Por Victoriano Sánchez

Estados Unidos está aplicando contra los gobiernos “rebeldes” de Venezuela y Nicaragua (contra Cuba aplica un bloqueo general) un sistema de sanciones individuales contra altos funcionarios, con el objetivo de obligarlos a realizar reformas democráticas.

La Ley Magnistky

En diciembre del 2017, bajo la administración de Donald Trump, al amparo de la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” o “Ley Magnistky”, una ley norteamericana que tiene efecto extraterritorial, sancionó a Roberto Rivas Reyes, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusado de organizar sucesivos fraudes electorales.

En julio del 2018, cuando se desarrollaba la “operación limpieza” de la dictadura contra los tranques, Trump sancionó al comisionado Francisco Díaz, sub jefe de la Policía Nacional, y a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, uno de los principales operadores políticos de la dictadura.

La Orden Ejecutiva de Trump

A raíz de los acontecimientos de abril-julio del 2018, Trump no utilizó la Ley Magnistky para presionar a la dictadura Ortega-Murillo, sino que , el 27 de noviembre de ese año, firmó una Orden Ejecutiva  que en su parte medular, ordenó lo siguiente: “(…) la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el sistemático desmantelamiento y debilitamiento del régimen de Ortega, (…) así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. , y por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza (…)”

En noviembre del 2018, con esta Orden Ejecutiva, Trump sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional.

En diciembre de ese año, después de varios fallidos intentos, y un largo boleo de dos años entre la Cámara de Representantes y el Senado, finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobó a finales del 2018 la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, siendo inmediatamente promulgada por Donald Trump.

Oleada de sanciones de Estados Unidos

Pero Trump no utilizó la Ley Magnistky ni la NICA ACT, sino la Orden Ejecutiva del 27 de noviembre, para continuar presionando a la dictadura Ortega-Murillo.

Después del fracaso del segundo Dialogo Nacional, en junio del 2019, continuaron las sanciones contra otros altos funcionarios: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de salud, el ahora difunto Orlando Castillo, ministro de TELCOR, y Oscar Mojica, ministro de transporte. En noviembre, fueron sancionados Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral, y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En diciembre, fueron sancionados los negocios relacionados con PETRONIC, la caja chica de la familia Ortega-Murillo.

En marzo del 2020, fue sancionada la Policía Nacional como institución. El 22 de mayo, fueron sancionados el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército Nacional (EN) e Iván Acosta, ministro de Hacienda.

Sanciones de la Unión Europea

El 4 de mayo del 2020, la Unión Europea (UE) anunció sanciones contra seis altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo que ya habían sido sancionados por Estados Unidos.

En agosto del 2021, la UE sancionó  a Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega, y ocho altos funcionarios: Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de asuntos económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General; y los comisionados generales de la Policía Nacional, Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla en Managua.

La resistencia de la dictadura

Tanto Estados Unidos y la UE tienen un gran dilema: si bien es cierto critican los desmanes de la dictadura Ortega-Murillo por la constante violación de los derechos humanos, reconocen que estos manejan el país con mano de hierro, y que aplican políticas neoliberales. Y por eso las sanciones no están destinadas a derrocar al gobierno, sino para sofocar al círculo gobernante, presionándolo para que haga las reformas democráticas al régimen político.

Hasta el momento la dictadura ha resistido ese tipo de presiones o sanciones individuales, porque pueden burlarlas a través de terceras personas, manteniendo intactos sus negocios o capitales.

La Ley RENACER

Ante el evidente fracaso de la estrategia de sanciones individuales aplicadas bajo el gobierno de Trump, la administración de Joe Biden ha readecuado su estrategia, reconociendo que las sanciones en realidad no buscan derrocar gobiernos, sino obligarlos a negociar.

Republicanos y demócratas han establecido un nuevo consenso bipartidista, como ocurrió con la aprobación de la NICA ACT, con el objetivo de presionar a la dictadura Ortega-Murillo. Inicialmente, la iniciativa de “Ley de Fortalecimiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021” estaba destinada, como su titulo lo indica, a ejercer presiones y sanciones para obligar a la dictadura a realizar una reforma electoral democrática de cara a las elecciones del 7 de noviembre, pero esta ley fue aprobada a inicios de noviembre, cuando la realización de las elecciones era un hecho consumado.

A pesar que la NICA ACT contemplaba algún tipo de bloqueo financiero, Trump no recurrió al cerco financiero. La ley RENACER aprobada, y que fue firmada y promulgada por Biden el pasado 10 de noviembre, contiene nuevos elementos de presión, que supera las sanciones individuales para altos funcionarios, y establece un cerco financiero sobre la dictadura.

La Ley RENACER, que también tiene efecto extraterritorial, ordena que Estados Unidos “ (…) utilizará la voz, el voto y su influenciade para alentar a las instituciones financieras multilaterales a aumentar los mecanismos de supervisión de los préstamos nuevos y existentes, o la asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua”.

También ordena que el “(…) Secretario de Estado y el  Secretario del Tesoro, en consulta con la comunidad de inteligencia (según se define en la sección 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 1947), elaborará e implementará una estrategia coordinada para alinear los esfuerzos de compromiso diplomático con la aplicación de sanciones selectivas a fin de apoyar los esfuerzos para facilitar las condiciones necesarias para unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

Este párrafo indica claramente que la política de Estados Unidos se centrará en obligar a la dictadura a anular las elecciones del 7 de noviembre, y convocar a un nuevo proceso electoral, previa reforma del sistema electoral. En pocas palabras, si podemos hacer una comparación, estamos al inicio del abril del 2018, cuando la principal reivindicación democrática era la renuncia de la pareja presidencial y el adelanto de elecciones, consignas que fueron frustradas por la represión de la dictadura, pero en esta coyuntura con una situación muy diferente, marcada siempre por la represión y la dispersión del movimiento autoconvocado.

En una parte de la Ley RENACER se menciona que el secretario de Estado deberá informar al Congreso en un plazo de 90 días, cuáles son las relaciones militares que la dictadura Ortega-Murillo ha establecido con Rusia. Este acápite es una presión directa sobre el Ejército de Nicaragua, cuyo equipamiento y tecnologías ha sido compradas en Rusia. Es una especie de regreso a la época de la guerra fría, en nueva disputa por el liderazgo mundial, entre Estados Unidos, Rusia y China

Además, la Ley RENACER contempla un acápite destinado a investigar los bienes y fortuna de la familia Ortega-Murillo. El Secretario de Estado deberá presentar un informe sobre la corrupción y origen de los bienes, “ (…) una lista de todos los canales de televisión, estaciones de radio, sitios de noticias en línea y otras plataformas de medios que operan en Nicaragua que son directa o indirectamente propiedad o están controladas por el presidente Daniel Ortega, miembros de la familia Ortega o aliados conocidos del gobierno de Ortega”.

También deberá presentar el Secretario de Estado “(…) a las comisiones competentes del Congreso un informe que documente la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega contra los ciudadanos de Nicaragua, incluidos los campesinos y las comunidades indígenas del interior de Nicaragua”.

Indudablemente, la investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en 2018 es un punto sensible de presión sobre la dictadura.

Por último, aunque los medios de comunicación se han referido a una posible revisión del tratado CAFTA-DR, en realidad hay una mención muy general de la sección sección 101 de dicho tratado, referido a que las partes pueden aplicar las medidas necesarias “ (…) para el cumplimiento de  sus obligaciones con respecto al mantenimiento o el restablecimiento de la paz o la seguridad internacionales, o a la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”, que la da una enorme facultad discrecional a la administración Biden para tomar cualquier tipo de medidas relacionadas con el cumplimiento del tratado CAFTA-DR.

¿Una nueva Nota Knox?

En 1909, el secretario de Estado, Philander Knox, emitió una nota que era un ultimátum al presidente Jose Santos Zelaya para que renunciara, lo que hizo. La dictadura Ortega-Murillo tiene una notable similitud histórica con la de Zelaya, aunque los objetivos y contextos son diferentes.

La Ley RENACER no persigue la renuncia de Daniel Ortega, sino montar una negociación para reformar el régimen, mediante nuevas elecciones, manipulando los sentimientos democráticos de la mayoría del pueblo nicaragüense. El resultado de este forcejeo no dependerá de las presiones o sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, sino que dependerá de si las masas vuelven a las calles y, con una dirección independente, se convierten en el principal factor de democratización.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

“Consummatum est” (todo ha concluido). Desde el mes de mayo, cuando la dictadura Ortega-Murillo decidió aferrarse al poder, endureciendo aun mas el control sobre el sistema electoral, y encarcelando a los precandidatos de la oposición burguesa, estaba claro que, a diferencia de 1990, en esta ocasión no habría apertura democrática, sino todo lo contrario.

Nicaragua vive, desde julio del 2018, bajo un estado de sitio no declarado, que en los hechos reprime y desarticula a la oposición. El régimen político ha evolucionado de un bonapartismo hacia una dictadura familiar, que se apoya en la Policía Nacional y el Ejercito Nacional. Desde el 2014, el sistema electoral permite la reelección indefinida y ganar por mayoría simple, legalizando que una minoría puede llegar y sostenerse en el gobierno.

En ese proceso electoral, la oposición burguesa fue ilegalizada y sus principales dirigentes encarcelados o forzados al exilio. Las encuestas indicaban que el voto cautivo del FSLN había descendido a un peligroso 20%. Bajo esas condiciones, la derrota seria aplastante, por ello la dictadura decidió apretar tuercas, liquidó a la competencia y utilizó a 5 partidos colaboracionistas para montar un sainete electoral.

No hubo competencia electoral, se le confiscó al pueblo el derecho democrático de elegir libremente al nuevo gobierno.

Este endurecimiento totalitario de la dictadura, especialmente en la coyuntura electoral, ha acentuado las contradicciones con los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), quienes manejan un discurso democrático para debilitar a la dictadura y obligarla a negociar.

Estados Unidos y sus aliados, incluida la UE emitieron sendas declaraciones antes y después de las votaciones del 7 de noviembre, expresando su condena y no reconociendo los resultados, lo que abre un periodo de golpes y contragolpes, mientras el pueblo de Nicaragua sufre las consecuencias directas de la represión.

Todavía no se conocen los resultados oficiales, pero bajo las condiciones de la dictadura, ningún dato es creíble. En 2016 ocurrió algo similar al 2021: la oposición burguesa fue ilegalizada, pero en aquel momento hubo un silencio cómplice y colaboracionista del gran capital.

En 2016, de un padrón electoral se redujo a 3,8 millones de personas, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo obtuvieron un millón 803,944 votos, el 72.5% por ciento de los votos totales. Aunque el CSE afirmó que la participación ciudadana rondó el 68,2% con una abstención del 31,8%, en realidad la abstención anduvo por encima del 70%.

Si revisamos la votación histórica del FSLN, observamos que, de conformidad a las cifras oficiales del CSE, en el año 2016 el porcentaje de votos del FSLN, en relación a los votos válidos, disminuyó del 58,16% en 2011 al 44.88% en el 2016. Pero si tomamos como parámetro la población en edad de votar, el llamado padrón electoral bruto, entonces esta cantidad disminuye aún más, acercándose al histórico 38% o 40% de votos.

En las votaciones del 2021, el padrón electoral estaba en 4,4 millones de personas aptas para votar. El tercer informe parcial del CSE, nos indica que de un total de 2,759.743 votos válidos, la formula Ortega-Murillo obtuvo 2,093,834 votos, es decir un 75%, una cifra ligeramente superior al 72,5% del 2016, con la diferencia que el padrón electoral era mucho menor en 2016. En relación al padrón de 2021, el FSLN obtuvo el 47,5 de los votos.

Pero este ejercicio matemático es una simple ilusión, porque la abstención en 2021 fue mayor al 80%. Los votos nulos no fueron contabilizados. Hubo un rechazo masivo pasivo, un repudio generalizado contra la pantomima electoral, que se manifestó en la ausencia de votantes en las JRV. Aunque el CSE intenta maquillar la realidad, mostrando cifras similares al 2016, la realidad es que, aunque la dictadura preserve momentáneamente el poder con una mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, ha aumentado la cantidad de nicaragüenses que rechazan a la dictadura, lo que incluye un debilitamiento del voto duro del FSLN.

Con este golpe de timón de la dictadura, al garantizarse ganar unas elecciones espurias sin competencia, no solo se garantiza la permanencia en el poder, sino que en los hechos la situación se retrotrae hasta antes de abril del 2018. La represión de los últimos tres años ha debilitado la resistencia popular, pero el descontento del 80% que se abstuvo en cualquier momento puede volver a explotar, máxime si tomamos en cuenta el estancamiento económico del país.

La dictadura ganó un poco de tiempo, se volvió a imponer la banda presidencial, pero las contradicciones se han agudizado. La dictadura lucha contra el aislamiento internacional, contra el descontento popular y la desconfianza del gran capital.

La lucha por una reforma electoral democrática y nuevas elecciones libres y democráticas, cobrara fuerza en el próximo periodo. Los sectores populares deben saber luchar de manera independiente, contra la dictadura Ortega-Murillo, pero al mismo tiempo repudiando la demagogia democrática de Estados Unidos y la UE, solo que están interesados en defender los intereses del gran capital.

Por Victoriano Sánchez

La dictadura continúa aplicando de manera implacable su estrategia para sostenerse en el poder, a cualquier costo, incluso enfrentándose con sus antiguos aliados del gran capital, quienes manejan los hilos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

A raíz de le rebelión de abril del 2018, se rompieron las buenas relaciones de “diálogos y consensos” entre los grupos del gran capital y la dictadura Ortega-Murillo. No obstante, ambas partes trataron de restablecerlas por medio del Dialogo Nacional en Mayo del 2018 y abril del 2019, pero estos intentos de reconciliación fracasaron.

El anuncio del diputado Wálmaro Gutiérrez

A inicios del 2021 Daniel Ortega anunció que convocaría a un Dialogo Nacional después de las elecciones del 7 de noviembre. El ambiente electoral cambió abruptamente, en los meses de mayo y junio, con la represión y encarcelamiento de los principales candidatos de la oposición burguesa, y la posterior cancelación de la personalidad jurídica del Partido Conservador (PC), el Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)

El FSLN tiene el control total del proceso electoral y de sus resultados, en el que participan únicamente partido zancudos o colaboracionistas. Esta “anormalidad” ha desatado las condenas y críticas de los bloques imperialistas, encabezados por Estados Unidos-Canadá y la Unión Europea (UE), quienes califican las elecciones como una “farsa”.

En ese contexto, se produjeron las declaraciones del diputado oficialista, Walmaro Gutiérrez, quien declaró que después de que el FSLN gane las elecciones van a convocará a un nuevo Dialogo Nacional, “(…) En ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no los que pidan sanciones para Nicaragua (…) Ahora, si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean (…)” (La Prensa 12/10/2021).

El encarcelamiento de los dirigentes del COSEP

Aparentemente se trataba de una propuesta conciliadora con el objetivo de disminuir las tensiones con la comunidad internacional, y crear expectativas de un posible arreglo político a lo interno, pero en realidad no era así, mas bien era el preludio de nuevos golpes contra la cúpula del COSEP.

En el conflicto con los grupos del gran capital, la dictadura encarceló a los operadores de los grupos del gran capital, como Jose Adán Aguerri, que es operador del Grupo Pellas, al banquero Luis Rivas, que es operador de Ramiro Gurdián, dueño del grupo BANPRO; persiguió, pero no pudo encarcelar a Gerardo Baltodano, miembro del clan Baltodano, dueño del principal grupo exportador de café, etc.

A raíz del encarcelamiento de Jose Adán Aguerri y de Luis Rivas, operadores políticos del gran capital, el COSEP guardó silencio, dejo de exigir elecciones libres, probablemente para evitar más represalias, pero la táctica del avestruz que ante el peligro entierra la cabeza en arena, no le funcionó porque la dictadura nuevamente tomó la iniciativa y dio un golpe espectacular encarcelando a Mike Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del COSEP, quienes representan el ala más dura de los empresarios.

¿Preparando el nuevo Dialogo Nacional?

Esta acción represiva contra el COSEP, fue una repuesta a la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), del día 20 de octubre, que exigía la liberación de los candidatos presidenciales y la realización de elecciones “libres”. En un doble objetivo, el golpe de la dictadura también prepara el escenario de un posible Dialogo Nacional después de las elecciones, pero bajo las condiciones impuestas por ella, con el objetivo central que el gran capital acepte un nuevo periodo presidencial de Ortega y Murillo.

Al caer presos el presidente y primer vicepresidente del COSEP, toma las riendas de manera “provisional”, nada menos que el segundo vicepresidente, Cesar Zamora, presidente de la Cámara de Energía, un sector en donde el capital sandinista es mayoritario.

Es probable que este golpe calculado pretenda que, al momento de convocar al Dialogo Nacional, la representación de los empresarios este encabezada por el sector mas proclive a llegar a acuerdos con la dictadura. Para lograr ese objetivo, la dictadura no ha vacilado en colocar la pistola en la sien y apretar el pescuezo al COSEP.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

A escasos días del 7 de noviembre, el panorama electoral es verdaderamente lúgubre. En realidad, no hay contienda electoral, los principales candidatos de la oposición burguesa están encarcelados, fueron ilegalizados el Partido de la Restauración Democrática (PRD) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y solo participan seis pequeños partidos satélites del régimen.

La dictadura rompió los esquemas y, para garantizarse en nuevo periodo de la pareja presidencial (2021-2026) no se arriesgaron a permitir competencia electoral en un periodo de crisis y descontento popular. Este inesperado golpe de la dictadura, que se inició con la reforma y endurecimiento de la Ley Electoral en mayo, provocó las más disimiles repuestas de los grupos de oposición.

El comunicado de la AMS en junio.

La Articulación de Movimientos Sociales (AMS), que agrupa a varias ongs y algunos movimientos sociales que depende de estos organismos, a través de un complicado sistema de representación de pequeños grupos, llego a tener la mitad de los miembros del Consejo Político (CP) de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)

A pesar de haber incidido en la conducción de la UNAB, peleando a mas no poder la formación de la Coalición Nacional (CN) en febrero del 2020, incluso aceptando inicialmente la participación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, la AMS pego un abrupto frenazo en junio del 2021, por medio de un comunicado que mostraba las fisuras internas dentro de la UNAB.

Fue la primera vez que la AMS dio un paso hacia un lado, mostrando serias diferencias con el resto de la UNAB, que era influenciada por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que ahora se denomina UNAMOS. Fue evidente que las dos corrientes que vienen del sandinismo, la AMS y UNAMOS, tenían grandes diferencias tácticas en torno al oscuro panorama electoral.

En ese comunicado, con fecha 25 de junio del 2021, la “(…) La AMS llama al desconocimiento del circo electoral, incluyendo sus predecibles resultados dejando en el poder a los ORMU y reitera la necesidad de una concertación contra todo el pactismo y el zancudismo que pretende legitimar no solamente el fraude que se perpetúa, (…) A más de las 130 prisioneras y prisioneros políticos, se agregan 20 personas secuestradas en las dos últimas semanas, entre ellas, cinco precandidatos/as presidenciales (…)  Con estas últimas acciones, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral. (…)

(…) La AMS continúa abogando por la concertación de las fuerzas sociales y políticas, nacional e internacionalmente, haciendo énfasis en el desconocimiento del ejercicio electoral actual y del resultado ya anticipado de la votación y la demanda de otras elecciones, esta vez libres y observadas, con términos renegociados, sin represión ni persecución, sin presas ni presos políticos, sin personas exiliadas, sin inhibiciones, con observación nacional e internacional y sin estado de sitio policial y parapolicial.

Reconocemos el derecho ciudadano de cada nicaragüense al ejercicio individual y consciente del voto, nuestro llamado NO es al “no-voto" o a la abstención, sino a que las fuerzas políticas opositoras no legitimen mediante su participación un proceso viciado y amañado. (…)”

El viraje de la AMS fue de 180 grados. En ese comunicado se aprecian dos grandes ejes políticos: 1.- la insistencia en una gran concertación de “fuerzas sociales y políticas” (incluido obviamente el gran capital que tanto critican), “a nivel nacional e internacional” y 2.- como consecuencia de lo anterior, concluye con un previsible y confuso llamado a la abstención o “no voto”.

La AMS ya venía sufriendo un proceso de desgaste, pero este giro provocó mayores fisuras en su interior, las que se trasladaron al interior de laUidad Nacional Azu UNAB, y aceleraron el canibalismo político con la corriente de Maradiaga y UNANOS

No es lo mismo la necesaria unidad de acción con todas las fuerzas que reclaman democracia, que plantear la “concertación” que implica acuerdos políticos con las fuerzas de la burguesía, que inevitablemente terminan sacrificando los intereses populares y el futuro de la misma lucha democrática contra la dictadura.

El problema de la abstención o “no voto” es que la sirve en bandeja de plata la propaganda abstencionista que la dictadura necesita. La dictadura no quiere que la gente salga a votar, por eso ha encarcelado a los candidatos de la oposición burguesa, ha ilegalizado a dos partidos de oposición, para desmoralizar al voto mayoritario voto opositor, y ganar las elecciones “limpiamente” con mayoría simple de su voto cautivo.

La posición oficial de la UNAB

Después del aplastamiento militar y sangriento de la rebelión de abril del 2018, cuando le movimiento autoconvocado se había replegado por la represión, nació la UNAB el 4 de octubre. Durante los dos años siguientes, la UNAB se convirtió en el principal referente de la resistencia contra la dictadura.

No obstante, a su interior se produjeron una seria de cambios imperceptibles para el observador común. En la medida en que se replegaron las masas, el control político de la UNAB quedó en manos de dos corrientes que provenían del sandinismo: el MRX (ahora UNAMOS) y la AMS, más una pequeña corriente liberal disidente, que se vestía como progresista, liderada por Félix Maradiaga.

Tanto la AMS como UNAMOS trabajan con la cobertura de la “sociedad civil”, obteniendo fondos de las fundaciones imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Por los fondos recibidos, estas dos corrientes, a pesar de sus diferencias tácticas, ambas coincidieron en negarse sistemáticamente a construir un partido independente, que luchara en unidad de acción con cualquier otra fuerza social y política, pero que no sirviera de escalera a las corrientes políticas de los grupos del gran capital.

Para cuando la dictadura desato la represión contra las cupulas políticas, en mayo y junio de este año, la UNAB ya estaba en crisis y de hecho era el único sostén de la llamada Coalición Nacional (CN). A pesar de su debilidad, por las banderas que representaba, la UNAB fue la organización más golpeada por la represión: casi la mitad de los miembros del CP y de la directiva de UNAMOS están presos y enfrentando la venganza de la dictadura.

Casi toda la dirigencia que no cayó prisionera, salió en estampida para el exilio a Costa Rica. La UNAB está desarticulada. La celebración de su tercer aniversario, el pasado 4 de octubre, se realizó en Costa Rica.

En ese acto, la UNAB en el exilio llamó a luchar por la liberación de los presos políticos, “ALCANZAR el no reconocimiento internacional del fraude que culmina con las votaciones previstas para el próximo 7 de noviembre. LLAMAR a la ciudadanía a no participar del fraude del 7 de noviembre, a quedarse en casa y no legitimarlo ni aceptar sus resultados. PROMOVER Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE de los esfuerzos en curso para lograr una amplia y diversa confluencia, de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, interesadas en salir de la dictadura. (…)”      

La actual política de la UNAB es idéntica a la de la AMS, la cual forma parte de la misma. Siempre observamos los dos ejes políticos: el mismo cansino llamado a la unidad de todas las fuerzas, pero sin indicar bajo qué puntos o coincidencias políticas se produciría la ansiada unidad.

No es lo mismo la unidad de acción para luchar, que la unidad electoral a la que aposto todo su capital político la dirigencia de la UNAB. Repetir el mismo discurso sobre la unidad, es repetir los mismos errores desde el 2018 hasta la fecha. La unidad no se pudo lograr sencillamente por los intereses particulares de cada agrupación, especialmente de aquellos que dependen de los grupos del gran capital.

El llamado al “paro electoral”.

No hay duda que la situación es muy compleja, y que la oposición se encuentra dispersa y desarticulada. Pero en vez de promover el debate para discutir la táctica de resistencia más efectiva, la AMS dio un paso más hacia adelante, con un comunicado con fecha 14 de septiembre, llamando al “paro electoral”.

En ese comunicado, la AMS afirma que. “(…) Los resultados de la farsa electoral ya están definidos. Aunque los ciudadanos y ciudadanas decidan ejercer su derecho -votando nulo o dejando la boleta en blanco-, su voto será sumado a favor del régimen, pues el Consejo Supremo Electoral contará los votos, institución servil destinada a perpetuar a Ortega y Murillo en el poder. Para legitimar esos resultados, Ortega necesita maquillar la foto mostrando filas de miles de personas en las Juntas Receptoras sin respetar el valor de su voto. La ciudadanía nicaragüense no debe ser usada en la farsa electoral del 7 de noviembre. (…)

El llamado a la abstención se disfraza de “paro electoral”. Nuevamente, el problema es que la dictadura necesita una gran abstención para ganar limpiamente. Esta política de la AMS y de la UNAB, en realidad le hace el juego a la dictadura, porque le facilita el triunfo electoral.

¿Abstención o voto nulo?

Llama la atención que se desecha de un solo plumazo la táctica del “voto nulo” afirmando que la dictadura necesita de las filas de la gente votando. Eso es falso de cabo a rabo, la dictadura quiere que la mayoría opositora no salga a votar, para con su 25 o 30% del voto cautivo, ganar las elecciones por mayoría simple, manipulando los resultados electorales.

Tenemos apenas un mes para debatir cual táctica de resistencia es más efectiva, si la pasividad de la abstención, o la resistencia activa del voto nulo, para evitar que marquen las boletas en blanco a favor del partido de la dictadura.

Por Raúl Almendarez

Después de algunos cambios en el calendario electoral, por resolución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) la “campaña electoral” inició formalmente el 25 de septiembre y concluirá con las votaciones del 7 de noviembre.

La dictadura aprieta la soga

El actual proceso electoral ha sido cuestionado, a nivel nacional, centroamericano y mundial, porque la dictadura, lejos de promover una reforma electoral democrática, endureció posiciones: encarceló y está procesando penalmente a casi todos los candidatos opositores. Los partidos de oposición más importantes, el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el derechista partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fueron cancelados, quedando únicamente seis pequeños partidos los que fueron autorizados para participar. La ausencia de competencia real, le da relativa ventaja al gobernante FSLN, el partido de la dictadura.

La ofensiva de Estados Unidos y sus aliados

Este endurecimiento de la dictadura, desató reacciones por parte de Estados Unidos y sus aliados, en América Latina y el mundo, con un eje político: declarar que el actual proceso electoral es ilegitimo y antidemocrático, y presagia un desconocimiento político y diplomático a la casi segura reelección de Ortega-Murillo

En agosto, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que: “(…) "Estados Unidos considera las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen, impulsadas por el temor de Ortega a una derrota electoral, como el golpe final contra las perspectivas de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y justas este año (…) Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad (DW 08/08/2021)

Al día siguiente, Joseph Borrell, comisionado de política exterior de la Unión Europea (UE), declaró que en Nicaragua “(…) la oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes” (AP, 09/08/2021)

Recientemente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, emitieron una declaración en la que afirmaban que el proceso electoral nicaragüense “(…) "no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente". (europapress 23/09/2021)

En Centroamérica, las autoridades costarricenses encabezan las presiones diplomáticas contra la dictadura Ortega-Murillo. Quien lleva la voz cantante es la expresidente Laura Chinchilla. En una reciente comparecencia en una comisión del Congreso de Estados Unidos, Chinchilla propuso “medidas relevantes para frenar a Ortega. Si las condenas no han sido eficaces, es hora de acciones más robustas para abrir ventanas de cambio”

Un editorial del diario La Nación, el día 26 de septiembre, concluyó que “ (…) Para evitar el fraude, todo indica que ya nada es posible. (…) Sin embargo, sí existe un repertorio de opciones que, al menos desde organizaciones multilaterales y gobiernos democráticos, pueden y deben activarse, con dos propósitos clave: hacer pagar al déspota y sus secuaces el más alto precio posible por su enquistamiento en el poder, y crear condiciones para desconocer el proceso «electoral» y exigir con contundencia la repetición de las elecciones en igualdad de condiciones del oficialismo y la oposición y estricta supervisión externa.(…)”

¿Qué hacer?

El pueblo de Nicaragua está bajo el fuego cruzado. Por un lado, la política de Estados Unidos que maneja un discurso democrático, pero que en el fondo se prepara para negociar con la dictadura, y por el otro lado la represión inclemente de la dictadura, que no solo ha desarticulado a la oposición burguesa, sino que tampoco permite el surgimiento de corrientes independientes que luchen por los intereses populares.

La actual campaña electoral se realiza bajo condiciones de un Estado de Excepción en los hechos, es decir, no es un proceso por medio del cual las masas van a decidir democráticamente la composición del próximo gobierno. Indudablemente, los dados están cargados a favor de la continuidad del matrimonio Ortega-Murillo en el poder.

Al haber desarticulado a la oposición burguesa, encarcelando a toda su cúpula, prevalece el desánimo y la desmoralización entre el electorado que miraba a esta como una alternativa de poder. Rápidamente va ganando campo la postura abstencionista de no votar en las elecciones, lo que es un problema real porque le deja el camino despejado al FSLN que, con su base electoral cautiva, puede imponerse por mayoría simple.

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