Por Armando Tezucún

Tal como se esperaba, el 20 agosto la mayoría de votantes guatemaltecos optó por respaldar el cambio contra el status quo de corrupción y autoritarismo que se ha venido gestando en los últimos gobiernos. El binomio presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, obtuvo el 58.01% del total de votos (2 millones 441 mil 661 votos), frente al 37.24 por ciento obtenido por la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) (1 millón 567 mil 472 votos). Al igual que en las segundas vueltas de otros procesos electorales, la cantidad de votantes bajó con respecto a la primera vuelta; un 45.1 % (4 millones 208 mil 985) de los 9.3 millones de ciudadanos habilitados para emitir su voto acudió a las urnas, en comparación del 60% que lo hizo en la primera vuelta. Además, fueron emitidos 147,165 votos nulos y 52,687 votos en blanco. El Movimiento Semilla ganó en 17 de los 22 departamentos del país, y en 5 de ellos lo hizo con un porcentaje de más del 67%; en 12 departamentos la diferencia de votos entre Semilla y la Une no fue tan grande, y Sandra Torres ganó en 5 departamentos, ubicados hacia el norte del país.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha oficializado esos datos, pues según la ley electoral, a continuación, se debía hacer el proceso de audiencias de revisión de escrutinio de votos, que se llevaron a cabo los días 22 y 23 de agosto. En estas audiencias no hubo cambio significativo en los resultados, pues muchas de las impugnaciones de votos fueron declaradas sin lugar, y en algunos departamentos, como Quetzaltenango, la Une no se presentó a la audiencia para presentar impugnaciones.

El proceso electoral 2023 se ha caracterizado por su extrema judicialización y por los esfuerzos de las mafias por meter zancadilla a la participación electoral de Semilla y su candidato Bernardo Arévalo. Para ello el Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad señalaron a Semilla de presentar firmas falsificadas en su proceso de creación, llegando a emitir, a través de un juzgado, una orden para anular su personería jurídica. El 17 de agosto el jefe de la FECI, el fiscal Rafael Curruchiche, anunció que después del 20 de agosto habría nuevos allanamientos, órdenes de captura y solicitudes de antejuicio, amenaza que ya está cumpliendo, como veremos más adelante.

El reconocimiento de Arévalo como presidente electo

Pese a esta situación anómala, el triunfo de Arévalo y Semilla fue reconocido y respaldado por instituciones y gobiernos. El presidente Alejandro Giammattei, de manera protocolaria, dio sus felicitaciones a Arévalo y le extendió la invitación a iniciar una transición ordenada de gobierno al día siguiente de la oficialización de los resultados electorales.

Las organizaciones de la burguesía se pronunciaron mostrando satisfacción por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, esperando el respeto por los resultados y felicitando al binomio Arévalo-Herrera. Así lo expresó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF): “Reconocemos la decisión ciudadana manifestada en las urnas, exhortamos a respetarla y felicitamos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, quienes hoy han recibido el mandato de la voluntad popular … Esperamos que, en todo momento, la prioridad sea la construcción de un mejor país” (Prensa Libre 21/08/2023).

En el mismo sentido se pronunciaron las diferentes cámaras empresariales. De forma significativa, el presidente de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), Juan Carlos Paiz, expresó en una entrevista “Ya no es momento de perseguir al presidente electo. Hay que respetar el voto … el voto dice que esta persona es el próximo presidente … si todos lo apoyamos, vamos a tener mejores resultados” (La Hora 21/08/2032); Paiz puso en duda los argumentos del MP para perseguir a Semilla.

Con estas declaraciones, la burguesía marca una distancia con respecto a la extrema derecha que busca por todos los medios impedir un gobierno de Semilla y Arévalo. Y además, se sube al carro del futuro gobierno, esperando llegar a acuerdos y lograr que el gobierno de Semilla continúe impulsando los planes empresariales para incrementar las exportaciones e inversión extranjera que ya venían funcionando durante el gobierno de Giammattei, como el plan Guatemala no se Detiene. El presidente del CACIF, Ignacio Lejárraga, declaró en una entrevista: “En una conversación con Arévalo le hicimos ver la importancia de todos los actores de Guatemala No se detiene y dijo estar completamente de acuerdo, pues ese es el camino que se debe tomar; sus asesores lo conocen y ahí está plasmada una serie de propuestas, que pueden hacer muy interesante el manejo de los temas de inversiones … mucho va a depender de cómo aproveche Arévalo estos cinco meses que tiene de septiembre hasta enero … para que converse su plan de gobierno con los distintos sectores y lograr un consenso de gobernabilidad para Guatemala.” (Prensa Libre 23/08/2023).

El MP y la FECI continúan sus ataques

Cumpliendo con lo anunciado por el fiscal Curruchiche, el MP ha continuado con las acciones para desestabilizar el proceso electoral. Los primeros ataques han sido contra el Tribunal Supremo Electoral, y no precisamente por el caso del Movimiento Semilla.

El 22 de agosto la Fiscalía Contra Delitos Electorales solicitó a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad del director del Registro de Ciudadanos Ramiro José Muñoz, por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El 13 de julio, Muñoz se negó a acatar la orden del Juzgado Séptimo de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, alegando que la suspensión de un partido es competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que no se puede suspender un partido estando en curso el proceso electoral. Pero la acción contra Muñoz no es por el caso Semilla, sino por haber inscrito de manera anómala al partido Prosperidad Ciudadana, pese a que incumplió los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hecho acontecido en 2022.

El mismo día, en otra acción intimidatoria, la FECI de Curruchiche realizó una serie de requerimientos al TSE, a través de su presidenta Irma Palencia. La información solicitada se refiera a datos sobre las personas que tuvieron a su cargo la implementación del proceso electoral: el nombre, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Electorales Departamentales; los nombres de los coordinadores de cada centro de votación; los nombres, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros del cuerpo de revisores; nombres cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Receptoras de Votos; los lugares donde estuvieron ubicados los centros de votación por municipio y departamento; los nombres de los coordinadores de digitadores. La información debía ser entregada en un plazo no mayor de cinco días, y se refiere a los días de votaciones, 25 de junio y 20 de agosto. Este requerimiento, que no especifica el motivo por el que se hace, pone en zozobra a cientos de personas que participaron voluntariamente en la organización de los comicios.

El 23 de agosto la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP presentó ante el Organismo Judicial una solicitud de retiro de inmunidad de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la presidente Irma Palencia, el titular Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón. De nuevo, esta solicitud no tiene que ver con el caso de Semilla, sino con la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución de la República, por hacer declarado procedente, en marzo de este año, la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, a pesar de que no cumplía con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez; esto a pesar de que unos días después de está resolución, el TSE se retractó y retiró la candidatura de Baldizón.

El 23 de agosto, el fiscal Curruchiche envió al Congreso de la República la resolución del Juzgado Séptimo Penal que ordenó provisionalmente la suspensión del partido Movimiento Semilla. La intención evidente es evitar la toma de posesión de los nuevos diputados de Semilla en enero y la declaración de los actuales diputados como independientes, es decir sin partido. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, declaró que el legislativo puede proceder hasta que reciba una notificación directa del TSE.    

Finalmente, el partido UNE, que no ha reconocido los resultados de la votación del 20 de agosto, denunció ante el MP a los magistrados titulares del TSE, solicitando que se inicie una investigación en su contra, por fraude en las votaciones del 20 de agosto. Según la UNE, los magistrados habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y otros en contra del pueblo; la denuncia fue presentada luego de un supuesto análisis realizado por técnicos del partido a las actas electorales, encontrando divergencias y duplicidades en las mismas.

Defendamos los derechos y libertades democráticas contra las mafias corruptas

Otros hechos se han dado en la primera semana después del triunfo electoral de Semilla, como la adopción de medidas cautelares de protección para Arévalo y Herrera por la existencia de planes para asesinarlos.

Lo más importante han sido las protestas de la población contra el MP, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche, los días 25 y 26 de agosto. Las principales organizaciones indígenas se reunieron y demandaron la destitución de Porras, anunciando posibles acciones de hecho. El voto por Arévalo es el voto por el cambio, por desalojar a las mafias en el poder, por los derechos democráticos y la justicia social. Esto es lo que debemos continuar defendiendo en las calles, contra las artimañas y maniobras de los corruptos.