Por Sebastian Chavarria Domínguez
La resolución de la 50 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política en Nicaragua, es la tercera de varias resoluciones inútiles que han sido incapaces de ejercer presión real sobre la dictadura Ortega-Murillo.
La importancia de esta ultima resolución radica en que abandona el lenguaje diplomático, acepta la legitimidad de la dictadura, y traslada el desenlace a las próximas elecciones del año 2021.
La primera resolución de la 48 Asamblea General de la OEA
Mientras en Nicaragua se libraba la lucha de los tranques, y la resistencia contra la embestida de los paramilitares, se desarrolló el 4 y 5 de junio de 2018, en Washington, la 48 asamblea anual de la OEA
En esa ocasión, además de discutir la aplicación de la Carta Democrática a la dictadura de Nicolas Maduro en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos impulsó una Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, la cual – ironías de la vida!-fue apoyada plenamente por el gobierno de Nicaragua, convirtiéndose en una iniciativa conjunta, la que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres presentes.
Esa Declaración fue tan vaga y general que podía interpretarse de múltiples maneras. En sus partes medulares, la Declaración expresó “su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”.
Carlos Trujillo, embajador del Estados Unidos ante la OEA, aclaró que en realidad “no hubo una declaración conjunta con Nicaragua. (…) Estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas; que sean celebradas de manera democráticas y que las instituciones sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Eso tiene que quedar claro”. (Confidencial, 5/06/2018)
En agosto del 2018, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, votó la creación de la primera Comisión Especial con el objetivo de realizar gestiones diplomáticas en Nicaragua. La dictadura simplemente le cerró las puertas, y la Comisión se disolvió en la impotencia.
La segunda resolución de la 49 Asamblea General de la OEA
Un año después, del 26 al 29 de junio del 2019, cuando la dictadura Ortega-Murillo había logrado aplastar la insurrección cívica desarmada, se reunió en Medellín, Colombia, la 49 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Días antes de la realización de la 49 asamblea general de la OEA, la administración Trump impuso sanciones individuales contra altos funcionarios de la dictadura. Pero no hubo nuevas sanciones, sino otra vergonzosa resolución.
El primer borrador planteaba un ultimátum de 90 días para que el gobierno de Nicaragua diera todos los pasos necesarios para restablecer el orden constitucional.
La delegación de la UNAB (en ese momento la ACJD formaba parte de ella) se limitó a cabildear para que el plazo de 90 días fuera reducido a 75 días, y así quedó la resolución final.
En esa ocasión, la OEA reconoció que en Nicaragua había “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir siendo analizados”. La conclusión fue “Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
Aparentemente se iniciaba el proceso de aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra la dictadura. Se conformó la segunda Comisión Especial con el objetivo de agotar las gestiones diplomáticas, para rendir un informe a la Asamblea General. Nuevamente la dictadura les negó la entrada, y sus miembros tuvieron que realizar sus sesiones en países vecinos como Costa Rica y El Salvador
Esta segunda Comisión Especial rindió su informe ante el Consejo Permanente de la OEA, el lunes 25 de noviembre del 2019, solicitando a la OEA que “declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.
La OEA descubrió el agua helada. La alteración del orden constitucional no se produjo en 2018, venia de años atrás cuando el matrimonio Ortega-Murillo logró imponer una dictadura dinástica, con el apoyo de la cúpula empresarial que se hizo de la vista gorda. Al ponerse en marcha los mecanismos para la aplicación de la Carta Democrática para aislar diplomáticamente a la dictadura Ortega-Murillo, el problema central se reducía a reunir los 24 votos necesarios
La estrategia de la dictadura y la incapacidad de la oposición
Todos los grupos de la oposición nicaragüense, llámese UNAB, ACJD o Coalición Nacional, aunque digan lo contrario en sus comunicados, han tenido la ilusión de que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, obligaran finalmente a la dictadura a ceder las reformas electorales para un proceso electoral libre en 2021. Todos, sin excepción, confían más en las presiones externas que en la organización y movilización independiente del pueblo. Por eso no se preocupan en elaborar propuestas concretas que entusiasmen a la población a continuar la lucha de abril del 2018. Creen que la “unidad” de los grupos de oposición nos dará la victoria sobre la dictadura.
Mientras tanto, la dictadura ha tenido una estrategia inequívoca: aplastar la insurrección desarmada, restablecer el control de la dictadura, ganar tiempo con las dos versiones del Dialogo Nacional, resistir las presiones de la administración Trump mientras calcula que puede negociar con una administración demócrata, y llegar al 2021 en mejores condiciones que le permitan lidiar con las presiones externas y con la batalla electoral. Las reformas electorales dependerán de muchas circunstancias, pero manteniendo la dictadura el sartén por el mango.
La tecera resolución de la 50 Asamblea General
Y así hemos llegado a la 50 Asamblea General de la OEA, que se acaba de reunir de manera virtual. Han transcurrido tres años desde la insurrección de abril del 2018, y la OEA, a pesar de sus declaraciones y formación de dos Comisiones Especiales, no ha hecho nada en la práctica que contribuya a debilitar a la dictadura Ortega-Murillo.
El 21 de octubre del 2020, los cancilleres aprobaron el segundo borrador de declaración, patrocinada por Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela (el inexistente gobierno de Juan Guaidó), titulado “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”.
Aunque las islas del caribe son pequeños países, la votación reflejó una nueva correlación de fuerzas a lo interno de la OEA. De los 34 países, 20 votaron a favor, hubo 12 abstenciones (entre los que podemos mencionar a México y Argentina) y solo 3 votos en contra. Dentro de las abstenciones llamó la atención los votos de Belice, Guatemala y Honduras. De los 7 países que conforma la nación centroamericana, 3 se abstuvieron lo que indica que los gobiernos de la región no desean una confrontación con la dictadura Ortega-Murillo. Solo votaron a favor de la resolución, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
OEA suplica reformas electorales sin cronograma
Sin lugar a dudas, el eje central de la resolución fue la necesidad de aplicar una reforma electoral para garantizar elecciones libres en 2021. Este ha sido el tema recurrente en las resoluciones de la OEA.
El punto uno de la resolución instó “al Gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua”.
Este punto es un retroceso en relación al informe de segunda Comisión Especial ante el Consejo Permanente de la OEA, en noviembre del 2019, en que solicitó a la Asamblea General que declarara que en Nicaragua hubo “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”. Esta propuesta nunca progresó. Ahora la Asamblea General de la OEA llamo a “respetar plenamente el orden constitucional”, como si se tratase de errores parciales de la dictadura.
Los puntos dos, tres y cuatro de la resolución, están relacionados con la implementación de una posible reforma electoral.
Los cancilleres aprobaron que la OEA “apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas (…) Es esencial/crítico que estas medidas incluyan, entre otras cosas: a) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (…) b) Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.(…) g) Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos. (…) 4. Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”
Al no haber una condena categórica, la OEA sencillamente se limitó a “instar”, por no decir suplicar, a que la dictadura Ortega-Murillo respete el orden constitucional y convoque a elecciones libres, bajo “estándares internacionales”.
La timidez de la resolución es una victoria política de la dictadura criminal que todo el tiempo insistió en que el proceso electoral se debería realizar hasta en 2021 y bajo las reglas que ella estaría dispuesta a negociar. No olvidemos que en enero del 2017 Luis Almagro firmó un memorándum de entendimiento, para que la OEA apoyara la reforma electoral de cara a las elecciones en 2021.
La resolución de la OEA no contiene una candelarizarían de las reformas electorales, solamente estableció mayo del 2021 como plazo final para la aplicación de dichas reformas, quedando solamente 6 meses para realizar la campaña electoral. A como quedó redactada, la implementación de esa resolución queda sujeta a la voluntad política de la dictadura.
¿Cuál es el triunfo?
Antes de la realización de la 50 Asamblea General de la OEA, los grupos de oposición libraron una campaña a favor de que la OEA declarara “ilegitima” a la dictadura. Esta campaña la inició la agrupación Iniciativa por el Cambio (IPC), fue secundada por los grupos de la diáspora en el exilio. A última hora se sumó la UNAB y la llamada Coalición Nacional.
Sin embargo, la resolución de la OEA cayó como un balde de agua fría entre los grupos de la oposición burguesa. Todos agradecieron a la OEA, pero tuvieron que morderse la lengua. La UNAB ha guardado oficialmente silencio, aunque algunos de sus dirigentes han declaraciones altisonantes. Guillermo Incer, miembro del Consejo Político (CP) de la UNAB, a través de un tuit emitió una declaración vacía: "Estamos llamados a redoblar esfuerzos para incrementar la presión interna”.
La llamada Coalición Nacional emitió un comunicado en el que expresó que la resolución de la OEA envió “una señal a Ortega de que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua”. Se quejó de que “la liberación de las y los presos políticos no puede quedar en solo una preocupación”. Y sobre el silencio en torno a la ilegitimidad de la dictadura, afirmó que “la Coalición Nacional, así como para la gran mayoría de nicaragüenses, el de Ortega es desde hace mucho tiempo un gobierno ilegítimo”.
Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) se deshizo en elogios, al afirmar que la resolución “reafirma que la vía para restaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos de Nicaragua es la realización de elecciones libres y transparentes y observadas que tienen como condición una serie de reformas electorales que establezcan garantías consistentes con los estándares internacionales”.
En pocas palabras, todos contentos con la realización de elecciones en 2021, dejando abandonadas las banderas y las exigencias democráticas de abril del 2018.
La OEA no exigió la libertad de los presos políticos
La ACJD emitió un comunicado en el que expresó que “(…) No asumir estas reformas esenciales que se enumeran en la resolución (de la OEA), como el restablecimiento de las condiciones para elecciones creíbles y transparentes, incluido el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019 con la Alianza Cívica, que incluye la liberación de todos los presos políticos, allana el camino para una resolución de ilegitimidad con sus implicaciones. Esto significa que, para diciembre a más tardar, se deberá tener una propuesta aprobada de reformas electorales”.
La ACJD esta contenta con los resultados obtenidos, porque esa es la vía que los empresarios siempre anhelaron: conducir la rebelión popular del 2018 a los cauces de la democracia burguesa. En el mismo sentido, Juan Sebastian Chamorro, a título individual, declaró “esta resolución emplaza a la dictadura a realizar reformas electorales que aseguren elecciones libres, transparentes, observadas y competitivas, liberación de los presos políticos y garantía constitucional de las libertades públicas. Esta resolución también allana el camino a una futura declaratoria de ilegitimidad si estas reformas electorales no se materializan”.
En los considerandos de la resolución de la OEA, hay una sola mención al tema de los presos políticos: “(…) el Gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos (…)”. Eso fue todo, pero en los puntos resolutivos, no hubo la exigencia inmediata de la liberación de los presos políticos
Un nuevo “aterrizaje suave” está en marcha
En 2018, cuando el pueblo estaba protestando masivamente en las calles, la Iglesia Católica y el gran capital, trabajaron una salida conocida como “aterrizaje suave” que contemplaba elecciones anticipadas que serian negociadas en el Dialogo Nacional.
Casi tres años después, la OEA está resucitando esa opción, con la diferencia que en este caso la dictadura tiene cierta ventaja porque todavía mantiene el control del aparato del Estado, y dispersa la resistencia popular con una sistemática política de represión selectiva. La dictadura esta envalentonada por el hecho de haber sobrevivido al gobierno de Trump.
La falta de una política y un discurso claro de los grupos de oposición sobre los grandes problemas que afligen al pueblo, ha prolongado la lucha y la ha hecho más difícil. Vamos a una salida electoral, sin que las masas populares tengan un partido revolucionario que las oriente. Urge la creación de una nueva alternativa política, independiente, que nos permita derrotar a la dictadura en las calles o en las urnas.
