Por Sebastián Chavarria Domínguez

La sorpresiva excarcelación y destierro de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, producto de una negociación secreta entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura Ortega-Murillo, parecía iniciar una distensión y el inicio de una posible negociación política. No obstante, ese mismo día la dictadura apretó tuercas y anunció que, a pesar de haber entregado pasaportes con diez años de vigencia, anulaba la nacionalidad de los 222 ex presos políticos. “Una de cal y otra de arena”, como se dice popularmente.

Una semana después, el 15 de febrero, la dictadura propinó una nueva estocada: una resolución judicial anulaba la nacionalidad nicaragüense a 94 personas que viven el exilio, bajo la acusación de “traidores a la patria”. En ambos casos, la anulación de la nacionalidad va acompañada con el “decomiso” de todos sus bienes.

Al arrancar la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa, incluidos los lideres estudiantiles y populares, la dictadura cerró, por el momento, la posibilidad que estos fuesen los interlocutores en una posible negociación posterior.

Entonces, lo que pareció ser una concesión o señal de apertura, por parte de la dictadura, dio inicio a un nuevo intercambio de golpes con Estados Unidos.

La OEA-CIDH lanzó la primera acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En abril-julio del 2018, cuando la dictadura reprimió las protestas populares, Estados Unidos mantuvo un discurso moderado a favor de la paz y la negociación. Incluso, cerró los ojos y no condenó la represión, Como la negociación no llegó a producirse, inició un nuevo ciclo de presiones, siempre con el objetivo de doblegar a la dictadura, enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos, que efectivamente habían sido violentados con las masacres y la represión.

En el “estira y afloje”, la dictadura aceptó en 2018, por un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el arribo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los acontecimientos ocurridos entre abril y mayo de ese mismo año en Nicaragua.

El GIEI rindió su informe oficial ante el Consejo Permanente de la OEA en diciembre del 2018 concluyendo lo siguiente: (…) el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. (GIEI Nicaragua 21/12/2018)

Esta fue la primera vez que la OEA y la CIDH afirmaron que en Nicaragua se habían cometido “crímenes de lesa humanidad”. Aunque los medios de comunicación reprodujeron por algún tiempo esta acusación, la instalación del segundo Dialogo Nacional en 2019 y la paciente espera del proceso electoral del 2021, creó expectativas de una posible salida electoral, y el tema de los #crimenes de lesa humanidad” prácticamente cayó en el olvido.

De las 23 recomendaciones, resaltan dos: La primera es que el GIEI instó el gobierno de Nicaragua a “ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”.

Efectivamente, Nicaragua nunca suscribió el Estatuto de Roma y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Nicaragua, y la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad” queda flotando en el aire

La segunda era que “con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país”.

De esta manera, dejaron la puerta abierta para que la OEA y la ONU tomaran acciones contra los presuntos responsables. El tema quedó congelado por algún tiempo, esperando los resultados de una posible negociación.

ONU retoma y amplia la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En noviembre del 2021 se realizó el proceso electoral con todos los candidatos de la oposición burguesa en la cárcel. Ese mismo mes, la dictadura anunció que se retiraba de la OEA, desconociendo cualquier resolución de la OEA y de la CIDH.

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos, mediante la resolución otorgó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos en este país, tomando en consideración que la investigación del GIEI en 2018 quedó en la nada, por el retiro de Nicaragua de la OEA y el desconocimiento de la CIDH.

Un año después, la nueva acusación estaba lista, esperando el desarrollo de los acontecimientos. El hecho de quitarle la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa y enviarlos en esas condiciones a Estados Unidos, irritó a la administración Biden, quien devolvió el golpe con una nueva acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”, mucho más grave, que no se limita a lo ocurrido en 2018 sino que abarca los últimos 5 años.

En su informe, leído el 2 de marzo de este año, el GHREN concluyó lo siguiente: “(…) existen motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. Dicho ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose. El GHREN también concluyó que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste.

Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”.

Jean-Michael Simon, quien presidió el GHREN, en una entrevista comparó a la dictadura Ortega-Murillo con el régimen nazi: “(…) “El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi (…) Se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis” (The New York Times, 02/03/2023)

Estas conclusiones del informe del GHREN son, sin lugar a dudas, la antesala de posibles nuevas sanciones o cualquier otro tipo de acciones, individuales o colectivas, contra la dictadura.

Golpe a ASOBANP, COSEP y 18 cámaras empresariales

Un mes antes, el 3 de febrero, la dictadura ordenó la cancelación de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), que reúne a la oligarquía financiera. Debido al duro golpe propinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con la resolución del GHREN, que tenían engavetada, el 6 de marzo  asestó otro duro golpe a los empresarios organizados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), disolviendo también 18 cámaras empresariales.

Es importante señalar que no se trata de una medida anticapitalista, ni una expropiación, ni una nacionalización de los medios de producción. La economía capitalista sigue funcionando normalmente. Estamos ante la consumación del divorcio político entre la dictadura y una parte de la cúpula empresarial que inició en 2014, cuando se creó el Banco Corporativo (BANCORP), que fue visto por la oligarquía financiera como una competencia “desleal”. El estallido social del 2018 aceleró este divorcio, pero siempre hubo intentos de regresar a la reconciliación. En pocas palabras, la oligarquía financiera y la burguesía tradicional no tiene organismos gremiales donde discutir ni interlocutores para negociar con la dictadura.

En el último periodo las tensiones han aumentado. El diario La Prensa fue cerrado y sus bienes liquidados a favor del Estado, los partidos políticos de derecha han sido cancelados, cerca de 3500 ongs fueron cancelados. Los ataques la Iglesia Católica han llevado a varios curas a la cárcel y el exilio, y a mantener preso a Monseñor Rolando Álvarez. El nivel de confrontación entre la dictadura y la burguesía tradicional parece haber llegado al camino del no retorno.

Ante esta situación inédita solo caben dos posibilidades. La primera es que la dictadura, en su autodefensa y antes las presiones de Estados Unidos y la UE, devuelve cada golpe y lo descarga contra la Iglesia y los empresarios, para obligarlos a darle una nueva legitimidad.

Existe una particularidad en la economía nicaragüense. Salvo los ingenios azucareros y el sector de energía, que están en manos de grandes empresas, el resto de la producción agropecuaria esta en manos de pequeños y medianos productores, que no están organizados en el COSEP o ASOBANP. Los golpes a la cúpula empresarial no afectan a estos pequeños y medianos productores. No podemos descartar que, aprovechando el conflicto con Estados Unidos y la UE, la dictadura aprovecha el momento para rematar la burguesía tradicional, que fue muy golpeada durante la revolución, y crear un nuevo sector empresarial ligado directamente al circulo gobernante, sin tocar o golpear a esta masa de pequeños y medianos productores.

La segunda posibilidad es que este intercambio de golpes sea el preludio de una inminente negociación, en que cada bando procura atrincherarse lo mejor posible.

Incluso, las dos hipótesis descritas anteriormente, no se contradicen y al final pueden complementarse esperando la evolución de los acontecimientos.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

La excarcelación de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, fue una agradable sorpresa para muchos. Quienes fueron encarcelados, juzgados y condenados, por solo el hecho de ser opositores, nunca debieron estar bajo esas duras condiciones.

Otra sorpresa fue que un sector de la cúpula de la oposición burguesa en el exilio estaba al tanto de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y la dictadura, prueba de ello es que hubo una delegación de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos en el aeropuerto Dulles, recibiendo a los ex presos políticos, y otra delegación del llamado “Grupo Monteverde”, asentados en Costa Rica, estaban presentes el mismo día en el Lobby del hotel en Washington, esperando el arribo de los excarcelados.

La aplicación de las Leyes No 1055 y No 1145

La sorpresa mayor fue que la excarcelación no fue producto de una amnistía o indulto, sino de una sentencia judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que aplicaba retroactivamente la Ley No 1145, Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, publicada en La Gaceta No 25 del 10 de febrero de 2023, un día después que se produjeron las excarcelaciones

El articulo 2 de la Ley No 1145, estableció que “Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.

El artículo 1 de la Ley No 1055 estableció que quienes “(…) menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Esta es una ley de naturaleza proscriptiva, prohibida por el articulo 34, numeral 11 de la Constitución.

Ambas leyes están entrelazadas. La Ley No 1055 permitió juzgar y condenar a la mayoría de los 222 presos políticos, inhibiéndolos de postularse a cargos de elección popular, y la sentencia del TAM, aplicando la Ley No 1145, les anuló la nacionalidad nicaragüense, convirtiéndolos en apátridas. El problema es que el articulo 20 de la Constitución ordena claramente que “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad (…)”.

Resulta obvio la inconstitucionalidad de ambas leyes, pero lo mas grave es que, aunque los ex presos políticos han sido liberados, fueron expulsados del país, se las anuló la nacionalidad nicaragüense, quedando intactas las condenas y las penas dictadas bajo la Ley No 1055.

En el hipotético caso que algunos de los ex presos políticos regrese al país, incluso con otra nacionalidad, tiene cuentas pendientes por que sus condenas estas firmes y bajo ninguna circunstancia podrá participar en procesos electorales.

Entusiasmo por el diálogo y un balde agua fría

La misma mañana del 9 de febrero, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos,  quien estuvo informado de los detalles relacionado con la excarcelación de los presos políticos, declaró que “(…) La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en relación con temas de preocupación. El acontecimiento de hoy es producto de la diplomacia concertada estadounidense (…)”

No obstante, Blinken y el Departamento de Estado no conocían la sentencia del TAM que anulaba la nacionalidad nicaragüense. La alegría de estos funcionarios y de la cúpula de la oposición burguesa se transformó en amargura.

A pesar de ello, el día 10 de febrero Blinken y el canciller Denis Moncada se reunieron telefónicamente. El Departamento de Estado emitió una nota sobre la “importancia del dialogo constructivo entre Estados Unidos y Nicaragua para construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense”

Para no contradecir las declaraciones optimistas del día anterior, Blinken envió a Emily Mendrala, Subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, a una conferencia de prensa para responder las preguntas sobre la pérdida de la nacionalidad para los ex presos políticos. Mendrala dijo que: “(…) Nosotros vemos el esfuerzo de ayer, el paso de ayer, como un paso positivo y queremos entrar en diálogo a ver si podría ponernos en una trayectoria más constructiva en la relación bilateral. (…)

Sobre la pérdida de la nacionalidad de los ex presos políticos, aclaró: “(…) No teníamos detalles de esto, de estas intenciones antes de ayer (…) Nosotros tenemos preocupaciones graves de las noticias de que habían cancelado la ciudadanía de algunas de esas personas. (…)”. (10/02/2023)

El 10 de febrero, Peter Stano, vocero de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, remitió un comunicado en el que expresaba que: “(…) La UE ha pedido constantemente, por todos los medios disponibles, la liberación de los presos políticos. Aunque no deberían haber pasado ni un solo día en prisión, hoy la UE expresa satisfacción y alivio. (…) Si bien la UE rechaza la decisión de despojar a los ex presos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo cual es una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional, su liberación es un paso positivo y esperado desde hace mucho tiempo que debe ser seguido por diálogo y otras acciones.

La UE permanece abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos apropiados, y conducido de manera respetuosa”.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) apuraron el trago amargo que significa la cancelación de la nacionalidad para los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa, así como la de algunos dirigentes populares, haciendo más énfasis en el dialogo y la relación constructiva.

Y para reafirmar el castigo e infundir el miedo y el terror, la dictadura anuló la nacionalidad nicaragüense de otros 94 opositores que no cayeron presos y que permanecían activos en el exilio.

España, Chile, Argentina y México se han ofrecido para proporcionar asilo y una nacionalidad a los 316 apátridas. Algunos han dicho que adquirirán otra nacionalidad, pero con ello cierran para siempre la posibilidad de participar en política en Nicaragua.

¿Cuál era el objetivo?

La dictadura decidió liberar a los presos políticos, en primer lugar, para aliviar la presión internacional en su contra, y en segundo lugar porque ya había cumplido sus principales objetivos: organizar las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 sin participación de la oposición burguesa, garantizándose la continuidad en el poder, y de igual manera organizar las elecciones municipales de noviembre del 2022, sin competencia real.

La dictadura no descansa. Después del aplastamiento de la rebelión del 2018, esperó pacientemente el momento para encarcelar, juzgar, condenar y recluir en las cárceles de El Chipote y La Modelo, a la cúpula principal y a las direcciones intermedias de la oposición burguesa y pequeña burguesa, manteniéndolos como rehenes, para en el momento oportuno, liberarlas, arrancándoles la nacionalidad, y enviándolas al destierro para garantizarse de que no participaran en los futuros e inevitables procesos de apertura política.

La nueva coyuntura según HOS

Es muy riesgoso aventurarse con los pronósticos políticos. Pero el hecho de barrer físicamente con todos los grupos de oposición, no dejando un solo dirigente a nivel interno, indica que la dictadura se prepara para una “apertura política”, absolutamente controlada por el poder, es decir, conforme los intereses, necesidades y plazos del grupo gobernante. Esta “apertura” o reforma gradual sería para mantenerse en el poder, y la única forma de hacerlo es instaurando una dinastía familiar, moderada, con una seria de compromisos, que sea finalmente aceptada, como el mal menor, por Estados Unidos y la comunidad internacional.

Refuerza esta hipótesis la ultima comparecencia del general Humberto Ortega Saavedra (HOS), hermano de Daniel Ortega, en el programa de Andrés Oppenheimer en el canal de CNN en español, el pasado domingo 19 de febrero, cuya señal por cierto está bloqueada en Nicaragua.

HOS representa al ala moderada de la vieja guardia sandinista y se ha convertido en un adalid de la reconciliación nacional, pero bajo la tutela del sandinismo. HOS afirmó que con la liberación de los presos políticos se cierra la coyuntura abierta en 2018, y se abre una nueva: las elecciones presidenciales del 2026.

“La coyuntura que ahora hay que resolver es la de 2026, con las elecciones presidenciales, que se puedan tener unas elecciones, en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde 2018 (…) en este momento no pueden haber elecciones, por eso trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de un plazo  (…) Ni la oposición está preparada para ir a las elecciones, aun cuando le quitaron esos impedimentos, y ni el Gobierno en sus negociaciones, que consiguiera, tiene que impulsar para manejar sus asuntos”.

“Si no entramos a la ruta (de las elecciones), si no aprovechamos este momento y entramos en una ruta de ir buscando vínculos, negociando, de ir buscando como construyendo, cerrar esta coyuntura (del 2018) en el marco jurídico, constitucional, legal que son las próximas elecciones de 2026, entonces iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podía cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno”,

No es la primera vez que HOS advierte que debe haber un acuerdo nacional o viene el caos. Efectivamente, la dictadura se está preparando con cuatro años de antelación para las elecciones presidenciales del 2026, y por eso liquidó a todas las organizaciones opositoras y ongs, y envió al destierro como apátridas a los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa.

Siempre con varios pasos adelante, la dictadura ha castrado políticamente a quienes pueden encabezar más adelante la reconstrucción de la oposición. Quiere que cualquier oposición comience la pelea desde cero. Devolverle la nacionalidad y los derechos políticos, según HOS, será “una negociación, que va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y otro”.

Por Victoriano Sánchez

El 18 de enero, conforme la Ley del Salario Mínimo, se instaló la Comisión Tripartita del Salario Mínimo, compuesta por el gobierno, los empresarios, y los sindicatos. Desde las protestas de abril del 2018, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no participa en este tipo de reuniones. Los empresarios están representados por agrupaciones menores como Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), y la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI), ambas ligadas a la dictadura.

Inflación y salario mínimo del 2022

El año pasado, la Comisión Tripartita acordó un aumento del salario mínimo del 7%, quedando el salario mínimo promedio en 6.978,34 córdobas, equivalente a casi 200 dólares. Con este dinero solamente puede comprarse un tercio de la canasta básica, conforme los datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Según las cifras oficiales de INIDE, en noviembre del 2022 el precio de la canasta básica de 53 productos para una familia, se situó en 18 mil 845 córdobas, alrededor de 520 dólares. La tasa de inflación del año 222 fue del 12%, sin incluir la inflación acumulada año con año, que se traduce en un descenso del salario real de los trabajadores. El aumento del costo de la canasta básica en ese año fue del 17%, lo que implica un déficit del 10% que perjudica el bolsillo de los trabajadores.

Las diversas propuestas

Al momento del cierre de la edición, no había salido humo blanco en relación a cuanto correspondería el aumento al salario mínimo en el año 2023. La Federación de Trabajadores del Azúcar, han planteado que el aumento debe ser del 12%. Luis Barbosa, de la Central Sandinista de los Trabajadores José Benito Escobar (CSTJBE) propuso que el aumento debe ser del 11.56%. La Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i), que agrupa a sindicatos de la construcción, planteó un aumento salarial del 28%, una posición que rompe con el conformismo y colaboracionismo de las burocracias sindicales alrededor de la CST y el FNT.

El delgado de CONAPI planteó que el aumento debe ser del 8%. Donald Baltodano, delegado de APRODESNI, declaró que el aumento debe quedar en una cifra, es decir, menor del 10%. “La pasamos por el 9%, (…) de acuerdo a los datos suministrados y estimamos de que el incremento puede oscilar, mínimo, entre el 7.31% que es el incremento de la canasta básica en los últimos 6 años, mínimo y el 10 y pico por ciento, considerando que hay sectores que son afectados por el impuesto, por el IR”, (El 19 Digital, 02/02/2023)

Por su parte, mientras continúan las negociaciones, la dictadura se adelantó anunciando un aumento unilateral del 5% a todos los empleados públicos, una cantidad por debajo del índice de la inflación que en el año 2022 fue del 12%.

A los 135.000 trabajadores de Zonas Francas se les concedió desde el año pasado un aumento del 8% anual, con base a un acuerdo de revision del aumento salarial cada cinco años, lo que mantendrá enllavados los salarios.

La tasa de deslizamiento al 1%

Un gran problema para los trabajadores es que la economía y los precios están dolarizados, mientras los salarios se ganan en córdobas. A partir del 2019, la dictadura ha comenzado a disminuir la tasa de devaluación anual del Córdoba, pasando del 5% al 1%. Aparentemente, esta decisión del Banco Central de Nicaragua, aplicable a partir del mes de febrero del año en curso, la daría más valor al Córdoba, pero es una simple ilusión. En realidad, esta decisión monetaria tiende a bajar el salario real, en la medida en que el alza de los precios internacionales de los productos que se importa se registra en dólares, y la inflación internacional se transmite a los precios del mercado en Nicaragua.

Solo para citar un ejemplo. Una motocicleta fabricada en China, a inicios del 2019 Valia 1200 dólares, en 2022 Valia 1500 dólares, en 2023 vale casi 2000 dólares. Quien quiera comprarla, deberá desembolsar más córdobas. Y este ejemplo es aplicable a todos los productos importados. No se produce una apreciación del Córdoba en relación al dólar, sino todo lo contrario.

Las remesas constituyen un alivio en los hogares de los trabajadores. El 20% del PIB de Nicaragua proviene de las remesas. Al estancarse la tasa de devaluación del Córdoba en el 1% anual, para comprar los mismos productos los hogares tendrán que recibir más remesas.

El salario mínimo debe estar acorde al costo de la vida

Mientras los sindicalistas se quiebran la cabeza encontrando la cuadratura del círculo, la solución ante la carestía y el alza de precios es sencilla: los salarios deben ajustarse constantemente al costo de la vida. Si la canasta básica ronda los 19,000 córdobas (unos 520 dólares) el salario mínimo debe ser equivalente, es decir, 520 dólares.

Por Victoriano Sánchez

En agosto del 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró sus oficinas en Managua, después de mas de once años de supervisión in situ de la economía. En ese momento, alegó que la economía había logrado estabilizarse y recuperarse.

Desde entonces, cada cierto tiempo, un equipo técnico del FMI visita el país, para revisar los datos y las políticas económicas. El estallido social del 2018 y posteriormente la pandemia de coronavirus, afectaron la economía. En el periodo 2018-2020, el PIB se contrajo en un 9%.

La última revisión del FMI registra que “(…) la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis. El financiamiento oficial internacional, incluida la asistencia de emergencia por parte del FMI, también ayudó a la economía a hacer frente a la pandemia y llevar a cabo los esfuerzos de reconstrucción después de los dos huracanes consecutivos en noviembre de 2020. El PIB real creció un 10,3 por ciento en 2021 y se espera que crezca un 4 por ciento en 2022, sostenido por el consumo privado y las exportaciones, dados los precios de exportación favorables”.

Este párrafo es un reconocimiento favorable a la política económica de la dictadura, aunque los datos macroeconómicos no reflejan un bienestar para la población, sino todo lo contrario.

Recomendación de aumentar los impuestos

Desde el año 2009, cuando se discutía el proyecto de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el FMI sostuvo discretamente que había que terminar con las exoneraciones y exenciones al gran capital. En ese momento, cuando fluía a borbollones los petrodólares de Venezuela, no se tomó ninguna decisión que perjudicara a los empresarios. En 2012 el FMI volvió a insistir en la primera reforma de las pensiones, que se aprobó a finales del 2013, y en reducir las exoneraciones y exenciones. En 2015 el FMI afirmó que la reforma tributaria podría aumentar los ingresos fiscales equivalentes a un 6.5% del PIB, y que era necesario crear un “colchón fiscal”. En febrero del 2018, dos meses antes del estallido social, el FMI volvió a insistir sobre el tema. El intento de aprobar una segunda reforma a las pensiones del INSS, fue uno de los detonantes de la crisis de abril del 2018, la cual fue revertida, pero aprobada con mayor dureza en 2019, cuando se produjo la derrota y el reflujo social.

En 2018 el estallido social rompió la política de “dialogo y consensos” con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y desde entonces la dictadura aplica unilateralmente las recetas del FMI, sin necesidad de consultar los empresarios.

La reforma tributaria del 2019

La dictadura aumentó los impuestos y eliminó muchas exoneraciones y exenciones en la reforma tributaria del 2019. El informe del FMI reconoce que estas políticas “(…) permitieron la acumulación continua de reservas internacionales brutas por alrededor de US$ 4.200 millones (6,0 meses de importaciones, sin incluir importaciones de maquila), a fines de septiembre de 2022”. Nunca antes en la historia de Nicaragua, el Banco Central había tenido tantas reservas internacionales.

En esta recuperación económica, a pesar de las duras sanciones economicas impuestas por Estados Unidos, hay un factor político: el aplastamiento de la rebelión de abril del 2018, por la incapacidad política de la oposición burguesa, permitió a la dictadura aplicar un riguroso plan de ajustes, que se ha traducido en una mayor recaudación fiscal, no solo sacando plata del bolsillo de los empresarios, sino del pueblo en general.

El FMI concluye que “(…) La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de que los riesgos hacia delante son a la baja, principalmente debido a los factores desfavorables al nivel mundial. Se espera que el crecimiento del PIB real se modere al 3 por ciento en 2023, debido a la debilidad de la demanda externa y a condiciones financieras externas más endurecidas. A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento del PIB real converja a su potencial de alrededor del 3½ por ciento, dada la cautelosa recuperación de la inversión y el crédito al sector privado, y una menor participación de la fuerza laboral”.

El FMI prevé un crecimiento moderado en medio las turbulentas aguas de la economía mundial. Todo esto ha sido posible por el retroceso de las masas permite a la dictadura aplicar unilateralmente las recetas del FMI y los empresarios las aceptan, aunque aminoren un poco sus ganancias.

¿Un nuevo modelo?

La dictadura está construyendo un nuevo modelo económico (el somocismo tuvo esas características pero en el periodo 1945-1972, de bonanza de la economía mundial) basado en el rol hegemónico del Estado que aplica políticas unilaterales para fomentar la inversión extranjera y la creación de nuevos grupos de capitalistas, dispuestos a desplazar a los grupos tradicionales, incluida la oligarquía financiera.