Por Enrique Villalobos Ulate

El conflicto fronterizo con Nicaragua, por el control y navegación sobre el rio San Juan, está siendo hábilmente utilizado por el gobierno de Laura Chinchilla para lograr reconstruir una de las instituciones abolida con la revolución de 1948: el Ejército. Es cierto que desde que Pepe Figueres abolió el ejército, Costa Rica no tiene un ejército regular como los otros países de Centroamérica, pero si tiene una fuerza policial que juega el mismo papel de un ejército.

Fortaleciendo la Guardia Civil

En su discurso de toma de posesión como presidenta de Costa Rica, dijo que “Trabajaremos en equipo por una Costa Rica más segura y más tranquila, con mayor y mejor presencia policial”. Y es que la reconstrucción del ejército será producto de una seria de fases o etapas que pasan todas por el fortalecimiento y agrandamiento de la Guardia Civil, o por la creación de cuerpos especializados de esta.

La Guardia Civil de Costa Rica juega ese doble papel de represora de los trabajadores a lo interno y de guardiana de las fronteras nacionales hacia afuera. En la actual crisis con el gobierno de Nicaragua se ha visto tropas de la Guardia Civil con un alto grado de capacidad militar y en zafarrancho de combate. El problema es que la burguesía costarricense no se conforma con esta situación y ha aprovechado la coyuntura para avanzar un paso más en la perspectiva de reconstruir su ejército, disuelto en el año 1948. Hasta el momento ha sido el nivel de conciencia democrático de las masas costarricenses lo que ha impedido la reconstrucción del ejército.

No obstante, el gobierno de Laura Chinchilla parece tener una misión especial que cumplir. Desde su campaña electoral, la candidata Chinchilla colocó el tema de la seguridad como uno de los ejes de su futura administración. Chinchilla tiene un largo currículo en materia de seguridad: fue viceministra y ministra  de Seguridad Pública, miembro de comisiones especiales  sobre inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Tiene el perfil indicado para cumplir ese magna tarea de fortalecer la capacidad militar de Costa Rica. Y ha dado pasos agigantados en este tema, manipulando la queja de la ciudadanía que siente que los índices de criminalidad han aumentado en un país tradicionalmente pacifico.

El Partido  Socialista Centroamericano (PSOCA) ha sido la única fuerza política que ha denunciado el convenio de asesoramiento, entrenamiento y fortalecimiento de la Guardia Civil, por parte de la policía colombiana, que fue firmado por Laura Chinchilla en Cartagena, Colombia.

Creando nuevos cuerpos policiales

Con el pretexto de la supuesta invasión nicaragüense en isla Calero, el gobierno de Chinchilla acaba de anunciar la creación de la Policía de Fronteras y de un sistema de defensa con helipuertos incluidos. Esta unidad se inaugurará con 165 efectivos y comenzará a operar en el mes de Marzo en la frontera norte con Nicaragua, en la zona de Guanacaste, con el primer objetivo de detener la constante migración nicaragüense que viene a Costa Rica en búsqueda de trabajo, mientras foguean a sus tropas en el terreno.

Las declaraciones del canciller René Castro durante su estancia en Europa crearon una polémica en torno a la reconstrucción de las fuerzas armadas de Costa Rica. Castro dijo sin ambages: “Calculamos aproximadamente tres años necesarios para contar con los recursos suficientes y proceder a la creación de un cuerpo semejante (…) El ser pacifistas está en el alma costarricense, pero fuerzas externas nos están obligando a considerar posturas históricas nuestras (...) Tenemos que invertir seriamente; lo que implica recursos extrasustanciales. Hicimos un estudio de lo que invierte toda América Latina y en actividades similares invierte entre el 2% y el 4% del PIB en las fuerzas que hacen este tipo de tareas. Una gran cantidad de dinero. Es lo que nuestro país invierte en universidades públicas. Tendremos que hacer lo mismo para actualizar nuestras fuerzas y tener equipo moderno”. (La Nación, 14/01/2011)

Jose María Tijerino, ministro de seguridad, coincidió con las declaraciones de Castro. “No debemos confundir civilismo con indefensión. Y no debe verse como una provocación. Cada quien en su casa y Dios en la de todos. Eso es como debería ser. Nicaragua nos obliga a adquirir helicópteros y armas. Habrá que comprar municiones. Habríamos querido ahorrarnos esto, pero hay que considerarlo como una inversión. Habíamos sido muy confiados, pero se nos descompuso el vecindario”. (La Nación, 14/01/2011)

Ese mismo día, Laura Chinchilla reforzó la posición del canciller Castro: “Tal y como ha manifestado el señor Canciller, no podemos llevar nuestra tradición pacifista a un extremo tal que nos neguemos la necesidad de proteger nuestra soberanía e integridad territorial”. (La Nación, 14/01/2011).

El escándalo político, y la presión de la opinión pública que se resiste a la militarización de la sociedad, obligo a estos funcionarios a relativizar sus declaraciones, pero las intenciones están claras, muy claras: Costa Rica se prepara para reconstruir su ejército, y con ello retroceden las tradiciones democráticas. Los trabajadores debemos estar alertas porque esos fusiles serán utilizados en nuestra contra.

Por Enrique Villalobos Ulate

Acaban de finalizar las elecciones para escoger la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), la organización estudiantil más importante de este país. Por primera vez en la historia de la UCR, el resultado de las elecciones tuve que dilucidarse en dos vueltas, ya que durante la elección realizada el pasado 21 y 22 de Octubre, ninguno de los partidos contendientes logró obtener el 40% de los votos válidos.

La burocratización de la FEUCR

Contradictoriamente, este decaimiento en la participación estudiantil, en un país de gran tradición democrática como Costa Rica, se produce casi inmediatamente después de la lucha por mayor presupuesto para el FEES, donde los estudiantes salieron a las calles pero al final fueron traicionados por los rectores del CONARE. En ese proceso, la directiva de la FEUCR, dirigida primero por Gente U que después se transformó en Convergencia, influenciados políticamente por el Movimiento al Socialismo (MAS), no logró diferenciarse claramente del CONARE, ni mantuvo encendida la llama de la rebelión estudiantil.

Al contrario, durante los seis años de gobierno estudiantil de Gente U-Convergencia, las asambleas estudiantiles decayeron y se produjo una profunda desmoralización del movimiento estudiantil, a pesar que venía de participar activamente en procesos de movilización tan importantes como: la lucha contra el Combo del ICE, la oposición a la ratificación del CAFTA y últimamente la lucha por mayor presupuesto por el FEES.

Esta burocratización de la dirigencia de la FEUCR es el mayor daño que ha sufrido el movimiento estudiantil costarricense, y se produjo, al menos en los últimos seis años, bajo el gobierno de una organización que se reclama del trotskismo, como es el MAS.

Decaimiento de la participación estudiantil

El resultado de las elecciones del 2009 ya indicaba una fuerte tendencia a la poca participación estudiantil, fue un campanazo de alerta que los grupos de izquierda en la UCR no quisieron oír ni ver.

En esa ocasión, Gente U ganó con 3345 votos (48,52%); en segundo lugar quedó el grupo Juntos, ligado al Partido Liberación Nacional (PLN)  y al Partido Accion Ciudadana (PAC) con 2533 votos (36,74%);  en tercer lugar quedó el grupo Alerta con 552 votos (8,01%), ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); y en último lugar quedó el grupo Voz Alternativa con 464 votos (6,73%), ligado al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). La poca participación estudiantil en las elecciones del año pasado tiene su origen en el rechazo pasivo de los estudiantes ante el fenómeno de la burocratización de la FEUCR.

La alianza Gente U-Voz Alternativa

Conscientes del peligro del crecimiento de la derecha y del desgaste político de la dirigencia de la FEUCR en los últimos años, Gente U y Voz Alternativa, anteriormente irreconciliables adversarios, firmaron un acuerdo o alianza electoral denominada Iniciativa, el pasado 4 de Septiembre, creyendo que de esta manera obtendrían la victoria electoral. Cualquier proceso de unidad en sí mismo no produce resultados mágicos, depende de los procesos de lucha.

En las elecciones realizadas el pasado 21 y 22 de Octubre, de un total de 8687 votos válidos, el grupo “Progre”, ligado al Frente Amplio (FA), alcanzó el primer lugar con 2880 votos (33% de los votos), mientras la coalición estudiantil Iniciativa alcanzó el segundo lugar con 2650 votos (30 %), el tercer lugar correspondió al grupo Juntos (siempre ligado al PLN) con un 27% y el cuarto lugar Alerta que obtuvo el 9 9%.

En la segunda vuelta realizada el 4 y 5 de Noviembre, bajó aún más la participación estudiantil (de 8687 a 7079 estudiantes). Al final, con 60.15% de los votos válidos, el candidato Mariano Salas del grupo “Progre” ganó las elecciones, mientras el candidato del grupo Iniciativa perdió con el 39,85% de los votos validos

Menos del 20% de los estudiantes de la UCR votaron en estas elecciones, evidenciando la crisis de dirección del movimiento estudiantil. Los estudiantes de la UCR deben hacer un balance de estas elecciones, porque todo indica que en realidad no ganó “Progre” sino la abstención, que no es otra cosa que el rechazo pasivo a los métodos burocráticos de Gente U y ahora de la alianza Iniciativa

Por Laurencia Sáenz

Filósofa

De nuevo, se manifiesta la tendencia a mezclar los asuntos de Dios con los del César

La Conferencia Episcopal de Costa Rica anuncia, en su página web, un acontecimiento organizado por la Universidad Juan Pablo II: la “Semana social por la vida y la familia”. La clausura del evento estará a cargo de la presidenta Laura Chinchilla. Participarán, también, el ministro de Bienestar Social y Familia, y una diputada. El coloquio contará, en parte, con el patrocinio del IMAS, esto es, con el apoyo de una institución pública.

El objetivo, reza la invitación, es “reflexionar acerca de las amenazas que sufre hoy en día la familia como institución natural”, pero también proponer “líneas de acción”, es decir, contribuir a diseñar un proyecto político a ese respecto.

Ese discurso suena, en efecto, harto familiar. La supuesta amenaza a la familia es el principal motivo por el cual grupos religiosos y civiles se oponen a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Bajo el estandarte del respeto a la familia natural (sic), el ‘Observatorio ciudadano por la vida y la familia’ y otros grupos afines intentaron someter a referendo los derechos de una minoría históricamente discriminada, hace pocos meses.

En este coloquio, después de las plegarias iniciales y de las palabras de apertura a cargo de distintos obispos, se hablará, por ejemplo, de la homosexualidad desde un punto de vista católico; un licenciado en teología moral expondrá sobre la “familia natural” y el “matrimonio natural”; otros expositores hablarán del “inicio y el fin de la vida” y de la “ideología de género”.

Al lector advertido no se le habrá escapado: la agenda de exposiciones se vincula directamente con temas que han levantado polémica durante los últimos meses, y sobre los cuales la Iglesia Católica mantiene una oposición férrea, tales como las uniones entre personas homosexuales y la fecundación in vitro.

La participación de personalidades políticas no sería motivo de honda preocupación si ello no constituyera un apoyo simbólico a un discurso y a una estrategia política cuyo principal objetivo ha sido impedir el acceso a derechos civiles, para los homosexuales, y para las parejas que sufren de infertilidad.

Una vez más, se hace manifiesta la que ha sido una constante de la gestión de la presidenta Chinchilla: la tendencia a mezclar los asuntos de Dios con los del César. La presidenta de la República no solo demuestra tener muy poca autonomía con respecto a las presiones de la Iglesia Católica, sino que parece contribuir activamente a la intromisión de las autoridades eclesiásticas en asuntos que deberían tratarse exclusivamente en un marco político laico.

Para reflexionar. Si entre los objetivos del coloquio está reflexionar sobre las amenazas a la familia, quizá quieran considerar estos pocos elementos de reflexión:

Discriminar a una persona por su orientación sexual, negándole el derecho de heredar sus bienes a su pareja, o de tener acceso a información sobre su salud, en caso de enfermedad, en el hospital, ¿no es una amenaza a las familias?

Calificar la unión de personas, en razón de su orientación sexual, como una amenaza a la familia, ¿no es una amenaza a las familias?

Impedir totalmente el acceso a una técnica de reproducción a parejas que sufren de infertilidad, ¿no es una amenaza a las familias?

¿No son la discriminación y la intolerancia las verdaderas amenazas para las personas que forman, hoy, la compleja y cambiante realidad de las familias costarricenses?

Ser cómplices, desde el poder político, de discursos que se nutren de prejuicios en contra de las personas homosexuales, que muchas veces culminan, trágicamente, en agresiones, o en suicidios, ¿no es una amenaza a las familias?

¿No es la tendencia a legislar sobre la base de una visión religiosa particular, impidiendo el acceso a derechos civiles, una auténtica amenaza para la democracia costarricense?

Por Helena Dimarco

Existe en nuestro país un convenio firmado por 31 diputados a favor y solo 8 en contra, con la concientización de la presidenta Laura Chinchilla, con el fin de permitir la entrada a las tropas estadounidenses a suelo tico, con este “convenio” se consiente a que  más de 7000 soldados, 46 buques de guerra y más de 200 helicópteros  y aviones artillados tengan libertad de ingreso a nuestro país.

Bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico y de misión humanitaria, pretenden hacernos creer que sus intenciones son pacíficas y de ayuda a nuestro país.

Otros países latinoamericanos ya sufren hoy día las consecuencias del militarismo gringo, tal es el caso de Haití que desde el terremoto y la posterior “ayuda humanitaria” de los militares estadounidenses, donde la explotación sexual ha aumentado y la ayuda humanitaria no llega a la población, asimismo en Aruba, Curazao y Colombia, existen bases militares estadounidenses con el fin de combatir a las bandas organizadas, pero hasta la fecha no se observan resultados positivos de esos supuestos objetivos. En el caso de Afganistán el incremento de la producción y el tráfico de opio ha incrementado desde que Estados Unidos se dio a la tarea de militarizarlo.

En respuesta a esto, se ha creado un Comité por la expulsión de las tropas de Estados Unidos, con el fin de informar (ya que existe un enorme vacío de información en la población, y la mayoría de los medios de comunicación, no transmiten a los y las costarricenses los verdaderos motivos y las consecuencias que el establecimiento de las tropas en Costa Rica traerá)  y convocar al pueblo a oponerse ante las decisiones tomadas por el gobierno y que no nos representan a todos. Creemos que si se da una movilización por parte del país en general, lograremos impedir el paso a las intenciones norteamericanas de establecer una base militar en nuestro país, para extender el imperio estadounidense en Latinoamérica. No podemos permitir que el gobierno cometa actos contra la constitución, y que además se violen resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena al estado a rechazar cualquier actividad bélica.

Es por eso que hacemos el llamado a todos los activistas independientes, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, pacifistas, ecologistas, feministas,  formar parte de este comité, que se reúne todas las semanas en el Auditorio de Educación de la Universidad de Costa Rica, el día miércoles a las cinco de la tarde. Es fundamental concientizar y propagandizar en toda la población costarricense, para así lograr echar para atrás el convenio que permite  la intromisión militar de las tropas estadounidenses en nuestro país.

¡Ni un solo militar en Territorio Costarricense!

¡Fuera las Tropas gringas de Costa Rica y del Mundo!