Por Victoriano Sánchez

La dictadura Ortega-Murillo continúa apretando las clavijas. A lo interno mantiene un control férreo que impide cualquier tipo de protesta, ha encarcelado a la cúpula opositora disolviendo la posibilidad que surja una alternativa distinta en las elecciones de noviembre, en los últimos meses ha disuelto a tres partidos políticos (PCN, PRD y CXL).

Aunque existe una oposición al endurecimiento de la dictadura, por parte de la llamada comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), las presiones diplomáticas y sanciones contra altos funcionarios, no tiene efecto alguno, no logran detener la estrategia de lograr imponer un nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Cierre de La Prensa y más presos

La dictadura no solo logró desarticular a la UNAB y demás sectores populares, sino que al mismo tiempo ha presionado a los grupos del gran capital, incluido el diario La Prensa, que ahora enfrenta un cierre por falta de papel en un juicio por defraudación aduanera. El hecho de que el único diario, aunque derechista, haya sido cerrado, nos indica el retroceso en materia de derechos democráticos.

Cada vez que hay algún anuncio o inútiles sanciones contra funcionarios de la dictadura, esta responde encarcelando a mas opositores, en un peligro estira y encoje.

Relativa estabilidad económica

El aplastamiento militar de la rebelión de abril del 2018 le permitió a la dictadura también evitar el colapso de la economía. Aunque los datos oficiales no son confiables, estos reflejan que la caída de la economía ha sido detenida, y que la recuperación, aunque leve, representa una victoria para la dictadura.

Una parte del secreto de esta situación, es que los empresarios, especialmente el gran capital, priorizaron sus negocios y en ese sentido apoyaron objetivamente los planes de estabilización económica, que incluso los perjudicó temporalmente, como fue la reforma tributaria que los obligó a pagar más impuestos.

La ofensiva política de la dictadura, que tritura a la oposición burguesa, tiene como base esta relativa estabilidad económica. Decimos relativa, porque los datos reflejan que existe una meseta, es decir, la dictadura logró evitar el colapso, pero en realidad el país no crece, sino que se mantiene precariamente.

Los datos oficiales, indica que en 2014 el PIB promedio fue registrado en 1,917 dólares, y seis años después, en 2020 este descendía a 1,914 dólares, es decir, que no hay ningún progreso material. Estos datos reflejan un empobrecimiento general y una afectación especial a la clase media.

Desempleo y migración

Debido a la represión sistemática, no hay protestas sociales contra este empobrecimiento general, lo que si ha aumentado es el desempleo y la migración. Entre 2017 y 2021 se perdieron 155,000 empleos formales, según datos del INSS. No debemos olvidar que la mayor generación de empleos proviene de la pequeña y mediana empresa, y también del sector informal, los cuales han sido afectados por las restricciones monetarias. La migración ha aumentado, especialmente a Costa Rica, España y Estados Unidos. En el último mes más de 25000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord. Al no tener una salida política, la crisis termina explotando y enviando hacia el exterior a una parte de la sociedad nicaragüense.

Reservas monetarias

El control de la crisis política y la subordinación del gran capital, así como los prestamos del BCIE, le han permitido al gobierno tener reservar de dinero suficiente para enfrentar las presiones internacionales, y resistir mientras se impone un nuevo periodo presidencial de Ortega y Murillo.

La estabilidad económica y el férreo control social, en un mundo convulso por la crisis mundial y la pandemia, es una enorme carta de negociación a favor de la dictadura Ortega-Murillo.

Es necesario un balance

Esta situación calamitosa pudo evitarse. La dictadura se ha logrado imponer, al menos momentáneamente, y ello nos debe obligar a reflexionar sobre las causas de esta derrota para los sectores populares. La negativa permanente de la cúpula de la UNAB para constituir un nuevo partido político independiente, que luchase efectivamente contra la dictadura, no con los métodos de los ongs, sino de una verdadera organización popular, que fuese independiente de Estados Unidos y la UE y también del gran capital, es una de las principales causas sobre la que debemos reflexionar, para sacar las enseñanzas y continuar la lucha contra una dictadura que tiene planes de perpetuarse en el poder.


Por Victoriano Sánchez

Habiendo aplastado militarmente a la rebelión de abril del 2018, la dictadura Ortega-Murillo tiene la estrategia de evitar que los grupos opositores utilicen la coyuntura electoral para fortalecerse y disputarle el poder. Esta estrategia contempla promover la abstención, desmoralizar a los votantes, para con el voto duro del FSLN ganar “limpiamente” las elecciones de noviembre de este año.

Machacando a la oposición

Contrario a lo esperado, en vez de producirse una mínima apertura democrática, la dictadura Ortega-Murillo redujo abruptamente los espacios democráticos, aprobó leyes represivas y las utilizó en el último periodo para desarticular a la oposición.

El primer bloque que fue barrido de la escena, fue la llamada Coalición Nacional (CN), cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica del Partido de la Restauración Democrática (PRD), que era la casilla con la que la CN pretendía librar la batalla electoral. Después le fue cancelada la personalidad jurídica al Partido Conservador de Nicaragua (PCN), un pequeño partido de derecha.

En ese contexto, solo quedaba la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), que utilizaba la casilla del Ciudadanos por la Libertad (CxL) y del partido regional Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC).

En el ínterin, utilizando la Ley No 1055, el régimen comenzó a encarcelar a los principales dirigentes de los grupos de oposición, incluidos operadores políticos de los grupos del gran capital. La represión selectiva produjo una estampida de periodistas y dirigentes quienes abandonaron el país. Quienes no pudieron salir, fueron encarcelados, o son llamados a declarar ante la Fiscalía, en el juicio por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro y FUNIDES.

Un anormal proceso electoral

Muchos vieron el proceso electoral como la oportunidad para solucionar la crisis, abierta con la rebelión de abril del 2018, pero no fue así. En vez de producirse una apertura democrática, por muy limitada que fuese, se produjo lo contrario: un apriete de tuercas contra la oposición. Encarcelamiento de candidatos, cancelación de personalidades jurídicas de partidos de oposición, amenaza de juicios penales contra periodistas y los liderazgos de la oposición, etc.

Esta inusual oleada represiva en medio del proceso electoral, ha sido condenada por el departamento de Estados de los Estados Unidos, y por la Unión Europea (UE), quienes han emitido sendos comunicados y notas de prensa denunciando la deriva autoritaria de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Tanto Estados Unidos como la UE han amenazado con desconocer el resultado de las elecciones de noviembre, por la ausencia de condiciones mínimas democráticas. Evidentemente, que la dictadura Ortega-Murillo sabe lo que hace, y está enarbolando la bandera en contra del injerencismo, para blindarse contra los ataques de Estados Unidos y la UE.

Golpe mortal contra CxL

La dictadura ha ido estrechando el cerco legal e institucional contra el único grupo que quedaba en pie: el partido CxL. Al parecer, la verificación de 2,8 millones de personas encendió las alarmas. Era un claro indicio que la mayoría de la población quiere un cambio de gobierno, y votaría por la única opción que quedaba en pie. Quienes se postulaban como posibles candidatos por la ACxL, fueron encarcelados o forzados a irse al exilio. Al final, acorralado, CxL decidió una lista de candidatos del núcleo duro de su partido, presentado la candidatura presidencial de Oscar Sobalvarro, antiguo cabecilla de la contra, y la ex miss nicaragua, Berenice Quezada.

A pesar de su extrema debilidad, CxL podía convertirse en una alternativa electoral, tomando en cuenta la intención de votar, que se manifestó en la alta participación de la verificación ciudadana. Por una denunciad de Maria Haydee Osuna, presidenta y representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), los magistrados del CSE resolvieron el pasado 6 de agosto cancelar la personalidad jurídica de CxL, y hasta cancelaron la ciudadanía nicaragüense de Kitty Monterrey, presidenta y representante legal de CxL, quien, siendo hija de nicaragüense nació en Estados Unidos y por lo tanto tiene dos nacionalidades de origen. Monterrey tuvo que irse al exilio a Costa Rica. CxL está descabezado, y la oposición de derecha no tiene casilla electoral, lo que aumenta enormemente la ventaja del FSLN sobre los resultados electorales.

Esta arriesgada movida de la dictadura, al eliminar la competencia electoral, y dejar que participen pequeños partidos aliados, llamados “zancudos”, aumentará la abstención, pero lejos de resolver la crisis, la profundiza a niveles insospechados y cuyos resultados finales son difíciles de prever.

Por Diego Lynch

Este 19 de julio, Daniel Ortega anuncio con bombos y platillos que a partir del día cinco de agosto del 2021 realizará un incremento salarial de un cinco por ciento (5%) a todos los trabajadores del Estado.

Medida Populista y Electoral

Ortega y la Empresa Privada, como todo matrimonio, han tenido sus días felices y sus etapas difíciles. Sin embargo, cuando se trata de cuidar la economía ambos se protegen porque los intereses son los mismos, enriquecerse a costillas de la clase obrera y trabajadora y no ver afectados sus ingresos y ganancias.

¿Porque este incremento en este momento? Sencillo, el Frente Sandinista está en campaña electoral y no todos los trabajadores del Estado comulgan con su política, lo que podría verse reflejado en las elecciones del 7 de noviembre del 2021.

La verdad en números

Según declaraciones de la Vicepresidenta Rosario Murillo, este incremento salarial equivale a un monto de 675 millones de córdobas.

“Un 5 por ciento para todos y todas los servidores públicos y representa 675 millones de córdobas del presupuesto nacional. El incremento a nivel de cada persona incluye salario básico, antigüedad, y otros llamados devengados, aguinaldo, aporte patronal de Inatec, etcétera. Y reiteramos lo que dijo nuestro Comandante ayer, solo es posible gracias al eficiente, inteligente y sensible manejo, porque sin sensibilidad, sin compromiso de cristianismo y solidaridad no hay justicia también". (El 19 Digital, 20 de julio del 2021).

¿Pero que ha pasado durante todos estos años en que la canasta básica ha venido incrementando sustancialmente y el salario mínimo era negociado para no afectar a la burguesía empresarial del País? Nicaragua ha llegado al punto de tener una economía dolarizada y los salarios en córdobas, por ende el poder adquisitivo es año con año menor debido al deslizamiento de la moneda, entonces la pérdida de valor de los salarios es cada día mayor.

El costo real de la canasta básica

El costo de la canasta básica según las cifras del Gobierno, para enero del año 2019 era de 13,500 córdobas, y para mediados de este año (junio del 2021) ya alcanzó los 15,305 córdobas, es decir incremento un total de 1,805 córdobas, y esto solo incluye los granos básicos necesarios de un hogar para una familia promedio de 4 personas, es decir lo mínimo para la alimentación.

Partiendo de esto, según la tabla del salario mínimo actualizada, este oscila entre 4,414.91 córdobas y 9,880.17 córdobas, es decir menos de 10 mil córdobas, por lo que el incremento ni siquiera llega a 500 córdobas (sin quitarle el aporte al INSS y al IR), no cubriendo así ni la mitad del incremento que se ha dado en la canasta básica, es decir que se está burlando de los trabajadores. Ahora bien, si nos vamos a lo que este incremento significa para Ministros y cargos de Dirección que ganan hasta 80 mil córdobas, estamos hablando de un incremento de 4 mil córdobas, es decir el 221.6 por ciento más que el incremento de la canasta básica. Entonces, ¿Quién es el verdadero ganador con este incremento del 5%? ¿Los trabajadores o los serviles al partido de gobierno? Ortega una vez más se burla de los trabajadores con la venia y apoyo de los Sindicatos Blancos dirigidos por Gustavo Porres y adscritos al Frente Nacional de Trabajadores (FNT). 

Incremento Justo y Equitativo

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a todos los empleados públicos a no dejarse engañar más por las políticas populistas del Frente Sandinista, es hora de que todos se unan y exijan tanto a los dirigentes sindicales como al Gobierno de Ortega un verdadero incremento al salario mínimo que garantice al menos el valor de la canasta básica; que dicho incremento sea gradual, equitativo y diferenciado. No se puede otorgar el mismo porcentaje de incremento a quien gana como Director que a quien gana como conserje, los incrementos deben ser revisados y otorgar un mayor porcentaje a quien gana menos.

No caigamos más en las mentiras relacionadas al incremento del salario mínimo, el Gobierno no brinda estadísticas concretas de quien saldrá beneficiado mayormente con esos 675 millones de córdobas que dicen implica el incremento.

Es hora de llamar a Asambleas Generales de Trabajadores para que estos a través del voto y a mano alzada destituyan a todos esos dirigentes que llevan años perpetrados como dirigentes, viviendo del presupuesto de la república, de las cotizaciones de los afiliados y de las prebendas de las cuales son objeto para mantener calladas las voces de los trabajadores que intentar levantarse en contra de las políticas burguesas y capitalistas del Gobierno y sus Instituciones.


Por Sebastian Chavarria Domínguez

Recientemente, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) emitió un comunicado oficial en el que fija una confusa postura sobre su participación en las elecciones de noviembre de este año.

La UNAB fue fundada en octubre del 2018, en una etapa de represión, cuando la dictadura había logrado masacrar la rebelión de abril de ese año. Fue una alianza defensiva constituida entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), mas otras agrupaciones de autoconvocados. Incluso, en un primer momento, hasta finales del 2019, la UNAB fue una gran coalición de fuerzas opositoras, pero a inicios de 2020 se dividió: quedando por un lado la ACJD, que representaba la opción de derecha, controlada por los empresarios, y la UNAB como tal, como una expresión de la clase media radicalizada.

Pero esta UNAB, que se construyó en un periodo de retroceso de la lucha de masas, y de una represión selectiva de la dictadura, termino siendo copada por dos corrientes que viene del sandinismo: el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una ruptura de derecha, que actualmente se llama UNAMOS, y la otra corriente, una ruptura de izquierda,  que viene del Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), cuya principales dirigentes son el matrimonio de Julio Lopez Campos y Monica Baltodano, pero que actualmente trabajan bajo la cobertura de la AMS.

El Consejo Político del año 2019 reflejó la composición plural de la UNAB, pero en 2020 estaba controlado por el MRS, la AMS y la pequeña corriente liberal de  Félix Maradiaga. Estas tres corrientes, a pesar de sus diferencias políticas, tenían algo en común: todas vienen de trabajar y sobrevivir en el mundo de las ongs, manejando cuantiosos recursos económicos. Si tomamos en cuenta el retroceso de las masas y que estas corrientes que vienen del sandinismo con pequeñas, pero con experiencia política y organizativa, fue relativamente fácil controlar el membrete de la UNAB.

Debido a que estas dos corrientes que vienen del sandinismo no podían actuar públicamente como tales. La táctica de ambas corrientes ha sido aliarse con la oposición burguesa, para dentro de esos bloques pelear sus cuotas de poder. Así lo hizo el MRS en alianza con la corriente liberal de Eduardo Montealegre, desde el 2006 hasta el 2016, cuando rompieron. Algo parecido ha hecho también la AMS, aunque en menor medida.

A lo anterior habría que agregar que el fenómeno de derechización de un amplio sectores de masas, producto del rechazo a los atropellos de la dictadura, reforzó que estas dos corrientes ex sandinistas ocuparan a la UNAB como su frente de masas, para desde el control interno negociar futuras cuotas de poder  con la oposición burguesa. Dentro de este objetivo, el frente único del MRS y la AMS liquidó a los liderazgos locales independientes que se les oponían, contribuyendo al debilitamiento interno de la UNAB.

Quienes introdujeron el electoralismo dentro de la UNAB fueron el MRS y la AMS, porque el objetivo era canalizar el descontento político en las elecciones de noviembre del 2021.

Lo que no tomaron en consideración, fue el salvaje plan represivo de la dictadura, que tenia la meta de romper su propia legalidad, para evitar que las corrientes disidentes del sandinismo, terminaran dirigiendo o codirigiendo el descontento de masas.

Fue así que, contrario a lo que se creía, que habría una apertura democrática, la dictadura cerro todos los espacios, y encarcelo a los precandidatos presidenciales y la cúpula del MRS. La cúpula de la AMS no ha sido encarcelada todavía porque desde mucho antes ya se había pronunciado en contra de la participación en las elecciones, llamando a la abstención, una táctica que coincide con la estrategia de la dictadura para imponerse en las elecciones.

El Consejo Político de la UNAB emitió un comunicado confuso, el pasado 13 de julio, en el que reafirmó que “(…)  Creemos que participar del actual proceso electoral, bajo las condiciones establecidas por el régimen, carece de todo tipo de condición legal y constitucional que dé como resultado unas elecciones creíbles y legítimas, que devuelvan a la ciudadanía la esperanza de una nueva Nicaragua. (…) Reafirmamos que NO rechazamos la vía electoral, rechazamos el proceso electoral viciado e impuesto por la dictadura. La Unidad Nacional continuará exigiendo un proceso con las condiciones habilitantes, que brinde el tiempo necesario para que las fuerzas políticas puedan concertarse y el pueblo tenga la oportunidad de elegir a sus autoridades”.

En pocas palabras, si pero no. Al parecer el CP de la UNAB, debilitado por el encarcelamiento de la cúpula del MRS y de Félix Maradiaga, y por la huida de la AMS, están rezando para ver si las presiones de la comunidad internacional tienen el efecto necesario, para que haya un cambio en el juego electoral.

Esta opción es poco probable, debido a que la dictadura esta envalentonada porque logró aplastar la rebelión de abril del 2018, y está apostando a obtener un nuevo periodo presidencial, aun con el rechazo de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea, y desde esa posición negociar con la oposición y hacer las concesiones necesarias que no arriesguen la continuidad en el poder. Es la misma estrategia que Maduro aplico en Venezuela y que parece haberle dado resultado, por el momento.

La bancarrota política de la cúpula de la UNAB es mas que evidente, se negaron a construir una alternativa política nueva, creyeron que camuflados como organismo de la sociedad civil podrían reagrupar a las masas, y en realidad todo el calculo electorero se les vino abajo, como cuando se desploma un edificio mal construido. Tenemos que sacar las enseñanzas porque la lucha contra la dictadura apenas está comenzando.


Por Victoriano Sánchez

Este año 2021, el FSLN ya no celebra el 19 de julio con actos de masas, como ocurría en los años anteriores. Hay algunos factores que inciden. Uno de ellos es la pandemia, pero probablemente el que mas incide es el desgaste político del FSLN, especialmente a partir de la rebelión de abril del 2018 que fue aplastada militarmente y sin misericordia por la Policía Nacional y los grupos paramilitares del sandinismo.

Nada queda de la revolución de 1979

En realidad, nada queda de aquella gesta heroica que permitió el derrocamiento revolucionario de la dictadura somocista, el 19 de julio de 1979. En esa época, el FSLN era una organización revolucionaria y antiimperialista, que encabezo la insurrección popular. Solo quedan algunas tradiciones que son hábilmente explotadas por el FSLN.

Después de la derrota electoral de 1990, el FSLN se transformó en un aparato de poder de la nueva burguesía sandinista, que había surgido de la debacle de la revolución. Manteniendo un discurso populista de izquierda, Daniel Ortega cohesionó a las bases del FSLN, hasta que finalmente logró recuperar la presidencia en 2007, aprovechando la crisis y división del liberalismo.

Del bonapartismo a la dictadura

A partir del 2007, aprovechando el subsidio petrolero venezolano, el matrimonio Ortega-Murillo comenzaron un proceso de centralización del poder, aplicando planes economicos neoliberales, con la complacencia de la oligarquía financiera y del gran capital. Igual que en la época se Somoza, estos grupos económicos nuca estuvieron interesados en la democracia, sino en la buena marcha de sus negocios. Y así se fue gestando un régimen bonapartista que terminó en una dictadura, asentada en el aparato represivo del Estado.

Esto fue evidente a raíz del aplastamiento de la rebelión de abril del 2018. Desde entonces, Nicaragua se mantiene bajo un estado de sitio permanente, no declarado oficialmente, pero con una enorme restricción de las libertades democráticas, y las cárceles llenas de presos políticos que entran y salen, y son recapturados nuevamente, violentando los derechos constitucionales.

Golpe mortal a la oposición

Actualmente, los principales precandidatos están presos, y están siendo investigados por una supuesta violación a la Ley No 1055, recientemente aprobada.

De repente, al estar prisioneros los principales precandidatos, en realidad no hay alternativa opositora creíble. La dictadura Ortega-Murillo dio un golpe demoledor, pasando por encima de la propia legalidad, para desarticular a los partidos o alianzas que podían hacerle competencia electoral.

Una gran disyuntiva

Este “exceso” de la dictadura es una maniobra destinada a promover la abstención y el desanimo entre los opositores. Los partidos que están autorizados para competir no tienen candidatos populares, además que son extremadamente débiles a nivel territorial.

El electorado opositor esta en una encrucijada: salir a votar, sabiendo que los dados están cargados a favor de la dictadura, o abstenerse sabiendo que ese es el objetivo central de la dictadura, para ganar “limpiamente” con una pequeña porción del electorado cautivo.

Celebración y desgaste del FSLN

El acto de celebración del 42 aniversario del triunfo de la insurrección popular, el 19 de julio de 1979, fue organizado con unos centenares de miembros de la Juventud Sandinista, en la antigua plaza de la revolución, estaba casi vacía.

Hablaron como siempre, Rosario Murillo, con un discurso pletórico de letanías y abstracciones, y posteriormente Daniel Ortega, quien en la parte medular de su discurso amenazó a la maltrecha oposición burguesa,

Aunque supuestamente por la pandemia, la orientación del FSLN era hacer actos pequeños en las localidades, las caravanas que recorrieron los pueblos y municipios eran realmente pequeñas en relación a los años anteriores. Es obvio que la rebelión de abril del 2018, y la forma como fue aplastada, ha provocado un desgaste en la base social de apoyo del FSLN.

No obstante, este desgaste no significa que el FSLN, un partido con mas de 50 años de tradición, esta completamente liquidado. Obviamente, Ortega y Murillo explotan al máximo las antiguas tradiciones revolucionarias para tensionar a sus bases y prepararse para ganar las elecciones de noviembre de este año.

Pero el país en su conjunto rechaza al régimen dictatorial. No solo los empresarios, sino las clases medias y también sectores populares, ven con preocupacion la deriva autoritaria y represiva de la dictadura en el ultimo periodo. En el fondo, las tensiones sociales continúan acumulándose y pueden explotar en cualquier momento.

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