Por Ramón Sibaja

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) es el organismo encargado de fijar los salarios mininos. Está compuesto por representantes del gobierno, de la empresa privada y los sindicatos, quedando estos últimos en absoluta desventaja a la hora de tomar decisiones.

En esta segunda quincena de junio se produjo una intensa negociación por el aumento de salarios para los trabajadores del sector privado. Desde la concertación nacional del año 1998, se aplica una metodología de cálculo que resulta fatal para los trabajadores. Uno de los grandes éxitos de la burguesía costarricense ha sido mantener divididos, en las negociaciones salariales, a los trabajadores del sector público y a los 1. 3 millones de trabajadores del sector privado.

Trabajadores en desventaja

La propuesta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) fue que el aumento debía pagar al menos la inflación vencida que para junio rondaría el 2,21%, más un 0,6% que es el promedio de cada junio en los últimos 10 años, además que debería incluir la inflación proyectada para el segundo semestre del año.

La propuesta de los sindicatos fue que se elevaran los salarios en 6,82% mientras que la propuesta salarial de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (UCCAEP) fue categórica: solamente el 2,64% de aumento salarial. Shirley Saborío declaró que el ofrecimiento de UCCAEP en el sentido de otorgar un “2,64% para el segundo semestre, sumado al 2,63% aprobado en el primer semestre del año suman un 5,27%, lo que es mayor a la inflación del 5% proyectado por el Banco Central para finales de año, con lo que se está dando un incremento real en los salarios del sector privado”. (Extra, 16/06/2011). Los empresarios mantuvieron el mismo chantaje: si aumentan los salarios, las empresas cerrarían operaciones y aumentaría el desempleo.

Miserable aumento de salarios

Al final, como era de esperarse, el CNS aprobó un miserable aumento de salarios promedio de 3,5 % lo que implica 3,500 colones por cada 100 mil colones. Como bien tituló el diario Extra el ridículo aumento “no da mi para comprar un casado” (plato de arroz y frijoles)”. Para el grupo de profesionales universitarios y técnicos, el aumento fue del 2,55%, lo que significa 2.550 colones por cada 100 mil colones.

Estos aumentos irrisorios son posibles por el grado de desorganización y desmovilización de los trabajadores del sector privado, en donde los sindicatos son casi inexistentes y predomina el “solidarismo”, que es un mecanismo asistencialista promovido por las cámaras empresariales precisamente para mantener desorganizados y desmovilizados a los trabajadores.

Sin embargo, la presión social por el aumento de salarios es tan grande, que Sandra Pisk, ministra del trabajo, anunció una nueva metodología de cálculo que será aplicada en la próxima negociación salarial.

La protesta de los policías

En cualquier país, la policía forma parte de los órganos de represión contra los trabajadores, pero la crisis del capitalismo es tan intensa que hasta los policías protestan por aumento de salarios.

En todo el mes de junio se produjeron varias protestas en los cuatro cuerpos policiales de Costa Rica: Policía Penitenciaria, Fuerza Pública, Policía de Migración y Extranjería, y Policía de Tránsito. Más que una huelga los policías, agrupados en el Sindicato de Policías (SIPO) y los sindicatos de Migración y Tránsito, hicieron tortuguismo, es decir, retardaron todas sus actividades, en señal de protesta por los bajos salarios y problemas propios de su tipo de trabajo.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP resume en pocas palabras el conflicto entre los policías y el gobierno: desde diciembre de 2009 "logramos unir en un solo bloque reivindicaciones salariales pendientes en los cuatro cuerpos policiales más importantes del país, lo que nos llevó a firmar un acuerdo marco de reivindicaciones salariales con el gobierno de Oscar Arias. Dieciocho meses después el tema sigue sin resolverse, estamos a mitad del camino, nos han tomado el pelo, dicen que no hay recursos, y la situación se ha puesto muy delicada (…) La fuerza pública está partida en dos, los que ganan muy bien, como las jefaturas, y los que ganan muy mal, como los policías rasos, que son los que reciben los balazos en la calle". (Informatico, 21/06/2011)

Unificar las luchas

La protesta de los policías debe ser aprovechada por los trabajadores para plantear la necesaria unificación de las luchas por aumento de salarios. Es necesaria la unidad de los trabajadores, incluidos los policías, quienes se deben comprometer a no obedecer las órdenes de sus superiores cuando se trate de represión contra las luchas obreras y populares.

Ponencia base elaborada por David Morera Herrera, por encargo de la Junta Directiva Central y la Escuela Sindical, para el XI Congreso Ideológico del SINDEU

 CAPITULO 1: MODELO NEOLIBERAL Y EDUCACIÓN

Desde hace tres décadas se viene imponiendo el modelo neoliberal de acumulación capitalista. Desde el punto de vista ideológico, este modelo se fundamenta en una gran falacia: sentencia que la crisis de la economía mundial es consecuencia de los gastos excesivos por parte del Estado y su intervencionismo en la economía, que, al distorsionar el libre mercado, se supone engendra la crisis. Esta es una coartada que abre paso a una profunda contrarreforma que implica un ataque integral a la clase trabajadora y a los sectores populares, signado por el deterioro sustantivo de las conquistas sociales, el poder adquisitivo de los salarios, la calidad y cobertura de los servicios públicos y los derechos laborales, con el único objetivo de incrementar las ganancias y estimular la inversión de los capitalistas, descargando todo el peso de la crisis estructural del sistema capitalista sobre las espaldas de los sectores populares.

A tenor de las directrices que establece el Consenso de Washington^[1], y por imposición de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el modelo neoliberal se empieza a aplicar en Costa Rica desde los programas de ajuste estructural, que conducen a la contención y restricción del gasto público, la apertura comercial y el cambio del patrón de acumulación de capital, que privilegia las actividades exportadores, en detrimento de la producción volcada al mercado interno.

Este modelo neoliberal se profundiza al máximo con la imposición fraudulenta del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a partir del 7 de octubre del 2007, conduciendo a incrementar espectacularmente el saqueo del patrimonio nacional, en beneficio de las corporaciones transnacionales y sus socios locales. El impacto sobre la educación pública y la educación superior pública no tardó en manifestarse de manera especialmente cruda con el V Convenio FEES suscrito en la madrugada del 26 de agosto por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Gobierno de Laura Chinchilla.

Las directrices de la UNESCO y el Banco Mundial para la educación

Mientras que en el modelo que primó en la segunda posguerra, asociado al llamado “Estado benefactor” le correspondía proveer centralmente al Estado los servicios de educación, con la supremacía del neoliberalismo, el capital privado tiende a incursionar a gran escala en el terreno de la educación. En un marco de deterioro constante de las condiciones de vida del pueblo, no obstante, el capital sabe que las y los consumidores tienden siempre a hacer los mayores esfuerzos y sacrificios en materia de salud y educación, y se aprovechan de estas necesidades y carencias de las y los trabajadores, para por un lado, promover el deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos, y por otra parte, fomentar el endeudamiento de las y los consumidores para ensanchar el mercado para la oferta privada en salud y educación.

Costa Rica no es para nada excepción en este proceso, por ejemplo, en el país ha sido sostenido el crecimiento de los centros de enseñanza superior privadas, en desmedro de la educación superior pública. Como lo comprueba José Luis Vega Carballo: “Desde que la administración Oduber (1974-78) diera luz verde para la apertura de universidades privadas, su proliferación fue en un vertiginoso e imparable ascenso. Para 1980 había cinco universidades privadas, un número que se duplicó en diez años y que, desde el año 2005, fluctúa en alrededor de medio centenar. Mientras, las universidades públicas no han pasado de ser cuatro y su matrícula, además de otros indicadores de crecimiento, ha aumentado poco o descendido porcentualmente en comparación con el sector de las privadas. Por ejemplo, el total de estudiantes matriculados en las públicas pasó de 54,999 en 1990 a solo 69,729 en 2004; pero entre 1980 y 1996 la matrícula en las privadas creció en 479%, al pasar de 2.932 estudiantes a 23.527. A su vez, la cantidad de sus graduados pasó de 1.020 en 1990 a 15.382 en el año 2003, según datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR que nos demuestran que las públicas no han podido satisfacer la gran demanda estudiantil por educación superior en el período. Otros datos del Programa del Estado de la Nación lo confirman al revelar que, si bien el total de matriculados en edades entre los 17-25 de años creció en todo el país de 17% en 1990 a 28% en 2004, en 1990 el porcentaje correspondiente a las universidades públicas era alto, del 13%, mientras el de las privadas era de solo un 3%. Quince años después estas últimas superaban a las primeras en una relación de 13% a 15% respectivamente, lo cual evidencia la capacidad de la educación comercial para reaccionar positivamente frente a aquella creciente demanda, mientras la pública redujo su oferta en términos relativos para ese importante rango de edad juvenil; una coyuntura que directa e indirectamente ha sido un incentivo para la enorme expansión de la oferta privada y que se ha usado hoy día para presionar por una más extendida y agresiva privatización de la enseñanza universitaria, por una parte, y por otra, para indicar que el sector público debe continuar retirándose del “negocio” y que deben cesar los deseos de presupuestos más altos”[2]

De tal modo, en el modelo neoliberal la educación debe someterse a la libre competencia y por lo tanto, los conocimientos, las capacidades adquiridas y las habilidades se deben someter al juego de la oferta y la demanda. Para la empresa privada el mercado de la educación es muy vasto y apetecido, en efecto, es de tal magnitud que en el año 2000, según la Comisión de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), a escala mundial se registraron cerca de 1.200 millones de matrículas escolares en todos los niveles educativos[3].

De acuerdo al informe de la comisión internacional presidida por Jacques Delors (ex ministro de economía y hacienda de Francia) aprobado por la Asamblea General de la UNESCO de 1996, los gobiernos han de hacer frente a las demanda del mundo económico (eufemismo para denominar a los intereses de los grandes capitalistas) que reclama cada vez más calificaciones y competencias. Las recomendaciones de la UNESCO se condensa en dos aspectos: primero, el Estado debe ser minimizado a la hora de financiar la educación pero fuertemente centralizado cuando impone y define las nuevas reglas del juego. Segundo, indica que no sólo es legítimo sino conveniente movilizar recursos financieros privados a fin de limitar la presión ejercida sobre el presupuesto de los Estados en materia de educación.

Desde esa perspectiva, se trata de convertir a la educación en un modelo de producción intensiva y se señala que las autoridades gubernamentales deben regirse de acuerdo a los siguientes principios:

1. 1.Gratuidad de la enseñanza básica (primaria), cargando con una parte de los costes a las colectividades locales y subsidios reservados a las y los niños y niñas de familias modestas.
2. 2.En caso necesario, cobro selectivo de derechos de escolaridad en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria.
3. 3.Cobro generalizado de derechos de escolaridad en la enseñanza superior pública.
4. 4.Racionalización de los gastos públicos al nivel de los establecimientos.[4]

Asimismo, como señala Carlos Vergel [5] : “(…) para garantizar que la educación pueda circular por el mundo sin tropiezos, el Banco Mundial y al UNESCO promueven convertirla en un servicio transfronterizo y para lograrlo la educación se debe estandarizar. En consecuencia, para que el mercado de la educación tenga un carácter internacional se debe estandarizar el currículo”. En ese sentido es fundamental imponer en la enseñanza superior los sistemas de acreditación de las carreras que justamente tienden a la transnacionalización y uniformización de los planes curriculares.

En Costa Rica este papel lo juega el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), que se supone vela por la calidad académica, pero en definitiva está en función de garantizar la libre inversión transnacional en la educación, en tanto permite ajustar y convalidar con facilidad los programas de las carreras en el ámbito internacional, y la certificación de los respectivos títulos. En nuestro país, la transnacional de la educación superior Laureate International Universities, con un nivel óptimo de acreditación, ha tenido recientemente una agresiva expansión fusionando la Universidad Interamericana con la Universidad Latina. Cabe destacar que Laureate International Universities, filial de Laureate Education Inc., es una vasta red de instituciones académicas privadas que se caracteriza por su ideario conservador. Reúne 76 instituciones de educación superior en 27 países del mundo, cerca de 600.000 estudiantes y más de 50,000 colaboradores en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Africa, Medio Oriente y Oceania distribuidos en sus más de 100 campus, lo que la constituye la mayor red mundial de universidades privadas. En el 2009 Laureate Education Inc adquiere en Malasia INTI GROUP e incorpora a su red, Laureate International Universities, 9 instituciones repartidas por todo el país.[6]

El sistema de competencias en el modelo educativo neoliberal

Debido a la aplicación de los vertiginosos cambios tecnológicos, la robótica y los procesos computacionales, se produce una reducción creciente del número de trabajadores empleados en los procesos productivos. Por otro lado, especialmente en los países del primer mundo, a las tareas puramente físicas, según la Comisión Delors, suceden tareas de producción más intelectuales, como el mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión. Para el caso de los operarios sólo se requiere del uso adecuado de ciertas operaciones cognitivas básicas como identificar, diferenciar, clasificar, etc. Por esto, para la Comisión, la mayor parte de “El dominio de las dimensiones cognitiva e informativa en los sistemas de producción industrial vuelve algo caduca la noción de calificación profesional, entre otros, en el caso de los operarios y los técnicos, y tiende a privilegiar la de la competencia personal”.[7] Las nuevas tecnologías en la producción, lo que buscan es simplificar las tareas de los operarios, exigiéndoles menos formación y haciéndolos más fácilmente intercambiables. Todo esto exige cambios en los procesos educativos, en congruencia con la mano de obra que requieren los capitalistas.

Robert Reich[8], plantea que el mundo del trabajo en el contexto de la globalización se encamina hacia una división tripartita: los routine production services, donde prima la repetición y el control de automatismos, que requieren una educación elemental; los in-person services, relativamente rutinarios pero centrados en el servicio a clientes para los que se exigirá la secundaria completa y algún entrenamiento vocacional; los simbolic-analytic, con alta formación (no necesariamente en las carreras o disciplinas convencionales) dedicados a identificar, resolver o arbitrar soluciones o problemas complejos que implican manipulación de símbolos y que actualmente no son más que el 4% de la población de Estado Unidos. De lo anterior se derivan la diversa naturaleza y características que adquiere en el modelo neoliberal los programas para la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria (a la vez dividida en pregrado, grado y posgrado), en función de un contenido crecientemente tecnocrático, despojada de contenido humanístico y en función de su valor de mercado.

El pilar alrededor del cual se está definiendo el modelo educativo neoliberal en sus distintos niveles, son las competencias y en particular la competencia llamada “aprender a hacer” pues según la Comisión: “cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden en cambio, un conjunto de competencias específicas a cada persona (...) si a éstas nuevas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, considerado como agente del cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas o adquiridas -que los empresarios denominan a menudo <saber ser>- se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos para componer las competencias solicitadas”.[9]  

Este modelo a la vez implica un trabajo precario, pérdida de estabilidad laboral, flexibilidad y polifuncionalidad, así como evaluación continua del desempeño de docentes y administrativos universitarios

Por otro lado, para impulsar la comercialización de servicios en educación, la Organización Mundial del Comercio (OMC) viene impulsando desde 1995 el Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS, por su sigla en inglés). Acuerdo que supone un conjunto de reglas que hacen referencia a la internacionalización de los servicios. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se han firmado en varios países de América Latina asumen los criterios establecidos por la OMC y obligan a los gobiernos para que cualquier compra del Estado para educación se haga a través de licitaciones internacionales, elimina las barreras para la inversión extranjera en educación, y facilita la compra o alianza con instituciones educativas nacionales.

A modo de resumen de este apartado, tenemos entonces que las políticas neoliberales se orientan a impulsar el mercado de los productos y de los servicios educativos como una línea de producción intensiva, abriendo el mercado a diversas formas de inversión privada. Bajo este modelo, se procura reducir la participación del Estado en la financiación de la educación, pero enfatizando en la inversión pública en la educación general básica. Asimismo, el nuevo modelo incentiva la eficiencia en el uso de recursos, control de tiempos de la jornada escolar, en el número de horas-clase, en el número de estudiantes por profesor/a, la eficiencia en el resultado de las pruebas, en minimizar la deserción y la repitencia para optimizar la rentabilidad y estimular la competencia entre las y los docentes por medio de pruebas de competencia periódicas, todo bajo estrictos parámetros de costo-beneficio.

Ataque al corazón de las universidades públicas: ataque a su autonomía y a sus funciones sustantivas

En este marco, el Banco Mundial plantea con claridad que las universidades latinoamericanas no deben gozar de autonomía, tratando de destruir los cimientos democráticos de la Universidad Pública, que se remontan a las extraordinarias jornadas de lucha estudiantil que datan de junio de 1918, que condujeron al movimiento que se conoció como la Reforma Universitaria de Córdoba.[10] Este proyecto se plasma con la “Declaración de Bologna” en 1999.

Su orientación es congruente con la ofensiva neocolonizadora del imperialismo, en particular del norteamericano en lo que toca a nuestra región, pues el Banco Mundial promueve limitar o destruir la autonomía universitaria, para acabar con la producción de conocimiento autónomo, que requiere de un espacio democrático de libertad del conocimiento y la libertada de cátedra, y que podría estar en función de las necesidades de desarrollo soberano de los pueblos latinoamericanos y no de la sed de ganancias de las transnacionales (como preconiza el Banco Mundial), y asimismo, ello implica cuestionar funciones sustantivas como la acción social (que es el vínculo de las Universidades públicas con el pueblo) y por otra parte lleva al Banco Mundial a sentenciar que no es necesario combinar la enseñanza con la investigación, característica elemental de la enseñanza universitaria.

Como señala Leandro Soto: “Dentro de esta lógica, el Banco Mundial orientó una descontrolada expansión de cupos en la enseñanza superior, implementado una política basada en el siguiente trípode: desfinanciamiento público de la enseñanza superior pública, financiamiento público de la enseñanza superior privada y financiamiento privado de la enseñanza superior pública. Así se ha realizado el desmantelamiento del sistema universitario apoyado en mecanismos como la enseñanza a distancia, la sobre capacidad de las aulas y a través de incentivos a la expansión de la enseñanza superior privada. El sentido del proyecto es garantizar la ampliación de la oferta de la enseñanza superior para la formación de mano de obra calificada y barata, en detrimento de la investigación y la producción de conocimiento. Como consecuencia la universidad retrocede a la época colonial. Una universidad sin producción de conocimiento y proyectos de extensión. Este es el proyecto del imperialismo para la enseñanza superior en América Latina.

Por otro lado, el imperialismo sigue teniendo la necesidad del desarrollo de la investigación al servicio de las grandes transnacionales. Para lidiar con esa demanda, los gobiernos latinoamericanos orientados por el Banco Mundial conceden autonomía financiera al conjunto de las universidades públicas. Eso significa que a partir de fundaciones de apoyo, las universidades públicas podrán captar recursos en el mercado para financiar sus investigaciones, al tiempo que avanza el desfinanciamiento público de la enseñanza superior. El resultado de esta autonomía financiera no puede ser otro, que el control de la producción del conocimiento y la investigación por parte de las grandes transnacionales”.[11]

Desde el Gobierno Arias y su continuidad con el de Chinchilla, el Gobierno de Costa Rica se comprometió categóricamente con el Banco Mundial en la dirección de la contrarreforma educativa indicada, compromiso plasmado en un documento de intenciones denominado “Competitividad en Costa Rica”.[12] De tal modo, que en Costa Rica podemos identificar claramente las tendencias generales indicadas por Leandro Soto, aunque nos interesa enfatizar los siguientes aspectos:

a) Con la capitulación de las y los rectores se redujo sensiblemente el financiamiento estatal de las universidades, a partir del V Convenio FEES 2011-2015, como veremos más adelante

b) El Estado viene financiando indirectamente a las universidades privadas, al sostener al Consejo Nacional de Préstamos para al Educación (CONAPE), que le permite acceso a la educación superior privada, a estudiantes excluidos de las universidades públicas, y que quedan sujetos a un severo endeudamiento, en detrimento del sistema de becas cada vez más limitado de las universidades públicas. Asimismo, en el marco del modelo neoliberal y el TLC se dan amplías facilidades y exoneraciones impositivas para la operación de las universidades privadas.

c) Al interior de las universidades públicas opera una “universidad paralela”, que deteriora y corrompe desde adentro su naturaleza pública y autónoma, a través de la venta de servicios en busca de autofinanciamiento, venta de servicios que se hace evadiendo controles y al mejor postor, es decir, a la usanza de quienes pueden pagar los servicios o las investigaciones, y no al servicio de las necesidades de investigación y acción social de la nación y el pueblo. En ese contexto, se incrementa el peso de empresas privadas al interior de la Universidad, tal es el caso de la empresa CISCO en la UCR que tiene funciones superlativas en materia informática, y asimismo, crecen y se ramifican las fundaciones (tales como FUNDEVI), compra de servicios auxiliares, consultorías (por ejemplo el sonado caso de las consultorías de funcionarios de Ingeniería Industrial con el Ministerio de Salud) y vínculo externo, que en muchos casos se orientan a satisfacer las necesidades de quienes financian o lucran con estos mecanismos.

CAPITULO 2: LA CAPITULACIÓN DE CONARE AL GOBIERNO

Antecedente: la ocupación del Campus Universitario por el OIJ y la Policía

El día 12 de abril del 2010, poco antes del mediodía, una nutrida tropa de agentes OIJ y del Ministerio de Seguridad, portando armas de fuego y chalecos antibala, incluyendo agentes encubiertos vestidos de civil, irrumpió violentamente en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la UCR, e irrespetando los retenes de la Seguridad y Tránsito interna de la UCR, acordonó y allanó el edificio de Residencias Estudiantiles. Esta acción la realizan sin contar con la más mínima coordinación con las autoridades universitarias, violando flagrantemente la autonomía universitaria, estipulada en el artículo 84 de la Constitución Política.

Frente a semejante atropello, estudiantes, trabajadoras y trabajadores universitarios, exigimos la salida de esa tropa del campus universitario, y únicamente por ese motivo, fuimos brutalmente agredidos dentro del campus y fuera de éste. Este gran operativo y avasallador despliegue policial, haciendo gala de arbitrariedad y prepotencia, el OIJ afirmó que fue para detener a un oficial de tránsito de la UCR, indagado por la comisión de un supuesto delito de concusión. Esta versión es completamente inverosímil. La violencia y magnitud del operativo no guardó ninguna proporción con el hecho delictivo supuestamente indagado. Para detener a un solo oficial de tránsito de la UCR, a quien según afirma el OIJ encontraron in fragangti, previa y debidamente identificado, con lugar de trabajo y domicilio fijo, de ningún modo se justificaba semejante despliegue de fuerza.

Este razonamiento nos lleva a concluir que la persecución del guarda de la UCR era una simple excusa o pretexto, y que se trató en realidad de un operativo diseñado de antemano, con una clara intencionalidad política.

No por casualidad, el día de los hechos analizados, las y los compañeros de SINTRAJAP arrancan un paro en Limón y Moín, que fue sofocado con la ocupación policiaco-militar de los muelles y la expresa prohibición del ingreso de los principales dirigentes del movimiento. El Consejo Universitario de la UCR se había previamente pronunciado contra la concesión de los muelles y por el respeto a la autonomía y libertad sindical. El SINDEU, por su parte, ha tenido una activa participación en la defensa de los muelles del Caribe. Al mismo tiempo, ya a esa altura se avizoraba una dura lucha por presupuesto para las Universidades Públicas, en la medida en que era ya de conocimiento público las intenciones de recorte en esta materia de parte del Gobierno de Laura Chinchilla (próximo a iniciar en ese momento).

De manera que este es el escenario en que adquieren significación los desmanes del operativo del OIJ. Se trató de dar una lección ejemplar e intimidar a la UCR, que por su libertad de cátedra y autonomía, ha mantenido una posición crítica frente a aspectos importantes del proyecto neoliberal de la oligarquía.

Una prueba más de que la invasión del OIJ el 12 de abril del 2010 era parte de una trama bien elaborada, fue la rabiosa campaña mediática que se desató de inmediato para desprestigiar a la UCR, a los jóvenes revoltosos de los bloqueos, a los “chancletudos” universitarios, para acusar que la UCR quiere “impunidad” y “ser refugio de delincuentes”, de querer ser un estado independiente dentro de otro estado como el Vaticano, como con sorna se expresó el ex fiscal general Dall Anesse. Se trata así de denigrar y negar la autonomía universitaria, de cara a la opinión pública.

La negociación del V convenio FEES

El 17 de agosto del 2010 se realizó la marcha más gigantesca de la historia de las luchas universitarias, colmando la multitud desde la fuente de la hispanidad hasta la calle frente a Casa Presidencial en Zapote, demostrando así que la ofensiva del gobierno para asfixiar financieramente e imponer el modelo neoliberal en la educación superior pública, se topaba con una vigorosa y creciente movilización de las comunidades universitarias y empezaba a gestar un fuerte apoyo de los sectores populares. El SINDEU, destacándose en primera línea de combate en la defensa del presupuesto justo, había realizado previamente, durante más de un mes, una intensa campaña de volanteos y visitas a comunidades y colegios, lo que junto a la intensa actividad de los sindicatos hermanos y federaciones estudiantiles universitarias, empezaba a rendir extraordinarios frutos,

Pocos días después de esta demostración de fuerza, exactamente en la madrugada del 26 de agosto, en la víspera de una marcha que federaciones estudiantiles y sindicatos preparaban frente al Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmó con los ministros de Gobierno un acuerdo para implementar el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el quinquenio 2011-2015, a espaldas de la comunidad universitaria, desoyendo la voz de estudiantes y trabajadores(as) e incluso sin ninguna consulta previa a los respectivos Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas, colocándonos frente a un hecho consumado de gravísimas consecuencias.

Con este desenlace, se reitera el funcionamiento completamente antidemocrático que asume desde el principio CONARE, su metodología autocrática y secretista, con la que finalmente se da pie a que cuatro rectores y rectoras, junto a los ministros de Gobierno, encerrados entre cuatro paredes, decidan el futuro de las universidades públicas, que son patrimonio del pueblo costarricense.

Al mismo tiempo, más allá de la cifras del financiamiento pactadas, que como veremos son de por si absolutamente insuficientes, sostenemos que lo más grave es que las y los rectores abandonaron los objetivos de la lucha que decían respaldar, porque en realidad con este convenio han abierto de par en par las puertas de las universidades públicas al proceso mercantilista y tecnocrático, que impone el Gobierno, bajo la batuta del Banco Mundial. 

Seis contenidos nefastos del acuerdo CONARE-GOBIERNO

A continuación esbozamos los seis aspectos más nefastos del pacto CONARE-Gobierno suscrito el 26 de agosto del 2010:

1. El acuerdo       entre las y los rectores y el Gobierno es bastante restrictivo desde el punto de vista financiero, pues fija el crecimiento real en un 7 % en los años 2011 y 2012, y un crecimiento de 4.5 % en los tres años subsiguientes: 2013, 2014, 2015, lo que en promedio representa un 5.5 % de crecimiento real para el quinquenio, alejándose sustantivamente de la última propuesta definida por CONARE de 11 % y más aún de la del 13 % de crecimiento real que convinieron anteriormente las y los rectores con el movimiento sindical y estudiantil. Este pacto implica un recorte considerable del crecimiento del FEES, con serias consecuencias para estudiantes y trabajadores(as). Es de prever que se afectarán los eslabones más débiles de la cadena, es decir, que se atacarán en adelante, por ejemplo, salarios, becas, sedes regionales y no los privilegios de la aristocracia universitaria que encabezada por las rectorías, son la base institucional que se desvive por aceptar desesperadamente este nefasto pacto, para evitar se continuara y profundizara la movilización en las calles, que amenazaba no ser controlada por las autoridades universitarias. De hecho este supuesto se confirmó de manera casi inmediata cuando la administración de la UCR otorgó a las y los trabajadores universitarios, como ajuste salarial de medio periodo, apenas un 1,5 %, en lugar del 3 % que demandaba el SINDEU, lo que revela que ya está operando el recorte en detrimento de las y los trabajadores.
2. Por otra parte el acuerdo incorpora 200 millones de dólares, provenientes de un empréstito externo, lo que implica no contar en este caso con fondos sanos provenientes del presupuesto nacional, sino someterse a la dependencia de los organismos financieros imperialistas y sus condicionamientos, endeudar mas al país, factura que a la larga pagaran los sectores populares.
3. Una vez firmado el acuerdo, es aún más grave que al día siguiente, el Ministro de Hacienda Fernando Herrero, manifestó públicamente que el mayor margen de 2.5 puntos porcentuales en los años 2011 y 2012, se hará a costa de cercenar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, lo que afecta sensiblemente al sistema educativo de primaria y secundaria y atenta contra la defensa de conjunto de la educación pública. Jamás debe aceptarse que se deteriore la educación a nivel de primaria y secundaria, para financiar la educación superior pública.
4. Contra las propias declaraciones de las y los rectores el día anterior a la firma del acuerdo, especialmente las palabras de Eugenio Trejos, rector del Tecnológico, CONARE acepta que se sujete el financiamiento universitario a la recaudación fiscal, lo que las somete       a la aprobación del paquete de impuestos que se descargará sobre las espaldas de los sectores populares,       lo que no es digno de universidades públicas que se supone deben estar comprometidas con los derechos del pueblo. Lo peor de todo es que de esa forma CONARE da un espaldarazo político al Gobierno, al avalar el paquetazo de impuestos, a cambio del espejismo de que, de ser aprobado dicho paquete por una Asamblea Legislativa tan impredecible como esta y de producirse un crecimiento sustantivo de la economía (lo que está “en la cola de un venado”), se le aplicaría eventualmente a las universidades públicas un 1.5 % del PIB durante el 2013, 2014 y 2015, o sea, este aval político se da en realidad a cambio de nada, o digamos al menos, a cambio de una posibilidad muy pero muy remota.
5. Las y los rectores pactaron además que solo las carreras acreditadas por SINAES, en sintonía con las disposiciones del Banco Mundial y la UNESCO en la materia, podrán elevar los cupos.       Asimismo el acuerdo establece que en el sector público solo se contrataran egresados de carreras acreditadas. Este mecanismo es siniestro, porque implicara la promoción de determinadas carreras, en detrimento de otras o incluso llevando a algunas de ellas a su extinción. Si nos atenemos a las directrices del Banco Mundial sabemos a ciencia cierta que, a través de este mecanismo, se presionara para hacer crecer las carreras tecnocráticas y rentables al empresariado, en contra de áreas como ciencias sociales, letras o bellas artes
6. Para rematar el acuerdo suscrito por las y los rectores acepta que el régimen laboral se sujete a criterios de “productividad” en concordancia con el modelo neoliberal de recursos humanos centrado en las competencias y orientado a la polifuncionalidad, lo que es de prever llevara a aplicar instrumentos punitivos como el manual de evaluación del desempeño que está en curso en la UCR.

La capitulación de CONARE se impone coartando el debate y estigmatizando la crítica al convenio

El 26 de agosto del 2010, concentrados desde las 9 a.m. para marchar hacia el Ministerio de Hacienda en el pretil de Estudios Generales en la UCR y en la explanada de la UNA, se recibió la noticia del madrugonazo de la negociación. Se propala el hecho de que CONARE, no solo no respeta el acuerdo previo con las federaciones y sindicatos de luchar por un 13 % de crecimiento real (que ya había retirado en la mesa de negociación), sino que reduce a más de la mitad sus pretensiones iniciales de financiamiento. Conociendo solo los detalles que la prensa suministra a primera hora, el activismo estudiantil y sindical, sintiéndose engañado, encabeza acciones de protesta, que llevan tanto en la UNA como en la UCR a la toma de la rectoría y el Consejo Universitario, a bloqueos de calles en Heredia y a la ocupación del edificio de Ciencias Sociales en la UCR. Asimismo en el Tecnológico se realizaron asambleas y movilizaciones de protesta.

Las rectorías que irrespetaron una y otra vez la consulta a sus comunidades universitarias, empiezan a pegar el grito en el cielo y se propalan falsos rumores para estigmatizar a quienes criticamos la firma inconsulta del V convenio FEES para el próximo quinquenio. Por ejemplo se quiso aislar a las y los disidentes, con la acusación falsa de que se realizaban acciones violentas contra las instalaciones y las autoridades universitarias. De esa forma, el viernes 27 de agosto, la rectora de la UCR ordenó desalojar todos los edificios del campus universitario Rodrigo Facio, supuestamente para proteger la integridad de las personas, pero en realidad se trataba de impedir la discusión en las aulas y unidades académicas.

Para agravar la polarización y división de la comunidad universitaria, casi medio año después, el 10 de enero del 2011, en la versión digital del semanario Universidad se publicó un artículo en el que se consigna que la rectora de la UCR y algunos miembros de su Consejo Universitario,  presentarían demandas penales contra dirigentes sindicales y estudiantiles, a raíz de la toma de la rectoría ocurrida entre el 26 y el 29 de agosto del 2010. La amenaza no se concretó ni públicamente se esclareció la fuente de información de un medio de prensa tan serio como el semanario. Pero se instala así un peligrosísimo precedente de amenazas y persecución, en la vía de la criminalización de la protesta social al interior de la UCR.

Las consecuencias del recorte se empiezan a manifestar

Si bien en el 2010 no se sintió el efecto del retroceso financiero pactado, en tanto las universidades públicas durante la administración Arias habían acordado un 10 % de crecimiento real y el Gobierno de Chinchilla canceló deudas pendientes que se arrastraban, pronto se empezaron a atisbar los elementos restrictivos que se imponen con el V Convenio FEES, que por cierto no serán tan duros los dos primeros años, sino que se agravarán en los últimos tres años del quinquenio.

A partir del presente primer ciclo lectivo del 2011, se empieza lentamente a develar la afectación en los nombramientos de interinos, recorte o restricción de proyectos y programas, en las oficinas, unidades académicas, sedes y recintos regionales, al mismo tiempo que está en curso una temprana campaña electoral para la rectoría, en el que se denuncia la asignación clientelar de recursos. En materia de vida estudiantil el 2011 inicia con la noticia de que las autoridades han decidido eliminar la matrícula de ampliación, causando perjuicio a las y los estudiantes.

Si hacemos un análisis del presupuesto de la UCR del 2011, como lo denuncia el integrante del Consejo Universitario: Héctor Monestel es un presupuesto restrictivo y regresivo. “(…) El Presupuesto 2011 UCR implica una drástica disminución de los programas de becas estudiantiles (disminución de la matrícula, deserción); una no menos drástica disminución en la creación de plazas nuevas docentes (es decir, a menos profesores, menos cursos, menos estudiantes, menos admisión, etc.);  un estancamiento en los recursos girados para la regionalización (se desploma así el demagógico discurso de desarrollo regional, sólo la Sede de Occidente requería 36 tiempos completos y se están aprobando 9, la Sede de Limón 10 y se aprueban 3);  un “atraso” indefinido en los planes de inversión en infraestructura (menos aulas, menos laboratorios, menos estudiantes, menos servicios), una no menos drástica disminución en los programas de becas de especialización en el exterior para el personal docente y administrativo (afectación de la excelencia académica y condiciones laborales)”.[13]

CAPITULO 3: ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DEL V CONVENIO FEES LEVANTANDO LA BANDERA DE UNA REFORMA UNIVERSITARIA DEMOCRATICA Y POPULAR

Frente al golpe recibido a la lucha consecuente por la educación pública, los sindicatos y federaciones no debemos bajar la guardia. Hay que enfrentar las serias consecuencias de la pésima negociación del FEES que suscribieron las y los rectores, defendiendo los programa de bienestar estudiantil, como residencias y becas, la acción social comprometida con las comunidades, la investigación al servicio de las necesidades de desarrollo soberano del pueblo, las sedes regionales, los derechos de las y los trabajadores. Esa lucha implica además levantar muy en alto la bandera de la auténtica democracia universitaria. Hacemos nuestras las palabras que se encuentran en el pronunciamiento aprobado por la Asamblea General del SINDEU realizada el 30 de agosto del 2010, que a continuación transcribimos: “Llamamos a todas las comunidades universitarias a emprender una lucha por la democratización universitaria que desde la participación de los tres sectores, corrija los problemas internos de transparencia y rendición de cuentas, concentración y centralización burocrática del poder, asignación y manejo presupuestario, manejo de becas, y de productividad, eficacia, eficiencia, evaluación y acreditación, entre otros, y que responda a los valores, tradiciones e intereses nacionales y de las grandes mayorías sociales y a la urgencia de su rescate, fortalecimiento y perfeccionamiento –en síntesis, a su refundación democrática y popular- de cara a los retos del siglo XXI. Esa reforma debe desechar todo intento de adoptar modelos y prácticas vinculados a negocios privados y a normativas de mercado, como las impulsadas por los organismos financieros internacionales en materias de acreditación, evaluación, contratación, manejo de personal, competitividad, entre otras”. [14]

En esta lucha de largo aliento, es vital la absoluta independencia con respecto a las autoridades universitarias, que han capitulado ante las presiones del gobierno y las directrices bancomundialistas. Debemos ser conscientes de que ello exige confrontar con claridad a la cúpula de poder universitaria, que nos solo goza de privilegios, sino que es cómplice de la embestida neoliberal, porque también medra de los negocios al amparo de fundaciones y consultorías.

De igual forma, debemos exigir una profunda democratización de la estructura universitaria, que empieza por resolver el problema crónico de la estabilidad y los derechos de las y los interinos docentes y administrativos, que en el caso docente conlleva que una serie de unidades académicas sean manejadas a su antojo por pequeños grupos de poder inamovibles, que establecen relaciones clientelares con sus subalternos. Paralelamente es imprescindible luchar contra la odiosa discriminación que pesa sobre el personal administrativo, estableciendo su derecho al voto en la estructura universitaria.

Estas son tan solo algunas líneas que deben retomarse, ampliarse y enriquecerse con la deliberación colectiva, para orientar al SINDEU, en medio de los grandes retos y desafíos que se le avecinan.