Por Sebastián Chavarría Domínguez

Ya estamos a la puerta del año 2021, y la situación de los grupos lejos de mejorar parece emporar conforme pasan los días. A estas alturas, cuando faltan 11 meses para la realización de las elecciones generales, no existe una clara alternativa electoral que cautive y atraiga a la mayoría de la población.

La larga agonía de la Coalición Nacional (CN)

Ante la incapacidad política de los dirigentes de la oposición, algunos resucitaron el fetiche de la “unidad” a cualquier costo, como garantía para una victoria electoral. Y fue así que las organizaciones que surgieron después de la insurrección de abril del 2018, como fue la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) renunciaron a postularse como dirección democrática de la nación, y optaron por construir una dificultosa alianza con los viejos partidos políticos, especialmente con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Ante el fracaso político de la “unidad opositora”, algunos sectores de la UNAB, específicamente la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), comenzaron a presionar por la expulsión del PLC, acusándolo de ser cómplice de la dictadura. El giro de la AMS fue muy tarde, porque el PLC había logrado construir alianzas dentro de la CN, dejando prácticamente en minoría a la ACJD y la propia UNAB. Este fue el factor, en ultima instancia, por el cual la ACJD decidió salirse de la CN, porque no podía controlar o influir dentro de ella.

El origen de la crisis de la oposición se debe a que la “unidad” no se construye sobre las propuestas que interesan a la población, como el desempleo y la crisis económica, etc., sino con oscuras negociaciones entre los grupos, cuya meta principal es negociar entre ellos las listas de candidatos para el 2021.

¿Suspensión o expulsión del PLC?

El debate sobre la expulsión del PLC dentro de la CN estaba al rojo vivo cuando se produjo el tuit de Mike Pompeo, amenazando a la familia de Arnoldo Alemán con posibles sanciones, y después se produjo la sorpresiva destitución de María Fernando Flores de Alemán de su condición de diputada del PLC.

Dentro del PLC existen dos corrientes: la arnoldista, que estaba representada en la CN por Maria Fernanda Flores de Alemán y un equipo selecto de arnoldistas, y la otra corriente encabezada por Maria Haydee Osuna, destacada dirigente de la vieja guardia que construyó el PLC, que se mantiene por fuera de la CN.

A Maria Fernanda, a pesar de ser la esposa de Arnoldo Alemán, le aplicaron el transfuguismo. La representación legal del PLC esta en manos de la fracción de Osuna, y esta solicitó su destitución por desobedecer la línea del PLC.

Después de largas discusiones dentro de la CN, la UNAB finalmente propuso la expulsión del PLC, pero la votación refleja quien controla realmente la CN. Igual como ocurrió en el caso de la representación independiente de los grupos juveniles, dentro de la CN la mayoría de organizaciones cerraron filas a favor del PLC. De 8 votos, hubo una votación de 6 a favor de la “suspensión” y solo 2 votos a favor de la expulsión. Estos correspondieron a la UNAB y de la representación juvenil de esta misma organización. Aunque debemos aclarar que, dentro de la UNAB, las posiciones más conciliadoras con el PLC estuvieron representadas por Violeta Granera, vocera oficiosa del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Ante los medios de comunicación, los voceros de la UNAB hablaron de “expulsión” del PLC, cuando lo que ocurrió fue una suspensión. Esto lo hicieron probablemente para calmar o engañar a sus bases.

El comunicado oficial de la Coalición Nacional, con fecha 30 de noviembre, expresó que la decisión fue “(…) Uno: separar y dejar sin efecto a partir de hoy la participación e integración del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la Coalición Nacional hasta que goce de autoridades con legitimidad democrática y las mismas den prueba evidente de la ruptura de sus lazos con el dictador (….) Dos: Denunciar Nacional e internacionalmente que los Ortega Murillo están asegurando su control del Partido Liberal Constitucionalista para apropiarse de las estructuras electorales que por la actual Ley Electoral le corresponde, a fin de poder organizar un nuevo fraude electoral manipulando la totalidad de los órganos que regirían el proceso electoral previsto para el 2021 (….) Tres: Que la Coalición Nacional se organizó bajo el principio de inclusión y dado que el liberalismo ha contribuido a su fortalecimiento, debe tener espacio para continuar contribuyendo al esfuerzo unitario que la Coalición encabeza, por lo que todos los liberales personalmente u organizados como ellos dispongan pueden continuar participando en las estructuras territoriales y de apoyo de la Coalición Nacional, garantizándoles a las bases y liderazgos democráticos del liberalismo procedimientos efectivos que aseguren su participación e incidencia que les corresponde por su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia”.

Efectivamente, la dictadura ha recuperado el control del PLC a través de la corriente de Osuna, pero esto no significa que la corriente de Alemán es realmente opositora. Lo que ocurrido es que el aparato del PLC ha sido atomizado por la dictadura, que negocia y juega con ambas corrientes,

Pero, como se puede observar, la resolución del 30 de noviembre de la CN fue sumamente conciliadora con las dos corrientes del PLC, dejando abierta la puerta para un posible retorno de esa agrupación. Al quedar suspenso el PLC no hay una casilla electoral disponible, solo queda la del minúsculo Partido de la Restauración Democrática (PRD).

Las presiones del departamento de Estado sobre Arnoldo Alemán, preparan el camino para que el conjunto de los grupos de oposición corran en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Crisis y pugna por el control de la UNAB

Las políticas de alianzas con el PLC han tenido un efecto desmoralizador  en las bases de la UNAB. Para desviar las críticas, la cúpula de la UNAB ha manejado un discurso exitista sobre la ampliación del trabajo territorial. Con mucha demagogia mencionan directivas en los 15 departamentos y dos regiones autónomas de la Costa Caribe, pero estas son directivas que han sido creadas en función de las negociaciones de las listas de candidatos, no han sido creadas para organizar y movilizar a la población.

A pesar que la cúpula de la UNAB se resistió a convertirse en un nuevo partido político, actúa en los hechos como tal, aunque el discurso hacia afuera es como una organización de la sociedad civil. Este partido clandestino es controlado por dos corrientes que rompieron con el FSLN; la primera es el MRS que nació en 1994, y la segunda es el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), creado por Herty Lewites y Mónica Baltodano. Esta última dirige la llamada Articulación de Movimientos Sociales (AMS). Estas corrientes establecieron una alianza electoral con la corriente liberal de Eduardo Montealegre para las elecciones del 2006 y 2011, hasta que se produjo el divorcio en 2016.

Con las masacres del 2018 creció nuevamente el sentimiento antisandinista, por ello estas dos corrientes prefieren actuar camuflados desde la sociedad civil, sin enarbolar banderas partidarias. Debido a la ruptura con la corriente que hoy es CxL, ambas corrientes privilegiaron la fallida alianza con el PLC,

Estas dos corrientes, que se aliaron para la elección del Consejo Político (CP) del año 2020, ahora que se acerca la nueva elección del CP en enero del 2021, están en pugna por el control del aparato de la UNAB. Quien controle la mayoría de la UNAB podrá sentarse a negociar la lista de candidatos con CxL.

Nuevas amenazas de Kozak

Mientras se producen rupturas y reacomodos entre los grupos de oposición en una conferencia de prensa telefónica el 16 de diciembre, el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, volvió a resumir cual es la política de la agonizante administración Trump en relación a Nicaragua: “(…) A medida que se aproximan las elecciones presidenciales del 2021, el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo. Estados Unidos está dispuesto a integrar... está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense. (…) Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua (…)”.

Toda la política de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) consiste en presionar para obligar a la dictadura a aprobar reformas electorales, pero en el fondo no quieren un derrocamiento revolucionario sino que la propia dictadura inicie una reforma que satisfaga a los empresarios y a los grupos de poder.

¿Reformas unilaterales?

Hasta el momento, la dictadura se niega a implementar reformas, pero esto no significa que no lo hará. Como es su costumbre, el sandinismo espera el momento propicio para negociar en una posición ventajosa. Habiendo resistido las sanciones de la administración Trump, la dictadura aspira a hacer concesiones formales con tal de sobrevivir.

El error estratégico de la oposición ha sido en confiar en las presiones internacional, y descuidar la labor de organización y de lucha política a lo interno. Solo la presión de masas a lo interno puede lograr reformas electorales aceptables, pero ninguno de los grupos de oposición lo ha hecho, ni la ACJD, ni la UNAB, todos se han conformado en negociar entre cupulas sin haber hecho una labor de masas. Los resultados ahí están, la dictadura está maniobrando y se alista para negociar con los partidos zancudos un remedo de reforma electoral.

Por

Ángel Hernández Cerda

El régimen corporativista de Ortega

Antes del 2007, año en que Ortega alcanzó nuevamente la presidencia, la estrategia que desarrolló fue el acercamiento con los grupos del gran capital a fin de hacer potable ante esa élite de poder su candidatura, igualmente pidió perdón a la Iglesia Católica; para dar muestra de que había cambiado, su retórica se basó en un discurso desideologizado y reconciliación nacional.

Ya de regreso al poder Ortega fue conformando con sus nuevos aliados el modelo que denominaron diálogo y consenso que inclusive se elevó a rango constitucional y uno de los más conspicuo representante del capitalismo nicaragüense lo denominó como un “hecho revolucionario”.

Pero,  ¿en qué consistió ese modelo también llamado alianza pública privada que lograba la armonía del orteguismo con el gran capital? simplemente Ortega garantizó la continuidad de la lógica de acumulación capitalista neoliberal, y además él creo un grupo empresarial propio con una fuerte mediación del Estado que le permitió concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar y algunos grupos emergentes de capital subordinados al dictador y no pocas veces jugando el papel de testaferros de la familia dictatorial.

La base económica que permitió el funcionamiento y sostén de ese modelo fue el flujo de recursos provenientes del convenio petrolero con Venezuela, se estima que el monto de dólares que ingresaron al país durante el período del 2007-2018 fue de U$4,000 millones más U$1,000 millones a través del BANDES así que esta cooperación que se manejó como una operación privada puede totalizar U$5,000millones, de la misma una mínima parte fue destinada a la compra de conciencia a través de programas clientelares para formar clientela política; igualmente por el lado de las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela a pesar de que el ALBA se denomina TCP o sea Tratado con los Pueblos, el gran capital durante el período 2009-2017, por 9 años, se despachó hermoso con un valor exportable de U$2,409.64 millones.

La manipulación de la cooperación venezolana por parte de la dictadura con la complicidad de la alianza inter-capitalista (COSEP-AMCHAN) permitió que el orteguismo se presentara como un gobierno de unidad nacional y defensor de las masas populares; sin embargo con la crisis venezolana así como las sanciones a dicho país, redujeron drásticamente a partir de 2016 el flujo de dólares y las exportaciones hasta llegar prácticamente a cero, el tamaño del pastel se redujo considerablemente, el modelo de alianza se fracturó y la economía inició una etapa de crisis que el gobierno dictatorial pretendió neutralizar con dos medidas económicas de extrema derecha para imponer un <<capitalismo salvaje>>. 

Ese concepto (<<capitalismo salvaje>>) fue utilizado por el sociólogo brasileño Francisco C. Weffort en 1967 al referirse a las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar de su país. En nuestro caso, nos referimos al recorte del subsidio de la tarifa eléctrica de febrero de 2018, a la reforma del INSS, las reformas tributarias de 2019, y otras ya aplicadas antes del 2018, que adicionando a la política depredadora y de destrucción del medio ambiente han afectado profundamente a los sectores pobres de la población. No hay duda que Ortega resultó ser un excelente neoliberal

Mientras se hicieron negocios y habían pingues ganancias, para el gran capital aliado de la dictadura la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos eran asuntos marginales, callaban sobre la corrupción en las instituciones estatales donde tenían representación, un caso icónico era precisamente el INSS, pero una vez que se acabó el business, mágicamente se transformaron en grandes demócratas, defensores de la independencia de los poderes y naturalmente se rompió la alianza con el orteguismo.

La rebelión cívica de abril.

Ante la situación que estaba generando el fin de la bonanza económica, el rechazo de las medidas impopulares, la dictadura respondió con acciones represivas a la protesta de la población, pero el gobierno dictatorial ni el gran capital y los partidos tradicionales contaban con la reacción masiva del pueblo que dio origen a la insurrección cívica popular donde el pueblo fue el protagonista y no espectador.

Con la incorporación de la población a la lucha social y política, si bien es cierto que su principal objetivo era el derrocamiento de la dictadura, también fue una expresión en contra del empresariado del gran capital y un rechazo a los partidos políticos; esta realidad provocó preocupación en las elites dominantes porque el movimiento ciudadano no estaba bajo su control.

Por esa razón, el gran capital, pese a que población movilizada mantenía trancada las principales ciudades del país y carreteras de tránsito internacional, nunca decidió apoyar la lucha del pueblo, mediante un paro nacional para dar el golpe de gracia a la dictadura, más bien prefirió continuar oxigenando, fundamentalmente por la vía fiscal, a la dictadura y ésta con esos recursos pudo mantener todo su aparato represor.

En cuanto al orteguismo que necesitaba también oxigenarse políticamente frente a la iniciativa del pueblo, pues se encontraba a la defensiva, solicitó a la Iglesia Católica organizar un diálogo nacional para “alcanzar la paz”, este hecho marcó el punto de inflexión estratégico en contra de los intereses del pueblo. Permitió a Ortega cambiar la correlación de fuerza a su favor y al gran capital desplazar a los dirigentes de la insurrección cívica, anulando las posibilidades protagónicas del emergente poder cívico y popular.

Se perdió la oportunidad de oro de organizar la resistencia nacional de la población por la inexperiencia de algunos dirigentes juveniles y alguna fracción del movimiento campesino que desmovilizaron a las masas populares y se acomodaron a las prácticas tradicionales de las elites de poder y que en la práctica significó acomodarse a las élites tradicionales. Sin embargo, consideramos que estos jóvenes y el campesinado aún tienen la posibilidad de dirigir la lucha cívica.

Hegemonía del gran capital y las élites políticas.

Durante el diálogo y después que fuera suspendido y hasta hoy, la dictadura ha incrementado exponencialmente la represión mostrando su rostro fascista, ejecutando con grupos paramilitares y fuerzas de choque acciones represivas, para no hacerlas aparecer como una acción meramente institucional por parte del Estado; asimismo, no acepta la divergencia, la disidencia o el pensar diferente desembocando en prácticas propias del fascismo.

El contexto que resultó después de suspendido el diálogo, fue la inmovilización de los sectores populares sin  estructura organizativa, ausencia de cuadros y liderazgo, constituyó el momento para que las fuerzas conservadoras (gran capital y élites políticas) se percataran de la necesidad de organizar su propio grupo de cúpulas elitistas que asumieran la dirección de la lucha política y de esa manera garantizar sus intereses económicos y posiciones de privilegios, levantando como bandera de lucha reformas electorales para participar en las elecciones del 2021, y así mantener sus cuotas de poder, esperando que sea la presión internacional quien obligue al dictador crear las condiciones aceptables y considerar legítima tal elección.

Lo anterior es creer que el dictador de manera voluntaria va dejar su cargo o permitir elecciones en las que puede ser derrotado, eso solamente ocurriría si obtiene las garantías necesarias para no rendir cuentas por abuso a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en otras palabras, garantizarle su seguridad personal, ampliada a su familia (impunidad) y asegurarle su capital (producto de la corrupción y saqueo al pueblo nicaragüense).

También sería ilusorio creer que la democracia, la justicia económica-social y el desarrollo nacional equitativo se logrará bajo la hegemonía de los mismos grupos que históricamente han privilegiado sus intereses sobre los intereses populares.

Ni el estilo corporativo del gran empresariado, ni el Orteguismo están diseñados para dirigir un cambio social y político que emprenda una profunda transformación de la sociedad nicaragüense.

Efectivamente, la cúpula empresarial tiene una visión de la crisis política como un problema técnico-burocrático-administrativo y hasta contrataron un grupo de expertos para realizar una reingeniería cuando formaban alianza con la atónica y maltrecha Coalición Nacional; luego para estar a tono con la globalización del capital nombraron en la Alianza Cívica un CEO (Chief Executive Officer, en español Director Ejecutivo). Finalmente, su criterio es la maximización de las ganancias como el principal criterio racionalizador de la sociedad, lo cual no necesariamente coincide con los intereses de la nación y del desarrollo.

Por su parte, el caudillismo intolerante de Ortega que consolida su poder creando bases patrimoniales y apoyado con un amplio sistema represor; adicionalmente desarrolla una organización de prebendas y corruptela para mantener a su “lumpen burguesía” y una red de “migajas” para los sectores empobrecidos de la población.  

¿Un nuevo diálogo?

Actualmente quienes definen las estrategias por el lado del gran capital, han fijado como objetivo central establecer un nuevo diálogo con la dictadura, y hacia ese objetivo apuntan las reiterativas declaraciones del señor Mario Arana, la carta enviada por los presidentes de la cámara de industria y cámara de comercio y servicios al dictador Ortega y la actividad realizada por el señor Alejandro Bolaños Davis “fortaleciendo la convivencia” que según sus propias declaraciones fue financiada por un empresario ligado al sector financiero.

Sin embargo, han surgido dos puntos de vista divergentes en el grupo empresarial, los que plantean que el estilo corporativo debe desarrollarse con autonomía no dependiendo de un partido dominante y de su caudillo, y sustentan su posición afirmando que quién posee el capital controla la economía, y por lo tanto debe también controlar el estado; la otra corriente asumiendo una posición según ellos pragmática, consideran que es preferible llegar a un acuerdo o entendimiento con Ortega que tenerlo gobernando desde abajo.

En ambos casos su objetivo es recomponer su tasa de ganancia, la defensa de sus intereses económicos a costa de los intereses populares, lo que no les impide que demagógicamente hablen de la necesidad de un modelo económico inclusivo cuando la realidad histórica de Nicaragua, ayer y hoy con dictaduras o sin dictaduras el crecimiento se ha basado en un modelo concentrador y excluyente y las élites del gran capital nunca han tenido la disposición para hacer concesiones o ceder un mínimo de espacio.

La dictadura por su parte ha convertido en una oportunidad la tragedia provocada por los huracanes, si bien es cierto que los montos indicados por los organismos multilaterales hacia Nicaragua son específicamente para ayuda humanitaria, casi un  U$1,000 millones de dólares, ello le dará para el 2021 una holgura presupuestaria que le permitirá mantener sin sobresaltos su aparato burocrático represor y además reconstruir las relaciones de clientelismo con los sectores más empobrecidos, convirtiéndolos en clientela política manipulada por el chantaje, para que voten a  favor del  caudillo que en realidad es el principal culpable de su situación, y te retribuye con  láminas de zinc,  paquetes de alimentos, etcétera, una verdadera ofensa a la dignidad humana de estos compatriotas, y una vergüenza nacional.

El camino de la desobediencia civil

La alternativa que ofrecen las élites dominantes es en última instancia mantener el statu quo, lo que llevará mayor decepción al pueblo, frustración, desesperanza y sobretodo mayor ira popular que significará tener un polvorín a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, hoy más que nunca es urgente conformar la estructura organizativa y movilización popular, la unidad tiene que ser en y con el pueblo, desarrollar su capacidad táctica y estratégica para a través de la resistencia pacífica y activa para desembocar en la desobediencia civil, enfrentar al aparato represivo y vencerlo, que permita no solo la salida del dictador sino el desmontaje total del sistema dictatorial, ello es una condición sine qua non para garantizar la no repetición.  

Solo en estas condiciones es posible hablar de un proceso electoral donde las fuerzas organizadas del pueblo participen autónomamente, y por medio del voto derrotar a las fuerzas que se oponen  al cambio, iniciar la realización de un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores, cuyo objetivo sea avanzar hacia la equidad económica y social, por lo tanto generar estructuras que funcionen en favor de los intereses de las mayorías, fortalecer la democracia política y así lograr que la población tenga una real y mayor participación democrática;

En este nuevo proyecto, el crecimiento tiene que ser incluyente y su distribución deberá ocupar un lugar central, por lo tanto,  los frutos del desarrollo económico deben colocar en primer lugar los intereses del desarrollo nacional, solo de esta manera saldremos de la pesadilla que por casi 200 años ha sufrido nuestra Patria y pueblo nicaragüense, lo contrario es prolongar el calvario de la población y desoír sus demandas expresadas a partir de su incorporación a la lucha en Abril: libertad, respeto a los derechos humanos, nunca más presos políticos,  no a la impunidad, justicia e ir reduciendo la desigualdad económica-social.   

Por Victoriano Sánchez

En Nicaragua, llueve sobre mojado. A la represión sistemática de la dictadura se han sumado varias tragedias adicionales: la pandemia de coronavirus y últimamente la devastación causada por los huracanas ETA e IOTA.

Con estos dos últimos desastres naturales se han agravado las condiciones de subsistencia de la población, especialmente en las zonas afectadas en las montañas del norte y en la costa del caribe, en donde se concentra los sectores más empobrecidos. Las casas de madera en la costa Caribe fueron arrasadas por los feroces vientos. Las posibilidades de reconstrucción inmediata son mínimas, dada la crisis económica que afecta al país en los últimos tres años.

Las posiciones contradictorias de la oposición

En un breve comunicado con fecha 18 de noviembre, la agónica Coalición Nacional (CN) se limitó a hacer “un llamado urgente a la solidaridad de los pueblos y gobiernos hermanos”, pero bajo ciertas condiciones: “a fin de evitar el uso partidario y el manejo inadecuado por parte del Gobierno, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, solicitamos que la cooperación sea coordinada y administrada mediante las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en colaboración con las agencias de cooperación y Organismos No Gubernamentales extranjeros con presencia en el país, para que la ayuda humanitaria se proporcione directamente a la población afectada”.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que rompió recientemente con la CN, en un comunicado del 19 de noviembre, demandó a la comunidad internacional y organismos multilaterales “sumar esfuerzos para brindar ayuda humanitaria posible a través de mecanismos seguros e independientes al alcance de las organizaciones internacionales y nacionales que permitan aliviar los efectos de la devastación”.

Esta postura es un cambio radical de posiciones. La CN y la ACJD ya no piden sanciones contra la dictadura, sino que ahora aceptan que la comunidad internacional brinde apoyo económico a la dictadura, pero bajo el control de los propios organismos donantes.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a pesar que forma parte de la CN y que suscribió el comunicado de esta última, sostuvo otra posición diferente, al anunciar demagógicamente que “hemos movilizado a los Comités Departamentales y todas las estructuras territoriales para brindar ayuda humanitaria a las miles de familias damnificadas”. Anunciaron pomposamente la creación de un “Comité de Emergencia para atender la situación”. Esta posición resultó pretenciosa e inútil, porque a reglón seguido se quejó que “el régimen ha impuesto restricciones para que la población haga recolectas de víveres, agua y avituallamiento”. En pocas palabras, no pudo hacer nada.

El problema es que las estructuras de la UNAB no tienen capacidad real para atender la emergencia, mucho menos contar con recursos para socorrer a la población.

Solidaridad y abandono del control ciudadano

En los momentos difíciles es cuando la población espera una orientación o propuesta concreta de la oposición, sobre lo que se debe hacer. Pero no hubo tales propuestas, ni la más mínima exigencia o emplazamiento a la dictadura.

La devastación causada por los huracanes ha servido para desnudar la naturaleza conciliadora de los directivos de los grupos de oposición, quienes le claudican a la dictadura al dejarle las manos libres para que maneje las posibles ayudas económicas, dejando en manos de organismos internacionales el control de esos fondos, renunciando a que sea el propio pueblo nicaragüense, o los damnificados los que controlen cualquier posibles donación o préstamos.

La solidaridad entre los pobres de Nicaragua es insuficiente para enfrentar los enormes desafíos que plantean la reconstrucción de las zonas afectadas. Todos los grupos (CN, ACJD y UNAB) coincidieron en que la solidaridad entre los nicaragüenses era la solución. Dejaron de remarcar sobre el hecho que la dictadura como gobierno es la que debe dar respuesta a la población damnificada. Si no lo hace, como no lo está haciendo, es ahí donde la oposición podría levantarse como una alternativa de poder real.

Fluyen los prestamos

Irónicamente, la pandemia y los huracanes le han dado oxigeno económico a la dictadura. La comunidad internacional no está interesada en derrocarla, sino que ha comenzado a aflojar lentamente los recursos necesarios, con algunas condiciones mínimas, para que sobreviva hasta las elecciones del 2021.

La dictadura ha cerrado filas con los gobiernos de la región centroamericana para solicitar en conjunto al BID un monto de 2,000 millones de dólares, los que serían repartidos entre todos. En el último mes la dictadura obtuvo 10 millones de la Unión Europea, 185 millones del FMI, 178 millones del BCIE, 90 millones del BID. No es un flujo copioso de capitales, pero son los recursos necesarios que la dictadura necesita para sobrevivir hasta las elecciones del 2021.

La oposición ha demostrado nuevamente su incapacidad política para luchar eficazmente contra la dictadura y los desastres naturales, por ello no nos cansaremos de insistir en la necesidad de organizar un partido alternativo.

Por Victoriano Sánchez

Las masacres del año 2018, contra los estudiantes y los tranques, le permitió a la dictadura sostenerse en el poder, y cambiar la correlación de fuerzas a su favor. La represión sistemática y la desarticulación de los liderazgos que surgieron después del estallido de abril del 2018, le permiten a la dictadura sostenerse de manera muy precaria.

Se acabó la bonanza económica

La dictadura chorrea sangre por la economía. Tiene tres años de crecimiento negativo, algo que los economistas llaman depresión económica, y esta tiende a prolongarse en el tiempo, sobre todo porque el año 2021 será de mucha incertidumbre por ser un año electoral.

Atrás han quedado los años de crecimiento de la economía, que fue producto de la inyección de dólares del convenio petrolero con Venezuela. Este dinero que fluía a borbollones se redujo drásticamente en 2016. La crisis de abril hizo explotar lo que ya se venía gestando.

Los dos años del gobierno de Daniel Ortega (2006-2018) fueron de crecimiento de los negocios de todas las fracciones de la burguesía. Estaban contentos, todo marchaba bien. La dictadura invento la formula del “dialogo y consensos”, incluso incorporando este corporativismo a la Constitución en el año 2014.

El monopolio de los hidrocarburos y electricidad

El manejo discrecional de los miles de millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela, le permitió a Daniel Ortega, consolidar su dictadura a través de una seria de etapas. Primero, hizo una alianza con la oligarquía financiera, permitiendo la no regulación de las ganancias, y bajo el acuerdo que ninguna de las partes invadiría el negocio del otro. En segundo lugar, con ese flujo de dinero, tuvo los recursos necesarios para crear programas sociales que aumentaron la clientela política, es decir, gente que estaba dispuesta a votar por el FSLN, por el otorgamiento de un título de propiedad de un terreno, o por una docena de láminas de zinc,  o un préstamo con bajos intereses a treves de CARUNA, etc.

La bonanza económica beneficio a decenas de miles de pequeños productores, ganaderos, que vendían sus productos agrícolas o pecuarios a un precio mayor que el mercado internacional.

Mientras muchos estaban embelesados con ese bienestar económico, la familia Ortega-Murillo aprovecho la relativa paz social, para desalojar a sectores marginales de la burguesía del negocio energético. Presionaron a la ESSO Estándar Oíl para negociar su salida del mercado de hidrocarburos, mientras se montaba una red propia. De esta manera, en poco tiempo se estableció un monopolio sobre un área de la económica, hidrocarburos, que estaba en manos de una transnacional y que abandono rápidamente un mercado pequeño como el nicaragüense. De igual manera, concentraron sus inversiones en comprar plantas obsoletas e invertir en energía eólica. Y así se creó el imperio energético de la familia Ortega-Murillo.

Las grandes ganancias de los bancos

Después de 1990, la burguesía que fue confiscada durante la revolución, no solo recupero una parte de sus propiedades, sino que centro su actividad en la creación de bancos privados. Recordemos que toda la banca había sido nacionalizada en 1979. Al incursionar en esta nueva área de la economía, comenzó a acumular progresivamente mucho poder, al grado tal que podemos afirmar que los nuevos oligarcas de Nicaragua no son las rancias familias aristocráticas, sino esa reducida elite de banqueros.

En los últimos 30 años han surgido dos nuevos grupos financieros: El Banco de la Producción (BANPRO) y LAFISE. El primero grupo es presidido por Ramiro Ortiz Gurdián, y el segundo por Roberto Zamora. Ambos son grupos financieros emergentes, pero los dos tienen cobertura regional. El tradicional grupo Pellas, que manejaba el grupo Banco de América Central (BAC), venido la mayor parte de sus acciones, primero a General Electric y después al grupo AVAL de Colombia.

Esta extraordinaria y veloz acumulación capitalista fue posible por el periodo neoliberal que se inició en 1990, y que todavía no ha terminado, porque en el 2007 Daniel Ortega continuo con esa misma política de privilegiar la relación con la nueva oligarquía financiera.

Según la información del Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), los banqueros nicaragüenses tienen altas tasas de ganancias, cinco veces superior al promedio centroamericano. Esto ha sido posible porque todos los gobiernos (Chamorro, Alemán, Bolaños y Ortega) se han negado a regular las ganancias de los banqueros.

Además, todo el flujo de dólares del convenio petrolero con Venezuela, a pesar que lo manejó discrecionalmente la familia Ortega-Murillo, ingreso por estos bancos, los cuales manejaron los depósitos, y tuvieron la suficiente liquidez para incrementar sus negocios de préstamos con altos intereses para los usuarios.

Las fricciones entre la oligarquía financiera

Dentro de la oligarquía financiera hay competencia, roces, golpes bajos, etc, por los negocios. En 2014 la familia Ortega-Murillo decidió crear su propio banco, llamado Banco Corporativo (BANCORP). Esto provocó recelos entre los banqueros porque hasta ese momento, ellos tenían el monopolio de la banca privada, y parte de los acuerdos con la dictadura es que nunca entrarían a competir con ellos en el negocio bancario.

Con solo los depósitos del flujo de dólares de Venezuela, había un capital inicial de por lo menos unos 2500 millones dólares, que pondría a temblar a cualquier banco.

Ortega-Murillo calmaron a sus socios del momento, diciéndoles que BANCORP sería una banca de segundo piso, es decir, prestaría solo a empresas y corporaciones, y no captaría dinero del público, ni entraría a competir a nivel de créditos. Aunque Ortega mantuvo su palabra, un nuevo banco había nacido y en cualquier momento se desataría una feroz competencia entre ellos, el inicio de la guerra bancaria era cuestión de tiempo. Sin embargo, el estallido social del año 2018 aceleró las contradicciones entre la oligarquía financiera.

Existen dos fracciones claramente delimitadas. Por un lado, están los bancos más fuertes, el grupo Pellas y BANPRO, más proclives a recuperar su lugar hegemónico en la economía y las finanzas, y por el otro esta LAFISE, asociado con el grupo Baltodano, quienes tiene el monopolio de la exportación de café, que son más inclinados a renegociar el statu quo, para regresar a la situación anterior de 2018, redefiniendo la institucionalidad.

La quiebra masiva de los pequeños negocios

Mientras se producía ese reacomodo entre nuevos y viejos sectores de la burguesía, lo mas afectados eran los pequeños y medianos negocios. Los trabajadores, por su parte, siempre estaban ganando los peores salarios de la región centroamericana.

Al estallar la crisis en 2018 y reducirse la actividad económica, además del descenso natural que se apreciaba desde el 2016, se produjo un fenómeno de endeudamiento progresivo de los pequeños y medianos negocios, hasta el cierre masivo, especialmente con la pandemia.

La mayor parte de las fuentes de empleo en Nicaragua provienen de los pequeños y medianos negocios. El cierre masivo de empresas y negocios a partir de la crisis del 2018, y que se ha acentuado en estos dos últimos años, agravada por la pandemia, es lo que ha producido un mayor desempleo.

La dictadura no hizo nada para rescatar y salvar estos pequeños negocios. Los empresarios del gran capital, especialmente los banqueros, tampoco han movido un solo dedo. Esta masa de pequeños propietarios y quienes dependían de estas fuentes de empleo, han sido duramente castigados.

Como era de esperarse, este cierre masivo de empleos no se tradujo en una radicalización de la clase media, sino en todo lo contrario. La dictadura ha aprovechado el aplastamiento de la insurrección desarmada en 2018, para aplicar duros planes de ajuste, pero sin tocar un pelo a los banqueros.

Es necesario controlar las ganancias de los banqueros

Con la quiebra de BANCORP, la burguesía sandinista tuvo que abandonar la idea de ocupar una parte del espacio del mercado financiero, pero tampoco ha decidido regular las grandes ganancias de estos grupos financieros.

El resultado fatal ha sido que mientras la crisis golpe a una amplia masa de pequeños propietarios, enviando al desempleo a los trabajadores, los bancos nicaragüenses son los que siguen teniendo la más alta tasa de ganancia en la región centroamericana.

Mientras Nicaragua se hunde en la pobreza, la represión y la barbarie, estos banqueros continúan enriqueciéndose, y la dictadura, deseosa de reconciliarse con ellos, no emite ni una sola directriz para regular sus fabulosas ganancias.

Los trabajadores y el pueblo nicaragüense tenemos dos caminos para controlar esas ganancias desmedidas: El primero, el más importante, seria nacionalizar la banca privada, para que el Estado pueda tener los recursos financieros necesarios para apoyar a esa enorme masa de pequeños productores endeudados y en proceso de quiebra.

La experiencia negativa con la nacionalización de la banca, en el periodo de la revolución (1979-1990) ha provocado una actitud negativa ante este planteamiento, que muchos han abandonado. La nacionalización debería ser bajo control de los trabajadores bancarios., para evitar la corrupción y el tráfico de influencias.

La segunda opción, es la regulación de las tasas de interés, que la SIBOIF obligue a los bancos a cobrar tasa de interés razonables, acordes a la difícil situación económica del país. Muchos bancos nicaragüenses consiguen prestamos en Estados Unidos, a intereses bajísimos, pero cuando otorgan los préstamos a los productores o pequeños negocios cobran tasas de interés que en promedio pueden andar por el 30% anual. ¡Usura completa!

Cualquiera de estas dos opciones conduce inevitablemente a luchar por el derrocamiento de la actual dictadura, la principal consentidora de la oligarquía financiera.