nuevo rector se condense en la “espera” del total fraccionamiento del MEU, pero no es una espera pasiva, sino que trabaja arduamente para consumar la meta establecida por Julieta Castellanos

Estar vigilantes en las Asociaciones de carreras y volver a las asambleas estudiantiles debe ser una prioridad

En anteriores Declaraciones sobre el tema de la lucha estudiantil universitaria, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos instado al regreso inaplazable de las asambleas estudiantiles, creemos que uno de los reductos principales en donde la política interna del movimiento estudiantil se construye, es en estos espacios de discusión de cada carrera.

La fragmentación del MEU se agudiza, precisamente, por no llevar a cada espacio asambleario la problemática, la explicación de las etapas por las que ha pasado el movimiento, y construir democráticamente los balances necesarios, que orienten hacia verdaderas estrategias.

Quién debe pormenorizar en los pasos, aciertos o errores, que ha dado el movimiento estudiantil son los propios estudiantes reunidos en asambleas, no grupos vanguardistas que asumen por cuenta propia, sin mandato democrático alguno, la representación irrestricta de su carrera, en cada espacio. Las asociaciones de carreras tienen esa gran tarea en estos momentos: vigilar que cada Junta Directiva respete la decisión de la mayoría de estudiantes; que se respete de igual forma la integridad estatutaria de las asociaciones, pues los casos de modificaciones –o derogaciones– precipitadas (sin la necesaria discusión democrática) de reglamentos y estatutos, suelen conllevar el reinicio de procesos ya consumados, lo que significa botar a la basura lo ya trabajado: por ejemplo en Filosofía y otras carreras, en donde el peso del oportunismo terminó degradando esfuerzos organizativos irrecuperables.

La pasividad de las Asociaciones de Carreras puede convertirse en el aliciente más añorado por el rector interino y su administración. La lucha del movimiento estudiantil no puede terminar en la celebración de elecciones estudiantiles, reiteramos que todavía se encuentran pendientes varios temas sin resolver, como el de las normas académicas; la pronta aplicación gradual de cobros en la UNAH; la pérdida gradual de la autonomía debido al ingreso ya recurrente de los aparatos represivos del Estado; y el cese de una vez por todas, de la criminalización de estudiantes. La representación estudiantil es apenas uno de los grandes puntos de lucha, no es el único.

Un movimiento estudiantil organizado debe luchar contra el intento reeleccionista de JOH

No ha sido novedad alguna el hecho de que los diputados del Congreso Nacional, a quienes la conducción del MEU erróneamente les ofreció en bandeja de plata la solución del conflicto en la UNAH, arremetan a diestra y siniestra nuevamente contra el Movimiento Estudiantil; y más que todo, con la simbólica capucha que portan la mayoría de compañeros en calidad de protesta, y también por un asunto de seguridad, ya que la persecución selectiva ha sido un distintivo notorio en el régimen de Julieta Castellanos y seguramente bajo el nuevo rector Francisco Herrera.

El lunes 9 de octubre, en la apertura de campaña que hicieran los nacionalistas de su ilegal candidato Juan Orlando Hernández, se dio a conocer sin excusa alguna la desafiante política que tiene el Congreso y el ejecutivo para con el movimiento estudiantil: señalaron de caóticas las acciones de protesta que han llevado a cabo los compañeros en los distintos enfrentamientos con la policía, con ello están creando un nuevo ambiente de agresiones contra los estudiantes, justificando los procesos penales contra los estudiantes-rehenes

Los encargados de dicha apertura de campaña, elaboraron una actuación en donde se representó a los compañeros encapuchados del movimiento estudiantil como monigotes de Libre, y fieles causantes de la problemática del país. Este tipo de manifestación alusiva al movimiento estudiantil denota una afrenta no declarada todavía entre el gobierno nacionalista y el movimiento estudiantil. Aunque en el movimiento estudiantil convergen diferentes posturas ideológicas, es necesario dar por sentado que el bipartidismo, y más que todo el gobierno cachureco, no cesará en su intento de encarcelar y desaparecer cualquier protesta de parte de la juventud que lucha contra la reelección.

De tal manera que ya se vuelve necesario insistir, en que forme parte del programa del movimiento estudiantil, una postura primeramente en contra de la reelección del gobierno cachureco, seguido de una amplia jornada de protestas que materialicen el descontento generalizado en la población estudiantil. Las elecciones de Noviembre se acercan, y no podemos estar en calidad de expectantes de lo que pueda pasar en el país si se reelige JOH. El movimiento estudiantil tiene que estar ya a un paso de tomar un cariz más antigubernamental si es necesario, pues los intentos dictatoriales de JOH no pueden encontrarnos sentados y a la espera de una incontenible represión, persecución y desaparición, tal como en el tiempo de Carías, donde dieciséis años asolaron la libertad de muchos jóvenes.

Centroamérica, 9 de Octubre del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


La privatización de la administración del sistema de pensiones por parte del gobierno de Armando Calderón Sol, en el año 1996, significaron en los últimos 20 años un jugoso negocio para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) , y un robo de las cotizaciones de la clase trabajadora salvadoreña. Esta privatización generó una creciente deuda para el Estado, la que, al acumularse en el tiempo, y combinada con la crisis fiscal, ha provocado un impago por parte del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Tras varios meses de intenso forcejeo entre los dueños de las AFP y el gobierno del FMLN, la Asamblea Legislativa aprobó casi unánimamente en la madrugada del 28 de septiembre del 2017, un conjunto de reformas al privatizado sistema de pensiones, que constituyen una estocada mortal contra la clase trabajadora.

1.- De las maniobras de ARENA y el  FMLN

Para imponer la privatización, el gobierno de Calderón prometió una mejor pensión, cambiando, sin consultar a los trabajadores, el sistema de reparto por el sistema de capitalización o de ahorro individual. Muchos trabajadores cayeron en la trampa. Los resultados apenas comienzas a verse y sentirse.

En pocos años el sistema  previsional entró en crisis debido a que una parte de los trabajadores quedó con el Estado, mientras otra parte  fue obligada a pasarse a las AFP, pero siempre quedó el  Estado obligado a pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, o de los que estaban próximos a jubilarse, siendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) encargado de jubilar y pensionar a los trabajadores del sector privado, mientras el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) era el encargado de jubilar y pensionar a los trabajadores públicos. Mientras las AFP jineteaban el dinero de los trabajadores, el Estado siempre tenía que asumir un alto porcentaje del pago de pensiones, lo que dio inicio a una crisis. La solución a dicho problema por parte del gobierno de Francisco Flores fue la emisión de Bonos, es decir, aumentó la deuda publica

Los Bonos con el tiempo fueron insuficientes para solventar la deuda del Estado respecto al pago de las pensiones, lo que motivó que, bajo el gobierno de Antonio Saca, la Asamblea Legislativa aprobara la Ley del  Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para cubrir el hueco de la deuda mediante Certificados de Inversión Provisional (CIP) que obligó a trasladar al FOP hasta un máximo del 30% de los ahorros de las cotizaciones de los trabajadores, pero los dueños de las AFP, la empresa privada y los partidos políticos del régimen, mantuvieron el silencio.

Bajo el primer el gobierno del FMLN, siendo presidente Mauricio Funes, la crisis fiscal aumentó, se agudizó el problema del pago de las pensiones, obligándole a aumentar del 30 al 45% los porcentajes de los Certificados de Inversión Provisional (CIP), al mismo tiempo que bajaba los intereses del 3% al 1.5 %, reduciendo las ganancias de los fondos de los trabajadores, lo que le permitiría continuar pagando las miserables pensiones del ISSS y del INPEP.

Es bajo el segundo gobierno del FMLN, siendo presidente Salvador Sánchez Cerén que la crisis fiscal y la crisis del sistema de pensiones ha llegado a niveles insostenibles, la que se agudizó por los constantes bloqueos financieros mediante sentencias de la Sala de lo Constitucional y  el boicot de ARENA en la Asamblea Legislativa, cayendo en determinados momentos en impagos. Como salida coyuntural, alargando la agonía del sistema privatizado de pensiones, el gobierno  del FMLN  cambió el plazo de vencimiento para el pago de los CIP de 25 a 50 años, con un periodo de gracia de cinco años, en los cuales solo pagará los intereses; aumentó los porcentajes del 45 al 50%  los Certificados de Inversión Provisional (CIP) y reorientó fondos presupuestarios (léase reducciones al presupuesto) destinados a educación y salud. Pero estas medidas de austeridad contra los trabajadores resultaron inútiles, ya el partido ARENA, desde su control de la Sala Constitucional, impulsó sentencias que declararon inconstitucionales casi todas las decisiones del gobierno del FMLN. Con ello, ARENA estaba creando las condiciones para negociar la propuesta gubernamental de reformar el sistema de pensiones, protegiendo los intereses de la oligarquía financiera que maneja las AFP, perjudicando a la clase trabajadora.

2.- FMLN desiste de sistema mixto

El boicot de ARENA rindió frutos. En el año 2017, el gobierno de Sánchez Cerén ya no contaba con fondos para continuar pagando las deudas surgidas a raíz de la privatización de la administración de las pensiones. La última propuesta del gobierno del FMLN fue la creación de un sistema mixto de pensiones, mediante el cual las AFP continuarían administrando una parte de las pensiones y el Estado administraría otra parte. La respuesta de la derecha y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) fue un rechazo rotundo, realizando una gigantesca campaña mediática en contra.

El gobierno del FMLN sabía que la propuesta del sistema mixto no pasaría dentro de la Asamblea Legislativa, debido a que no contaba con los votos de los Diputados de ARENA y demás partidos de la oposición de derecha, a menos que llegara a un acuerdo o negociación con dichos partidos. En realidad, la propuesta del FMLN solo sirvió para presionar a una negociación que permitiera al gobierno obtener algunos fondos de emergencia para aliviar la crisis fiscal, a cambio de permitir a la AFP continuaran con su fabuloso negocio.

3.- Organizaciones sindicales rechazaron a las AFP

Lo propuesta del FMLN de crear un sistema mixto de pensiones, contó con la aprobación de ciertas organizaciones sindicales, pero también hubo rechazo por parte de ciertas organizaciones políticas, sindicales y populares. A medida que pasaba el tiempo, las organizaciones sindicales, tanto afines al gobierno como la oposición de izquierda, se movilizaron y presentaron varias propuestas de reformas al privatizado sistema de pensiones, poco a poco se fue formando un bloque que coincidía en la necesidad de eliminar las AFPs, crear un nuevo sistema de pensiones que garantice pensiones dignas acorde al costo de la vida, que no se aumente la edad mínima para jubilarse, que no se aumenten las cotizaciones para los trabajadores. No obstante, el FMLN manipuló este sentimiento unitario de los trabajadores y sus acciones de protestas, para forzar a que la derecha accediera parte de sus propuestas.

4.- Gobierno y AFP  se repartieron las cotizaciones de los trabajadores

Al final, el gobierno del FMLN abandonó sus posturas iniciales. Aquejado por la crisis fiscal, los diputados del FMLN y de las diferentes facciones de todos los partidos políticos de derecha representados en la Asamblea Legislativa, con el auspicio de representantes de organismos financieros internacionales, cocinaron un acuerdo en horas de la madrugada del pasado 28 de septiembre del 2017,  aprobando con 74 votos de todos los partidos y solo tres abstenciones una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que mantiene con vida la privatización del sistema de pensiones

Esta reforma fue alabada por ARENA, el gran empresariado y el gobierno del FMLN. Todos están felices. Los empresarios porque que la permanencia de las AFP garantiza la especulación financiera con los fondos de pensiones de los trabajadores. El gobierno del FMLN también porque ha logrado un respiro financiero, aunque la deuda publica sigue subiendo.

5.- Algunos aspectos dañinos de la reforma aprobada

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que la última  reforma es una continuación de la privatización del sistema de pensiones, iniciada bajo los gobiernos de ARENA, y confirmada bajo el gobierno del FMLN,. Esta reforma no soluciona la crisis del pago de las pensiones

Invitamos a los sindicatos, a los trabajadores y al pueblo, a revisar los siguientes temas que fueron aprobados en el madrugonazo del 28 de septiembre.

a.- Aumento de las cotizaciones: Antes de esta reforma, la cotización global a las AFP era del 13 %. Con la reforma aumenta a un 15 % del ingreso base, de lo cual el trabajador tendrá que aportar 1% más de su salario pasando de 6.25 % al 7.25 %, mientras el patrón pagara también un 1% mas pasando del 6.75 % al 7.75 %. No es lo mismo el pago del 1% para un trabajador, que para un patrón. El nivel de ingresos es abismalmente diferente. Lo anterior afecta directamente a la clase trabajadora por que el salario se reducirá. Una reforma justa hubiese sido cargar el aumento de cotización al patrón y al Estado.

b.- Comisión para las AFP: Como una forma de engañar a los trabajadores, algunas de las exigencias contra las AFP fueron formalmente incorporadas. El porcentaje de comisión que se paga a las AFP aparentemente fue reducido. Anteriormente era del 2.2% del ingreso y lo aportaba el empleador, con la reforma será del 1.9 % del ingreso base de cotización. No obstante, se debe tener en cuenta anteriormente se pagaba el 13 %  en concepto de cotización, ahora se pagará el 15 %, por lo cual aunque disminuyó el porcentaje de pago de comisión, al mismo tiempo aumentó el porcentaje de la cotización, a un nivel que anula la disminución del pago de comisiones.

c.- Cuenta de Garantía Solidaria: A esta cuenta irán inicialmente el 5 % del ingreso base de cotización; y disminuirá levemente a través de los años hasta llegar a 2 % en 2050…” esta es una cuenta que servirá para tener derecho a una pensión de longevidad después de 20 años de recibir pensión…en la cual … dará derecho a una pensión de longevidad. A esta tendrán derecho los afiliados pensionados por vejez y los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia y los afiliados con beneficio económico permanente...tendrá derecho a percibir un beneficio de longevidad…Cuando hubieren transcurrido 20 años después del otorgamiento de la pensión de vejez o como máximo cuando hubiesen cumplido 85 años los hombres u 80 años las mujeres…Las personas que no cumplen los requisitos para recibir una pensión de vejez podrá recibir una compensación o devolución de una parte. La cuenta será administrada por las AFP…” (DEM.28/09/2017).

Con la creación de dicha cuenta, en la práctica las AFP están robando 5% de las aportaciones de los trabajadores. En primer lugar, por que proponen que se reducirá hasta el 2% en el año 2050. En segundo lugar, dicho porcentaje del 5% se podrá hacer uso hasta que hayan transcurrido 20 años después del otorgamiento de la pensión de vejez, o como máximo cuando hubiesen cumplido 85 años los hombres u 80 años las mujeres. En tercer lugar, a las personas que no cumplan los requisitos solo les será devuelta una parte.

Mientras las AFP obtienen grandes ganancias, estas nuevamente buscan endeudar al Estado ya que este se ha comprometido a inyectar fondos a “…partir de 2020 hasta un máximo de 2.5 % del presupuesto general de la nación para pensiones mínimas si la cuenta solidaria es insuficiente, en 2018 y 2019, podrá inyectar 1.7 %.” (DEM.28/09/2017).

d.- Inversión de Fondos: Las AFP se caracterizan por hacer negocios especulativos con los ahorros de la clase trabajadora. Para lidiar con la crisis financiera en materia de pago de pensiones, los gobiernos tanto de ARENA como del FMLN, echaron mano sobre los ahorros de los trabajadores. Cuando ARENA gobernaba y utilizaba el dinero de los fondos de pensiones, la Sala Constitucional no decía nada, cuando el FMLN gobernó e intentó hacer lo mismo, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Con la reforma nuevamente se ponen en riesgo los fondos de ahorro de las pensiones. Esta contempla que, para poder invertir los ahorros de las pensiones, se crearán de una serie de fondos: Fondo Crecimiento, Fondo Moderado, Fondo Conservador,       Fondo Especial de Retiro. Con la reforma los límites de inversión del Fondo de Pensiones aumentaron del 20 % y 45 %. Nada asegura una rentabilidad de los ahorros y deja en manos de las AFP el destino final de estos ahorros.

e.- Anticipo de 25% de los ahorros de pensión:  La crisis financiera y fiscal está asfixiando a la clase trabajadora y a la clase media. La oligarquía financiera y el gobierno busca aprovecharlo a su favor. ofreciéndole a los trabajadores el poder hacer uso de un 25% de sus ahorros. Pero existen ciertas condiciones que los trabajadores deben cumplir para hacer uso de sus propios ahorros; para ello deben haber cotizado al menos 10 años y no estar jubilados.

Lo anterior también dependerá de la edad del cotizante:  En 2017 podrán hacer uso de este adelanto de saldo, los hombres de 58 años de edad en adelante, y las mujeres de 53 años en adelante. En 2018 los hombres que tengan 56 años o más y mujeres de 51 años en adelante. En 2019 los hombres de 54 años en adelante, y las mujeres a partir de los 49 años. En 2020 hombres desde los 52 años, y las mujeres desde los 47. En 2021 hombres desde los 50 años, y mujeres desde los 45. En 2022 hombre de 46 años en adelante y de 41 en adelante para las mujeres. En 2023 se elimina el requisito de edad para las mujeres, podrán hacer uso anticipado de parte de sus ahorros las de cualquier edad.  Mientras los hombres lo podrán hacer de los 42 años de edad en adelante. Desde 2024 hombres y mujeres de cualquier edad, debiendo cumplir el requisito de haber cotizado 10 años.

En realidad, solo una minoría de cotizantes podrá hacer uso del 25% de sus ahorros.  Esta es una reforma engañosa ya que no todos los cotizantes podrán usar este supuesto beneficio, y en caso de hacerlo y no pagarlo la edad para jubilarse aumentaría.

Estamos ante una estrategia mediante la cual las AFP buscan quedarse con el ahorro de las pensiones, a la vez que estarían alargando el tiempo de jubilación. Si leemos con cuidado observaremos que si …usas una quinta parte o menos de ese 25 %, deberás trabajar un año más. Si usaste dos quintas partes, dos años; si usas tres quintas partes, tres años; cuatro quintas partes, cuatro años, y si retiraste el 25 % completo, cinco años más.” (LPG. 05/10/17).

f.- Edad de Jubilación: Por el momento directamente la edad mínima para jubilarse no fue aumentada, pero la reforma dejó sentado que se revisará para el 2021.

6.- Por un justo sistema de pensiones: Unidad, movilización y lucha sindical

El gran empresariado y todos los partidos de derecha cerraron filas en torno a su propuesta de reformas al sistema de pensiones. En su momento se presentaron como los defensores de los ahorros de la clase trabajadora, pero en la práctica quedó demostrado que lo único que defendían era sus propios intereses.

El FMLN, por su parte, también se mostraba como defensor de los intereses de la clase trabajadora, pero en la práctica solo busca negociar y pactar con el gran empresariado y los partidos de derecha la aprobación de recursos financieros que le permitieran un respiro económico al actual gobierno, y obtener fondos para continuar su gestión. A cambio de ello reafirmó el negocio de las AFP, quienes, por su parte, a cambio cedieron migajas de sus ganancias, a la vez que se recarga la crisis a la clase trabajadora y al pueblo.

La dirigencia del FMLN está consciente del desgaste político que generará esta reforma del “madrugonazo” en las próximas elecciones legislativas y municipales. Los trabajadores y la izquierda independiente no podemos cargar con los graves errores del gobierno del FMLN.

Los trabajadores y organizaciones sindicales influenciadas por el FMLN, asi como organizaciones independientes, presentaron sus propuestas, pero estas no fueron tomas en cuenta ni por el FMLN mucho menos por los partidos de Derecha.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sindicatos influenciados por el FMLN, a revisar el comportamiento de su conducción, y a continuar la lucha por la derogación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

A los sindicatos y organizaciones independientes, los llamamos a mantenerse firme en la lucha. La lucha contra las AFP no ha terminado. Llamamos a todos los trabajadores, del sector público y el sector privado, a las personas jubiladas, a crear un frente común de lucha, independientemente de las ideologías o preferencias partidarias, para que luchemos unidos de cara a exigir  un sistema de pensiones que permita volver al clásico sistema tripartito de seguridad social, donde la mayor parte de la responsabilidad social recaiga sobre los empleadores y el Estado, pero esta vez pero bajo control de los trabajadores y los sindicatos, única forma de luchar eficazmente contra la corrupción y el despilfarro en las instituciones de la seguridad social.

Centroamérica, 7 de Octubre del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Repudiemos el desalojo violento realizado por los militares en la UNAH!

Libertad inmediata a todos los compañeros y compañeras detenidos!!

Como delincuentes, arropados en las sombras de la noche, pero armados hasta los dientes, a las 5 de la madrugada de hoy 8 de septiembre, tropas especiales de la Policía, Batallón de Cobras y agentes de la DPI, procedieron a tomar por asalto los edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que todavía se encontraban tomados por la las distintas organizaciones y corrientes organizada en el Movimiento de Estudiantes Universitarios (MEU)

El asalto ya se veía venir, pero tomó de sorpresa a los compañeros y compañeras que llevaban más de 80 días de lucha, soportando presiones de las autoridades y de los grandes medios de comunicación, aguantando hambre y desvelos. Como un operativo militar, lo primero que hicieron las tropas de asalto fue capturar a los principales dirigentes, entre los que se encuentran los siguientes compañeros: Yasser William Fuentes, Brenda Miralda, Fernando Ramírez, Pablo Madrid, Miguel Flores, Kenny Reyes, Dorian Turcios, Duncan Adonay Turcios,  Jorge López, José Jorge Cruz, Dorian Álvarez, Erick Geovanny Gómez,  Zuly Rodríguez, Suset Velázquez, José Jorge Chacón, y muchos otros más, quienes han sido trasladados al cuartel conocido como Core-7.

A pesar que la dirigencia del MEU ya había declarado su intención de entregar las instalaciones bajo ciertas condiciones mínimas, y que incluso ya habían sido entregados algunos centros regionales como en la UNAH- Valle de Sula y otros, las autoridades de la UNAH, encabezadas por Julieta Castellanos, procedieron a dar la orden de ingreso de los militares dentro de la UNAH, violentando la autonomía universitaria y reafirmando su voluntad totalitaria de imponer su salida humillando al movimiento estudiantil.

Condenamos enérgicamente la usurpación del recinto universitario por uniformados con armas, fieles representantes del aparato represivo del Estado de Honduras. Y además señalamos la incompetencia de Julieta Castellanos, la vice-rectora Belinda Flores, y demás equipo rectoral que le asiste, por haber entregado la autonomía universitaria en manos de estos asesinos armados, que otrora fueran torturadores de estudiantes.

Llamamos a todas las organizaciones políticas de izquierda, y aquellas que se reclaman democráticas, a todas las organizaciones estudiantiles de Centroamérica, a iniciar una campaña internacional de repudio al asalto a las instalaciones de la UNAH, exigiendo la liberación inmediata de todos los dirigentes estudiantiles detenidos. Solo la movilización y la solidaridad impedirá que Julieta Castellanos inicie procesos judiciales penales contra los compañeros y compañeras, con el objetivo de tener rehenes en momentos en que inicia la transición hacia el nombramiento de nuevas autoridades dentro de la UNAH. Una vez mas la burocracia universitaria no quiere la participación ni el ojo vigilante de las organizaciones estudiantiles independientes.

Centroamérica, 8 de septiembre del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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