Por Orson Mojica

Han transcurrido 40 años de aquella gesta heroica y revolucionaria que derrocó a la dictadura somocista, el 19 de julio de 1979, una efeméride que pertenece al pueblo de Nicaragua, pero que en el transcurso de los años terminó siendo confiscada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

¿Cómo fue posible que una grandiosa revolución popular que derrocó a la genocida dinastía somocista, terminó 40 años después en otra dictadura sangrienta e igualmente dinástica? El proceso político que terminó liquidando la revolución de 1979 desde adentro, se produjo en diferentes etapas para dar el resultado final que ahora conocemos: la dictadura Ortega-Murillo, que se ha apropiado de las banderas de la revolución y del propio FSLN, para ensuciarlos y destruirlos, destruyendo el objetivo esencialmente democrático de la revolución de 1979.

Es difícil explicar todo lo ocurrido en tan poco espacio, las siguientes notas pretenden sintetizar el análisis contenido en el libro “Nicaragua: La revolución abortada”. La revolución había finalizado antes de 1990, desgarrada por las errores politicos del FSLN. El discurso aparentemente revolucionario del FSLN ha servido unicamente para engañar a sus bases y para construir una nueva dictadura.

1.- El derrocamiento de la sanguinaria dictadura somocista

El triunfo de la insurrección popular, el 19 de Julio de 1979, destruyó la dictadura de la familia Somoza, que había controlado férreamente el aparato del Estado por un periodo de más de cuarenta años (1936-1979), y al corrupto sistema político bipartidista asentado en el Partido Liberal Nacionalista (PLN) y el colaboracionista Partido Conservador de Nicaragua (PCN).

El audaz aprovechamiento de la crisis de la dictadura, --iniciada en 1974-- la debilidad y fraccionamiento de la burguesía, así como el rápido ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) (1977 a 1979) creó un halo mítico en torno a la guerrilla sandinista, dando la apariencia de que estábamos ante el inigualable fenómeno del triunfo militar del mejor y más poderoso movimiento guerrillero de América Latina.

1.1.- Una situación revolucionaria en Nicaragua y Centroamérica

El triunfo de la insurrección popular sobre Somoza, el 19 de Julio de 1979, posibilitó la destrucción de la Guardia Nacional, el principal soporte del Estado y la economía capitalista en Nicaragua. La situación revolucionaria que existía en Ni­caragua se extendió y generalizó a toda el área centroamericana, aunque con ritmos desi­guales y contradictorios en cada país.

A pocas semanas, el 15 de octubre de 1979 cayó la dictadura militar del General Carlos Humberto Romero, en El Salvador, producto del poderoso ascenso obrero y popular, siendo susti­tuida por el igualmente frágil y efímero gobierno “cívico‑militar” del coronel Adolfo Arnoldo Majano. La guerrilla en Guatemala aumento sus operativos militares contra la dictadura del General Romeo Lucas, pero no logró convertirse en una poderosa fuerza de masas. La guerrilla guatemalteca era en ese momento, junto a la guerrilla colombiana, una de las más antiguas y poderosas del continente.

1.2.- Destrucción del aparato del Estado burgués y embrionarios organismos de doble poder.

Bayardo Arce Castaño reconoció que en ese período desaparecieron las instituciones del Estado, al afirmar que: “No hay que olvidar que aquí no se derrocó a un gobierno, sino que se destruyó todo el Estado. Al día siguiente del triunfo no había ejército, ni tribunales, ni poder legislativo, ni gobierno".[1]

Al derrumbarse el Estado por el empuje de la revolución, la Junta de  Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) liquidó el Congreso Nacional, derogó la Constitución de 1974 y proclamó el “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional”, el 20 de Julio de 1979, disolviendo “la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Tribunal Superior del Trabajo y demás estructuras de poder somocista”,  se declararon “especialmente inaplicables todas las disposiciones que se refieren al partido de la minoría en cualquier otra ley vigente”.[2] Con ello se puso fin al sistema dictatorial asentado en el bipartidismo, y la odiosa colaboración del Partido Conservador con el régimen dinástico.

Este “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional” fungió como Constitución provisional, sin haber tenido la aprobación popular. Fue producto de una negociación secreta entre el FSLN y la burguesía opositora.

La destrucción de la Guardia Nacional, y del aparato del Estado, posibilitó el proceso de autoorganiza­ción de los trabajadores y sectores populares. Por todos lados nacieron, como hongos después de la refrescante lluvia, los sindicatos, los Comités de Defensa Civil ‑-después el FSLN los convirtió en Comités de defensa Sandinistas (CDS)‑-, los comités campesinos y las milicias populares que llegaron a controlar todo el armamento recupera­do a la dictadura somocista. Desde al inicio, estos organismos ejercieron funciones de poder obrero y popular en los territorios liberados por la guerrilla.

En esa época, Sergio Ramírez Mercado reconoció que “(…) cuando no teníamos no ejército regular, ni policía, cuando muchos ministerios y entidades estatales estaban aun sin cabeza (…) las columnas guerrilleras ejercían múltiples funciones en los lugares donde se habían asentado, y sus jefes no solo tomaban medidas de reforma agraria, sino que también juzgaban, celebraban matrimonios, establecían listas de precios y castigaban la usura y el agiotismo”.[3]

1.3.- Represión selectiva contra la izquierda y desarme de las milicias populares

Después del 19 de Julio de 1979, el FSLN reescribió la historia, borrando, invisibilizando, persiguiendo a los otros partidos de izquierda, encarcelando a sus dirigentes. La izquierda revolucionaria estaba conformada, por un lado, por el Movimiento de Acción Popular (MAP), de inspiración maoísta, y la Liga Marxista Revolucionaria (LMR), que evolucionó al trotskismo y en el año 1984 se transformó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)[4].  

El MAP impulsó, a inicios de 1979, la circulación del diario El Pueblo y logró estructurar las Milicias Populares Antisomocistas (MILPAS), como un organismo armado que, al momento de la insurrección, trabajó en estrecha coordinación con las unidades guerrilleras del FSLN.  La LMR había participado en la insurrección incorporando a sus militantes en las milicias populares de los barrios, al mismo tiempo que coadyuvó la formación de la Brigada Simón Bolívar (BSB)[5], compuesta por militantes trotskistas latinoamericanos que pelearon contra el somocismo, en el Frente Sur y en Bluefields, bajo la conducción militar del FSLN. La represión del gobierno se centró sobre las MILPAS, contra el diario El Pueblo, clausurándolo el 22 de julio de 1979 y confiscando sus maquinarias, así como contra la LMR (posteriormente PRT) expulsando a la BSB el 16 de agosto de 1979.

El cierre temporal del diario El Pueblo se produjo cuando su redacción demandó se publicarán los acuerdos secretos que la Dirección Nacional del FSLN y la burguesía antisomocista firmaron en Puntarenas, Costa Rica, y que dieron origen a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

1.4.- Creación del Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS)

Una de las primeras medidas que tomó la Dirección Nacional del FSLN, fue el desarme de las milicias populares que habían nacido al calor de la insurrección.  Los comandantes sandinistas no podían consolidar su poder, sin disolver la expresión armada y autónoma del pueblo. Algunos milicianos entregaron sus armas, otros opusieron resistencia, pero al final la mayoría terminó desarmándose e incorporándose a las nuevas instituciones armadas creadas por la Junta de Gobierno, como fueron el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS)[6].  El desarme de las milicias fue la primera gran batalla que la Dirección Nacional del FSLN le ganó a los partidos  de izquierda.

La construcción de unas nuevas fuerzas armadas y policiales, bajo estricto control político del partido FSLN, permitió que los comandantes sandinistas tuvieran en sus manos un enorme aparato represivo que garantizaría su poder hegemónico

2.- Crisis de la Junta de Gobierno, el Consejo de Estado y el inicio del régimen bonapartista

El 18 de junio de 1979 se constituyó la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), producto de una alianza política entre los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), los partidos de derecha y la Dirección Nacional del FSLN, entre otros, quienes suscribieron El Programa de Gobierno que se aplicaría una vez derrocada la dictadura somocista.

Entre los compromisos centrales estaba que la Junta de Gobierno instalaría un Consejo de Estado, organismo corporativista formado por delegados de los diferentes sectores sociales y políticos, no electos democráticamente por el pueblo, donde la delegación sandinista tendría apenas 6 de los 33 miembros.

Estos acuerdos fueron rebasados por los resultados de la insurrección victoriosa.  Extrañamente, y contrario a lo que se pueda imaginar, durante los primeros meses de la revolución, ni una sola de las fuerzas firmantes, reclamó que se instalara el Consejo de Estado. Todos observaban impacientemente el desarrollo de los acontecimientos, dándole a la Junta de Gobierno el tiempo necesario para instaurar el orden.

El asunto del Consejo de Estado fue la gota que rebalsó el vaso, provocando la renuncia, con horas de diferencia, de Alfonso Robelo y de Violeta Chamorro, al día 19 de abril de 1980, nueve meses exactos después del triunfo sobre Somoza. Robelo argumentó que renunciaba porque "se habían roto las bases de Unidad Nacional".  La señora Violeta Chamorro argumento que renunciaba por “motivos de salud” .

El primer gobierno de alianzas entre el FSLN y la burguesía entró en una profunda crisis. No obstante, la Dirección Nacional del FSLN inmediatamente sustituyó las vacantes, con dos figuras que representaban la sombra de la burguesía: el 18 de mayo de 1980 fueron nombrados Rafael Córdoba Rivas, directivo del Partido Conservador Demócrata (PCD) y Arturo Cruz Porras, banquero, también conservador, como nuevos miembros de la Junta de Gobierno. Lo anterior evidencio una alianza estratégica entre la oligarquía conservadora y el FSLN.

A diferencia de la primera, la composición social de la segunda Junta de Gobierno reflejó la creciente hegemonía del FSLN dentro del gobierno y resto de instituciones del Estado en proceso de reconstrucción. Este proceso de concentración de poder se produjo a menos de un año del triunfo de la Revolución. Arturo Cruz renunció posteriormente a la Junta de Gobierno, y en 1981 la segunda Junta de Gobierno fue reestructurada y reducida a 3 miembros, (Moisés Hassan fue dado de baja), quedando finalmente Daniel Ortega Saavedra como “coordinador” de la misma. Fu el inicio del régimen bonapartista y totalitario.

Como parte de este proceso de centralización del poder, la Dirección Nacional del FSLN cambió unilateralmente la composición del Consejo de Estado, incluyendo delegados de las nuevas y poderosas organizaciones sindicales y populares, influidas y controladas políticamente por ellos, que se habían formado después del derrocamiento de la dictadura, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), Comités de Defensa Sandinista (CDS).  Esta inclusión de nuevas organizaciones rompió el "equilibrio" del Consejo de Estado, y el FSLN pasó a tener los votos seguros de 30 de los 47 miembros. De esta forma se garantizó el estricto control del organismo corporativista encargado de elaborar las leyes de la República.  Mientras la Junta de Gobierno ejercía su poder mediante decretos, el Consejo de Estado sirvió como un mecanismo legal  de consulta para preparar leyes y avalar los decretos ejecutivos.

2.1.- La negativa de convocar a elecciones

El 23 de agosto de 1981, en el acto de cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) –que redujo el analfabetismo del 50% al 13%-- el comandante de la revolución, Humberto Ortega Saavedra, pronunció un histórico discurso rechazando las presiones de la burguesía nacional e internacional para que la Junta de Gobierno convocase a elecciones, como había sido pactado en el llamado “Plan Original”.

En esa ocasión, ante miles de jóvenes radicalizados, Humberto Ortega Saavedra confirmó que no habrían elecciones hasta el año 1985, insistiendo en que: "(…) las elecciones de las que nosotros hablamos son muy distintas a las elecciones que quieren los oligarcas y traidores, conservadores y liberales, los reaccionarios y los imperialistas (...) recuerden bien que son elecciones para mejorar el poder revolucionario, pero no para rifar quién tiene el poder, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su Dirección Nacional" [7]

Este fue un grave error de la conducción sandinista. Las masas se habían insurreccionado contra el somocismo porque les negaba las libertades democráticas más elementales. El FSLN se consideraba asimismo como la “vanguardia indiscutible del pueblo”, negando el derecho de decisión de millones de nicaragüenses

La realización de elecciones democráticas, en momento de máximo apogeo político del FSLN, no hubiera sido una concesión a la burguesía que las exigía, sino que hubiera permitido aglutinar a la clase media y del campesinado, que estaban encantados con la revolución pero que miraban el futuro incierto. Las elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, combinada con la revolución agraria, hubiera permitido soldar la alianza entre la ciudad y el campo, y cerrar el espacio a los primeros destacamentos del ejército Contra. Pero no fue así, los comandantes sandinistas prefirieron instaurar su propio poder, a través de la hegemonía política del FSLN, creando un régimen de partido único, que controlaba dictatorialmente a toda la sociedad. Los objetivos de la revolución democrática de 1979 fueron negados, alimentando con ello el descontento popular, especialmente de los campesinos y los indígenas.

2.2.- Rebelión de negros y misquitos en la Costa Caribe

A finales de septiembre y en los primeros días de octubre de 1980, estallaron en las principales ciudades de la Costa Atlántica, Bluefields, Puerto Cabezas y también en Corn Island, gigantescas movilizaciones populares que conmocionaron al resto del país. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió un represivo pronunciamiento el día 2 de octubre en relación a los acontecimientos de la Costa Caribe.

La Dirección Nacional del FSLN no comprendió los motivos de esta rebelión en la costa caribe: negros, misquitos, sumus y ramas eran verdaderas minorías nacionales que tenían lengua, cultura y costumbres propias, diferentes al resto de Nicaragua.

Este acontecimiento fue el preludio de lo que ocurriría posteriormente en toda la Costa Caribe y con el campesinado de la zona norte y central del país, que se levantarían en armas contra el control burocrático del FSLN, sirviendo de base social para el ejército Contra.

2.3.- El bonapartismo del FSLN

En los primeros meses de la revolución, la primera Junta de Gobierno jugó un rol de árbitro entre las clases sociales en lucha, de cierta conciliación, inclinándose para un lado y para el otro.  Sin embargo, en la medida en que Alfonso Robelo pasó a la oposición abierta, el bonapartismo de la Dirección Nacional del FSLN adquirió otras connotaciones. Esta debió enfrentarse no solo a la oposición de derecha sino, fundamentalmente, a la contraofensiva desatada por la administración Reagan en 1981. 

Mientras reprimía a los sectores más radicales de la izquierda, la Dirección Nacional del FSLN explotaba su enorme prestigio emanado de la lucha contra el somocismo, enarbolando el peligro real de la amenaza imperialista, para montar un aparato burocrático-militar capaz de controlar y disciplinar a las masas trabajadoras. Las Milicias Populares Sandinistas (MPS), organizadas por el EPS, fueron mecanismos de control sobre los trabajadores y sectores populares, a quienes se les imponía disciplina militar. Los Comités de Defensa Sandinista (CDS) se convirtieron en organismos de espionaje y control sobre la población.

Estas características totalitarias se fueron acentuando conforme se agudizó el enfrentamiento contra la administración Reagan y el estallido de la “guerra de baja intensidad” en 1982, que después se transformaría, por los errores políticos de la dirigencia sandinista, en una verdadera guerra civil. En el transcurso de los años las masas comenzaron a rechazar cada vez más al régimen bonapartista que tenía características muy reaccionarias. Al perder paulatinamente el apoyo de masas, producto del cansancio originado por la guerra y por la política de reconstrucción de la economía capitalista, el régimen Bonapartista se transformó en un régimen político, totalitario, muy reaccionario, institucionalizado por la Constitución de 1987.

Una de las características de este régimen bonapartista, totalitario, fueron los decretos de “Estado de Emergencia”, casi permanentes, interrumpidos por cortos periodos, desde 1980 hasta las elecciones de 1990.

La Dirección Nacional del FSLN, en su conflicto a muerte con las fracciones de la burguesía que eran desplazadas del poder, instauró un régimen bonapartista que primero se apoyó en las masas para luchar contra la agresión del imperialismo norteamericano, pero que gradualmente se fue convirtiendo en un régimen que negaba sistemáticamente las libertades democráticas. Cada vez que hubo una relajación del férreo régimen bonapartista, se debió a las negociaciones políticas en el extranjero, a las concesiones que el sandinismo hacia a la socialdemocracia y al propio imperialismo norteamericano.

3. - La “guerra de agresión” se transforma en guerra civil

Para los años 1983‑84 se hizo sentir con todo su rigor el desencanto político de las grandes masas campesinas con el bonapartismo del FSLN, convirtiéndose en base social de la contrarrevolución.

En esta época se formaron los llamados Comandos Regionales, es decir, la contrarrevolución abandonó la etapa de la movilidad constante para asentarse y operar en determinados territorios. Para ese año la contra tenía más de 15,000 efectivos en armas[8]. Esto fue posible no solo por el apoyo militar y económico del imperialismo norteamericano, sino, fundamentalmente, porque los primeros destacamentos del ejército Contra lograron ganarse a grandes sectores del campesinado, que rechazaban las confiscaciones, los controles de precios y la ausencia de entrega de tierras con títulos de propiedad.

El FSLN corrigió muy tarde sus graves errores con el campesinado. La reforma agraria había priorizado la creación de cooperativas estatales y no entregó títulos de propiedad a los campesinos sino hasta después de 1984. Los controles de precios eran un subsidio alimenticio a las ciudades a costa de la frágil economía de los campesinos.

Los indígenas misquitos, sumus y ramas, así como los negros, se rebelaron contra la dirección sandinista porque ésta, impregnada del clásico centralismo guerrillero, violentó las tradicionales formas de autoorganización comunal, impuso autoridades que no eran de la zona, invadió las tierras y recursos comunales, provocando una verdadera insurrección de los indígenas y negros. El Estatuto de Autonomía, extremadamente centralista, fue aprobado por la Asamblea Nacional hasta el 7 de septiembre de 1987, pero los gobiernos autónomos regionales se instalaron y comenzaron a funcionar hasta después de las elecciones del 25 de febrero de 1990, cuando la dirección sandinista ya había perdido el gobierno.

Irónicamente, el ejercito contra se nutrió de los sectores más pobres del campo y de los indígenas de la costa caribe, quienes rechazaban el discurso y las actuaciones del bonapartismo de la Dirección Nacional del FSLN. La guerra de agresión se transformo en guerra civil (1982-1990).

4.- Las elecciones de 1984 y la Constitución de 1987

En medio de la guerra civil y bajo tremendas presiones internacionales, el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN), convoco el 4 de noviembre de 1984 a elecciones de presidente de la Republica y también de Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución.

Daniel Ortega y Sergio Ramírez, miembros de la Junta de Gobierno y candidatos del FSLN, fueron elegidos presidente y vicepresidente de la República con el 63% de los votos. Sin haber aprobado la nueva Constitución, procedieron a restaurar las instituciones de presidente y vicepresidente de la Republica. Colocaron la carreta delante de los bueyes. A nivel de la Asamblea Nacional, el FSLN obtuvo 61 diputados, el PCD obtuvo 14 diputados, el PLI obtuvo 9 diputados, el PPSC obtuvo 6 diputados, el PC de N obtuvo 2 diputados, el PSN obtuvo 2 diputados y el MAP-ML otros 2 diputados.

El nivel de participación fue calculado en un 75%, pero en muchas zonas no se pudo votar por el conflicto bélico. Los resultados electorales, a pesar del absoluto control del FSLN sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), mostraron una clara tendencia a la erosión política del sandinismo: los partidos de derecha aunque moderados habían obtenido más de un tercio de la votación.

EL FSLN tuvo mayoría de diputados en la Asamblea Nacional Constituyente, imponiendo las directrices de la conducción sandinista, de institucionalizar la revolución dentro del marco de la trilogía de principios conocida como “economía mixta, no alineamiento y pluralismo político”. El proceso de reconstrucción del Estado burgués, iniciado inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura somocista, fue consagrado y legalizado en la nueva Constitución promulgada en 1987, de corte presidencialista extremo, que no era otra cosa que la legalización del bonapartismo y el totalitarismo existente.

Al perder apoyo de masas, producto de la grave crisis económica, del bloqueo imperialista y del cansancio ocasionado por la guerra civil, el régimen se fue tornando cada vez más bonapartista, y reaccionario, es decir, un régimen que ejercía el poder basado en los decretos de excepción, donde el poder se fue trasladando lenta y paulatinamente de la Dirección Nacional del FSLN hacia una sola persona: el presidente de la república.

5.- Los Acuerdos de Esquipulas II y las elecciones de 1990

Después de las fracasadas negociaciones del Grupo Contadora, bajo un contexto de cansancio y desgaste provocado por la prolongada guerra civil, Daniel Ortega y los presidentes centroamericanos suscribieron los Acuerdos de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, iniciando un ciclo de complicadas negociaciones que finalmente condujeron a la realización de elecciones con vigilancia internacional en 1990.

Nicaragua estaba destrozada económicamente, las masas estaban cansadas. En esas condiciones, los resultados de las elecciones eran previsibles. De un total de 1.420.544 votos válidos en la elección presidencial la UNO obtuvo la cantidad de 777,552 y el FSLN obtuvo 579,886. De un total de 1,419,384 votos válidos en las elecciones para diputados de la Asamblea Nacional, la UNO obtuvo la cantidad de 764,748 y el FSLN 579,723 votos.

La Sra. Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones presidenciales, pero el FSLN conservó capacidad de veto dentro de la Asamblea Nacional.

El imperialismo yanqui se había anotado la más importante victoria política, al lograr que la amplia mayoría del pueblo de Nicaragua repudiara electoralmente a la dirección sandinista, la que once años atrás fue aclamada y adorada por el pueblo, por haber encabezado la lucha victoriosa contra la dictadura somocista.

La estrategia de Reagan había dado resultado: primero presionó militarmente, obligando a la dirección sandinista a firmar los Acuerdos de Esquipulas II, hasta que finalmente fue derrotada política y electoralmente

6.- 16 años de ofensiva neoliberal y la reconstrucción del bipartidismo

En 1990 el FSLN se vio obligado a reconocer su derrota, entregó la banda presidencial a Violeta Chamorro, pero a través de la firma del Protocolo de Transición conservó enormes cuotas de poder: el control del Ejercito y la Policía, mantuvo la capacidad de veto a cualquier reforma constitucional, retuvo el control de la propiedad de tierras y mansiones, y mantuvo una táctica oscilante de apoyo a las medidas económicas de corte neoliberal, pero al mismo tiempo impulsaba asonadas y movilizaciones de masas contra el nuevo gobierno, con el objetivo de presionarle y obligarle a negociar mas concesiones. Fue un periodo de caos político.

La piñata con los bienes del Estado creó una nueva burguesía. Este fue un hecho trascendental. Los revolucionarios de 1979 se habían convertido, de la noche a la mañana, en nuevos y ricos empresarios en 1990, aunque para engañar a su base social conservaban el discurso de la época revolucionaria.

En estos años de gobiernos de derecha, se desató una fuerte ofensiva neoliberal que terminó de privatizar los pocos bienes que habían quedado en manos del Estado, después de la piñata. Al interior de la Dirección Nacional del FSLN se dio un proceso de concentración del poder en manos de Daniel Ortega. El FSLN utilizaba las luchas populares como mecanismo de presión para arrancar concesiones políticas y económicas al gobierno de turno.

La reforma constitucional de 1995 restauró muchas de las instituciones de la derogada Constitución somocista de 1974, pero fue hasta 1999 que los pactos Aleman-Ortega sentaron las bases para reconstruir el sistema bipartidista en Nicaragua, esta vez entre el liberalismo y el sandinismo. Aleman creyó que el pacto de 1999 instauraría un largo periodo de alternancia pacifica en el poder entre el PLC y el FSLN, pero las intenciones de Daniel Ortega eran otras. Apenas pudo, aprovecho las contradicciones para echar preso a Arnoldo Aleman por corrupción, y una vez que logró la rendición de este y había acumulado más poder, procedió a establecer un nuevo pacto FSLN-PLC para arrodillar al gobierno de Enrique Bolaños, provocando la división del liberalismo y con ello crear condiciones únicas e irrepetibles para que el FSLN retornara nuevamente al gobierno.

El pacto Aleman-Ortega de 1999 logró reducir la exigencia del 50% de los votos en primera vuelta, hasta un 35%. De esta manera, habiendo debilitado al liberalismo, siendo minoría, Daniel Ortega logró ser elegido nuevamente presidente en noviembre del 2006 apenas con el 38% de los votos, reasumiendo el gobierno en el 2007. Nunca quedó claro si las elecciones fueron realmente limpias o si hubo manipulación de los resultados por parte de Roberto Rivas, quien ya había sido reclutado por el FSLN.

De esta manera, el FSLN dejo de tener una pierna en la oposición, para colocarse de cuerpo entero, en la cúspide del poder.

7.- Bonapartismo y nueva dictadura dinástica

Lo primero que hizo Daniel Ortega en el año 2007 fue reunirse con los grupos empresariales (banqueros, Pellas, Coen, Baltodano, etc) en el INCAE y acordar con ellos las nuevas reglas del juego político: se mantendrían las políticas neoliberales, se respetaría el área de influencia de los grupos económicos, pero que estos no financien a la oposición política.

Habiendo logrado acuerdos sustanciales con la oligarquía económica y financiera, Daniel Ortega se dio a la tarea central de establecer el control total de todos los poderes e instituciones del Estado, reclutando a funcionarios del PLC. Manteniéndolos en los cargos, mientras centraba los golpes contra la fracción de Eduardo Montealegre, que había quedado en segundo lugar en las elecciones.

Jugando con una y otra fracción del liberalismo, logró imponerse dentro de la Asamblea Nacional. Hubo un factor internacional que favoreció este proceso de centralización del poder: el acuerdo petrolero con Venezuela le permitió contar con mas de 1,000 millones de dólares cada año, los que fueron manejados de manera discrecional y privada. Los grupos económicos y financieros aprovecharon la bonanza económica y se hicieron los sordos y ciegos antes los desmanes de la nueva dictadura en gestación, que solo eran denunciados por las feministas y algunos organismos de la sociedad civil, que se oponían a la deriva autoritaria de Daniel Ortega.

Como no logra convencer a las fracciones liberales para que apoyaran una reforma constitucional que permitiera la reelección, en septiembre del 2010 la Sala Constitucional, bajo control sandinista, emitió una sentencia que declaró inaplicable las prohibiciones del articulo 147 de la Constitución, permitiendo que Daniel Ortega participara en las elecciones presidenciales del 2011, logrando otra reelección, pero con fuertes acusaciones de fraude electoral, así como fueron denunciadas las elecciones municipales del año 2008.

La centralización de poder, el control absoluto sobre todas las instituciones del Estado, incluido el poder electoral, hicieron creíbles las constantes denuncias de fraude electoral. Los abusos de poder eran constantes, ante la indolencia de una clase empresarial que disfrutaba de los negocios con Venezuela.

Las elecciones del 2011, denunciadas de fraudulentas, le permitieron a Daniel Ortega obtener mas del 60% de los diputados. En 2014 impuso una nueva reforma constitucional que dejo abierta la reelección indefinida, derogó la segunda vuelta electoral, estableciendo un sistema de mayoría simple para conquistar la presidencia. Antes de que se realizara las elecciones del 2016, dio un golpe mortal a la oposición, destituyendo a los diputados de la fracción de Eduardo Montealegre, e impuso a Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia. La dictadura que venia construyendo se estaba transformando en dinastía familiar. En las elecciones del 2016, hubo una abstención mayor del 60%, era evidente el malestar pasivo de la población.

La acumulación de contradicciones estalló finalmente en abril del 2018, cuando una pequeña manifestación de estudiantes fue reprimida por las fuerzas de choque del FSLN. La rebelión se generalizó a todas las universidades. La dictadura respondió masacrando a los estudiantes, lo que encendió la llama de la insurrección general, aunque desarmada. Esta represión, y el posterior asalto militar a los tranques, significo un salto de calidad hacia atrás, hacia una nueva sangrienta dictadura que lucha a muerte por permanecer en el poder.

40 años después, el ciclo de la historia de las dictaduras se ha repetido, pero el nuevo dictador ha salido de una organización que fue revolucionaria y lucho a muerte contra la dictadura somocista. El espíritu del somocismo ha reencarnado en la nueva dictadura Ortega-Murillo.

Debemos sacar las enseñanzas de la historia, y fortalecer la lucha contra la nueva dictadura, hasta derrocarla. Y solo será posible si construimos una alternativa revolucionaria que asimile los errores del pasado para no cometerlos en el futuro.

 Notas:

[1] Gabriel Invernizzi y Francis Pisani, Sandinistas, Editorial Vanguardia, Managua 1986, páginas 84 y 85.

[2] Artículos 4 y 5 del Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías, 20 de Julio de 1979. Fue una imitación de  la “Ley Provisional de Garantías” del 15 de septiembre de 1910, cuando se produjo la revolución libero-conservadora contra el régimen nacionalista del General José Santos Zelaya, en 1909, financiada por el gobierno de los Estados Unidos.

[3] Ramírez Mercado Sergio, Las Armas del Futuro, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1987, página No 174.

[4] El PRT posteriormente formaría parte de la alianza de grupos y partidos que constituyó el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) el 4 de abril del 2009.

[5] La conformación de la Brigada Simón Bolívar (BSB), constituida por combatientes latinoamericanos, fue impulsada en 1979 por la Fracción Bolchevique de la Cuarta Internacional, liderada por el dirigente trotskista argentino Nahuel Moreno (Hugo Miguel Bressano Capacete) e impulsada desde Bogotá, Colombia, por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

La BSB participó en los combates del Frente Sur y dirigió la toma del puerto de Bluefields, en la costa caribe de Nicaragua. Después del 19 de Julio de 1979 la BSB fue la principal impulsora de la creación de sindicatos en el cordón industrial de Managua, sindicatos que más adelante conformarían la Central Sandinista de los Trabajadores (CST).

Los combatientes de la BSB se opusieron al desarme de las milicias y por ello fueron apresados el día 14 de agosto de 1979, expulsados de Nicaragua, por órdenes de la Dirección Nacional del FSLN, enviados a Panamá, donde cuyos miembros fueron fichados, golpeados y deportados a sus países de origen.

[6] El Ejército Popular Sandinista (EPS) fue creado el 2 de septiembre de 1979, mediante el Decreto No. 53 publicado en La Gaceta No. 12 de 18 de septiembre de 1979. Inicialmente, la Policía Sandinista, creada el 5 de septiembre de 1979, fue un cuerpo armado bajo la conducción de la Comandancia General del EPS, hasta que finalmente pasó a formar parte del Ministerio del Interior.

[7] Humberto Ortega Saavedra, "Discurso en la clausura de la campaña de alfabetización", 23 agosto 1980, en MED/DEI, Nicaragua triunfa en la alfabetización, San José, 1981, p. 184.

[8] La Contra. Jaime Morales Carazo, Editorial Planeta 1989, México, p. 57