Por Armando Tezucún

El pasado 29 de octubre, en una citación al Congreso, el viceministro de finanzas públicas, Edwin Martínez, hizo del conocimiento público que la cartera no cuenta con los fondos necesarios para cancelar las cuotas de deuda pública por Q 1,100.00 millones, cantidad que debe ser pagada antes del 15 de diciembre.

A este extremo ha llevado la grave crisis en la recaudación tributaria, que se calcula que este año provocará un déficit de Q 4,500 millones con respecto al monto planificado, ascendiendo esta brecha a Q 3,620 millones hasta el mes de octubre.

El ministro de finanzas, Dorval Carías, anunció que para remediar la situación se realizará una contención del gasto severa y profunda, así como recortes drásticos de presupuesto en algunas dependencias públicas. Carías también mencionó que se analiza la emisión de Bonos del Tesoro como una alternativa para que el Estado cumpla con sus obligaciones de deuda, para lo cual se tendría que solicitar al Congreso de la República una ampliación presupuestaria.

Esta crisis en la capacidad de pago del Estado supone el peligro de que las calificadoras de riesgo bajen la nota soberana del país, lo que conduciría a una suspensión de nuevos créditos de parte de organismos financieros internacionales para el próximo año, y a una caída en la inversión extranjera.

En realidad la actual situación fue provocada por el perverso pacto entre los partidos Lider y Patriota, al que se sumó el partido Todos, cuando aprobaron en el Congreso el Presupuesto General para 2015. En noviembre de 2014 estos partidos se pusieron de acuerdo para disminuir el monto asignado para el pago de la deuda pública, y aprobaron una transferencia de Q 1,965 millones al Ministerio de Comunicaciones, a Salud y Defensa. En ese entonces el Ministerio de Comunicaciones era dirigido por Alejandro Sinibaldi, quien se perfilaba como candidato presidencial del PP para el proceso electoral 2015. Cuando estalló la denuncia del caso La Línea en abril de este año, Sinibaldi olímpicamente renunció al PP y se lavó las manos; exigimos a la Cicig y el MP que investigue los numerosos negocios turbios entre el Ministerio de Comunicaciones y las empresas constructoras, en los que seguramente está implicado Sinibaldi.

El 3 de noviembre el Banco de Guatemala (la Banca Central del país) anunció que ha garantizado el pago del servicio de la deuda para los próximos dos meses, por un total de Q 1,094 millones. El Ministerio de Finanzas elaboró una programación según la cual en noviembre serán trasladados diariamente de los ingresos tributarios Q 20 millones al Fondo Global de Amortizaciones, y en diciembre ese monto será de Q 15 millones diarios.

Sin embargo, esta medida no garantiza el flujo de recursos hacia otras dependencias, en especial las que asisten las necesidades básicas de la población. Y ello se refleja en la eterna crisis del sistema hospitalario público. En la semana del 2 al 7 de noviembre cinco hospitales nacionales tuvieron que cerrar la atención en las consultas externas y cirugías electivas. Estos fueron el Hospital Roosevelt en la capital, y los hospitales regionales de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. En todos ellos falta material quirúrgico y medicinas; además en el Roosevelt se le debe un mes de sueldo a unos 120 médicos.

El pasado 8 de octubre el nuevo ministro de salud, Mariano Rayo, afirmó que la crisis en los hospitales no se debe al atraso del Ministerio de Finanzas en trasladar fondos, sino a la mala administración de los recursos. Sin embargo el 3 de noviembre tuvo que reconocer que el pago de insumos y medicamentos se ha tenido que hacer en la medida en que este ministerio ha desembolsado los fondos. La deuda del Ministerio de Salud con sus proveedores asciende ya a Q 1,034 millones.

El gobierno, por medio del ministro de finanzas Dorval Carías, concibió el plan de subsanar las carencias de los hospitales hasta fin de año con aportes de otros ministerios, secretarías y comisiones del organismo ejecutivo. El presidente Maldonado hizo la solicitud a estas dependencias para que revisen sus techos presupuestarios y determinar su capacidad para apoyar a Salud. El ministro Rayo afirmó: “Lo que se está buscando es un espacio nuevo de Q 350 millones. Esto serviría para insumos médicos quirúrgicos, medicamentos y otros materiales esenciales, así como gasto de funcionamiento prioritario y servicios básicos, entre otros.” (Siglo21 08/11/15).

Esta medida equivaldría a parchar el grave problema del sistema de salud. Nuestra propuesta es que se cree un impuesto especial para los hospitales y centros de salud, que se aplique a las ganancias de las empresas pertenecientes a los grandes grupos corporativos de la oligarquía, en especial a las del sistema financiero, cuyos beneficios no paran de aumentar año con año.