Por Sebastián Chavarria Domínguez

La excarcelación de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, fue una agradable sorpresa para muchos. Quienes fueron encarcelados, juzgados y condenados, por solo el hecho de ser opositores, nunca debieron estar bajo esas duras condiciones.

Otra sorpresa fue que un sector de la cúpula de la oposición burguesa en el exilio estaba al tanto de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y la dictadura, prueba de ello es que hubo una delegación de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos en el aeropuerto Dulles, recibiendo a los ex presos políticos, y otra delegación del llamado “Grupo Monteverde”, asentados en Costa Rica, estaban presentes el mismo día en el Lobby del hotel en Washington, esperando el arribo de los excarcelados.

La aplicación de las Leyes No 1055 y No 1145

La sorpresa mayor fue que la excarcelación no fue producto de una amnistía o indulto, sino de una sentencia judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que aplicaba retroactivamente la Ley No 1145, Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, publicada en La Gaceta No 25 del 10 de febrero de 2023, un día después que se produjeron las excarcelaciones

El articulo 2 de la Ley No 1145, estableció que “Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.

El artículo 1 de la Ley No 1055 estableció que quienes “(…) menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Esta es una ley de naturaleza proscriptiva, prohibida por el articulo 34, numeral 11 de la Constitución.

Ambas leyes están entrelazadas. La Ley No 1055 permitió juzgar y condenar a la mayoría de los 222 presos políticos, inhibiéndolos de postularse a cargos de elección popular, y la sentencia del TAM, aplicando la Ley No 1145, les anuló la nacionalidad nicaragüense, convirtiéndolos en apátridas. El problema es que el articulo 20 de la Constitución ordena claramente que “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad (…)”.

Resulta obvio la inconstitucionalidad de ambas leyes, pero lo mas grave es que, aunque los ex presos políticos han sido liberados, fueron expulsados del país, se las anuló la nacionalidad nicaragüense, quedando intactas las condenas y las penas dictadas bajo la Ley No 1055.

En el hipotético caso que algunos de los ex presos políticos regrese al país, incluso con otra nacionalidad, tiene cuentas pendientes por que sus condenas estas firmes y bajo ninguna circunstancia podrá participar en procesos electorales.

Entusiasmo por el diálogo y un balde agua fría

La misma mañana del 9 de febrero, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos,  quien estuvo informado de los detalles relacionado con la excarcelación de los presos políticos, declaró que “(…) La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en relación con temas de preocupación. El acontecimiento de hoy es producto de la diplomacia concertada estadounidense (…)”

No obstante, Blinken y el Departamento de Estado no conocían la sentencia del TAM que anulaba la nacionalidad nicaragüense. La alegría de estos funcionarios y de la cúpula de la oposición burguesa se transformó en amargura.

A pesar de ello, el día 10 de febrero Blinken y el canciller Denis Moncada se reunieron telefónicamente. El Departamento de Estado emitió una nota sobre la “importancia del dialogo constructivo entre Estados Unidos y Nicaragua para construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense”

Para no contradecir las declaraciones optimistas del día anterior, Blinken envió a Emily Mendrala, Subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, a una conferencia de prensa para responder las preguntas sobre la pérdida de la nacionalidad para los ex presos políticos. Mendrala dijo que: “(…) Nosotros vemos el esfuerzo de ayer, el paso de ayer, como un paso positivo y queremos entrar en diálogo a ver si podría ponernos en una trayectoria más constructiva en la relación bilateral. (…)

Sobre la pérdida de la nacionalidad de los ex presos políticos, aclaró: “(…) No teníamos detalles de esto, de estas intenciones antes de ayer (…) Nosotros tenemos preocupaciones graves de las noticias de que habían cancelado la ciudadanía de algunas de esas personas. (…)”. (10/02/2023)

El 10 de febrero, Peter Stano, vocero de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, remitió un comunicado en el que expresaba que: “(…) La UE ha pedido constantemente, por todos los medios disponibles, la liberación de los presos políticos. Aunque no deberían haber pasado ni un solo día en prisión, hoy la UE expresa satisfacción y alivio. (…) Si bien la UE rechaza la decisión de despojar a los ex presos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo cual es una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional, su liberación es un paso positivo y esperado desde hace mucho tiempo que debe ser seguido por diálogo y otras acciones.

La UE permanece abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos apropiados, y conducido de manera respetuosa”.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) apuraron el trago amargo que significa la cancelación de la nacionalidad para los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa, así como la de algunos dirigentes populares, haciendo más énfasis en el dialogo y la relación constructiva.

Y para reafirmar el castigo e infundir el miedo y el terror, la dictadura anuló la nacionalidad nicaragüense de otros 94 opositores que no cayeron presos y que permanecían activos en el exilio.

España, Chile, Argentina y México se han ofrecido para proporcionar asilo y una nacionalidad a los 316 apátridas. Algunos han dicho que adquirirán otra nacionalidad, pero con ello cierran para siempre la posibilidad de participar en política en Nicaragua.

¿Cuál era el objetivo?

La dictadura decidió liberar a los presos políticos, en primer lugar, para aliviar la presión internacional en su contra, y en segundo lugar porque ya había cumplido sus principales objetivos: organizar las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 sin participación de la oposición burguesa, garantizándose la continuidad en el poder, y de igual manera organizar las elecciones municipales de noviembre del 2022, sin competencia real.

La dictadura no descansa. Después del aplastamiento de la rebelión del 2018, esperó pacientemente el momento para encarcelar, juzgar, condenar y recluir en las cárceles de El Chipote y La Modelo, a la cúpula principal y a las direcciones intermedias de la oposición burguesa y pequeña burguesa, manteniéndolos como rehenes, para en el momento oportuno, liberarlas, arrancándoles la nacionalidad, y enviándolas al destierro para garantizarse de que no participaran en los futuros e inevitables procesos de apertura política.

La nueva coyuntura según HOS

Es muy riesgoso aventurarse con los pronósticos políticos. Pero el hecho de barrer físicamente con todos los grupos de oposición, no dejando un solo dirigente a nivel interno, indica que la dictadura se prepara para una “apertura política”, absolutamente controlada por el poder, es decir, conforme los intereses, necesidades y plazos del grupo gobernante. Esta “apertura” o reforma gradual sería para mantenerse en el poder, y la única forma de hacerlo es instaurando una dinastía familiar, moderada, con una seria de compromisos, que sea finalmente aceptada, como el mal menor, por Estados Unidos y la comunidad internacional.

Refuerza esta hipótesis la ultima comparecencia del general Humberto Ortega Saavedra (HOS), hermano de Daniel Ortega, en el programa de Andrés Oppenheimer en el canal de CNN en español, el pasado domingo 19 de febrero, cuya señal por cierto está bloqueada en Nicaragua.

HOS representa al ala moderada de la vieja guardia sandinista y se ha convertido en un adalid de la reconciliación nacional, pero bajo la tutela del sandinismo. HOS afirmó que con la liberación de los presos políticos se cierra la coyuntura abierta en 2018, y se abre una nueva: las elecciones presidenciales del 2026.

“La coyuntura que ahora hay que resolver es la de 2026, con las elecciones presidenciales, que se puedan tener unas elecciones, en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde 2018 (…) en este momento no pueden haber elecciones, por eso trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de un plazo  (…) Ni la oposición está preparada para ir a las elecciones, aun cuando le quitaron esos impedimentos, y ni el Gobierno en sus negociaciones, que consiguiera, tiene que impulsar para manejar sus asuntos”.

“Si no entramos a la ruta (de las elecciones), si no aprovechamos este momento y entramos en una ruta de ir buscando vínculos, negociando, de ir buscando como construyendo, cerrar esta coyuntura (del 2018) en el marco jurídico, constitucional, legal que son las próximas elecciones de 2026, entonces iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podía cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno”,

No es la primera vez que HOS advierte que debe haber un acuerdo nacional o viene el caos. Efectivamente, la dictadura se está preparando con cuatro años de antelación para las elecciones presidenciales del 2026, y por eso liquidó a todas las organizaciones opositoras y ongs, y envió al destierro como apátridas a los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa.

Siempre con varios pasos adelante, la dictadura ha castrado políticamente a quienes pueden encabezar más adelante la reconstrucción de la oposición. Quiere que cualquier oposición comience la pelea desde cero. Devolverle la nacionalidad y los derechos políticos, según HOS, será “una negociación, que va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y otro”.

Por Victoriano Sánchez

El 18 de enero, conforme la Ley del Salario Mínimo, se instaló la Comisión Tripartita del Salario Mínimo, compuesta por el gobierno, los empresarios, y los sindicatos. Desde las protestas de abril del 2018, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no participa en este tipo de reuniones. Los empresarios están representados por agrupaciones menores como Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), y la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI), ambas ligadas a la dictadura.

Inflación y salario mínimo del 2022

El año pasado, la Comisión Tripartita acordó un aumento del salario mínimo del 7%, quedando el salario mínimo promedio en 6.978,34 córdobas, equivalente a casi 200 dólares. Con este dinero solamente puede comprarse un tercio de la canasta básica, conforme los datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Según las cifras oficiales de INIDE, en noviembre del 2022 el precio de la canasta básica de 53 productos para una familia, se situó en 18 mil 845 córdobas, alrededor de 520 dólares. La tasa de inflación del año 222 fue del 12%, sin incluir la inflación acumulada año con año, que se traduce en un descenso del salario real de los trabajadores. El aumento del costo de la canasta básica en ese año fue del 17%, lo que implica un déficit del 10% que perjudica el bolsillo de los trabajadores.

Las diversas propuestas

Al momento del cierre de la edición, no había salido humo blanco en relación a cuanto correspondería el aumento al salario mínimo en el año 2023. La Federación de Trabajadores del Azúcar, han planteado que el aumento debe ser del 12%. Luis Barbosa, de la Central Sandinista de los Trabajadores José Benito Escobar (CSTJBE) propuso que el aumento debe ser del 11.56%. La Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i), que agrupa a sindicatos de la construcción, planteó un aumento salarial del 28%, una posición que rompe con el conformismo y colaboracionismo de las burocracias sindicales alrededor de la CST y el FNT.

El delgado de CONAPI planteó que el aumento debe ser del 8%. Donald Baltodano, delegado de APRODESNI, declaró que el aumento debe quedar en una cifra, es decir, menor del 10%. “La pasamos por el 9%, (…) de acuerdo a los datos suministrados y estimamos de que el incremento puede oscilar, mínimo, entre el 7.31% que es el incremento de la canasta básica en los últimos 6 años, mínimo y el 10 y pico por ciento, considerando que hay sectores que son afectados por el impuesto, por el IR”, (El 19 Digital, 02/02/2023)

Por su parte, mientras continúan las negociaciones, la dictadura se adelantó anunciando un aumento unilateral del 5% a todos los empleados públicos, una cantidad por debajo del índice de la inflación que en el año 2022 fue del 12%.

A los 135.000 trabajadores de Zonas Francas se les concedió desde el año pasado un aumento del 8% anual, con base a un acuerdo de revision del aumento salarial cada cinco años, lo que mantendrá enllavados los salarios.

La tasa de deslizamiento al 1%

Un gran problema para los trabajadores es que la economía y los precios están dolarizados, mientras los salarios se ganan en córdobas. A partir del 2019, la dictadura ha comenzado a disminuir la tasa de devaluación anual del Córdoba, pasando del 5% al 1%. Aparentemente, esta decisión del Banco Central de Nicaragua, aplicable a partir del mes de febrero del año en curso, la daría más valor al Córdoba, pero es una simple ilusión. En realidad, esta decisión monetaria tiende a bajar el salario real, en la medida en que el alza de los precios internacionales de los productos que se importa se registra en dólares, y la inflación internacional se transmite a los precios del mercado en Nicaragua.

Solo para citar un ejemplo. Una motocicleta fabricada en China, a inicios del 2019 Valia 1200 dólares, en 2022 Valia 1500 dólares, en 2023 vale casi 2000 dólares. Quien quiera comprarla, deberá desembolsar más córdobas. Y este ejemplo es aplicable a todos los productos importados. No se produce una apreciación del Córdoba en relación al dólar, sino todo lo contrario.

Las remesas constituyen un alivio en los hogares de los trabajadores. El 20% del PIB de Nicaragua proviene de las remesas. Al estancarse la tasa de devaluación del Córdoba en el 1% anual, para comprar los mismos productos los hogares tendrán que recibir más remesas.

El salario mínimo debe estar acorde al costo de la vida

Mientras los sindicalistas se quiebran la cabeza encontrando la cuadratura del círculo, la solución ante la carestía y el alza de precios es sencilla: los salarios deben ajustarse constantemente al costo de la vida. Si la canasta básica ronda los 19,000 córdobas (unos 520 dólares) el salario mínimo debe ser equivalente, es decir, 520 dólares.

Por Victoriano Sánchez

En agosto del 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró sus oficinas en Managua, después de mas de once años de supervisión in situ de la economía. En ese momento, alegó que la economía había logrado estabilizarse y recuperarse.

Desde entonces, cada cierto tiempo, un equipo técnico del FMI visita el país, para revisar los datos y las políticas económicas. El estallido social del 2018 y posteriormente la pandemia de coronavirus, afectaron la economía. En el periodo 2018-2020, el PIB se contrajo en un 9%.

La última revisión del FMI registra que “(…) la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis. El financiamiento oficial internacional, incluida la asistencia de emergencia por parte del FMI, también ayudó a la economía a hacer frente a la pandemia y llevar a cabo los esfuerzos de reconstrucción después de los dos huracanes consecutivos en noviembre de 2020. El PIB real creció un 10,3 por ciento en 2021 y se espera que crezca un 4 por ciento en 2022, sostenido por el consumo privado y las exportaciones, dados los precios de exportación favorables”.

Este párrafo es un reconocimiento favorable a la política económica de la dictadura, aunque los datos macroeconómicos no reflejan un bienestar para la población, sino todo lo contrario.

Recomendación de aumentar los impuestos

Desde el año 2009, cuando se discutía el proyecto de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el FMI sostuvo discretamente que había que terminar con las exoneraciones y exenciones al gran capital. En ese momento, cuando fluía a borbollones los petrodólares de Venezuela, no se tomó ninguna decisión que perjudicara a los empresarios. En 2012 el FMI volvió a insistir en la primera reforma de las pensiones, que se aprobó a finales del 2013, y en reducir las exoneraciones y exenciones. En 2015 el FMI afirmó que la reforma tributaria podría aumentar los ingresos fiscales equivalentes a un 6.5% del PIB, y que era necesario crear un “colchón fiscal”. En febrero del 2018, dos meses antes del estallido social, el FMI volvió a insistir sobre el tema. El intento de aprobar una segunda reforma a las pensiones del INSS, fue uno de los detonantes de la crisis de abril del 2018, la cual fue revertida, pero aprobada con mayor dureza en 2019, cuando se produjo la derrota y el reflujo social.

En 2018 el estallido social rompió la política de “dialogo y consensos” con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y desde entonces la dictadura aplica unilateralmente las recetas del FMI, sin necesidad de consultar los empresarios.

La reforma tributaria del 2019

La dictadura aumentó los impuestos y eliminó muchas exoneraciones y exenciones en la reforma tributaria del 2019. El informe del FMI reconoce que estas políticas “(…) permitieron la acumulación continua de reservas internacionales brutas por alrededor de US$ 4.200 millones (6,0 meses de importaciones, sin incluir importaciones de maquila), a fines de septiembre de 2022”. Nunca antes en la historia de Nicaragua, el Banco Central había tenido tantas reservas internacionales.

En esta recuperación económica, a pesar de las duras sanciones economicas impuestas por Estados Unidos, hay un factor político: el aplastamiento de la rebelión de abril del 2018, por la incapacidad política de la oposición burguesa, permitió a la dictadura aplicar un riguroso plan de ajustes, que se ha traducido en una mayor recaudación fiscal, no solo sacando plata del bolsillo de los empresarios, sino del pueblo en general.

El FMI concluye que “(…) La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de que los riesgos hacia delante son a la baja, principalmente debido a los factores desfavorables al nivel mundial. Se espera que el crecimiento del PIB real se modere al 3 por ciento en 2023, debido a la debilidad de la demanda externa y a condiciones financieras externas más endurecidas. A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento del PIB real converja a su potencial de alrededor del 3½ por ciento, dada la cautelosa recuperación de la inversión y el crédito al sector privado, y una menor participación de la fuerza laboral”.

El FMI prevé un crecimiento moderado en medio las turbulentas aguas de la economía mundial. Todo esto ha sido posible por el retroceso de las masas permite a la dictadura aplicar unilateralmente las recetas del FMI y los empresarios las aceptan, aunque aminoren un poco sus ganancias.

¿Un nuevo modelo?

La dictadura está construyendo un nuevo modelo económico (el somocismo tuvo esas características pero en el periodo 1945-1972, de bonanza de la economía mundial) basado en el rol hegemónico del Estado que aplica políticas unilaterales para fomentar la inversión extranjera y la creación de nuevos grupos de capitalistas, dispuestos a desplazar a los grupos tradicionales, incluida la oligarquía financiera.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

Hace cuatros años, en octubre del 2018, cuando ya habían sido aplastadas militarmente las protestas populares, y la dictadura había logrado superar la crisis, nació en Octubre la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), como un frente de lucha común, de naturaleza defensiva, ante la represión de la dictadura.

En ese frente común participaban todas las agrupaciones que había nacido al calor del estallido social en abril del 2018, las fuerzas políticas tradicionales, incluso una nutrida representación de los empresarios, como el COSEP, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

El primer Consejo Político (CP) de la UNAB tuvo una fuerte representación de la ACJD. Fue hasta enero del 2020, en vísperas de la conformación del segundo CP, que, por ambiciones políticas y electorales contradictorias entre las fuerzas que conformaban la UNAB, la ACJD decidió separarse de la UNAB.

La pelea por el control de la UNAB

En el periodo de octubre del 2018 a enero del 2020, marcado por la represión, el encarcelamiento de centenares de activistas, y el fracaso del segundo Dialogo Nacional, hubo un forcejeo interno por el control del membrete de la UNAB.

En su interior, había dos grandes sectores. Por un lado, la ACJD dominada por los empresarios del COSEP, y que tenia un claro plan de agrupar a las fuerzas de derecha en una hipotética apertura democrática, de cara a las elecciones del 2021. Y por el otro lado, un sector mas plebeyo, que reflejaba la radicalización de la clase media y de algunos sectores populares, compuesto por tres pequeñas corrientes.

a.- La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) que agrupaba a no más de 30 ongs, con sus respectivas clientelas sociales, y que manejaba un discurso radical contra la dictadura y de críticas hacia los empresarios. Los grupos estudiantiles agrupados en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) era su activo más valioso. La AMS tiene su origen en el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS) que había fundado Herty Lewites, pero que después se transformó en un organismo de la sociedad civil” y terminó siendo conducido por Mónica Baltodano y Julio López. Esta corriente era la supuesta “izquierda” de la UNAB, al menos así se vendía en el extranjero.

b.- El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora denominado UNAMOS, que también controlaba movimientos sociales a través de ongs, Durante algún tiempo, el MRS mantuvo un discurso ambivalente, un pie dentro de la ACJD y otro dentro de la UNAB, hasta que la cercanía de la campaña electoral del 2021, desencadenó en una ruptura con los empresarios del COSEP, que por cierto no eran homogéneos.

c. Los liberales disidentes, encabezados por Felix Maradiaga. Los disidentes o expulsados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y también del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se reactivaron a partir de las protestas de abril del 2018, y vieron la oportunidad de tomar el control. Se salieron de sus partidos, pero llevaron todos los vicios de la corrupción y del clientelismo político al interior de la UNAB.

Composición y descomposición interna de la UNAB

Una vez que la ACJD se salió de la UNAB en enero del 2020, las tres corrientes eligieron un nuevo CP, en el que Felix Maradiaga obtuvo un rol predominante. Las dos corrientes disidentes del sandinismo, como la AMS y el MRS, compartieron casi equitativamente la conducción, pero decidieron que los liberales disidentes aparecieran como dirigentes principales.

La representación era por grupo, independiente de la cantidad de personas que agrupara. De esta manera, la AMS, que tenia duplicidad de grupos, logró mantener el 50% de los cargos en el CP. Hasta un momento determinado, los votos de la AMS ejercían una especie de veto ante cualquier decisión que les perjudicase, como, por ejemplo, la propuesta de cambiar la forma de elección del CP, que fuese por representación territorial y no por grupos.

Pero los efectos de la derrota se hicieron sentir al interior de la UNAB. Ya para el año 2019, la mayoría de los grupos autoconvocados se habían retirado, cansados de los pleitos intestinos, y porque sentían que no había una estrategia clara.

Los grupos estudiantiles fueron desapareciendo lentamente, la CUDJ quedó prácticamente en el cascaron, sin ningún tipo de incidencia dentro de las universidades, después que la mayoría de los dirigentes de la primera oleada fueron expulsados, encarcelados o enviados al exilio.

Quizas, lo que mas afectó a las agrupaciones de la UNAB, no fue solo la represión, que fue constante, sino también la corrupción que los ongs introdujeron al manejar cuantiosos recursos. Cada ong tenia un sector o base social que seguía las políticas de los donantes. Los activistas se reunían en hoteles, con almuerzo y viáticos asegurados, para cumplir con los requisitos del proyecto que los donantes financiaban. Los donantes eran fundaciones norteamericanas o europeas, que imponían líneas políticas, que no necesariamente reflejaban los problemas que la gente vivía en las calles.

Los ocultos fines electorales

Al final, dentro de la UNAB quedó un grupo de funcionarios de los ongs, o activistas pagados, que no tenían un criterio independiente. El peso de los disidentes liberales aumentó con el tiempo, los sectores progresistas y críticos fueron anulados. El objetivo central era utilizar la marca de la UNAB con fines electorales.

Lejos de convertirse en una nueva fuerza política, apoyada y financiada por sus miembros, el membrete de la UNAB era disputado para llevarlo como brazalete en una futura alianza electoral.

Si bien era correcto aprovechar una posible apertura electoral, el problema central fue que la UNAB no tenía una política independiente, sino que serviría como escalera política para partidos de derecha, reaccionarios.

Tanto la AMS como el MRS se negaron a construir una nueva fuerza política, porque ambos, aunque tenían diferencias, trataron de replicar, cada quien a su manera, las experiencias de alianzas políticas con el Partido Liberal Independiente (PLI) de Eduardo Montealegre en 2011, y la fracasada Coalición Nacional por la Democracia (CND) para las elecciones del 2016, cuando de repente la personalidad jurídica del PLI le fue otorgada a otra fracción. En ese momento, el MRS impulsó la creación del Frente Amplio por la Democracia (FAD), con los disidentes del liberalismo.

Para la elección del tercer CP en enero del 2021, Felix Maradiaga, de la minúscula Unión Nacional Autoconvocada (UNA) fue electo líder supremo de la UNAB, y postulado en los hechos como precandidato presidencial.

Las diferencias entre al ACJD y la UNAB era abismales. La ACJD plantea una alianza electoral liderada por CxL. La UNAB, controlada por el bloque (UNA, AMS y MRS) planteaba la creación de la Coalición Nacional (CN) con partidos como el PLC y el dudoso Partido de la Restauración Democrática (PRD).

La AMS se retiró lentamente del proyecto electoral, pero el MRS con la UNA siguió firmemente aferrado a convertir a la UNAB en un nuevo FAD, y a la CN como la expresión de la famosa unidad opositora.

Las políticas de alianzas con el PLC tuvieron un efecto desmoralizante en las reducidas bases de la UNAB. Para desviar las críticas, la cúpula de la UNAB manejó un discurso triunfalista sobre la ampliación del trabajo territorial, que en realidad era la recolección de los residuos de las corrientes liberales disidentes.

La UNAB afirmó que había logrado constituir directivas en los 153 municipios, pero en la elección del CP los candidatos de la llamada sociedad civil, que apenas obtuvieron 17 y 24 votos, quedaran electos como miembros del CP, y los candidatos que obtuvieron el doble de votos quedaron fuera. Por el sector territorial hubo apenas tres electos, cuando se suponía que los consejos municipales eran la mayoría. Todas estas mentiras tenían el objetivo a ultranza de lograr una cuota de poder dentro de la CN.

Incluso, sin haber logrado movilizar a la población por las necesarias y vitales reformas electorales, la cúpula de la UNAB se lanzó sin paracaídas a la aventura electoral, creyendo que se repetiría un triunfo electoral como el de 1990, cuando el pueblo salió a votar masivamente contra el sandinismo.

La dictadura apretó la soga

Después vino lo impensable, a pesar que algunos habían dado la voz de alerta. Lejos de iniciar una apertura democrática, la dictadura apretó la soga, e impuso un proceso electoral absolutamente controlado, encarcelando a los precandidatos presidenciales e iniciando una nueva fase represiva.

Los errores de la cúpula de la UNAB debilitaron enormemente a esta organización, y la represión de la dictadura dio el tiro de gracia. Una buena parte de los funcionarios de la UNAB se fueron al exilio, a lo interno la represión obligó a muchos a abandonar la lucha. Otra parte de la dirigencia fue encarcelada, entre ellos: Roger Hernandez, Tamara Davila, Jose Antonio Peraza y Alex Hernández. También se encuentran prisioneros Felix Maradiaga y Violeta Granera, quienes fueron sus principales dirigentes.

La dolorosa desintegración

Bajo las duras condiciones de la represión, en marzo del 2022 se realizaron las elecciones del cuarto CP. A pesar que Santiago Urbina, representante de la UNA de Maradiaga, obtuvo 80 votos, el día 11 de marzo renunció al CP. Esta renuncia significó que una de las corrientes se retiraba de la UNAB, dejando la conducción en manos del MRS (UNAMOS) y de una parte de la AMS, porque otra parte también se retiró en silencio. La renuncia de miembros del cuarto CP continuó. El 25 de septiembre renunció Roberto D’Andrea, delegado del Partido Acción Ciudadana (PAC) que dirige Moisés Hassan. El 3 de octubre renunció Walter Enrique Orozco Martínez, delegado del Movimiento Cívico 19 de Abril (MC19A). De 16 miembros del CP electos en marzo del 2022, han renunciado 3.

A inicios de octubre del 2022, denunciado decisiones burocráticas y “adultismo”, se retiraron las pocas organización juveniles y estudiantiles que quedaban en la UNAB, entre las que podemos mencionar a Acción Universitaria (AU), Movimiento UNAN en Pie (UEP), Fuerza Estudiantil Nicaragüense (FENI), Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia (MEAD) y la Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (AJIM).

Dentro de la UNAB solo quedan tres grupos: Voces Diversas de Sacuanjoche (AVODIS), la Coordinadora Universitaria (CUDJ) y la Plataforma Nacional Juvenil (PNJ), representada en el CP por María Laura Alvarado. Todos estos movimientos tienen características de ongs, y no son organismos de lucha y educación política de los jóvenes que los conforman. Todas estas organizaciones están en el exilio.

La justificación de Héctor Mairena

Habiéndose retirado una parte de la AMS y los liberales dentro de la UNAB, es obvio que lo que todavía queda está en manos de UNAMOS (antes MRS). Y la represión se ha centrado contra la dirigencia de UNAMOS que todavía esta en libertad o en el exilio.

Héctor Mairena, dirigente de UNAMOS y miembro del CP, ha minimizado la crisis terminal de la UNAB, embellece los errores políticos y se ha burlado de las críticas sobre “adultismo”, incluso ha dicho que detrás de la renuncia de algunos dirigentes puede haber una labor de inteligencia de la dictadura.

Para tapar los graves errores políticos de UNAMOS, Mairena dice lo siguiente: “En este año particularmente desde septiembre, la dictadura puso en marcha un plan, un operativo integral y de gran envergadura, para aniquilar a la Unidad Nacional Azul y Blanco en el territorio, y en particular al partido UNAMOS. (…)”

Indudablemente, que la brutal represión de la dictadura puede desarticular a cualquier organización, pero lo que no dice Mairena es que los errores políticos de la dirigencia debilitaron a la UNAB, y la dictadura aprovechó el momento de desbande para dar la estocada final

En relación al retiro de los grupos juveniles, Mairena dijo: “(…) adultismo hay en la sociedad nicaragüense (…). En la UNAB yo todavía veo jóvenes, y que han disentido de ese criterio de que hay adultismo. (…) (la dictadura) hace campaña diciendo que la UNAB desapareció, que la UNAB está en pedazos, y no descartaría, no en el caso de las organizaciones juveniles y eso lo que quiero subrayar, sino en casos individuales, y de otros que podamos desconocer, acción de inteligencia del régimen”.

Mairena trata de tapar el sol con un dedo. La dirigencia llevo a la ruina a la UNAB, y todavía se niegan a hacer un balance autocritico de las políticas que impulsaron durante el estallido social del 2018 y las fracasadas políticas de alianzas electorales con los partidos de derecha. Estamos contra la represión, demandamos la liberación de todos los presos políticos, pero la dirigencia de la UNAB ya no debe seguir engañando y confundiendo a los pocos activistas que todavía quedan. Necesitamos discutir los problemas para encontrar las soluciones.