Por Horacio Villegas

Los dueños de pequeños locales de bebidas protestaron este lunes 26 de octubre frente a las instalaciones de COPECO (Comisión Permanente de Contingencias) en Tegucigalpa, exigiendo la reapertura de sus negocios y levantando carteles con la frase “Tenemos familias que mantener”; un claro síntoma del fracaso generalizado de las medidas económicas puestas en marcha por el gabinete nacionalista desde inicios de marzo, y que hasta la fecha no han dado respuestas oportunas a miles de microempresarios, los más afectados por la crisis económica.

El fracaso de las medidas económicas durante la crisis sanitaria

A inicios del confinamiento, el gobierno desplegó un conjunto de leyes y medidas destinadas a los trabajadores de los sectores más golpeados por el cierre de la economía, mismos que representan más del 70% del empleo en el país, las denominadas Pymes y Mipymes. El concierto de “iniciativas” comenzó con la llamada Ley de aceleración económica anunciada desde el 13 de marzo pasado, que disponía, según declaró el ministro de la presidencia Ebal Díaz, de un plan de inversión en la “red integral pública de salud”, traducida en el mayor incremento del presupuesto de la secretaría de salud, y la supuesta construcción de once hospitales públicos ―hasta el momento inexistentes―.

En este mismo mes el gobierno anunció el “crédito solidario”, la entrega de préstamos a emprendedores a bajos intereses, política que ha sido denunciada por los mismos productores del campo, a quienes aún, luego de ocho meses, no llegan los aclamados beneficios de los créditos. Las medidas impulsadas por el gabinete económico de Juan Hernández, continuaron emergiendo pese a los rotundos fracasos.

En mayo se generalizó a todo el sistema financiero la Ley de alivio de deuda para los trabajadores, estrategia que prometía dar un periodo de gracia por tres meses en las cuotas de los préstamos adquiridos por los trabajadores con la banca. La medida decretada por el gobierno, que colocó la confianza de los hondureños en el siniestro proceder del sistema financiero, no puso un alto a los bancos que aprovecharon a cobrar intereses moratorios, endeudando aún más a quienes accedieron a esta fracasada “Ley de alivio”.

Los millonarios préstamos suscritos con la banca internacional no resultaron ser un paliativo que ofreciera el rescate inmediato de miles de pequeños comerciantes, más bien sirvieron como un remedio descarado que libró de riesgos y amenazas a las monumentales reservas de dinero de los bancos. El “fondo de garantía” aprobado por el gobierno en mayo, es el caso; ya que fue ideado con el propósito de reducir el riesgo de las entidades financieras mediante un préstamo otorgado por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Mismo que cubre un gran porcentaje de los préstamos adquiridos por las hambrientas Mipymes que intentan sobrevivir ante la escasez de crédito. Prácticamente, con este nuevo fondo de garantía el gobierno completa el dinero prestado a las Mipymes con fondos adquiridos del BCIE, para dejar intacta la reserva de los bancos, o, en otras palabras, los ricos comen pan frente a los pobres que no tienen dientes.

Nace con ocho meses de retardo el rescate a las Mipymes

Los reclamos de la población hondureña ante los ultrajes de la banca que arremetió con el cobro de intereses sobre intereses en los préstamos, manipulando a su antojo la Ley de alivio de deuda, fue el escándalo que dio pie a un nuevo remedio que nace a ocho meses del confinamiento. Esta nueva medida fue denominada Plan de rescate financiero solidario, ideada desde agosto y a pesar de las negativas del Cohep, fue consensuada por los quince bancos, la Ahiba (Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias) y el gobierno, el pasado 18 de octubre.

“Logramos un acuerdo con los bancos para salvar y reactivar las mipymes. Les adelanto que nadie pagará más de lo que pagaba antes, no se cobrarán intereses sobre intereses, se ampliarán los plazos de pago y habrán períodos de gracia y rebajas de intereses.” (Twitter oficial de Juan Hernández, 18 de octubre de 2020).

Según el comisionado propietario de la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros) Evasio Asencio, este nuevo rescate readecuará los plazos de pago de los préstamos de las Mipymes. Políticas que se diferencian de la ley de alivio de deuda en la temporalidad de los plazos de pago que alcanzan los 15 años, y en el no cobro de intereses sobre intereses, toda una nueva promesa revestida de “buenas intenciones” que el Congreso Nacional revisará para su ulterior aprobación.

Proselitismo nacionalista coincide con nuevas medidas económicas

El anuncio de este rescate financiero coincide en tiempo con el lanzamiento ―el pasado 14 de octubre―, del Bono Único destinado a 260 mil trabajadores independientes, transferencia electrónica de dos mil lempiras que el gobierno efectuará con supuestos filtros que medirán la pobreza a través de una herramienta denominada IVM. A ocho meses de la primera medida económica en el curso de la pandemia ―fallida a todas luces―, y cerca del año electoral 2021, las iniciativas económicas se confunden con el proselitismo electoral del partido de gobierno.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, candidato presidencial por la corriente nacionalista “Juntos Podemos” será quien presentará como un logro y anticipo de campaña, la emisión del Plan de rescate financiero solidario en forma de ley. Y el Bono Único servirá de estímulo a las numerosas bases sociales del partido de gobierno con el objetivo de lograr más votos en las próximas elecciones. No cabe duda que a meses del proceso electoral de las internas, se afinan los detalles de políticas gubernamentales que estuvieron en el oscurantismo, con el único propósito de promover ―confundiendo con sutileza las medidas oficiales con las políticas partidarias―, la prematura campaña del Partido Nacional.