Por Sebastián Chavarría Domínguez

Han transcurrido cuatro largos años, desde aquel fatídico 19 de abril del 2018, cuando una protesta estudiantil fue reprimida a balazos, en los predios de la Catedral de Managua. Esta masacre encendió la chispa de la rebelión, y abrió un periodo de grandes movilizaciones populares contra la dictadura.

Hoy existe el criterio general de la rebelión que se inicio en abril del 2018 fue aplastada por la dictadura, y que estamos sufriendo las consecuencias. Prevalece la desmoralización y el desánimo. Para recuperar la iniciativa y continuar la lucha es indispensable un balance critico y autocritico de los aciertos y errores cometidos. Es posible que nos equivoquemos en algunas afirmaciones, pero solo el debate permitirá aclararnos posibles errores de análisis. Solo así podremos levantar la cabeza, terminar con la dictadura e iniciar la democratización real de Nicaragua.

La debilidades y contradicciones de la lucha estudiantil

Hasta abril del 2018, el sandinismo mantenía un férreo control sobre las universidades. La represión del 19 de abril del 2018 generó una ola de solidaridad en los diversos recintos universitarios, y la movilización estudiantil fue acuerpada por sectores populares, iniciándose en poderoso ascenso de masas.

Pero, debido al control totalitario de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el organismo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las universidades, la movilización estudiantil era muy espontanea, caótica, desorganizada. No había grupos estudiantiles de oposición en las universidades.

Por un lado, el espontaneísmo era una ventaja, porque la energía juvenil se expresaba libremente, pero, por otro lado, al no existir ni conducción ni organización previa, que tuviese autoridad política sobre los estudiantes, la movilización espontanea termino siendo copada, en pocas semanas, por elementos lúmpenes, que actuaban como jefes de pandillas en los recintos tomados. El caso mas emblemático fue el de la UPOLI, al final los estudiantes tuvieron que abandonar la toma e irse a refugiar a la UNAN, donde también se presentó el mismo fenómeno.

El rol nefasto de los elementos lúmpenes

Todos coincidimos en el rol de vanguardia de los estudiantes, como el sector social que desencadenó la enorme ola de movilizaciones populares contra la dictadura. En cierta medida, se ha magnificado la lucha estudiantil, pero no se han analizado los problemas que terminaron liquidando a esta vanguardia estudiantil.

Uno de esos problemas fue que, en la medida que crecía la represión y las condiciones de lucha eran más duras, incluso con batallas campales en las calles, se sumaron a la lucha elementos lúmpenes de los barrios. Estos mostraron una enorme audacia en el enfrentamiento con la Policía, y a partir de ese momento comenzaron a tener incidencia, desplazando lentamente a la dirigencia estudiantil que se había puesto al frente de la lucha.

La dictadura, al ver la rebelión en las universidades, ordenó el cierre de clases. Pero las orientaciones que emanaron de los ONGs que funcionaban como dirección política, fueron realmente desastrosas. El famoso “paro estudiantil” llamó a los estudiantes a no asistir a clases en protesta contra la represión, pero no se dieron cuenta que la estrategia de la dictadura era precisamente desmovilizar y dispersar la protesta estudiantil. Al quedar vacíos los recintos universitarios, los lumpenes avanzaron en el control de las tomas, imponiendo sus métodos antidemocráticos. No había asambleas estudiantiles, no se consultaban las decisiones, estas quedaron en manos de improvisados jefes que, contradictoriamente, reprodujeron los mismos métodos burocráticos de UNEN.

Ascenso popular, represión y retroceso

Para contener o frenar el ascenso popular, la dictadura mantuvo una estrategia combinada de represión, repliegue táctico y negociaciones. Cuando una fase fallaba, venia una nueva fase. Primero intento contener con la represión, pero como las marchas de producían en casi todos los municipios, la represión resulto ineficaz. Después vino al repliegue táctico, la Policía no salía a las calles, y se creó una sensación falsa, artificial, de que el sandinismo había muerto o estaba abatido. Pero esto fue una maniobra defensiva para engañar, porque en realidad se estaba reagrupando para contra atacar.

Si bien es cierto que los estudiantes detonaron la lucha democrática, estos se replegaron y fueron los sectores populares quienes continuaron la pelea. Del 19 de abril al 30 de mayo, el ascenso de la lucha popular se extendió a lo largo y ancho en el país.

No obstante, la masacre de la gigantesca marcha del 30 de mayo, marcó un punto de inflexión. Ya no había seguridad en las calles, y las marchas comenzaron a declinar. Esta caída de la dinámica de la movilización fue lenta hacia abajo

La ACJD y la AMS: direcciones improvisadas

En el periodo del 19 de abril al 30 de mayo, también se produjeron maniobras políticas de la dictadura. Una de ellas fue la convocatoria al Dialogo Nacional. Debido al largo periodo de luna de miel entre la dictadura y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que se rompió en abril del 2018, no había una oposición organizada que pudiera ser la contra parte de la dictadura en el Dialogo Nacional.

Por ello la Iglesia Católica, que había sido convocada como mediadora, tuvo que improvisar el 6 de mayo una conducción política, estructurando la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), compuesta por elementos del COSEP y de algunos movimientos sociales que habían surgido al calor de la rebelión de abril.

En ese mismo periodo se constituyó la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) que reunió a los ongs y movimientos sociales críticos al COSEP. A pesar de las diferencias de lenguaje, en términos generales no hubo un cuestionamiento de fondo a la propuesta de Dialogo Nacional, como una posible salida a la crisis. El discurso de la AMS era mas intransigente, pero no planteaba una salida distinta.

Espontaneísmo contra una dictadura centralizada

Otra enorme debilidad de la rebelión de abril del 2018 fue el espontaneísmo generalizado, no solo del movimiento estudiantil, sino también de los sectores populares. Debido a la opresión burocrática del FSLN en el transcurso del tiempo se desarrollo un sentimiento de rechazo contra cualquier conducción centralizada.

El resultado fue que el aparato centralizado del FSLN, explotó esa debilidad del espontaneísmo a su favor. En realidad, lo espontaneo no puede destruir a una conducción organizada y centralizada, sobre todo que el FSLN viene de la escuela guerrillera y de una larga tradición de lucha centralizada.

La conducción de la ACJD y de la AMS, cada cual, desde su punto de vista, hicieron apología del espontaneísmo, como expresión democrática del pueblo, ambas agrupaciones se resistieron a crear una red de organizaciones populares de base a nivel territorial, priorizando la representación por sectores, y por grupos.

La maniobra del primer Dialogo Nacional

Cuando la dictadura estaba acorralada por la movilización de masas y el aislamiento internacional, convocó al Dialogo Nacional, para ganar tiempo. La dictadura engaño a todos haciéndoles creer que podía ceder las elecciones anticipadas. El Dialogo Nacional inicio el 16 de mayo y terminó el 16 de junio.

Nunca hubo intención de la dictadura para hacer concesiones reales, simplemente estaba reorganizando sus fuerzas para iniciar una contra ofensiva militar contra los tranques y barricadas

Los tranques: una táctica defensiva

Después de la masacre del 30 de mayo se inicio el lento repliegue del movimiento de masas. Ese era el momento de convocar a una Huelga General pero la ACJD estaba empeñada en que el Diálogo Nacional rindiera frutos, haciendo todo tipo de concesiones, incluso en un momento determinado hasta ofrecieron desmontar los tranques.

Lo que no se ha discutido es que después de la masacre del 30 de mayo, la mayor parte de los activistas se atrincheraron en los tranques, como una táctica defensiva. Incluso, los tranques estaban desligados unos de otros, sin coordinación entre ellos. Este factor facilito la contra ofensiva de la dictadura. Los tranques reflejaron una incipiente forma de organización popular, por ello la dictadura, una vez que había logrado frenar las enormes movilizaciones, como la del 30 de mayo, se concentro en reventar los tranques.

La ofensiva contra los tranques comenzó el 16 de junio cuando la dictadura dio por finalizado el Dialogo Nacional. La táctica dilatoria le había dado resultados. Del 16 de junio al 19 de julio se desarrolló la llamada “operación limpieza” por medio de la cual la dictadura aplastó tranque por tranque, hasta que el 19 de julio de 2018 Daniel Ortega proclamo su victoria e inicio una nueva etapa represiva contra los sectores populares que se habían rebelado.

Los dos “paros nacionales” de los empresarios

Después de la masacre del 30 de mayo, estaban dadas las condiciones para la Huelga General, pero los empresarios del COSEP venían maniobrando desde el interior de la ACJD para evitar un desbordamiento popular, que ellos no pudieran controlar.

El primer “paro nacional”, del 14 de junio, aunque fue obedecido por los sectores populares, en realidad era un lockout. Los empresarios mandaron a su personal de vacaciones, no fue producto de la organización y la disciplina popular. Fue convocado para presionar a la dictadura, cuando este se alistaba para dar por muerto el Dialogo Nacional.

El segundo “paro nacional” fue convocado el viernes 13 de julio, por la presión popular que exigía detener las masacres de los paramilitares. Para no quedar mal parados ante la población, la ACJD convocó al segundo lockout pero ya el daño estaba hecho, la dictadura había logrado destruir esa forma organizativa defensiva como fueron los tranques.

La dictadura logró imponerse

Hemos analizado las principales causas por las que la dictadura logró imponerse. Aunque el levantamiento popular de abril del 2018 ha sido denominado como una “insurrección”, realmente no lo fue. Se produjo un gran estallido social, una amplia protesta social en muchos municipios, pero no llego a convertirse en una insurrección. Los empresarios del COSEP, por un lado, y la dictadura por el otro, trabajaron para evitar que las movilizaciones terminaran en una insurrección triunfante.

Y no estamos discutiendo conceptos, sino la dinámica social que se desarrollo entre los meses de abril a junio del 2018. Las movilizaciones tenían una dinámica hacia la insurrección, pero por falta de una conducción política clara las condiciones fueron desaprovechadas, y la dictadura aprovecho esta debilidad para dar la estocada final.

A partir del 19 de julio del 2018 cambió radicalmente la correlación de fuerzas, y aunque continuó el descontento y la resistencia popular, la dictadura había logrado imponerse, al menos por algún un tiempo.

No hay dictaduras eternas. La derrota del levantamiento de abril del 2018 le ha permitido a la dictadura sobrevivir cuatro años más. Para continuar una lucha efectiva, debemos aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

La muerte de del general Hugo Torres en prisión, fue noticia en los principales medios de comunicación del mundo. No era para menos. Hugo Torres perteneció a la vieja guardia guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ocupó altos cargos dentro de la cúpula militar, y finalmente rompió políticamente con la conducción de Daniel Ortega, abrazando las posiciones del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), convertido ahora en UNAMOS, una ruptura socialdemócrata que ha evolucionado a posiciones cada vez más derechistas.

Independientemente que, aunque luchamos contra la dictadura, no compartamos la visión política de UNAMOS, la muerte en prisión de Hugo Torres, un viejo luchador enfermo con cáncer terminal, fue una clara muestra de crueldad de parte de la dictadura en contra de los presos políticos, y en especial contra alguien que perteneció a la vieja guardia guerrillera.

Estados Unidos amenaza con romper el CAFTA.

Debido a que las sanciones individuales contra altos funcionarios de la dictadura, no han tenido el efecto de doblegar a Ortega, el tema de la exclusión de Nicaragua del tratado de libre comercio, firmado en 2004, conocido como CAFTA-DR, ha sido una especie de última carta de presión, que se ha contemplado desde la pasada administración Trump.

Sorpresivamente, cuando se conoció la muerte de Hugo Torres en prisión, un funcionario norteamericano, que extrañamente no quiso brindar su nombre a la agencia Associtated Press (AP), declaró que “El gobierno de Biden está considerando tratar de expulsar a Nicaragua de un lucrativo pacto regional de libre comercio —o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de América Central— para tomar represalias contra la represión del presidente Daniel Ortega contra sus opositores” (AP, 18/02/2022)

En realidad, el tratado CAFTA-DR no contempla una cláusula de compromiso democrático, como si lo tiene el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, pero la ley RENACER incluyó el tema se “seguridad nacional” como una facultad discrecional del presidente de Estados Unidos para decidir si continúa manteniendo relaciones comerciales con un país que representa peligro para su “seguridad nacional”.

No hay duda que esas declaraciones anónimas son un mensaje de -Estados Unidos a la dictadura, de que puede haber más problemas económicos. En esa misma entrevista, se mencionó por primera vez la reducción de la cuota azucarera de Nicaragua, una decisión administrativa que causaría un grave impacto a la economía nicaragüense, altamente dependiente del mercado norteamericano.

Estamos pues ante una nueva escalada de presiones de Estados Unidos contra la dictadura de Ortega.

OEA solicita liberación de presos políticos

En la reunión del Consejo Permanente de la OEA, no se produjo la suspensión o expulsión de Nicaragua, como solicitaban los grupos de la diáspora en el exilio, sino una declaración, esta vez de 27 países, solicitando cortésmente la liberación de los presos políticos.

“(…) este Consejo Permanente ha reconocido en varias ocasiones las graves y cada vez peores condiciones de los derechos humanos en Nicaragua y que continuamente ha ofrecido asistencia para remediar esta situación pese a los desaires del Gobierno. Apenas el pasado 8 de diciembre este Consejo pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos en Nicaragua. (…) Consideramos que la continua detención de presos políticos constituye una grave violación de esos derechos a los que todos los Estados Miembros de la OEA han declarado su adhesión”. (OEA, 18/02/2022)

Cambio de medidas cautelares a tres presos

La dictadura se prepara para negociar ante un posible Diálogo Nacional, y por ello ha acelerado los juicios penales contra los presos políticos, con el objetivo de condenarlos a penas que oscilan entre 10 y 13 años de cárcel, más las penas accesorias de inhabilitación política por un periodo, para precisamente negociar su liberación total o parcial.

Al día siguiente del despacho noticioso de AP, la dictadura retrocedió un poco y, presionada por el escándalo causado por la muerte de Hugo Torres, por las presiones de la OEA y por las amenazas de reducción de la cuota azucarera, cambió el arresto preventivo por arresto domiciliar a tres presos políticos: Arturo Cruz, Jose Pallais y Francisco Aguirre Sacasa. Una pequeña concesión.

La crueldad de la dictadura con los presos políticos no tiene límites. Debemos exigir la anulación de todos los juicios y la libertad incondicional de todos los presos políticos, y evitar que ellos se conviertan en fichas de cambio en el inminente Diálogo Nacional.

Por Victoriano Sánchez

En el contexto de la oleada represiva contra las asociaciones civiles sin fines de lucro, a finales del año 2021 la Asamblea Nacional, a instancia del Ministerio de Gobernación, inició un proceso de cancelación de las personalidades jurídicas de varias universidades privadas, argumentando que estos organismos no habían cumplido con los requisitos de la ley que las regula.

Guillotina sobre una parte de las universidades privadas

Desde 1990 hasta la fecha, en un creciente proceso de privatización de la educación superior en Nicaragua, estaban autorizadas 52 universidades privadas, la mayoría de ellas de “zaguán”. Muchas de estas universidades recibían asignaciones del presupuesto general de la república, mermando ingresos del 6% a las universidades estatales. La privatización de la educación superior ha sido un negocio lucrativo.

No obstante, en un extraño giro de la dictadura, en el último periodo han sido canceladas un total de 14 universidades. Algunas de ellas ya habían dejado de operar o estaban en proceso de cierre, como es el caso de las universidades de origen norteamericano, como la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile.

También fueron canceladas la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Universidad Thomas More (UTM), la Universidad Particular en Ciencias del Mercado, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) que pertenece a la Convención Bautista, la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) ligada a la Iglesia Católica, la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).

¿Estatizando la educación superior?

Evidentemente, que no se trata de un proceso de nacionalización o reestatización de la educación superior, porque todavía quedan con vida 38 universidades privadas, en su mayoría ligadas a empresarios sandinistas.

Había una queja generalizada de estudiantes sobre los aranceles y cobros exagerados de estas universidades privadas. Al parecer, la dictadura aprovechó el descontento para pasarle factura a algunas universidades que fueron el centro de las protestas en abril del 2018, como fue el caso especifico de la UPOLI y en menor medida la UCATSE en la zona norte del país.

Antes de asestar el golpe mortal, la dictadura fue preparando el terreno. En octubre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 1088, Ley de reconocimiento de títulos y grados académicos de la educación superior y técnico superior, que otorgaba más facultades y centralizaba muchas funciones en manos del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como el otorgamiento, reconocimiento e inscripción de los títulos universitarios

Universidades estatales, pero con mismos aranceles

La Asamblea Nacional aprobó las leyes 1108, 1109 y 1110, creando tres nuevas universidades estatales: la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que viene a sustituir a la UCATSE, Universidad Nacional Politécnica (UNP) que viene sustituir a la UPOLI, y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que viene a sustituir a la UHISPAM, la UNEH, la UPONIC y la UPF.

Los bienes de las universidades canceladas fueron inscritos por ley a favor de las nuevas universidades estatales, las cuales recibirán fondos del Estado.

Alrededor de 14,000 alumnos perjudicados fueron reubicados en las nuevas universidades, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron que seguirían pagando los mismos aranceles que pagaban cuando eran universidades privadas.

Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), en el acto de juramentación de las autoridades de las nuevas universidades estatales, declaro lo siguiente:

“La situación económica no nos permite decir que (las nuevas universidades) van a ser gratuitas 100%, porque tenemos un presupuesto (limitado). Ayer (ocho de febrero) estuvimos revisando el presupuesto para hacer una reforma y que cada universidad tenga su presupuesto del Estado, que es el 6%, y también el aporte que hagan las familias a través de un pago mensual (…) Estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales que se requieren para garantizar sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país”. (artículo 66)

Por la gratuidad de la educación superior

La cancelación de esas universidades privadas ha generado una ola de lamentos. Muchos opositores ven ese cierre de universidades privadas como un ataque al derecho de educación y la libertad de catedra. Eso es un error politico garrafal. Si las universidades privadas fueron canceladas por voluntad de la dictadura, debemos exigir que las nuevas universidades estatales no cobren ningún tipo de arancel, y que exista verdadera libertad de catedra y real autonomía para docentes y estudiantes. Es la única forma de evitar que la dictadura consolide en control sobre las nuevas universidades y sobre el movimiento estudiantil.

Por Diego Lynch

El nuevo incremento al salario mínimo en Nicaragua fue aprobado en tercera sesión el día tres de febrero del corriente 2022, de manera unánime y casi inmediata por la comisión tripartita integrada en su totalidad por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (La representación del Estado a través del Ministerio del Trabajo; Los sindicatos Sandinistas y los empresarios Burgueses Sandinistas); quienes no tomando en cuenta la realidad y las necesidades de la masa obrera y trabajadora, y aprobaron un incremento del siete por ciento (7%) para todos los sectores, incremento que no beneficia en nada a la población.

“Un 7 por ciento del ajuste salarial para todos los sectores de la economía nacional (trabajadores del sector público y privado del país) aprobó la Comisión Nacional del Salario Mínimo, integrada por el gobierno, sector sindical, y la empresa privada…El día de hoy 3 de febrero hemos llegado a concluir con un acuerdo; el acuerdo que siempre espera la mesa, un acuerdo tripartito, un acuerdo que satisfaga las expectativas que tienen los trabajadores que están en el rango del salario mínimo”. (Declaraciones del Alba Luz Torres briones, ministra del Trabajo al 19 Digital).

Canasta básica inalcanzable

Mientras la canasta básica incrementa desmedidamente; los precios en el país se han dolarizado y la economía nacional se encuentra estancada, este incremento del 7% no viene a abonar en nada, más bien es una cortina de humo que crea falsas expectativas, aparentando una estabilidad económica y que el Gobierno se preocupa por los trabajadores. No obstante, la realidad es otra. Este incremento es una burla a la clase trabajadora, a los sectores asalariados más desprotegidos, a las familias nicaragüenses que tenían la esperanza de lograr al menos cubrir la canasta básica.

“El incremento no está apegado a la fórmula que establece la Ley de Salario Mínimo: inflación más crecimiento económico y tampoco reduce la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica (la cual actualmente sobrepasa los 16 mil córdobas, es decir más de U$450.00 dólares americanos). (Artículo 66; jueves 3 de febrero del 2022).

Vigencia del salario mínimo es ilegal

La Ley 625, Ley del Salario Mínimo en su artículo 4 deja claro que este se deberá fijar cada seis meses, de no ser así esto acarreará responsabilidades administrativas a la ministra del Trabajo. Esta decisión de que se realice cada seis meses tiene como objetivo que se valore no solo el incremento de la canasta básica, sino la carestía de la vida, el deslizamiento de la moneda y todos los factores que puedan incluir en la economía del país y afecten el poder adquisitivo y necesidades básicas de la población.

Obviando lo que nuestra legislación establece; obviando la realidad economía del país; obviando las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, el Gobierno de Ortega y del Frente Sandinista acordó con sus aliados otorgar un paupérrimo incremento el cual tendrá una vigencia de doce meses y no de seis.

“El Ministerio del Trabajo convocara a la Comisión Nacional del Salario Mínimo, a fin de cumplir con el artículo 4 de la Ley del Salario Mínimo, porque este 7 por ciento, es para todo el año, ya no se parte, como en otras ocasiones que hemos negociado; 7 por ciento al juste del salario mínimo, a partir del 1 de marzo para todas las y los trabajadores”. (El 19 Digital; jueves 3 de febrero del 2022).

El nuevo salario mínimo ya con el incremento variara según el sector entre C$4,723.95 córdobas el más bajo y C$10,571.78 córdobas el más alto; es decir ENTRE U$133 y U$297 dólares norteamericanos.

Por una nueva negociación

Denunciamos enérgicamente a todos los integrantes de esta Comisión tripartita, quienes son empresarios que buscan continuar enriqueciéndose a costa de sus trabajadores, a quienes les pretenden continuar pagando salarios de miseria y engañándoles con discursos de izquierda que no cumplen.

Reiteramos nuestra solidaridad con la clase obrera y trabajadora y emplazamos a la dictadura a que llame nuevamente a conformar la mesa de negociación y se escuche a los trabajadores, se tome en cuenta las verdaderas necesidades y el valor de la canasta básica. Es necesario nombrar nuevos representantes sindicales que velen por los verdaderos intereses del trabajador y echar de las centrales sindicales a estos sindicalistas que además de ser diputados sandinistas se han convertidos en vampiros que exprimen al trabajador y han encontrado en los sindicatos un modus vivendi.

Exijamos un salario mínimo no menor de seiscientos dólares americanos, con el cual se logre cubrir como mínimo la canasta básica y los servicios básicos de cada familia nicaragüense.