Por Eugenio Belloso Recinos

Los 13 años de la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, formaron parte de un periodo oscuro y contrarrevolucionario en El Salvador y en casi toda Centroamérica, durante la primera mitad del siglo XX.

En los años 30 del siglo XX, en Guatemala se sucedieron une serie de gobiernos militares, siendo el más prolongado la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda (1931-1944). En ese mismo periodo, en Honduras, se instauró la dictadura militar del general Tiburcio Carias Andino (1933-1949). En Nicaragua, después se asesinar al general Augusto C Sandino en 1934 y masacrar a las guerrillas campesinas, se había instaurado la dictadura de Anastasio Somoza García (1937-1956). Costa Rica fue, como siempre, la excepción a la regla de los gobiernos dictatoriales en Centroamérica, manteniendo un inestable recambio de poder por medio de elecciones y gobiernos civiles.

Derrocamiento de Arturo Araujo y ascenso al poder

El general Hernández Martínez en 1930 fue ministro de guerra bajo el gobierno de Pío Romero Bosques (1927-1931). Las elecciones de 1931 fueron ganadas por una alianza conformada por Arturo Araujo, candidato del Partido Laborista, y por el general Maximiliano Hernández Martínez, candidato a vicepresidente por el conservador Partido Nacional Republicano (PNR). La Asamblea Legislativa los escogió en elección de segundo grado en vista de que ninguno de los tres candidatos había obtenido la mayoría necesaria de votos, lo que presagiaba la debilidad de dicho gobierno.

En la campaña electoral, Araujo retomó muchas reivindicaciones populares, entre ellas la reforma agraria, pero no pudo cumplir. El gobierno de Araujo-Hernández asumió el poder en medio de una pavorosa crisis económica, causado por el crack de la economía mundial. El incumplimiento de las promesas electorales desató movilizaciones populares, que inquietaron a la oligarquía cafetalera. Las prometidas reformas de Araujo ponían en peligro de muerte a la economía cafetalera de exportación. El gobierno populista de Arturo Araujo tuvo una efímera existencia, desde el 1 de marzo al 2 de diciembre de 1931, siendo derrocado por un golpe de Estado organizado por el Ejército, que entregó el poder al vicepresidente Hernández Martínez, quien terminó el periodo presidencial en agosto de 1934.

La represión contra el levantamiento indígena de 1932

Bajo la primera presidencia de Hernández Martines se produjo el levantamiento indígena en la zona occidental de El Salvador, que terminó en un genocidio.

Antes que fuese derrocado Araujo, ya estaban programadas las elecciones municipales para el 16 de diciembre de 1931. Y días después debían realizarse las elecciones legislativas. El golpe de Estado trastocó este calendario electoral. Entonces, el nuevo gobierno presidido por Hernández Martínez reprogramó las elecciones municipales para 3, 4 y 5 de enero de 1932, y las legislativas para 10, 11 y 12 del mismo mes. Todos los partidos políticos participaron, incluso el recién fundado Partido Comunista Salvadoreños (PCS).

A pesar de la aparente libertad, en realidad las elecciones fueron fraudulentas, por el vuelco de la población campesina a favor de los candidatos indígenas en las listas del PCS. En las elecciones legislativas, también hubo denuncias de fraude. El derechista Partido Fraternal Progresista, boicoteó las elecciones en el departamento de San Salvador alegando fraude electoral. El día de las elecciones legislativas, estallaron conflictos en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán

En torno al levantamiento indígena de 1932 se han tejido múltiples mitos. El más importante ha sido, probablemente, que la insurrección indígena fue dirigida por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

Si bien es cierto que Agustín Farabundo Martí (1893-1932), junto a un sector del PCS intervinieron valientemente en los acontecimientos revolucionarios, tratando de influir política y militarmente, para dotar de una conducción centralizada al movimiento insurreccional espontáneo de las masas indígenas, en realidad el joven PCS estaba abrumado, dividido en fracciones que luchaban entre sí ante el tema de la insurrección, y finalmente fue rebasado por la explosión social de los indígenas.

Quienes dentro del PCS propugnaron por la insurrección, terminaron siendo masacrados o fusilados. Quienes sobrevivieron a la matanza, reconstruyeron el PCS pero renegando de la experiencia revolucionaria, por ello nunca el PCS rescató oficialmente la figura de Farabundo Martí. Fue hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando se iniciaba el ascenso revolucionario en todo Centroamérica, que se produjo una división en el PCS y Salvador Cayetano Carpio (1918-1983) funda el 1 de abril de 1970 las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), rescatando la figura y la gesta de Agustín Farabundo Martí, pero bajo la concepción y los métodos de la guerrilla.

Una situación contrarrevolucionaria

La crisis económica era tan devastadora, que el gobierno de Hernández Martínez se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la deuda externa, y aprobar una Ley de Moratoria el mes siguiente.

En el plano político, el Partido Laborista de Araujo, así como el PCS, fueron prohibidos, conforme un decreto ejecutivo de julio de 1932. Después del genocidio en enero-febrero de 1932, en abril de 1933, se expidió la Ley de Cedula Patriótica que obligó a la población a usar un pasaporte interno que costaba alrededor de 80 colones, un precio altísimo, quien no lo compraba iba a parar a la cárcel. Nadie podía circular de un lugar a otro sin portar dicho documento. El objetivo era controlar los desplazamientos de la población campesina e indígena.

En 1934 fue aprobada la Ley Orgánica de la Guardia Nacional de El Salvador, facultándola para detener a cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial. Las Guardias Cívicas, constituidas por los terratenientes para reprimir el levantamiento indígena de 1932, fueron convertidas en órganos auxiliares del Ejercito.

Los sindicatos campesinos fueron prohibidos y perseguidos. La población indígena sobreviviente fue obligada a hablar en español, enterrando el idioma nativo.

La Constitución de 1939 y la primera reelección

Después de aplastar a los indígenas y estabilizar al sistema capitalista, el 13 de enero de 1935 el Gral. Maximiliano Hernández Martínez, sin mayor oposición a su Partido Pro Patria, logró la primera reelección presidencial. Al final su periodo presidencial, Hernández Martínez convocó, bajo Estado de Sitio, a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de aprobar una nueva Constitución que le permitirá otra reelección más.

De esa manera, una Asamblea Nacional Constituyente que no reflejaba la voluntad popular aprobó la novena Constitución de El Salvador, que entró en vigencia el 20 de enero de 1939.

A pesar que el artículo 92 de la Constitución de 1939 prohibía la reelección presidencial, “sin que la persona que lo haya ejercido pueda funcionar un día más”, el tercer párrafo del artículo 91 de la misma, disponía la excepción transitoria siguiente: “Excepcionalmente, y por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República del primero de marzo del corriente año hasta el primero de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el artículo 94”.

Debido al control que Hernández Martínez tenía sobre los diputados constituyentes, estos obviamente lo eligieron para una tercera reelección, sin necesidad de someterse al escrutinio popular, burlándose de la prohibición del artículo 91.

En ese mismo periodo, siguiendo el ejemplo de Hernández Martínez, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García utilizó este mismo truco legal para conseguir un nuevo periodo presidencial, siendo también electo por los diputados de una similar Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la Constitución que entró en vigencia en marzo de 1939, garantizándose también una relección que terminaría en 1947.

El intento de segunda reelección

El estallido de la segunda guerra mundial, el alineamiento con Estados Unidos y la necesidad de materias primas para abastecer las necesidades de la guerra, dieron cierta estabilidad a la dictadura de Hernández Martínez. Y con ello, intentó una nueva reelección, convocando a otra Asamblea Nacional Constituyente que reformarse la Constitución de 1939.

Con 13 años ininterrumpidos en el poder, en febrero de 1944 los diputados constituyentes procedieron a modificar los artículos relacionados con la prohibición de reelección presidencial, quedando así:

“Por convenir a los intereses públicos que se mantenga el ritmo y orientación que  se les ha marcado a los asuntos de Estado desde hace algún tiempo; y para satisfacer las necesidades  del  actual  conflicto  bélico  internacional,  lo  mismo  que  para  la  mejor solución de los problemas de orden político, económico y social que surgirán en la post-guerra,  solución  que  debe  asegurar  la  tranquilidad  y  paz  sociales,  el  ciudadano  que  deberá  ejercer,  conforme  esta  Constitución,  la  Presidencia  de  la  República  desde  el primero  de  marzo  del  corriente  año,  hasta  el  treinta  y  uno  de  Diciembre  de  mil novecientos  cuarenta  y  nueve,  será  designado  por  los  Diputados  de  la  actual  Asamblea  Nacional Constituyente. En este período que se fija no tendrá aplicación lo dispuesto en el   artículo   siguiente, ni   surtirán   efecto   legal   el   inciso   próximo   anterior   ni   las  incapacidades contenidas en el artículo 94 del presente Estatuto constitucional”

Pero la sociedad salvadoreña ya se había recuperado del trauma colectivo que significó la masacre indígena de 1932, y había un rechazo masivo al nuevo intento de reelección presidencial, por parte de un sector del Ejercito, de los estudiantes y diversos sectores de la burguesía y la oligarquía.

Fracaso de la conspiración militar de abril de 1944

El 2 de abril de 1944 se produjo una conspiración militar que fue apoyada por diversos sectores sociales. Los coroneles Tito Calvo y Alfredo Aguilar, fueron los cabecillas militares, apoyados por dos líderes políticos: el Dr. Arturo Romero y Agustín Alfaro Moran. La Guardia Nacional y la Policía Nacional le fueron fieles, pero no la aviación.

El domingo de Ramos de 1944 se produjo una conspiración militar en Santa Ana, lugar donde intentaron capturar y asesinar al dictador. Los servicios de seguridad detectaron el movimiento, los rebeldes fueron sorprendidos y capturados. El 10 de abril de 1944 fueron fusilados en los patios de la Policía Nacional, el general Alfonso Marroquín, coronel Tito Calvo y el mayor Julio Sosa. Ese mismo día fueron fusilados en el cementerio general los capitanes Manuel Sánchez Dueñas y Marcelino Calvo, tenientes Antonio Gavidia Castro, Ricardo Mancía González, Miguel Ángel Linares, Ricardo Edgardo Chacón y Oscar Armando Cristales.

 En el cementerio general fueron fusilados el civil Víctor Marín el 11 de abril, el 26 los capitanes Carlos Piche Menéndez y Carlos Gavidia Castro y el teniente Alfonso Marín. Además de los fusilados murieron en campaña los tenientes Héctor Cárdenas, Mario Villacorta y el civil Luis Antonio Martí

Desarrollo de la Huelga General

La conspiración militar para tumbar la dictadura de Maximiliano Hernández había fracasado, pero encendió la llama de la rebelión entre estudiantes y trabajadores. Se produjo una alianza de diferentes sectores sociales. En protesta contra la represión, los estudiantes universitarios declararon la huelga el día 28 de abril de 1944. El 1 de mayo, los incipientes sindicatos se sumaron a la huelga general, primero los trabajadores del sector privado y después los empleados públicos, una medida muy audaz para la época.

Hasta sectores de clase media, como los médicos del Hospital Rosales, se declararon en huelga y enviaron un pliego de demandas al dictador. Como no obtuvieron respuesta alguna, los medico enviaron una comunicación al embajador norteamericano, en la que expresaban: “Los infrascritos médicos y cirujanos reunidos en sesión en el Hospital Rosales, acuerdan ir a la Huelga Total en los cargos que desempeñan en los distintos centros de Caridad Pública, así como también el cierre total de sus clínicas y oficinas particulares y empleos públicos que desempeñan. Tal decisión tendrá límites hasta el cambio del sistema gubernativo del país; y los firmantes empeñan su palabra de honor que, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, romperán dicha actitud hasta no obtener una Patria libre y digna. Pedimos el inmediato depósito presidencial en cualquier designado para que éste convoque a elecciones libres. Este es el único medio de llevar paz a la sociedad. De lo contrario, un alto deber moral y patriótico nos obliga a no ceder un ápice de nuestras legítimas pretensiones”.

A este pronunciamiento, se sumaron las asociaciones de ingenieros, abogados y farmacéuticos. Hubo una rebelión generalizada de la clase media.

La huelga general se extendió a los maestros y ferrocarriles. La población se reunía en las plazas publicas para escuchar el discurso agitativo de los estudiantes. Entre los cabecillas de la conspiración se encontraba el Dr. Arturo Romero. Desde la Radiodifusora Y.S.P. se leyeron mensajes de movimiento revolucionario, llamando al pueblo a unirse a la huelga general.

El 4 de mayo, el dictador trató de dividir la Huelga General prometiendo reformas económicas y sociales a los sectores más pobres, pero la maniobra fracasó. Acosado por la Huelga General y por las presiones de la oligarquía y la embajada norteamericana, y por el temor al propio Ejército, finalmente el 8 de mayo de 1944 el general Maximiliano Hernández Martínez anunció su renuncia, y depositó la presidencia en manos del general Andrés I. Menéndez, primer designado a la presidencia y también ministro de guerra, marina y aviación. Al día siguiente se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de mando en el segundo piso de Casa Presidencial, ante un selecto grupo de diplomáticos. La Asamblea Nacional (hoy se denomina Legislativa) aprobó los decretos No 34, que aceptaba la renuncia, y el No 35 por medio del cual se nombraba al sucesor.

El triunfo de la Huelga General fue desvirtuado bajo la forma de una simple sucesión presidencial. El general Hernández Martínez tuvo que irse al exilio con su familia rumbo a Guatemala

El rol del Ejercito como guardián del orden social

Desde el golpe de Estado de 1931, y la fracasada rebelión de 1944, el Ejercito de El Salvador se erigió por décadas como la principal institución de gobierno, en sustitución de una oligarquía que resultó incapaz de brindar soluciones a los problemas sociales. El Ejército lo hizo a su manera, con mano de hierro, de manera directa, durante un largo periodo histórico que terminó en 1979 con la caída de la segunda Junta de Gobierno en 1982, precisamente cuando iniciaba la guerra civil que terminaría formalmente con los Acuerdos de Paz de 1992, iniciando una era de gobiernos “civiles”, pero donde el poder real lo siguen ejerciendo las Fuerzas Armadas.