Por Victoriano Sánchez

Finalmente, después de largas reuniones, los tres sectores que integran la Comisión Nacional de Salario Mínimo (CNSM), Gobierno, empresarios y centrales obreras, acordaron por “consenso, un nuevo reajuste al salario mínimo (marzo 2024-febrero 2025) equivalente al 10.01% en todas las categorías salariales, salvo los trabajadores de Zonas Francas que se rigen por un acuerdo especial de dos años, suscrito el pasado mes de enero.

Insuficiente aumento del 10.01%

En las negociaciones, las centrales obreras habían “levado la parada”, planteando un aumento de hasta el 14%, pero como ya es costumbre, el gobierno se decide por el promedio entre las peticiones de los sindicatos y las propuestas de la patronal. La cifra del 10.01% es simbólica de un supuesto aumento de dos cifras, pero en realidad el reajuste salarial se mantuvo en el umbral de una cifra, a pesar de la elevada inflación.

Alba Luz Briones, titular del Ministerio del Trabajo (MITRAB), anunció que “estamos dividiendo por sectores, sector económico y el período de vigencia: el salario nuevo para el sector agropecuario es de 5,721 con 17 centavos; en la pesca el salario actual será 8,699 con 23 centavos; mina y canteras el  salario será de 10,275 con 2 centavos; industria manufacturera el salario será de 7,992 con 75 centavos (…) La electricidad, gas, agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, el salario será de 10,493 con 79 centavos; la construcción, establecimiento financiero y seguros el salario será de 12,803 córdobas con 47 centavos; servicios comunales, sociales y personales 10.1% y su salario será de 8,020 córdobas con 47 centavos; Gobierno Central y Municipal 10.1% y el salario será de 7,134 córdobas con 52 centavos" (El 19 Digital, 29/02/2024).

En las principales categorías salariales, el salario mínimo oscila entre 155 y 220 dólares, quizás el más bajo de la región centroamericana. El aumento salarial de los trabajadores de Zonas Francas fue del 8% y tendrá vigencia por dos años, es decir, se mantiene congelado por dos años.

Para colmo, los trabajadores que ganen más 8,500 córdobas mensuales, o sea más de 100.000 córdobas anuales, deben pagar el 15% en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR), lo que reduce aún más el insuficiente reajuste salarial del 10.01%. Lo que entra por la bolsa izquierda, sale por la bolsa derecha.

Inflación y desplome de los salarios reales

Según datos oficiales, en los últimos cinco años (2018-2023), a pesar que el salario mínimo promedio en todas las categorías tuvo un aumento nominal del 37,54 (en 2019 no hubo aumento salarial), el poder de compra del salario real cayó 4.07%.  La cobertura del salario mínimo promedio mensual sobre el costo de la canasta de consumo básico se contrajo casi 7 puntos porcentuales al pasar de 45.45% en enero de 2018 a 42.30% en diciembre de 2023.

El poder de compra de los salarios se deterioró 19.65% desde enero de 2018 y, redujo su cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico desde 80.75% en enero de 2019 hasta 62.05% en noviembre de 2023.

Actualmente, para inicios del 2024, el precio de la Canasta Básica Total (CBT) de 53 productos ascendió a C$ 19,855.77 córdobas. Con el ultimo reajuste salarial del 10.01%, el salario promedio cubre el 45% del valor de la CBT, reflejando un desplome sin precedentes del salario real.

Bajos salarios y migración masiva

El deterioro de los salarios es, quizás, la principal causa del fenómeno de migración masiva en búsqueda de mejores oportunidades. Se calcula que en los últimos cinco años (2028-2023) más de un millón de nicaragüenses, especialmente jóvenes, han emigrado hacia Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros países.

Comienza a aparecer un fenómeno de escasez de mano de obra, especialmente en el campo. A pesar que en el último año, por falta de pedidos, las maquilas han despedido unos 20,000 trabajadores, estos no se quedan en el país, sino que buscan opciones de sobrevivencia en la migración.

Luchar por el empleo y un salario digno

La situación de los trabajadores es realmente dramática: Aunque la tasa de desempleo abierto se mantiene menor al 5%, con mucho subempleo, la escasez de mano de obra no incide en el aumento de salarios, porque la mayoría encuentra una salida o escape en la migración.

Bajo estas difíciles condiciones, no estallan luchas sindicales o salariales, debilitando aún más a los escasos sindicatos. Aun así, se hace necesario exigir la apertura de nuevas fuentes de trabajo, para evitar que se vaya del país lo más valioso de la juventud, al mismo tiempo exigir que el salario mínimo permita comprar el 100% de la canasta básica.

Si no hay nuevas fuentes de empleo, el Estado está en la obligación de proporcionar a los desempleados una renta básica que le permita alimentar a su familia.

Por Victoriano Sánchez

Este 18 de enero, conforme la Ley del Salario Mínimo, ante la presencia de Alba Luz Torres Briones, ministra del trabajo, se instaló la Comisión Tripartita del Salario Mínimo, compuesta por representantes del gobierno, los empresarios, y los sindicatos, la que se encargará de negociar y acordar el salario mínimo para las diferentes categorías y que será valido para el año 2024.

Cambio de la representación empresarial

Desde el año 2018, cuando se produjeron las protestas populares contra la dictadura, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no participaba en este tipo de negociaciones. Para remate, en marzo del 2023, el ahora Ministerio del Interior de un solo golpe disolvió la personalidad jurídica del COSEP y de 18 cámaras patronales que lo conformaban.

La representación de los empresarios ahora está en manos de las organizaciones de pequeñas y medianas empresas, y también por  la Asociación en pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), una nueva cámara de empresarios sandinistas.

La pétrea representación de la monarquia sindical

Los sindicatos en Nicaragua han sufrido un proceso de debilitamiento constante. Las tasas de sindicalización han sido históricamente bajas, por el alto desempleo. Además, los pocos sindicatos estan controlados por una burocracia que es una verdadera monarquia sindical. Todos los gobiernos, sin excepción, procuran la “paz social” reclutando o comprando a las dirigencias sindicales. Este proceso se ha acentuado bajo la dictadura, no hay un solo sindicato independiente.

En esas condiciones, las centrales obreras y sindicatos que asisten en supuesta representación de los trabajadores, no tienen margen de autonomía para reclamar o pelear las reivindicaciones de los trabajadores.

En general, hay dos bloques sindicales: la CST, el FNT (que agrupa a los trabajadores del Estado UNE, ANDEN, FETSALUD), ATC y otros sindicatos que conforman el bloque ligado al FSLN, la CAUS, CGT, CTN que son centrales meramente decorativas y sindicatos como el SCAAS conforman el llamado bloque que se autodenominan independientes.

El resultado es fatal: los trabajadores realmente no tienen representación que luche por un aumento de salarios.

Argumentos que justifican el deterioro salarial

El profesor José Antonio Zepeda, secretario general de ANDEN-FNT, justifica la política económica del gobierno, de la siguiente manera: debemos “(…) llegar a un entendimiento dentro del marco de lo que hemos señalado siempre, dentro de lo deseable, lo posible. Para que el crecimiento económico se siga desarrollando requerimos que, obviamente, haya un entendimiento y un acuerdo entre las partes, tanto los empresarios como los trabajadores"

Para lograr el salario mínimo se requieren, según Zepeda, “(…) "uno, del crecimiento económico, una vez que el Banco Central determinó oficialmente cuál es el crecimiento económico y, obviamente, el nivel de inflación que se alcanzó en el año 2023; esos dos parámetros te permiten a vos establecer algún mecanismo, para establecer un porcentaje que se va a aplicar en las negociaciones".

"Lo que nosotros queremos es por la estabilidad de este país, por el crecimiento económico que es sostenido, vamos a hacer una propuesta que no perjudique ni la economía de este país, porque yo creo que como trabajadores nuestro propio enemigo es la pobreza y también la inflación, nosotros no queremos también distorsión dentro de la empresa y tampoco en el Gobierno y vamos a hacer una propuesta salarial, de acuerdo, a las condiciones económicas de Nicaragua".

Estos monarcas sindicales piensan como economistas del gobierno, y no como dirigentes sindicales preocupados por defender el salario de los trabajadores.

Inflación y caída del salario real

A finales de noviembre del 2022 el costo de la canasta básica de 53 productos se situó en 18,845 córdobas. A inicios del 2024, ese costo subió a 20,000 córdobas con tendencia a incrementarse.

La Central Sandinista de los Trabajadores (CST), presentó una propuesta de incrementar en 13.50% de aumento al salario mínimo en todas las actividades. Es una buena propuesta, pero insuficiente.

Por el sector empresarial, la Cámara Nacional de la Pequeña Industria, (CONAPI), presentó una propuesta de aumento del 7%. APRODESNI estuvo de acuerdo con esta propuesta.

El gobierno decidirá

Como si fuera un espectáculo ya conocido, la CST eleva la parada, los empresarios la bajan, y el gobierno decide con una propuesta intermedia. Es casi seguro, que el aumento salarial sea del 10% como el año pasado, lo que significa una congelación salarial, tomando en cuenta el aumento de la inflación en los últimos años

Félix Maradiága y Juán Sebastián Chamorro pidiendo sanciones ante el Congreso de Estados Unidos

Por Francisco Martínez

La dictadura continúa explotando los errores de la oposición burguesa y pequeña burguesa en el exilio. Hace un mes, a finales de agosto, salieron a luz unos audios realmente escandalosos, una supuesta conversación “privada” de Félix Maradiaga que provocó recelos entre los exiliados.

Las acusaciones de “infiltrados” no se hicieron esperar. La desconfianza se volvió paranoia. En los audios que circulación en las redes sociales, Maradiaga se quejaba amargamente del estado calamitoso de los grupos de la oposición en el exilio, y de las pugnas entre ellos. Extrañamente se quejó del Grupo Monteverde, recientemente creado, siendo uno de sus voceros, y que se perfilaba como la nueva Coalición Nacional.

Los efectos negativos de la dura derrota

Los audios filtrados reflejan el nivel de contradicciones entre los lideres de los grupos de oposición en el exilio. La primera reacción de Maradiaga, fue “no, pero si”: “(…) A pesar de la manipulación de los audios, que se ha hecho de forma tal que mis palabras son sacadas de contexto, quiero hacerme responsable por lo que dije ahí”. Era obvio que no podía negar su voz, y tuvo que aceptar la responsabilidad.

¿Qué fue lo que dijo? Hablo de muchos aspectos, pero hay una parte en la que se refiere a los graves efectos de la derrota sufrida en 2021 y la profunda crisis de la oposición en el exilio: “A nivel de los liderazgos nacionales la gente no quiere trabajar, están muy cansados porque estoy viendo realmente que esto no va a funcionar (Monteverde), no funciona así. A la hora de conseguir el dinero para hacer cosas somos contados con la mitad de los dedos de una mano y estamos tratando de fingir ante Nicaragua de que le estamos haciendo huevo, pero la verdad de que todo mundo ya está colgando los guantes y he tratado de ser muy discreto y muy cuidadoso, no le he querido contar a nadie esto que está pasando y la verdad de las cosas es que el desgaste es inmenso”.

Efectivamente, los garrafales errores políticos de los grupos de oposición desde el 2018 hasta el 2021 le permitieron a la dictadura asestar golpes mortales. La moral de los opositores al interior de Nicaragua, esta por los suelos. Prevalece un periodo de terror impuesto por la dictadura, que no para de encarcelar a los activistas que no salieron huyendo al exilio

Se comprueba, una vez más, que los grupos de oposición en el exilio, están compuestos en su mayoría por ex funcionarios de los ongs cancelados, quienes hacen política con el dinero que obtienen de los donantes. Y si no hay dinero de los donantes, no trabajan. Quedó en evidencia que los grupos de oposición burguesa en el exilio, dependen del financiamiento externo y, en este momento, tienen problemas para conseguir nuevos donantes.

Maradiaga menosprecia al resto

Cuando se constituyó oficialmente el grupo Monteverde, en julio de este año, se nombraron cuatro coordinadores: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Támara Dávila y Carmen Chamorro. Todo parecía marchar viento en popa, pero no era así.

En los audios escandalosos, Maradiaga se refirió despectivamente sobre el líder campesino Medardo Mairena, --quien ahora trabaja como obrero de la construcción en Estados Unidos-- afirmando que hay pagarle los pasajes aéreos, llevarlo al aeropuerto y hasta escribirle los correos. “Sumar liderazgos es para que te ayuden”, o sea que no está en actitud de hacer equipo con Mairena, menospreciando su rol.  “Sumas a Juan Sebastián (Chamorro) y no acepta ser segundo de nadie”.

La rivalidad eterna entre los dos precandidatos presidenciales, que se ocultó en 2021, se mantiene intacta. Después atacó a la supuesta izquierda dentro de la UNAB: “El bloque de izquierda Ana Quirós y compañía están incomodos por el liderazgo que han perdido en ese espacio, lo están bloqueando y están haciendo que camine lento”, quieren que “(…) abandonemos Monteverde, que nos cansemos y básicamente replicar la estrategia UNAB quedarse con algo que tenga mucha marca, aunque no tenga estructura y que los elementos incómodos se vayan saliendo”.

Ana Quirós no es de izquierda, pero parece que se opone al liderazgo de Maradiaga, y este no acepta que le hagan sombra.

El cambio en la situación internacional

Maradiaga se lamentó que los “donantes” (Estados Unidos y Europa) están cambiando sus políticas hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Es una decisión prácticamente tomada por los europeos, es una decisión que Europa va a reparar sus relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela, van a flexibilizar sanciones, no van a tocar al Ejército, ni ningún aspecto comercial con Nicaragua. En EEUU hay algunos márgenes de maniobras, pero bastante menos”.

El dominio de Estados Unidos sobre el mundo se esta debilitando, en la medida en que surgen nuevas potencias en la arena mundial, como Rusia y China. Esto tiene un efecto directo sobre una oposición subordinada y amamantada por Estados Unidos. Las victorias relativas que la dictadura ha logrado, encarcelando y expulsado a la oposición burguesa y pequeña burguesa, han obligado a Estados Unidos a aceptar en los hechos el nuevo periodo presidencial de Ortega y Murillo.

El Departamento de Estado ha intentado reiniciar conversaciones diplomáticas con la dictadura, pero esta se niega poque considera que no ha llegado el momento de negociar. Y aunque los voceros de Estados Unidos amenazan con nuevas sanciones, al parecer hay un compás de espera.

Efectivamente, los temores de Maradiaga se confirman. Estados Unidos ya levantó algunas sanciones a Venezuela, para facilitar el proceso electoral del 2024, lo que le permitió a Maduro recuperar 6.000 millones de dólares. Las sanciones y el bloqueo se mantienen contra Cuba, pero en relación a Nicaragua, Estados Unidos ha bajado el tono. Este es un golpe mortal para aquellos grupos cuya única estrategia de lucha es pedir sanciones, las que resultan ineficaces para revitalizar la lucha popular contra la dictadura.

Pero lo que más hace vacilar a Estados Unidos es que, en el contexto de una Centroamérica en crisis, la dictadura ha logrado mantener la estabilidad económica y el control político. Y Estados Unidos no quiere arriesgarse a romper ese statu quo, aunque le moleste la dictadura.

La estrategia de las sanciones

Para amortiguar el golpe que Maradiaga le dio al Grupo Monteverde, algunos de sus voceros, como Juan Sebastián Chamorro, volvieron a insistir en la aplicación de sanciones, no solo contra altos funcionarios de la dictadura, sino contra los empresarios que la apoyan.

“Es importante mover sanciones a organizaciones, empresas, empresarios del sector privado que están haciendo negocio con la dictadura. Hay personas identificadas que están recibiendo jugosísimos contratos con obras públicas sin el menor tipo de transparencia (…) No creemos que el actual sistema de sanciones haya sido el adecuado y hay que seguir trabajando para cortar los recursos financieros a la dictadura”, denunció Juan Sebastián Chamorro. (Nicaragua Investiga, 29/08/2023)

En las declaraciones de Chamorro, se puede notar una inconformidad hacia el gobierno de Estados Unidos. Es la misma visión de Maradiaga, quien advirtió que la política de Estados Unidos hacia Nicaragua se iba a “flexibilizar”.

Chamorro se quejó entre dientes que “(…) La ley Renacer y Nica Act son instrumentos jurídicos aprobados de forma bicameral y bipartidista. No se han implementado en su totalidad y no ha sido por inoperancia de nadie. Eso le corresponde a las autoridades de ese país. Esto no ha sido por la desunión de opositores ni por que hagamos turismo político”, (Republica 18, 29/08/2023)

Y nuevamente los grupos de oposición desempolvan la petición de mas sanciones contra los altos funcionarios, incluido el Ejercito Nacional (EN). El problema es los grupos de oposición en el exilio cada vez se derechizan más, abandonan algunas posiciones progresistas y democráticas, y tienen un solo eje de ataque: que los Estados Unidos se encarguen de la dictadura, que los gringos hagan la labor que ellos no pueden hacer.

Esto es deplorable, porque cualquier oposición debe tener una línea política para apoyarse en el pueblo, levantando sus reivindicaciones mas sentidas, y no esperar que gobiernos extranjeros hagan la labor que le corresponde al pueblo de Nicaragua.

Con esta política arrastrada, de suplicas a Estados Unidos, le hacen el juego a la dictadura, que no se cansa de repetir que sufre agresiones de Estados Unidos. Como decimos en Nicaragua: “la niña llorona, y la china que la pellizca”.

“Recalibrando opciones”

Mientras la oposición burguesa en el exilio se desgañita pidiendo sanciones, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el encuentro de Central American Donors CADF2023, se refirió a la política en relación a Nicaragua, en los siguientes términos: "Es un reto mantener la presión ante el régimen de Nicaragua, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo son individuos que perdieron el poder una vez y no quieren volver a perderlo nunca. Por ello harían cualquier cosa para evitar elecciones libres y que la sociedad civil tenga voz. Vienen retos muy difíciles en el futuro y por eso siempre estamos recalibrando cual sería el mejor uso de las herramientas que tenemos en nuestro arsenal”.

“Estados Unidos está dispuesto a continuar, pero también hay otros entes internacionales que deberían sumarse como los países europeos que también deberían de estar analizando estos problemas. No hay respuestas fáciles, pero continuaremos con la presión sobre el régimen de Ortega”. (Radio Darío, 27/09/2023)

En pocas palabras, recalibrando significa evaluando, sopesando, cuál sería la mejor arma, pero también esto puede interpretarse como una negativa a continuar con una política de sanciones que ya fracasó

El ego insuperable de Maradiaga

El panorama desolador narrado por Maradiaga, parece haber tenido el objetivo de exagerar las dificultades para engrandecer su rol dirigente. “La gran atención internacional como no la hemos tenido antes, en el carácter personal, prácticamente tenemos las líneas abiertas con todos los principales actores internacionales desde Ginebra a Bruselas, de Ginebra a Washington, y de Washington a Nueva York con Naciones Unidas y tenemos las puertas abiertas con los liderazgos suramericanos también, y creo que alguna forma ha habido un reconocimiento de cómo hemos estado trabajando, como yo he estado trabajando y ha habido una invitación más clara y fluida para hacer algunas cosas”.

En pocas palabras, Maradiaga dijo: lo poco que se ha logrado, lo he hecho solo yo. Los audios escandalosos de Maradiaga lo obligaron a renunciar a la vocería en el Grupo Monteverde, y en los grupos de oposición en el exilio ha crecido el repudio a sus actuaciones, profundizándose la agonía de la oposición burguesa.

Por Victoriano Sánchez

La cancelación de alrededor de treinta universidades de “zaguán” en el último año, ha provocado un agrio debate sobre las reales intenciones de la dictadura al nacionalizar esos centros privados de educación superior.

Los medios digitales identificados con la oposición burguesa y pequeño burguesa denuncia el “robo” y el ataque contra la “autonomía universitaria” y la calidad de la enseñanza, pero se los olvida mencionar que la definición de autonomía universitaria, contenida en el artículo 127 de la Constitución, no es aplicable a los universidades privadas de “zaguán”, por constituir un negocio lucrativo de sus dueños.

La reciente cancelación de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de los jesuitas de la Compañía de Jesús, quizá la única de las universidades privadas que gozaba de prestigio y de cierta calidad en la enseñanza, ha reavivado el debate sobre cuáles son las reales intenciones de la dictadura.

El rol de los jesuitas en Centroamérica y Nicaragua

Para comprender lo que pasa, debemos analizar brevemente el rol de los jesuitas en Nicaragua y sus contradicciones con la dictadura.

Los jesuitas fueron una orden militar dentro de la Iglesia Católica, encargada de formar y educar a las elites en los diferentes países donde funcionan. A pesar que ya no son el ejército de la Iglesia, conservan un alto grado de organización, disciplina y dirección centralizada, al grado que, con los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia Católica, los cardenales tuvieron que elegir en marzo del 2013 a un jesuita, el actual papa Francisco, para poner orden dentro de la Iglesia Católica.

Los jesuitas, tienen una larga presencia y tradición en Centroamérica. En Guatemala, el dictador liberal Justo Rufino Barrios decretó su expulsión en septiembre de 1871. Al año siguiente, en mayo de 1872, bajo la presidencia provisional del liberal Manuel Méndez los jesuitas fueron expulsados de El Salvador. Los jesuitas expulsados se refugiaron en Nicaragua. No obstante, una década después, en junio de 1881, fueron expulsados de Nicaragua por el gobierno conservador de Joaquín Zavala, quien los acusó de alentar la insurrección indígena que tomó Matagalpa ese mismo año.

Regresaron a Nicaragua en 1916, bajo la segunda republica conservadora, cuando Nicaragua se encontraba ocupada militarmente por los marines norteamericanos. Crearon el Colegio Centroamérica en donde se educaba la elite de la oligarquía nicaragüense. Mantuvieron buenas relaciones con la dictadura somocista, al grado que Anastasio Somoza Debayle donó a los jesuitas los valiosos terrenos donde funcionaría la primera universidad privada en Nicaragua.

La Universidad Católica Centroamericana, sección de Nicaragua, fue creada como una asociación civil sin fines de lucro, obteniendo la Personalidad Jurídica mediante Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960. Posteriormente, reformó sus Estatutos en 1961, denominándose “Universidad Centroamericana de Nicaragua” o simplemente “Universidad Centroamericana (UCA)”, ratificado con el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961.

Cuando se inició la crisis de la dictadura somocista en 1974, con la rebelión de los empresarios del COSIP, los jesuitas comenzaron a tomar distancia del somocismo.

En ese periodo (1973-1979) ocurrió un fenómeno político en Nicaragua: los jóvenes de clase media que estudiaban en colegios católicos se radicalizaron, y se agruparon en movimientos cristianos revolucionarios que, bajo la bandera de la Teología de la Liberación, se incorporaron a la lucha popular y terminaron militando en las filas del FSLN, primero como colaboradores y después como combatientes, aportando muchos cuadros a la lucha insurreccional contra la dictadura somocista. Entre esos colegios religiosos, cuyos alumnos lucharon contra la dictadura somocista, destacan el Colegio Centroamérica, el Colegio Teresiano, Colegio Inmaculada Concepción de Maria, Colegio La Salle, etc.

De todas las congregaciones religiosas se destacaron los jesuitas y obviamente la UCA. Los jesuitas experimentaron un giro hacia la izquierda en toda Centroamérica, estableciendo nexos especiales con la guerrilla en Nicaragua y El Salvador. En 1971, Somoza Debayle expulsó al padre José Maria Sanjinés, por participar en la lucha contra la dictadura. El Grupo de los Doce, creado en 1977 como primera propuesta de gobierno de Unidad Nacional por parte de la guerrilla del FSLN, tenia como uno de sus miembros al padre Fernando Cardenal, sacerdote jesuita.

En noviembre de 1989, cuando ya se habían firmado los Acuerdos de Esquipulas II, el Ejército salvadoreño penetró al campus de la UCA, en San Salvador, y masacró a seis jesuitas por considerar que eran parte de la conducción de la guerrilla del FMLN.

Y así podemos citar muchos ejemplos más del involucramiento de los jesuitas en la lucha revolucionaria de ese momento.

En Nicaragua, los jesuitas pagaron un alto costo político por acompañar la lucha guerrillera del FSLN y apoyar al gobierno sandinista durante la revolución (1979-1990): la burguesía y sectores de la clase media alta no volvieron a confiar en ellos y no enviaron a sus hijos a la UCA. Después de 1990, bajo el gobierno de Violeta Chamorro, la UCA dependió totalmente del presupuesto del 6%. No era una casualidad que las principales movilizaciones estudiantiles de esa época, en los años 90, tenían como epicentro la UCA, y no la UNAN. Estas movilizaciones eran producto de la lucha estudiantil, no de la actividad de los jesuitas, aunque la UCA salía beneficiada por recibir una cuota alta del presupuesto del 6% para las universidades estatales, siendo una universidad privada. Esta contradicción provocaba malestar entre los activistas estudiantiles.

A final de los años 90 se inició un lento divorcio entre los jesuitas y el FSLN. Los jesuitas lucharon en las sombras por recuperar el control de la UCA, sin romper abiertamente con el FSLN, porque necesitaban la valiosa asignación del 6%. A partir del 2007, cuando el FSLN recuperó el gobierno, continuó el discreto proceso de distanciamiento pero fue hasta en abril del 2018 que se produjo la ruptura pública.

Los tiempos habían cambiado, el FSLN se había erosionado políticamente después de abril del 2018, y entonces los jesuitas comenzaron a enarbolar las banderas de la democracia, contra la dictadura Ortega-Murillo. A pesar de haber sido aliados del FSLN por más de dos décadas, calcularon que había llegado el momento de pasar a la oposición abierta, de la misma manera que en su momento le dieron la espalda al somocismo. Igual que Somoza, la dictadura Ortega-Murillo consideró que los jesuitas los habían traicionado en un momento crucial. El castigo de la dictadura fue la exclusión de la UCA en el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el recorte del 6% hasta llegar a cero las aportaciones estatales, profundizando la crisis financiera de la UCA.

La venganza de la dictadura contra los jesuitas fue implacable, primero la cercaron financieramente para después asestar el golpe final. Era cuestión de tiempo y de cálculos políticos.

Una muerte anunciada

El 9 de agosto del 2023, las autoridades de la UCA fueron notificadas que sus cuentas bancarias habían sido congeladas, por existir una causa judicial en su contra, sin especificar los orígenes de la misma.

Ese mismo día, María Amanda Castellón Tiffer, en su calidad de Directora General Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), entidad subordinada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución que revocó “(…) la renovación de la acreditación emitida el diecisiete de abril del presente año 2023 al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) (…) en consecuencia el Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) queda inhabilitado para administrar la Mediación como método alterno de resolución de conflictos (…)”. Este acuerdo fue comunicado inmediatamente y publicado posteriormente en La Gaceta No 147 del 14/08/2023.

Siguió una semana de incertidumbre y rumores sobre el destino de la UCA, los trabajadores y docentes no pudieron recibir sus pagos.

El 15 de agosto, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, en un juicio penal impulsado por la Fiscalía contra las supuestas “actividades terroristas” en la UCA, mediante sentencia ordenó “(..) la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA (…) la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos (…)

Dos días después, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior, por medio de una nota de prensa, sin publicar el texto del acuerdo, dio a conocer que en la sesión Ordinaria No. 23 del 17 de agosto del 2023 los miembros del CNU acordaron cancelar la autorización de funcionamiento de la Universidad Centroamericana (UCA). Inmediatamente, en la misma sesión, el CNU procedió a crear, sobre las ruinas de la UCA, una nueva universidad denominada Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro”, en honor al dirigente estudiantil sandinista.

Ese mismo día, 17 de agosto, de manera casi simultánea, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, acordó “(…) aprobar la cancelación de Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), conforme Sentencia emitida por el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Nicaragua de la Circunscripción de Managua, con fecha 15 de agosto del 2023; en cumplimiento a la Sesión Ordinaria No. 23-2023 del 17 de agosto del 2023, emitida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de OSFL, al no reportar sus Estados financieros períodos fiscales 2020, 2021, 2022 y encontrarse su Junta Directiva vencida desde el 18/03/2022. (…) Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.

Este Acuerdo fue publicado en La Gaceta No 151 del 18 de agosto de 2023.

En el marco de la guerra sin cuartel contra las asociaciones civiles sin fines de lucro,  la Ley No 1115 y de la emisión del Decreto No 01-2023, Reglamento de la Ley No 1115, publicado en La Gaceta No 31 del 20 de febrero de 2023, establecieron una diferenciación entre la “disolución voluntaria” y “disolución por incumplimiento” de las ahora denominadas organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Cuando la disolución es voluntaria, se aplica lo establecido en los Estatutos en relación al destino de los bienes, pero cuando la disolución es por incumplimiento de la Ley No 1115, es decir, cuando es una sanción de la dictadura, los bienes muebles e inmuebles pasan automáticamente a manos del Estado.

Como la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA fue producto de la sanción impuesta por el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, todos sus bienes pasaron a manos del Estado, a pesar que el artículo 42 de la Constitución prohíbe las confiscaciones.

El CNU autoriza, pero …

Cuando se produjo la cancelación masiva de universidades de zaguán en 2021, La Asamblea Nacional otorgó, en febrero 2022, mediante ley, la personalidad jurídica a las nuevas universidades estatales: la Universidad Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés”, la Universidad Nacional “Francisco Luis Espinoza Pineda” y la Universidad Nacional Politécnica (UNP).

Aunque el CNU aprobó del Acuerdo No. 154-2023 que autorizó la creación de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, y el Acuerdo No. 155-2023 que nombró a Alejandro Enrique Genet Cruz como Rector, a Luz Marina Ortis Narváez como Vice Rectora, y a Moisés Ignacio Palacios como Secretario General, todavía hace falta que la Asamblea Nacional otorgue la personalidad jurídica a la nueva universidad, mediante un Decreto Legislativo, conforme el artículo 138 de la Constitución.

Debate sobre el cobro de aranceles

Casimiro Sotelo fue un legendario dirigente estudiantil que en 1962 fue electo secretario de Relaciones Públicas del Centro Estudiantil Universitario de la Universidad Centroamericana (CEUUCA), y en 1966 llegó a ser secretario general del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la más importante organización estudiantil universitaria a nivel nacional.

El 4 de noviembre de 1967 un delator permitió la captura de Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Roberto Amaya y Hugo Medina, militantes del FSLN en la clandestinidad. Todos fueron torturados y asesinados cruelmente por la dictadura somocista.

La dictadura rinde homenaje a Casimiro Sotelo, al poner su nombre a la nueva universidad. El 18 de agosto fue el acto de inauguración de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”. En dicho acto, Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta del CNU y Rectora UNAN-Managua, al final de su discurso, eufórica, declaró solemnemente: “(…) las Autoridades que pondremos en posesión de sus cargos el día de hoy asumen una misión histórica (…) por ello les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las Familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre… no habrá ningún arancel o pago”. (TN8, 18/08/2023)

Esta noticia llamó la atención de los estudiantes que se encuentran en un limbo. No obstante, en una posterior entrevista en Canal 4, ante la pregunta si habría cobros en la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, Ramona Rodríguez aclaró que: “En la UNAN-Managua los estudiantes no pagan, los estudiantes aportan 200 córdobas por matricula por semestre en curso regular y los sabatinos, de profesionalización aportan 100 córdobas por semestre (…) El aporte ya lo definirá la universidad en concepto de matrícula. En la UNAN el aporte de prematricula que aporta el estudiante es de 350 córdobas (…) “Los postgrados no (los cubre el 6 por ciento), son libres. El 6 por ciento constitucional es para el grado, el pregrado, o sea, la formación en técnico superior, las licenciaturas e ingenierías. El postgrado es autofinanciado”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

De esta manera, quedó aparentemente aclarado que solo los estudiantes de pregrado y grado pagarían los aranceles establecidos para las universidades estatales, y que los estudiantes de postgrado pagarían completamente sus estudios.

El Acuerdo No. 154-2023 publicado en la Gaceta No 155, del  24/08/2023, estableció de manera general que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro” “operará de forma autofinanciada”, lo que reavivó el debate. No obstante, debido al malestar causado por la noticia de posibles cobros de aranceles como otra universidad privada, el CNU publicó una “fe de erratas” en La Gaceta No 156 del 25/08/2023 reafirmando que el funcionamiento de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”. Con esta aclaración, ya no quedan dudas de que la nueva universidad cobrara el mismo arancel establecido para las universidades del Estado.

Una política para recuperar la credibilidad entre los estudiantes

Después de las protestas de abril-mayo del 2018, y de la brutal represión contra los grupos estudiantiles, que envió al exilio a los grupos sobrevivientes, en el transcurso del 2022 y 2023 la dictadura inicio un proceso de estatización o nacionalización de casi una treintena de universidades privadas.

No cabe la menor dudad que la dictadura ha iniciado un proceso de acercamiento con los estudiantes, cerrando universidades de zaguán que cobraban costosos aranceles, transfiriéndolas al Estado, y estableciendo el cobro de aranceles para las universidades estatales, que es mucho menor que el que pagaban anteriormente.

Esta política de estatización parcial de la educación superior es rechazada por la totalidad de los grupos estudiantiles de oposición, quienes se van al otro lado, defendiendo la educación privada, sin analizar el contenido contradictorio de esta política. A veces los árboles no permiten ver el bosque.

Evidentemente, muchas de las acciones de la dictadura provocan rechazo, pero que los jóvenes puedan ingresar a las universidades estatales pagando los aranceles mínimos, es objetivamente una conquista social para muchos de ellos, aunque la medida haya sido adoptada por una dictadura.

A pesar de los intentos de recuperar la confianza de los estudiantes, la cobija no da para todos, cada año muchos estudiantes quedan fuera de las universidades estatales, porque sencillamente no hay cupos.

Alejandro Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo, reconoció esta realidad e informó sobre la campaña para atraer estudiantes: “Haremos visitas a los colegios del Ministerio de Educación para darles a conocer la oferta (…) Le haríamos un llamado a todos aquellos muchachos y muchachas que por falta de recursos no continuaron sus carreras en la universidad, creo que hay una buena cantidad de muchachos que tuvieron que retirarse porque sus condiciones económicas no les permitían continuar”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

La dictadura pretende congraciarse con los estudiantes al mismo tiempo que establece mecanismos de control en las nuevas universidades estatales, para evitar estallidos sociales como el de abril del 2018. Es una combinación de la política de zanahoria y garrote. Al mismo tiempo que estatiza la extinta UCA y crea una nueva universidad nacional, con aranceles bajos, mantiene la represión contra los activistas estudiantiles que todavía permanecen en el país

A la lista de presos políticos debemos agregar las recientes capturas de Adela Espinoza, otrora activista del Movimiento de Defensa Estudiantil de la UCA (MEDEUCA), a Gabriela Morales, ex atrincherada de la UNAN y Mayela Campos, estudiante de la UNI. Es una política que combina las concesiones materiales con la represión, para mantener el control en las universidades estatales.

Reclamo de los jesuitas

Como era de esperarse, la Compañía de Jesús se pronunció contra la cancelación de la UCA y el decomiso de sus bienes.

Arturo Sosa Abascal, líder mundial de los jesuitas, se quejó que a la UCA “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”, pero en tono conciliador declaró: “(…) Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad, la libertad y el derecho a la calidad de la educación de la juventud y de todo el pueblo de Nicaragua”. (Elsavador.com, 17/08/2023)

Un juicio justo -con una justicia imparcial- sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018 contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y con miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”. (100% noticias, 17/08/2023)

Todas las universidades jesuitas del mundo, expresaron su condena, así como un conjunto de gobiernos y personalidades, profundizando el aislamiento internacional de la dictadura. Obviamente, los jesuitas defienden sus intereses como educadores de las elites.

Cancelación de la Compañía de Jesús

La dictadura continuó con su plan de aniquilar la influencia social de los jesuitas. El 22 de agosto, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No. 105-2023-OSFL, por medio del cual canceló “(…) la Personalidad Jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, por no cumplir con sus obligaciones conforme Ley (no reportar Estados financieros 2020, 2021, 2022 y estar su Junta Directiva vencida desde el 27/03/2020)”.

Los ataques a la Iglesia Católica, el asedio a los colegios religiosos y la cancelación de la Compañía de Jesús pretende evitar que los curas y sus organizaciones juveniles pastorales, diseminadas por todo el país, jueguen el mismo rol de los movimientos cristianos revolucionarios en el periodo 1972-1979.

Y para rematar el proceso de liquidación de los jesuitas, a pesar que el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL canceló la personalidad jurídica de la UCA, la Asamblea Nacional aprobó, el 23/08/2023, la Ley No 1162, que deroga el Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960 y el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961, anteriormente citados.

La existencia legal de los colegios Centroamérica y Loyola, así como el proyecto social Fe y Alegría, dirigidos por los jesuitas, tienen los días contados. Tomando en cuenta que los dos últimos rectores de la UCA, jesuitas nicaragüenses, no pueden ingresar al país, probablemente la dictadura expulsará a los jesuitas de otras nacionalidades, finiquitando lo que sería la segunda expulsión de los jesuitas en la historia de Nicaragua.

¿Qué actitud deben tomar los estudiantes?

En primer lugar, no podemos sudar calenturas ajenas. Que los jesuitas defiendan sus intereses, y los estudiantes defiendan sus propios intereses. Si la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, permite el ingreso de los jóvenes que han quedado fuera del sistema de educación superior, debemos recibir la noticia como positiva para miles de jóvenes. Esto no significa apoyar políticamente a la dictadura, simplemente seria una conquista social para miles de estudiantes pobres.

En segundo lugar, debemos exigir que se cumpla con la “fe de erratas” publicada en La Gaceta La Gaceta No 156 del 25/08/2023, que aclara que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”, es decir, que los estudiantes pagaran los aranceles establecidos para las universidades estatales.

En tercer lugar, se debe garantizar los puestos de trabajo al personal que trabajaba en la UCA, para evitar la fuga de personal calificado, que no haya represalias contra los trabajadores administrativos y el personal docente.

En cuarto lugar, la situación de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” es la misma de las otras universidades estatales, es decir, debemos luchar por la autonomía universitaria, que la dictadura no tenga injerencia en la catedra universitaria, y que exista libre organización estudiantil.

En quinto lugar, corresponde a estudiantes, trabajadores y docentes, escoger a las autoridades universitarias para conformar democráticamente el gobierno universitario.

En sexto lugar, debemos mantener nuestro rechazo a la dictadura. La lucha por la democratización de Nicaragua es la misma lucha por la democratización y la autonomía de las universidades.

Por: Dr. Omar Méndez

El gobierno de Nicaragua abandonó la democracia para concentrarse en la coerción únicamente, a la defensiva, pero bien armado contra gente desarmada en tiempos de paz. Con una estrategia político-militar, no solo política, somete en el miedo y mantiene al pueblo en la opresión.

Período de transición

En 2023 se entra a un “período de transición” que ya no es  “una transición de la dictadura a la democracia”, porque hace falta un Estado de derecho y hace falta una oposición partidaria. En Nicaragua “dictadura-democracia-Estado de derecho”, las tres son la misma cosa, no hay independencia.

Se transita de la “tiranía a la liberalización”, ya no a la democracia, sino a la libertad. La etapa de liberalización comenzó con la libertad de los 222 presos políticos, pero dejó evidenciado la gran ausencia de una oposición, no fueron entregados a un partido o movimiento político como es el protocolo sino entregados por la vía diplomática a la USA, el 9 de febrero de 2023 con la pérdida de la ciudadanía un día después.

Un período de transición sin oposición partidaria, vuelve vulnerable al movimiento de masas, fácil de controlar desde arriba, como la “comisión de la verdad” en abril 2018. Se debe tener una oposición partidaria, para demandar las libertades políticas a restituir, en un acuerdo nacional.

El período de transición para el pueblo, deber ser para reemplazar el oenegismo por un liderazgo capaz de crear una nueva oposición partidaria, que ofrezca certeza entre la incertidumbre y de garantía de las libertades políticas.

Coyuntura actual

Tesis:

1. Nicaragua vive aterrorizada, sus poblaciones del campo y la ciudad, sus ciudadanos.

2. Se continúa el establecimiento del “Estado fuerte”, con táctica político-parapolicial.

3. No se cuenta ni dentro ni fuera de Nicaragua con una fuerza organizada capaz de tumbar una tiranía autoritaria.

4. Una incapacidad de la oposición partidaria de lanzar el reinicio de la lucha cívica por las libertades públicas y políticas.

5. Nicaragua transita de una dictadura a una tiranía absolutista.

6. Nicaragua transita de la legalidad a la ilegalidad.

7. Nicaragua transita por un Estado autoritario, donde no caben los derechos políticos para los opositores.

8. Nicaragua transita de la represión a la opresión como pueblo y ciudadano.

Absolutismo

La “dictadura parapolicial” logró lo que ninguna “dictadura militar” en América Latina había hecho en tampoco tiempo: Destruyó la sociedad civil organizada desde universidades, productivas, empresarial, religiosas y dejó a la ciudadanía sin partido político de oposición.

A la rebelión cívica de abril 2018 la dejó sin organización unitaria, a los partidos políticos sin personería jurídica, a los movimientos sociales desmoralizados, a los ciudadanos desalentados, y a la oposición tradicional postrada; le arrancó las virtudes a los luchadores populares y tergiversó los valores y la cultura del pueblo.

Al salirse de la democracia, la dictadura de Nicaragua con un aparato de Estado de terror, ofrece un modelo político antidemocrático: el absolutismo de Estado, centralizado en el poder ejecutivo y su presidencia bicéfala. La democracia entonces es sustituida por la violencia y por lo irracional; donde el comandante presidente es visto como un monarca electoral.

Al nicaragüense le quitaron el marco jurídico y cayó en el vacío donde no hay certeza, ni seguridad. Antes se guiaban por las leyes y normas, los gobernaba la soberanía popular y el Ejército había surgido del pueblo en armas.

Ilegítima

La dictadura bicéfala Ortega-Murillo es doblemente ilegítima, primero por abusar del poder en abril 2018 y posteriormente en 2021 por los resultados electorales fraudulentos. La dictadura  parapolicial dejó la legalidad, y separó la política de lo jurídico para no recibir un castigo.

Como resultado de la represión político-militar, no solo política, contra los tranques se registran 108 muertos y en los 105 días que duró “el golpe de Estado”, se estiman más de 300 personas muertas en el contexto de las protestas, más 1,337 personas heridas, 507 presos políticos y 126 saqueos; por el gobierno registran entre los muertos a 20 policías.

Las elecciones presidenciales y de diputados fueron precedidos por el operativo político-militar “Danto 2021” que dejó como resultado el liderazgo de la oposición de partidos y movimientos políticos presos, les ganó las elecciones antes de comenzar, los eliminó como competidores y los trató como delincuentes. Luego el operativo político-militar “Dantito 2021” con la misión especializada en perseguir a la Iglesia Católica, en ejecución.

Sector religioso

En este operativo político-militar “Danto 2021”, destruyó con métodos tiranos la sociedad civil nicaragüense y mantiene persecución y martirio sobre la Iglesia Católica, desde un obispo preso, presbíteros en el exilio, mayordomos de los santos patronos y coristas de la pastoral retenidos, encarcelados y luego de las celebraciones litúrgicas dejados en libertad; cero procesiones en las calles, todo bajo techo.

El fenómeno de la iglesia nicaragüense, encabeza la tercera y última batalla del ciclo de la rebelión de abril, donde un Estado local se enfrenta a una Iglesia Universal. La diferencia entre la primera iglesia mediadora 2018, creadora de alianzas ciudadanas y la actual 2023 es que la de ahora es una iglesia perseguida, es decir una nueva iglesia vitalizada en el martirio, renovada en la heroicidad, fecunda para una nueva sociedad nicaragüense que le acompañe.

El futuro de la iglesia Católica está en su jerarquía diocesana, en el obispado y no en el principado de la curia pontificia. El que define el equilibrio en este momento es “el cisne negro” la extraña santidad del obispo Rolando Álvarez, pastor de dos rebaños Estelí y Matagalpa con un año de estar en la cárcel, con ocho radioemisoras cerradas.

Sector productivo

En estos momentos la tiranía de Nicaragua ataca al gran capital para alejarlo del poder político, y así romper el equilibrio del desarrollo, por la desconfianza a invertir. Este tipo de violencia es prototipo del fascismo cuando toca al sistema productivo, las empresas no van a cerrar, sino que funcionarán por la fuerza policial o con terceros armados, para usufructuar, es la tónica y cunde el miedo entre los pequeños y medianos propietarios de tierras de ser expropiados.

Libertad

Solo la libertad va a poder unir nuevamente estos tres universales: a la sociedad, los valores y la razón. La ruta de salida no fueron las elecciones, ni los argumentos, ni el derecho internacional.

La respuesta no está en lo jurídico, en el derecho, en la norma, sino en los valores universales: soberanía popular, libertades políticas y sufragio universal entre iguales.

Se requiere de valentía y no se nace con ese valor, es producto de la cultura, y en la acción aparece como respuesta a las circunstancias del momento. La valentía viene del corazón no de la razón y son los valientes los que se enfrentarán como “opositores”, pero ahora con un partido político no unas ONGs, para vencer al enemigo principal del pueblo y lo coloque en la ruta del poder político.

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