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Por Antonio Trejos

Costa Rica tiene el más alto índice de desarrollo humano de Centroamérica, una verdadera excepción en una zona geográfica marcada por el desempleo y la pobreza. La democracia burguesa costarricense siempre se ha jactado de su sistema educativo, pero este orgullo comienza a ser parte de su glorioso pasado. Bajo el segundo gobierno de Oscar Arias se produjo el más serio ataque contra el Fondo  Especial para la Educación Superior (FEES) cuando a inicios de 2009 anunció el recorte de 7 mil millones de colones.

El ataque de Arias se produjo cuando faltaba poco tiempo para vencerse el convenio presupuestario entre el gobierno y las universidades, y no era más que el preludio de una nueva ofensiva neoliberal contra la educación superior. Lo que está en juego actualmente es el presupuesto del quinquenio 2011-2015, es decir, el futuro de la educación publica.

Ofensiva neoliberal contra la educación superior

Desde hace un año y medio, las universidades publicas vienen librando una sórdida batalla contra el gobierno. La transición entre la finalización del gobierno de Arias y el inicio del gobierno de Laura Chinchilla, creo un tenso compás de espera. Mientras tanto, la comunidad universitaria comenzó a tensionar sus fuerzas.

En los hechos se formó un frente universitario, para exigir el 13% de aumento anual para el FEES, conformado por autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes. Esta alianza por la defensa del presupuesto para el FEES, terminó siendo dirigida en la práctica por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) conformado por Yamileth González  rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sandra León Coto  rectora de la Universidad Nacional (UNA), Eugenio Trejos rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Luis Guillermo Carpio rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Los sindicatos de profesores y trabajadores, así como las organizaciones estudiantiles que participan en la lucha, han perdido autonomía en la medida en que han dejado el proceso de negociación exclusivamente en manos del CONARE

Una prueba de ello es que las Universidades públicas forcejearon inicialmente por el 13% para el FEES, pero ante las presiones del gobierno de Chinchilla el CONARE redujo su propuesta de 13% a 11%, como si una “pequeña” concesión en si misma facilitaría obtener más presupuesto  para las universidades.

El gobierno de Chinchilla ofreció apenas un 4.5% más un préstamo de 200 millones de dólares que endeudaría a las Universidades, algo que no tiene precedentes en los 70 años de existencia de la educación superior pública. En los años siguientes, el presupuesto del FEES se reduciría hasta el 4%, una verdadera contrarrevolución a nivel de la educación superior. En cambio, la propuesta del CONARE implica pasar de ¢226 mil millones a ¢400 mil millones de colones para 2015.

El Gobierno de Chinchilla ha concebido un financiamiento decreciente de la educación superior, pues baja del 10% en 2009 al 4% en 2010.

El ataque de Garnier

Leonardo Garnier, ministro de educación, ha estado al frente del equipo negociador del gobierno de Chinchilla, en conjunto con los ministros de Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, y es quien más ha criticado el presupuesto de las universidades: “Es muy difícil para la sociedad que le pidan esta cantidad de plata, cuando ni siquiera presentan los documentos de planes estratégicos que indiquen cómo se va a gastar este dinero. Una parte del aumento se va en nada, eso de aumentar los estudiantes en un 3% y el presupuesto creciendo un 11%, no es muy defendible”. (Extra, 04/08/2010)

Los ministros acusan a las universidades públicas de tragarse 2/3 del presupuesto educativo. El gobierno también ha criticado el aumento automático del 8% en los salarios del personal universitario.

Ruptura y restablecimiento de la negociación

En el proceso de negociación en la Comisión de Enlace, los ministros presionaron y rompieron las negociaciones con el CONARE. El conflicto se trasladó entonces a los medios de comunicación. En un comunicado, el CONARE denunció que "los Ministros afirman demagógicamente que la propuesta del Gobierno ofrece el mayor financiamiento para las universidades en su historia cuando en realidad lo que pretenden es bajar ese financiamiento de un 17% a un 4% a partir del 2011 y solo incrementar medio punto porcentual para los años siguientes". (Informatico, 09/08/2010)

Inicialmente, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y otras organizaciones estudiantiles y amenazaron con un “paro activo” a partir del 17 de agosto, para defender el 13% para el FEES, pero el paro no se produjo

Debido a la ruptura de la negociación, el CONARE se vio forzado a llamar a la movilización, para presionar al gobierno que restableciera la negociación y solicitaron la presencia de Laura Chinchilla en las mismas.

Yamileth González, rectora de la UCR declaró que “en la Comisión de Enlace ya no hay nada que discutir, el diálogo se tiene que dar con la Presidencia de la República y en su defecto con la Asamblea Legislativa, no ha habido diálogo, sino una posición impositiva y descalificadora de los ministros”. (Extra 11/08/2010)

El gobierno intentó reunir el consenso necesario entre los diputados la Asamblea Legislativa para aprobar el recorte al FEES, sin necesidad de negociar con el CONARE, pero los diferentes partidos se mostraron reacios a adoptar semejante recorte a las universidades publica, ya que en diciembre del 2010 se realizarán elecciones municipales. Además, los diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio (FA) apoyan el reclamo de las universidades.

El lunes 9 de agosto Chinchilla declaró: “No se ha roto el diálogo. Confío en que se pueda restablecer ese espacio de conversación”. (La Nación 12/08/2010)

El Gobierno convocó al CONARE a una cita el viernes 13, pero los rectores no asistieron. Ese mismo día, como una demostración de fuerza, se produjo una marcha de los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional (UNA).

La marcha del 17

Leonardo Garnier, es quien ha encabezado los ataques públicos contra el CONARE: “Si lo que piden los rectores se proyecta a cinco años le pone una enorme presión al presupuesto, serían ¢15 mil millones el año entrante, ¢30 mil millones en 2012, más de ¢60 mil millones en 2013, más de ¢120 mil millones el año siguiente”(Extra 16/08/2010)

Presionando para regresar a la mesa de negociación, se produjo la gigantesca marcha del 17 de agosto, que salió del pretil de la UCR hasta Casa Presidencial, reuniendo a más de 10,000 personas, una de las marchas universitarias más grandes en los últimos años. Al día siguiente, la Presidenta Chinchilla se con el CONARE. Al final de la reunión, Chinchilla declaró: “Confiamos plenamente en llegar a un acuerdo en el que se defiendan las necesidades de las universidades públicas, pero en el que también se entiendan las restricciones de naturaleza fiscal que nos ha tocado vivir en los últimos meses”. (Extra, 19/08/2010)

En esa reunión “amistosa” se estableció el plazo de 10 días para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, el cual debe estar a más tardar el 1 de Septiembre en la Asamblea Legislativa. Esta reunión presagia una nueva claudicación del CONARE, ya que es muy poco probable, por los apuros fiscales del gobierno, que este ceda el 11% de aumento real por cada año, más la inflación. El gobierno solo está dispuesto a dar un 4% de incremento real para el próximo año (más la inflación), y a partir del 2012 un alza del 4,5% real anual.

No parar la movilización

Producto de la reunión con Chinchilla, comienza a flotar en el ambiente una propuesta salomónica, es decir, un punto intermedio entre el 4% propuesto por el gobierno y el 11% rebajado por el CONARE. Si esta propuesta toma forma, estaríamos ante una abierta traición del CONARE a la lucha por más presupuesto para la educación superior pública. De por si la rebaja del 13 al 11% fue adoptada por el CONARE sin consultar a profesores, trabajadores y estudiantes, que son quienes se movilizan en la calle contra la política neoliberal de Laura Chinchilla.

Mientras continúan las negociaciones en un ambiente amistoso, ha disminuido la movilización, lo que constituye un grave peligro para la lucha universitaria. El gobierno, por su parte, no para los ataques y Garnier, en una maniobra para ganarse a la opinión pública, solicita a las universidades que abran más cupos para nuevos ingresos. El CONARE ha respondido que de 82.000 estudiantes piensan pasar a 100,000 y nuevamente suplican al gobierno que aumente el presupuesto a las universidades.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a profesores, trabajadores y estudiantes a luchar unidos por el 13% de aumento para el FEES, pero al mismo tiempo llamamos a desconfiar del CONARE, por sus actitudes claudicantes, y llamamos a mantener la movilización en las calles y no aceptar ninguna propuesta que no sea el 13% para el FEES. Todas las decisiones deben ser tomadas en asambleas generales democráticas, solo así se garantiza que la opinión de las bases sea tomada en cuenta. Si el gobierno de Chinchilla tiene problemas fiscales, es hora de clavarle un impuesto especial a las grandes empresas para financiar la educación pública.

 

maquilas

Por Rafael Cuevas Molina, Presidente AUNA/Costa Rica

Las maquilas textiles y tecnológicas (call center), que capturan a la población laboral femenina y joven, introducen importantes transformaciones socioculturales en Centroamérica, lo que agudiza la inserción subordinada de la región al llamado mercado global.

Una de las formas características como se ha dado en Centroamérica la “incorporación al mercado global” perseguido por las reformas neoliberales, ha sido a través de la implantación de la llamada industria maquiladora[1]. Ésta crea trabajo precario [2] (“desregularizado” y “flexibilizado”, lo que significa que no acata, o acata a medias, las regulaciones que sobre el trabajo existe en los estados nacionales de la región), con largas jornadas laborales y bajos salarios. La maquila centroamericana es fundamentalmente textil, pero también de servicios[3], los llamados call center, en donde se ubica una población de jóvenes a los que se les solicita, como habilidades básicas, hablar inglés y tener capacidades en computación:

“Para nadie es un hecho extraño que los “call centers” han emergido como una forma de negocio a escala mundial basada en la capacidad de atención de altos volúmenes de llamadas para la adquisición de clientes, conservación de los mismos, atención al cliente así como temas de cobranza./ Aunque inicialmente inversionistas vieron a India y China como lugares con alto potencial para su establecimiento, en poco tiempo la región centroamericana se ha convertido en un área con gran potencial incluso con mejores condiciones económicas, laborales y legales que los tradicionales destinos; esto, en gran medida, se debe entre otras cosas a la flexibilidad de las normas laborales a escala centroamericana. Otros factores que han convertido a Centroamérica en una excelente oportunidad para el establecimiento de “call centers” lo constituye su inmejorable posición geográfica cercana, por un lado a Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y por el otro a Suramérica, así como su capital humano. Ello sin olvidar que Centroamérica presenta como atractivo a inversionistas de Norteamérica, su horario el cual se asemeja en mucho al de esa región.”[4]

La adquisición de las habilidades básicas antes mencionadas son ansiosamente buscadas por los jóvenes centroamericanos que quieren encontrar ubicación laboral, generalmente su primer empleo (mientras se estudia una carrera universitaria o se encuentra ocupación en la profesión que se ha elegido, o en la que se han formado y aún no encuentran ubicación). El salario obtenido en estas corporaciones muchas veces es utilizado para satisfacer necesidades creadas por la sociedad de consumo: acceder a bienes materiales como teléfonos celulares, reproductores de sonido, computadoras personales, automóviles de segunda mano traídos desde los Estados Unidos Abandonan tardíamente el hogar (generalmente alrededor de los 30 años), retrasan cada vez más el matrimonio o la conformación de parejas estables que les implican asumir responsabilidades y restringir su consumo. A pesar de ello, la iniciación en la vida sexual se hace cada vez más temprano: “Nicaragua encabeza la lista de los países de Centroamérica en donde los jóvenes inician a temprana edad su vida sexual./Según el estudio Expectativas y Realidades, la vida sexual en el país inicia los 14 años”[5].

Otra situación se presenta con la mujer y la maquila. Dice Eduardo Tamayo que:

“La palabra maquila está asociada a frases como “precariedad”, abusos, acoso y violencia sexual contra las mujeres, "falta de libertad sindical y de negociación”, salarios de hambre” y “largas y agotadoras jornadas de trabajo”.[6]

La industria maquiladora textil es la que ha tenido mayor cobertura en el caso centroamericano, y en ella la fuerza de trabajo es mayoritariamente femenina. La industria maquiladora ha provocado importantes transformaciones socio-culturales en la población femenina de las clases medias bajas y bajas centroamericanas. Las ha introducido en un agudo régimen de explotación laboral, que se transforma en la única forma de tener un ingreso que le permita cierta independencia económica en el seno del hogar, y una participación más activa en la vida socio-laboral. Asimismo:

“Se produce un cambio importante en el deseo de espaciamiento de los hijos: disminuye el porcentaje de mujeres que indican desear períodos superiores a los 24 meses y aumenta sustancialmente el porcentaje de las que indican períodos inferiores a los 24 meses (de 33.9% a 59.7%”)/El porcentaje de mujeres que no desean un nuevo hijo aumenta levemente (de 49.8% a 51.6%) y el número deseado de hijos mantiene la tendencia que ha mostrado desde 1964, al disminuir de 3.4 a 2.7”. [7].

Certifíquese, entonces, su incorporación al mundo del trabajo remunerado a través de estas industrias maquiladoras asentadas en la Centroamérica contemporánea: en un contexto de precariedad laboral que la inserta en una doble jornada en condición subordinada.

NOTAS

[1] . La maquiladoras son las empresas que importan materiales sin pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va a comercializar en el país.

[2] . Dice el Proyecto Estado de la Región en su Segundo Informe Sobre Desarrollo Humano en Cemtroamérica y Panamá (San José; 2003) : “Durante el período de instauración del nuevo estilo de desarrollo, las oportunidades de empleo de la población no han mejorado significativamente. En el mercado laboral la economía informal sigue siendo el sector más dinámico, con una fuerte incidencia de pobreza”.

[3] . “Maquila avanzada” llama a este tipo de industria Sebastián Urbina, director del Centro de Comercio, Innovación Productividad del Georgia Institute of Techlogy, misma que él ve como una posible ruta para que las compañías transnacionales no busquen solamente fuerza de trabajo barata sino productividad. Sebastián Urbina; “De ´hecho´a ´diseñado´ en Costa Rica”; en diario La Nación; 10 de abril del 2010.

[4] . Marco Fabio Montoya; “El boom de los call center en Centroamérica”; Blog Leyes; 14 de julio de 2008; en http://eleconomista.net/blogs/leyes/?p=9.

[5]. Navégalo.com; 18 de septiembre de 2009; en: http://www.navegalo.com/en/cat-nacionales-nicaragua/47811-vida-sexual-comienza-desde-la-infancia-en-nicaragua.html.

[6] . Eduardo Tamayo G. “¿La precariedad es la única opción?. Globalización y maquilas”; en ALAI, América Latina en Movimiento; 14 de noviembre del 2000; http://alainet.org/active/1075&lang=es .

[7] . Mario Chen Mok, Luis Robero Bixby, Gilbert Brenes Camacho, Miriam León Solís, María Isabel González Lutz, Juan Carlos Vanegas Pissa; Salud reproductiva y migración nicaragüense en Costa Rica. Resultados de una Encuesta de Salud Reproductiva; Programa Centroamericano de Población de la Escuela de Estadística e Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica; San José; febrero 2001.

Mina crucitas

Por Joaquin Cerdas Quiros

Luego de la toma de poder por parte de la presidenta Chinchilla muchos sectores vieron  muestras de distanciamiento entre el nuevo gobierno y el anterior.

En nuestros artículos anteriores hemos afirmado que la actual administración es sólo la continuación de una política con otros nombres. Sin levantar falsas expectativas que sólo causen confusión, hemos afirmado lo anterior para estar mejor preparados para las luchas que debemos dar en contra de los ricos y poderosos de nuestro país y el imperialismo.

El cerco que está preparando Chinchilla es parte de la necesidad de la burguesía criolla de cumplir con la transformación de la sociedad costarricense en función de las nuevas necesidades de mercado impuestas por la globalización capitalista de la economía. Cada vez más los márgenes de ganancia dependen de la sobreexplotación y la expropiación de las conquistas laborales de la clase trabajadora y el pueblo.

Aparte de este aspecto, también los recursos naturales para el capitalismo son un bien tangible en la medida en que se pueden explotar de acuerdo a sus necesidades de  ganancia. La flora, la fauna, los genes y demás son mercaderías que pueden ser sujetos de modificaciones para obtener una mayor o nuevas ganancias.

Así pues los ejes de Laura son la continuación de lo labrado por el PLN y los Arias como gestores de la nueva política.

En primer lugar la aprobación del CAFTA dio paso a la vulnerarización de los recursos naturales en función de la rapiña de las transnacionales. Los recursos naturales como el agua, como se ha visto en las últimas semanas no son considerados como parte de  los derechos humanos fundamentales. Cuando se intentó construir el acueducto de Sardinal quedó demostrado con creces cuáles son las necesidades que deben satisfacerse primero. Y de hecho las de la población no eran la prioridad.

Luego el caso de Crucitas viene a confirmar lo anterior. El decreto ejecutivo que declara a este proyecto minero como de “interés nacional” la destrucción del bosque y la contaminación de las aguas por parte de las industrias Infinito ponen a nuestro país como una categoría que va más allá de las Banana Republic.

Como parte de la demagogia de principios de su administración, Laura Chinchilla habló de la posibilidad de limitar la explotación minera en nuestro país. Pero las palabras se las lleva el viento y este caso las enterró en lo más profundo de una mina.

Luego que la Sala Constitucional le tirara la pelota al Poder Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de anular el decreto nefasto de los Arias, la respuesta incondicional de Chinchilla no se hizo esperar. Para verdades el tiempo y ya  ha demostrado que no sólo es más de lo mismo sino que empeora.

La llegada de los marines a suelo centroamericano vía el beneplácito de la presidenta, la minería, el miserable aumento salarial para los empleados públicos y privados, el recorte al presupuesto de educación y de las universidades pone de manifiesto el desarrollo de país que aspira la burguesía.

La represión como forma de contener la posibilidad de luchas estilo “Combo del ICE” de hace un año y las universidades en déficit para privatizar la educación superior de una vez por todas, aumentos pírricos para satisfacer a los explotadores y los recursos naturales dados al mejor postor.

La lucha contra el capitalismo es diaria y no hay faceta en la cual podemos esperar que el sistema actúe en consonancia con las necesidades vitales de la población y del planeta. El derrame de BP en el Golfo de México es tan sólo un ejemplo de los miles que se pueden dar de la destrucción acelerada del ambiente.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) insistimos en la necesidad de crear la más profunda unidad de acción con todos los sectores de izquierda, sindicales, ambientalistas y otros luchadores para enfrentar a este gobierno que busca destruir todas nuestras conquistas.

buques

Por Eduardo Villalobos

El gobierno de Laura Chinchilla se ha caracterizado por un gran aumento de las acciones represivas en contra de los jóvenes y los trabajadores.

Tenemos que recordar los episodios ocurridos en el traspaso de poderes, la invasión del campus universitario, la represión contra los estudiantes del liceo Vargas Calvo, amén de los operativos de la policía en barrios y comunidades al estilo de tropas de ocupación.

El pretexto: el supuesto combate a la delincuencia y el narcotráfico.

Si bien estos dos flagelos golpean con fuerza a la sociedad costarricense, la solución para ambos no se encuentra aumentando los presupuestos de seguridad, la cantidad de efectivos de la fuerza pública ni con la declaración de “guerras” contra el narco. Los espejos en los que podemos mirar son muchos pero en especial el de México y de Colombia, que luego detallaremos.

Sin embargo la motivación fundamental de la presencia de las tropas de ocupación estadounidenses se encuentra en otro lado. Como se sabe, el interés de los gringos por el asunto del narcotráfico se ve tamizado por sus intereses políticos y no por el moralismo del consumo y tráfico de estupefacientes.

El asunto Irán- Contras en la década de los 80 mostró la cara real del gobierno yanqui que no dudó en utilizar las drogas como medio de pago para financiar la contra revolución nicaragüense.

El plan Colombia y la doctrina de seguridad de los Estados Unidos

Los Estados Unidos,  luego de la derrota infringida a la revolución centroamericana vía los acuerdos de Esquipulas y luego el de Contadora, enfiló sus baterías hacia el sur del continente  por varias razones.

La primera fue el conflicto en Colombia que data desde  los años 40’s del siglo XX y que polariza la sociedad colombiana. Esta polarización implica el control de zonas del territorio por parte de una organización de izquierda, las FARC. La dualidad de gobierno en Colombia, luego de la salida de los marines de la zona del Canal de Panamá, con su Comando Sur, implicó el reacomodo de fuerzas militares en la región.

Por un lado, la base militar de Palmerola en Honduras que cumplió un rol de suma importancia para el entrenamiento de fuerzas de la contra, asegura la presencia en territorio centroamericano.

Por otro lado, la base Manta en Ecuador,  aseguró en el territorio del sur, la presencia militar imperialista en una  base en un territorio “neutral”. Esta base dejó de funcionar en el año 2009, debido a la negativa del presidente Correa de renovar la continuidad de las operaciones.

El plan Colombia se diseñó como un plan para combatir el narcotráfico en la región. Sin embargo los resultados son poco exitosos desde el punto de vista de la producción y consumo de estupefacientes. La producción de coca en el período del 2000 al 2006 aumentó en un 15% y la producción de cocaína aumentó un 4%, lejos de las metas del plan que consistían en bajarlos un 50%.

Durante este proceso de implementación del plan, también el imperialismo se acercó a la cúpula de las FARC para negociar una salida política, al mismo tiempo que impulsaba las milicias fascistas de las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de ultraderecha de Álvaro Uribe.

Pero el objetivo era otro, asegurar la presencia militar de los Estados Unidos por medio de la creación de la necesidad de bases en el territorio colombiano y la destrucción operativa de las FARC. Los golpes efectuados por el ejército colombiano a la estructura de las FARC han sido un trabajo de inteligencia que sólo puede ser explicado a partir de la presencia de la inteligencia imperialista, es decir la CIA en el territorio colombiano.

La implementación del plan también propició un desastre humanitario y un golpe a los sectores campesinos e indígenas. Estos  grupos han planteado sus reivindicaciones de reforma agraria y protección a los cultivos de coca.  Sólo en este período cerca de 180 mil colombianos han sido desplazados, aparte de numerosos crímenes en contra de dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales.

A partir de los años 90 y principios del siglo XXI, algunos gobiernos de América del Sur giraron a la “izquierda”. Las contradicciones interburguesas y las movilizaciones de las masas hicieron que este fenómeno se reflejara electoralmente y gobiernos populistas asumieran el poder en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, etc. El gobierno de Chávez por ejemplo es la cara más visible, así como el de Evo Morales en Bolivia que representa a los campesinos indígenas cocaleros.

Dentro este marco, el gobierno estadounidense busca “acordonar” el área por medio del restablecimiento de bases en territorios con gobiernos sumisos. En este caso los gobiernos de Costa Rica y Colombia encabezan la lista.

Colombia alberga marines y personal militar yanki en 7 bases militares y por su parte, el gobierno de Laura Chinchilla hará lo propio.

Lo que viene

El gobierno de Chinchilla, vía la Asamblea Legislativa aprobó el patrullaje conjunto de las fuerzas militares gringas y costarricenses como mencionamos anteriormente con el pretexto del narcotráfico. En esto se debe señalar a los partidos políticos que votaron favorablemente, el PLN, el Movimiento Libertario y los legisladores cristianos.

Sin embargo cuando se ve la cantidad de presencia militar en el país, el panorama cambia y es evidente que lo que se pretende es el establecimiento de una base militar en suelo nacional. A partir de este momento podrán llegar a nuestro país 50 navíos de guerra (destructores, portaviones y otros similares) más de 13 mil soldados, aviones y helicópteros de guerra. Para ampliar más el desastre y la violación a la soberanía nacional, los militares estadounidenses contarán con inmunidad total por los actos que cometan en suelo nacional.

Es decir, se les está entregando el territorio nacional a las fuerzas yanquis, que podrán actuar como fuerza de ocupación sin ningún control más que el de las autoridades militares yanquis.

Los esfuerzos por evitar esta flagrante violación constitucional vía la Sala IV, no serán suficientes sin una movilización decidida de todos los sectores opuestos a este acto.

En esto debemos ser amplios pero no ingenuos. En el pasado muchos de los partidos que ahora se oponen a la llegada de los buques votaron el arribo de naves de guerra  a nuestras aguas y suelo en el contexto de la guerra en contra de Nicaragua. Por esa razón, los trabajadores y el pueblo no pueden confiar ahora y deben encabezar la movilización.

Unidad de acción para defender la soberanía centroamericana

Es urgente que la movilización salga a partir de un encuentro sindical y popular que tome una agenda que sintetice los puntos más sentidos y urgentes. El gobierno de Chinchilla ha empezado poniendo un rostro de diálogo pero la realidad es otra.

El tema salarial, por ejemplo es un punto importante de las luchas que debemos dar. El ajuste por costo de vida por medio de la fórmula del cálculo de la inflación anterior es insuficiente. Aparte de esto el tema de la minería a cielo abierto, el proyecto Crucitas, tal y como lo dice la Sala IV, es potestad del ejecutivo eliminar este proyecto. Si sumamos el asunto del agua como derecho humano fundamental, encuadramos todos los aspectos y vemos que la soberanía no es sólo un asunto político, sino es un asunto de sobrevivencia, recuperar el agua, preservar la naturaleza y nuestro salario.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones de izquierda, populares, de derechos humanos, ambientalistas a que definamos una agenda común y desde las bases activar la oposición a todos estas medidas que tienen en vilo a nuestra población.

Fuera bases militares norteamericanas de Centroamérica

La presencia de la flota norteamericana en aguas de Costa Rica nos hace recordar que la presencia militar norteamericana se mantiene. Existen bases militares en Honduras y Panamá, sin mencionar el complejo sistema de espionaje electrónico montado en la región, con auxilio de satélites que ni siquiera podemos mirar en el firmamento.

La base militar de Palmerola  en Honduras es una reminiscencia de la guerra civil y la intervención imperialista en Centroamérica, en la década de los años 80. Las bases militares en Panamá, tienen más de un siglo de estar hollando el suelo panameño, desde que los Estados Unidos arranco esa porción del territorio a Colombia, para crear la republiquita de Panamá y construir el canal interoceánico. Panamá hoy es parte de Centroamérica, y como tal la izquierda centroamericana debe incorporar a su programa político la necesidad de expulsar las bases militares norteamericanas de territorio centroamericano, solo así podremos llevar a cabo la magna tarea de proclamar la independencia política en relación a la dominación semicolonial del imperialismo, y reunificar la patria centroamericana en una sola nación, bajo la forma de un Estado federal socialista.

 

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Por Eduardo Villalobos

El gobierno de Laurarias no hace más que demostrar su enorme voluntad de acrecentar los privilegios de los ya privilegiados de la sociedad y buscar desaparecer los pocos derechos que tienen los que vivimos de un salario. Ahora el turno le toca a la educación superior.

Acuerdo anterior

El anterior gobierno, mediante la complicidad de las autoridades universitarias, logró un acuerdo en el cual las universidades estatales bajaron su presupuesto en crecimiento real de un 13% a un 10%. Actualmente el gobierno propone que este monto se baje de un 10% a un raquítico 4%. Evidentemente este monto y el anterior negociado no responden a las necesidades y se trata de un estrangulamiento de las universidades públicas en aras de promover y mantener el jugoso negocio de las universidades privadas que han crecido como la espuma bajo la sombra de los gobiernos neoliberales.

El plan de fondo de este gobierno y de la burguesía es la destrucción de la universidad pública como una conquista social y la transformación de estas en centros que puedan ser autofinanciados, tal y como lo propone el ministro de Educación Leonardo Garnier, quien ve que la salida en la venta de servicios, que no es novedosa dentro de las universidades, como forma de lograr recursos.

Con el pretexto de la crisis económica, este mismo personaje, manifiesta que “todos debemos velar por que los recursos públicos se asignen al conjunto de prioridades sociales, ambientales y económicas de desarrollo nacional” (La Nación 18 de junio)

Sin embargo este mismo argumento es el que en el fondo debe justificar la asignación de los recursos para las universidades públicas.

Modelo de libre mercado en las universidades

Hace un mes y medio aproximadamente los costarricenses vimos dos hechos que son sintomáticos de los alcances de la complicidad de las autoridades en este plan de volver las universidades en cajas chicas autofinanciadas de la educación. El nombramiento en el gabinete del rector de la Universidad Nacional en el gabinete y la elección de su sucesora pro gubernamental en la rectoría de la misma.

Esto no quiere decir nada por sí mismo, es la corroboración de que a lo interno, las autoridades han echado la carga de la crisis sobre la espalda de los estudiantes y los funcionarios.

La reducción de beneficios como las becas, comedores, transporte y las políticas restrictivas para el acceso de estudiantes mediante mecanismos elitistas como las pruebas de admisión son parte de lo que se ha llevado a cabo.

Por un lado, los estudiantes que logran entrar a las universidades que realizan las pruebas de admisión son una minoría, con el pretexto de estas mismas pruebas. La realidad es que ellas justifican mecanismos de exclusión de sectores provenientes principalmente de los colegios públicos. Esto es un problema social importante, pero que retrata el sistema elitista de educación.

Por otro lado, el argumento de la exclusión al acceso, más la disminución de los beneficios también va en proporción del problema fiscal. Sin embargo, el problema fiscal se resume en que los asalariados y los pobres pagamos la mayor parte de los impuestos y los empresarios pagan una ínfima parte de los mismos. El sistema permite una evasión  que aumenta para favorecer a aquellos sectores que apoyan la política de destrucción de las conquistas sociales.  Además los sectores empresariales se ven favorecidos por la exención de impuestos bajo diferentes regímenes como los de zonas francas. Otros reciben incentivos para la producción, cosa que ya se ha comprobado cómo se presta para la realización de “chorizos”.

Venta de servicios no la mampara de la privatización de la universidad.

En primera instancia, las universidades en lugar de investigar para satisfacer necesidades de la población, problemas nacionales, serán supeditadas a las necesidades de las empresas. Este modelo no es novedoso y viene implementándose desde hace ya varias décadas en otros países. El resultado es que el desarrollo de la investigación, además del currículum y formación de los nuevos profesionales se hace en función de una determinada empresa. El acceso al conocimiento se ve sesgado por los mandatos de las empresas, fundamentalmente las transnacionales. En Costa Rica, tenemos el caso de la multinacional INTEL, que tiene insertado en el Instituto Tecnológico parte de su programa para formar cuadros profesionales en función de sus necesidades.

Las universidades públicas han sido fuente de investigaciones que han contradicho o denunciado políticas del gobierno.  Precisamente en materia ambiental, los estudios realizados por académicos han permitido  tener argumentos de primera calidad que desenmascaran los argumentos de las transnacionales  como Industrias Infinito. Esta es la que por medio de una campaña de falacias busca la explotación de las minas a cielo abierto en la zona norte del país, produciendo contaminación por causa del cianuro. En otros casos, también las universidades han demostrado la contaminación de los mantos acuíferos por parte de las piñeras en las zonas de producción.

La lucha debe ser por el monto total del presupuesto

En esta lucha, no se debe perder de vista dos aspectos. El primero corresponde a la lucha por el 8% del PIB en general para le educación pública. Este es soporte para el financiamiento de todos los sectores de la educación. Por eso la lucha debe ser en conjunto con todos los sectores de la educación, primaria, secundaria que se ven también afectados por el recorte presupuestario. Día a día los educadores, padres de familia y estudiantes de la educación pública ven recortadas sus posibilidades de contar con una educación de calidad. El silencio de los sindicatos sobre esta lucha debe de terminar y pasar a los hechos.

En ese mismo sentido, las organizaciones sindicales y estudiantiles universitarias deben llamar a la incorporación a la lucha de todos los sectores. Esta es una lucha que las universidades no deben dar en forma aislada, porque el problema en conjunto es el del presupuesto educativo.

También es claro que no se debe aceptar ninguna disminución del Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES). Este mecanismo de negociación de fondos fue diseñado para regatear montos. El gobierno buscó sacar a las universidades y golpear por separado.

Las declaraciones de la rectora de la Universidad de Costa Rica son claras en este sentido. Aceptaron la negociación del año pasado “bajo protesta”. Este eufemismo desnuda que no están dispuestos a dar la lucha por el monto necesario para el funcionamiento de las ya deterioradas universidades estatales. Por más que digan no debemos tener la más mínima confianza y mantener el monto porcentual para este año y el crecimiento proyectado también en forma porcentual.

La propuesta del gobierno es bajar de un 10% a un 4% en la proyección quinquenal. Además esto se cruza con el ofrecimiento de un crédito por 300 millones de dólares. Evidentemente, este monto asignado presupone condiciones que no están claras y que son ajenas a los intereses de una universidad científica y democrática. Los organismos financieros internacionales no funcionan con la lógica del bien común, además de que como todo préstamo tendrá que pagarse, igual en condiciones poco claras.

A defender la educación pública con calidad

El otro factor es que producto de la entrada en vigencia del TLC, los recursos por recaudación fiscal disminuyen en función de los intereses de las transnacionales. Es decir, que por donde quiera que lo veamos, la posibilidad de disminuir un punto porcentual en las pretensiones, es condenar a la universidad pública.

Así pues, aceptar un monto menor al 2,4% del PIB es retroceder y condenar a la tugurización a las universidades públicas.

Los montos que proponen las autoridades gubernamentales son en definitiva un presupuesto decreciente, muy similar a la década de los noventa cuando este porcentaje pasó a representar sólo un 0,79% del PIB.

Esto sólo se puede lograr por medio de la organización de las bases estudiantiles y de trabajadores. El plan de lucha por la huelga general de las universidades para derrotar el plan del gobierno no debe atrasarse más. Las negociaciones por sí solas pueden llevar a un desgaste al movimiento y crear falsas expectativas.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoya la lucha independiente de los trabajadores y estudiantes universitarios por la defensa de la educación superior pública, y llama a la más amplia unidad de acción de la izquierda, estudiantes, profesores y trabajadores en aras de lograr el objetivo común: mayor presupuesto para la educción superior.

 

 

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