Por Armando Tezucún

El día 17 de noviembre, agentes del Ministerio Público (MP) llevaron a cabo sendos allanamientos en dos viviendas. Una de ellas era la casa de habitación del exministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado. Éste se encontraba en su vivienda al momento del operativo, acompañado de otras funcionarias del gobierno, integrantes del Movimiento Semilla al igual que el exministro. Según declaraciones de personas presentes, los agentes del MP no encontraron indicios de actos ilícitos, aun así, incautaron un teléfono, una laptop y dos pasaportes pertenecientes al exministro. Según fuentes del MP la acción se habría llevado a cabo dando seguimiento a una denuncia por posible delito de lavado de dinero; de acuerdo la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, estaría ligada al Caso Corrupción Semilla, fabricado por el MP para anular la personería jurídica del partido de gobierno y perseguir legalmente a cuanto funcionario del actual gobierno pueda.

Dos días antes, el 15, Alvarado había presentado ante el presidente Arévalo su renuncia a la jefatura del CIV, con lo que perdió su inmunidad; al parecer, el MP estaba esperando la menor oportunidad para caer sobre el exministro. Luego de seis meses en el cargo, Alvarado renunció a la cartera debido a discrepancias con el presidente sobre cómo dirigir el CIV.

Los primeros cinco meses del año, este ministerio fue dirigido por Jazmín de la Vega, quien fue destituida por haber hecho pagos a ciertas empresas constructoras fuera del plan elaborado por la presidencia. Estas dificultades en el CIV se derivan de que este ministerio por años ha sido uno de los principales reductos de manejo corrupto de los fondos del Estado, en torno a la construcción y reparación de infraestructura. Con una economía acaparada por las grandes corporaciones familiares de la oligarquía, los capitalistas de mediana envergadura, y los capitales emergentes, no tienen más recurso que emprender negocios con el Estado, generando redes con alcaldes, diputados, líderes comunitarios vinculados a organismos que manejan fondos de inversión pública y funcionarios ministeriales, para asegurarse que los contratos de obras beneficien a sus empresas.

El exministro Alvarado lo resumió en una entrevista: “Lo que hace el Ministerio de Comunicaciones no es obra pública, es corrupción … En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción. Es la forma de mover ese motor, la gasolina es el dinero, pero el aceite es la corrupción, es la que hace que el que el dinero fluya, que la obra pase. Entonces, si hay coimas suceden las cosas, se pueden asignar los contratos fácilmente.” (Prensa Libre 18/11/2024).

Como reacción a los allanamientos del MP, el presidente Arévalo llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que rechazó las acciones arbitrarias del MP como un hecho deleznable, en especial la retención de documentos personales, declarando su total apoyo a Alvarado. Anunció que citará con carácter de urgencia a la jefa del MP, Consuelo Porras, para que explique el rol que ha tenido el MP para instrumentalizar la justicia y la limitación de la libertad de expresión, y que explique la falta de resultados en más de 170 denuncias de casos de corrupción presentadas por el gobierno. Además, anunció la implementación de un procedimiento por el cual la policía no acate órdenes ilegales que puedan emanar del MP.

En respuesta a las declaraciones del presidente, el MP advirtió que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil están obligados a colaborar con las investigaciones es esa entidad, y en caso de incumplimiento, los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales. La fiscal general Porras invitó al presidente a una reunión para el jueves 21, para discutir los temas abordados en la conferencia de prensa, la cual fue rechazada por la presidencia. Arévalo informó que la invitación a Porras será realizada en el marco de la Ley Orgánica del MP, y será hecha oportunamente.

La nueva bravata del presidente Arévalo contra la fiscal general tiene todas las trazas de que terminará en un callejón sin salida, pues, en términos legales, el mandatario está con las manos atadas. Las estructuras corruptas que la fiscal Porras representa y defiende sólo podrán ser derrotadas por un amplio movimiento popular que, desde las fábricas, campos, centros de trabajo y comunidades reclame la renuncia de los funcionarios corruptos. Ese era el sentido de las extensas movilizaciones de octubre del año pasado, pero éstas fueron traicionadas por el pacto que Arévalo hizo con empresarios, dirigentes indígenas y la embajada gringa. Es necesario que las dirigencias sindicales, indígenas y populares rompan de una vez con las esperanzas que tienen con el gobierno, e inicien un fuerte movimiento independiente para echar definitivamente a los corruptos.