Lorena Peña, diputada del FMLN, observa la ceremonia indígena

Por Cuauhtémoc Tit   

Hace 490 las sociedades que habitaban en lo que hoy conocemos como República de El Salvador fueron invadidas por el imperio español, lo que implicó cambios a nivel social, económico, político, cultural, etc. Uno de los principales cambios operados fue a nivel de la propiedad. En este aspecto, y según fundamentos de la Iglesia Católica, los territorios habitados por los pueblos originarios pasarían a ser propiedad de la Corona española. El rey de España repartió dichos territorios, dando la mayoría de éstas a los invasores españoles laicos y al clero, y una mínima parte a los pueblos originarios, subsistiendo de esta manera la propiedad privada individual y la propiedad privada colectiva. Además de introducir nuevas forma de forma de propiedad, también se introdujeron nuevas concepciones sobre la tierra: para el invasor la tierra es un medio de producción al cual había que sacarle el máximo provecho no importando el daño que se le haga; en cambio para los pueblos originarios la tierra es la madre, la dadora de vida, la cual había que proteger. Hoy los capitalistas se rasgan las vestiduras pretendiendo mantener el medio ambiente y con doble moral implementan proyectos, pero muchas veces son las mismas comunidades originarias y campesinos quienes sufren las consecuencias.

Liberalismo: rapiña, violencia y disgregación contra los pueblos originarios

Años después a la independencia de los criollos respecto a España surgió una lucha entre grupos dominantes, disputándose el poder los conservadores y los liberales. Rafael Zaldívar fue un representante de los liberales. Ellos pregonaban el desarrollo de la nación y el bienestar para todos, pero en realidad estaban engañando al pueblo ya que solo buscaban acrecentar sus riquezas y consolidarse en el poder, por lo cual tuvieron que negociar con la vieja clase dominante añilera.

Las personas pertenecientes a los pueblos originarios llevarían la peor parte bajo el gobierno de Rafael Zaldívar, debido a que entre 1881-1882 fueron promulgadas una serie de leyes de extinción de ejidos y tierras comunales que permitieron la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas.

Una de estas fue la Ley de Extinción de Comunidades promulgada el 23 de febrero de 1881. Entre sus considerandos esta ley establecía: “Que la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la Agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo…Que no obstante aún se conserva el pésimo sistema de bienes comunales administrados por corporaciones que tienen personalidad jurídica;…Que tal estado de cosas debe cesar cuanto antes como contrarios a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado.” Durante la colonia la Provincia de San Salvador tuvo como principal actividad económica la agro-exportación del cacao y el bálsamo. Cuando esta decayó, fue la agro-exportación del añil; al decaer la comercialización de dicho producto, éste fue sustituido por el café. En este caso las comunidades indígenas serian el blanco, ya que poseían las mejores tierras para el cultivo de dicho producto y además al desintegrarlas estarían proporcionando la mano de obra barata, siendo estos los verdaderos objetivos de dichas leyes. Según un informe presentado por las diferentes gobernaciones departamentales al Ministerio de Gobernación en 1879, “el porcentaje de ejidos y comunidades en relación con el territorio agrícola es del 21.7 por ciento. Aproximadamente 281 mil 294 hectáreas repartidas en doce departamentos…ya que dos de ellos no presentaron el informe. De ese porcentaje, un 13 por ciento pertenecía a Sonsonate y Ahuachapán. (CoLatino, 24/1/2005).

La eliminación de las tierras comunales obligó a que la mayoría de personas de las comunidades indígenas para poder sobrevivir vendieran su fuerza de trabajo, convirtiéndose en proletarios agrícolas o campesinos pobres. Además, llevó a una concentración de la propiedad de la tierra en manos de los productores de café que luego se consolidarían como la clase dominante: la oligarquía cafetalera, cuyos descendientes mantienen el poder. Al igual que ellos se los disputaron a los añileros, hoy nuevamente se lo disputan nuevos núcleos económicos emergentes.

Proyecto de Ley de cultura y Arte busca restituir las tierras comunales

En los próximos días las diferentes fracciones políticas que conforman la Asamblea Legislativa discutirán el proyecto de Ley de Cultura y Arte , el cual tiene como objeto: “…desarrollar y ordenar el marco legal sobre Cultura previsto en la Constitución Política de El Salvador y establecer los principios fundamentales, las definiciones, la institucionalidad y los principios de la política estatal de cultura a fin de proteger los derechos culturales estipulados en la Constitución y en los Tratados Internacionales que reconocen tales derechos como Derechos Humanos…” este proyecto de Ley contiene elementos que necesitan mayor análisis y revisión a fin de que verdaderamente ofrezca las condiciones jurídicas y materiales para que el pueblo tenga verdadero acceso a la cultura y al arte.

En esta ocasión uno de los puntos que llama mucho la atención es TÍTULO IV. DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, artículo 45 que refiere: "El Estado reconoce y protegerá los derechos de los pueblos originarios a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin su consentimiento libre e informado, adoptará medidas de restitución o de una justa indemnización".

Este punto es fundamental ya que se estaría devolviendo a los pueblos originarios en una primera fase las tierras comunales que le fueron expropiadas en el gobierno de Zaldívar, las cuales en su mayoría pasaron a manos de la oligarquía cafetalera y que actualmente son propiedades de la rancia clase dominante. Existen sectores ligados a esta rancia clase dominante que se oponen a la devolución de las tierras a las comunidades indígenas. Al respecto Francisco Bertrand Galindo manifestó "Levantar un tema como ese por medio de una ley, aparentemente inocente, sería realmente causar muchos problemas y eventuales confrontaciones entre los supuestos beneficiarios y los propietarios actuales". Por su parte, Carmen Elena Figueroa, diputada de ARENA, manifestó: “No vamos a llegar de tajo y decirle (a los actuales poseedores de tierras) ya no son suyas, porque hace dos siglos su familia y las generaciones anteriores se dedicaban al cultivo de la tierra, es difícil, hay que analizarlo despacio." (EDH.12/04/2014). Diputados de los demás partidos políticos también han mostrado sus reservas acerca del tema de la devolución de las tierras comunales.

La tierra para quien la cultiva: recuperemos lo robado por la burguesía cafetalera

La existencia de los pueblos originarios en El Salvador ha sido negada por los gobiernos de turno, llegando a decir que en El Salvador no existen indígenas o en otros casos que son una mínima parte de la población. Fuera de esos aspectos técnicos los gobiernos no pueden negar que la corona española expropió de sus territorios a los pueblos que habitaban ancestralmente en lo que hoy conocemos como El Salvador y partes de estos territorios pasaron a ser propiedad de los invasores. No se puede negar que en el gobierno de Zaldívar existieron comunidades originarias poseedoras de tierras y que estas tierras fueron robadas legalmente por la oligarquía cafetalera y que producto de dicha expropiación las comunidades indígenas, que habían logrado mantener su identidad, fueron obligadas a renunciar a su identidad mimetizándose con el resto de la población. Esta situación se profundizó después de la masacre de 1932, pero luego de cierto tiempo han empezado a recuperar su identidad como pueblos originarios, ocupando la posición de proletarios y de campesinos en el proceso productivo.

Por lo tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que actualmente la problemática de los pueblos originarios no se reduce meramente a un problema étnico sino principalmente es un problema de clases, en donde existe una clase que es dueña de los medios de producción, lo que permite sobre explotar a las grandes mayorías. Por esto llamamos a todas las organizaciones de pueblos originarios y campesinas a conformar una coordinadora, a movilizarse y demandar: Que el gobierno de Funes y del FMLN haga públicos los nombres de los actuales dueños de las tierras comunales y la ubicación de las tierras comunales que fueron expropiadas por el gobierno de Zaldívar; a la vez exigimos la aprobación de la normativa que contempla la devolución de las tierras comunales y mediante métodos de luchar popular exigir la entrega inmediata de la tierra y una reforma agraria integral.