Por Rita Chack

A 6 meses del asesinato de nuestra compañera y camarada Berta Cáceres, el día 22 de agosto del presente año, el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se movilizó desde la Esperanza, Intibucá, a los juzgados penales de la granja en Tegucigalpa, para interponer una denuncia formal contra Marcos Jonathan Laínez, ex ministro de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por abuso de autoridad.

El rol entreguista de SERNA

Este alto funcionario otorgó el permiso de licencia ambiental al proyecto de muerte, conocido como Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). La audiencia fue cancelada y pospuesta para el 8 de septiembre. La denuncia del pueblo Lenca, a través de COPINH, ya ha sido retomada por los demás pueblos ancestrales de Honduras. Cada vez es más claro que SERNA no vela por los intereses y derechos de los pueblos, solamente trafica con los recursos, entrega los ríos, bosques y tierras a las transnacionales.

Gaspar Sánchez, miembro oficial del COPINH, declaró: “Este proyecto es ilegal e ilegitimo ya que las comunidades no quieren este proyecto hidroeléctrico, estas atentan contra la vida del pueblo”. También denunció que Marcos Laínez afirmó que río Blanco no es un territorio Lenca, negando así, el derecho legítimo a las tierras sagradas y ancestrales de los lencas.

Berta Cáceres no es la primera vida arrebatada de forma violenta y cobarde. Día a día los pueblos indígenas son despojados de sus bienes comunes por los grupos de poder, mientras tanto el Estado de Honduras y sus instituciones (SERNA, Instituto de la propiedad, Instituto Nacional Agrario de Honduras, la policía nacional y el ejército, entre otras) son cómplices, ya que se han prestado a registrar tierras sagradas a favor de inversionistas extranjeros, que compran de forma arbitraria e ilegal las tierras de nuestros pueblos, despojan y reprimen violentamente a las comunidades.

Desde hace varios años el Estado de Honduras ha venido desplazando a las comunidades de sus tierras ancestrales, a través de leyes como zona libre turística (1992), Ley de aéreas protegidas (1993), Ley de municipalidades, Ley de Propiedad impulsada por el Banco Mundial y aprobada en 2004. Todos conocemos el Banana Coast (2010) cuando la municipalidad de Trujillo vendió a un canadiense las playas de rio negro, propiedad de la comunidad garífuna, siendo esto solo un ejemplo de la problemática de la mayoría de las comunidades.

Manipulación del proyecto de Ley de Consulta Previa

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), presentada en mayo de este año. Es una importante herramienta democrática para las comunidades indígenas y negras. Este anteproyecto surgió del análisis y reflexión realizado por el Observatorio en la comunidad Garífuna de Sambo Creek, en el año 2014. Contó con la colaboración y aporte de los grupos indígenas y negros, así como la colaboración especial de Berta Cáceres, pero el gobierno se resiste a reconocer nuestros derechos, prepara una versión distorsionada de Ley de Consulta sin la participación de los pueblos, atentando así contra los derechos democráticos de la población.

La versión gubernamental de la de Ley de Consulta Previa está siendo elaborada junto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas, en la cual los pueblos son “consultados” pero meses después de haber aprobado concesiones como el caso de los hidrocarburos en la Mosquitia, o simplemente ignorando los resultados que no favorecen los intereses de la oligarquía. De esta manera violenta el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por el Estado de Honduras, que obligan a efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento de las comunidades, antes de aprobar leyes que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Larga lista de luchadores asesinados

Nuestras comunidades indígenas, así como el pueblo hondureño en general, siempre han sido víctimas de los intereses mezquinos, de las mafias que controlan el país. Utilizan tácticas de terrorismo de Estado con las que criminalizan las luchas para después asesinar a los líderes más combativos, ambientalistas consecuentes, que defienden junto al pueblo estos territorios y a la vida.

Desde hace veinte años han perdido la vida más de 40 Tolupanes, líderes de su comunidad, en defensa de sus territorios ancestrales. El asesinato de Teodoro Martínez, líder de La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) el 4 de mayo, Luis Soto, Vicente Matute Cruz, presidente de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY). La denuncia fue hecha a través de un comunicado, pero el Estado silencia e invisibiliza estos casos. http://www.revistazo.com/May-03/asesinato.htm

En los últimos 5 años más de 120 los ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, han sido asesinados en Honduras.

Es necesario despertar

En un país con mucha riqueza administrada en pocas manos, es necesario que desertemos. Berta Cáceres nos lo decía constantemente: “Despertemos Humanidad”

Entendemos que todo es parte de una política de Estado, de un Estado terrorista, colonizador. A través de la violencia y del miedo pretende inútilmente destruir la resistencia de los pueblos originarios. La ignorancia de quienes pretenden imponer la ley de los menos no les permite ver, ni comprender que a este pueblo y a esta resistencia nadie la calla.  

Los pueblos originarios levantan su voz en defensa del medio ambiente, de sus derechos territoriales, culturales y políticos, son ellos y ellas, mujeres y hombres valientes, que a través de la resistencia ancestral se plantan en contra de la oligarquía y del sistema neoliberal que pretende apoderarse de la tierra.

Como decía Berta Cáceres “Luchar por la vida, es nuestro deber contra un plan de muerte que cada día nos destruye más”