Horacio Villegas

Una de las medidas que supuso un paliativo a la descomunal crisis sanitaria que asoló a los países que construyeron un sistema de salud medianamente aceptable, fue la nacionalización de instituciones privadas de salud ―España, Francia, Irlanda, entre otros. Los países europeos que experimentaron diferentes arremetidas de la privatización de los servicios públicos, acudieron a un remedio a la inversa; que hasta el momento figura como una política transitoria, de gran incertidumbre hasta conocer el término de la pandemia.

El colapso hospitalario: fiel reflejo de la torpeza de los nacionalistas

El gobierno de Juan Hernández ha seguido una pauta en la gestión de la pandemia, que contradice ―o trágicamente comparte― todos los parámetros establecidos por los gobiernos de la región: delegar funciones elementales a burócratas ―cancilleres como Lisandro Rosales― en vez de ocupar en estos cargos a funcionarios más idóneos; alimentar a más redes de corruptos que hacen negocios redondos con las compras de infraestructura sanitaria e implementos médicos; y un descomunal endeudamiento que colocará en una interminable banca rota a todas las instituciones públicas esenciales (salud y educación), por futuros recortes presupuestarios.

La realidad en cifras que presenta el gobierno en las interminables cadenas televisivas, contrasta con los datos que los médicos y algunas funerarias proporcionan; y, por si fuera poco, Juan Hernández se jacta con datos inexistentes extraídos de un supuesto artículo del New York Times ―que es falso―, en donde asegura que el diario coloca a Honduras en un lugar de mejoría, frente a otros países de Latinoamérica (La Tribuna, 16 de julio de 2020).

Convertir hospitales privados en centros para tratar enfermos por covid-19

El gobierno de Juan Orlando Hernández se las ha ingeniado para evadir las presiones que la población hondureña ha mostrado por la burda gestión de esta crisis sanitaria, con medios remedios como la habilitación momentánea de edificios para que sirvan de centros de asistencia médica. El solemne edificio que ocupa el colosal Centro Cívico Gubernamental, ha sido cedido para que sirva como centro de triage, una forma que supuestamente vendría a descongestionar los hospitales públicos abarrotados de pacientes, pero que carece de médicos y demás personal de salud, además de implementos para la atención integral de los enfermos.

Las exigencias para que los hospitales privados se conviertan en centros de asistencia a enfermos de covid-19 ha sido una política levantada desde el comienzo del confinamiento por nuestro partido: “Los hospitales privados y las empresas previsionales que han hecho un enorme negocio con la salud, deben pasar a manos del Estado, bajo control de sus trabajadores. Es la única manera de garantizar la atención médica a los sectores más vulnerables” (Declaración Psoca, 17 de marzo de 2020).

El partido de oposición Libre, ha promovido recientemente esta política, en base a artículos constitucionales (103,106 y 169), llamando a la creación de una Mesa de Administración Hospitalaria, que figuraría como el órgano que centralizaría las decisiones en medio de la crisis, y la gestión de los fondos distribuidos en ella. En su conformación ocuparía un lugar especial el Colegio Médico de Honduras (CMH), y otras instituciones. El principal obstáculo de esta propuesta, que se piensa llevar a las sesiones legislativas, es la bancada mayoritaria de los congresistas del Partido Nacional, quienes se oponen férreamente a cualquier iniciativa que ponga bajo presión a los banqueros y a los grandes accionistas de laboratorios privados, y demás negocios con la salud.

A cuatro meses del confinamiento, los lugares que siguen colocando a la mayoría de muertos por covid-19, los barrios populares de la capital y San Pedro Sula, donde el distanciamiento social es imposible por la propia marginalidad, siguen urgidos de atención médica ya que el gobierno nacionalista se las niega, por defender las grandes adquisiciones de infraestructura hospitalaria privada, como Por Salud de los Atala, dueños del Banco Ficohsa, el Medical Center, Clínicas Médicas, entre otras. La vía legislativa para conseguir la apropiación de todos estos hospitales privados, se ha convertido en un camino pedregoso e incierto; solo puede ser posible con la unidad de todos los sectores populares, y acciones que sean realmente contundentes.

Por Andrés Morales

Desde abril del año 2018 varias de las notas dirigidas en la prensa oficial remarcaban títulos como el siguiente: El salario de los diputados rebasa los 100 mil lempiras con otros beneficios (El Heraldo, 15 de mayo de 2018); en esta nota se ponía en claro todos los jugosos beneficios que los diputados ostentan hasta la fecha, como ser las compensaciones por zonas, seguros médicos de lujo, viáticos mensuales en transporte y hospedaje, fondos departamentales y un largo etcétera. Y en aquel momento se añadía a todos estos gastos, el oneroso aumento salarial que llevó a 90 mil lempiras la cifra promedio de ingreso mensual de nuestros congresistas, equivalentes a 3,610 dólares, cifra que compite con los ingresos de los diputados mejor pagados de Centroamérica.

No sólo el hemiciclo legislativo recibe salarios que succionan las débiles finanzas del Estado, también existen funcionarios públicos que redoblan sus ingresos, así lo manifiesta un reciente titular: Los funcionarios mejor pagados de la administración pública hondureña (La Prensa, 17 de febrero de 2020). El contenido de esta breve nota señala que hay varias instituciones que tienen dentro sí a los presidentes, directores y encargados con el mayor ingreso a nivel nacional. Encabeza la lista la presidenta del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda Banhprovi, Mayra Falck, con la estratosférica cifra de 341.769 lempiras mensuales equivalentes a 13,865 dólares, o en sentido gráfico: equivale al salario mínimo ―aproximadamente 10 mil lempiras― que reúnen 34 obreros calificados en un mes. A ella le sigue el presidente del Banco Central de Honduras BCH, Wilfredo Cerrato, con 235,961 lempiras mensuales que se traducen en 9,568 dólares; y la larga pirámide de salarios que remedan los sueldos de los funcionarios de los países industriales, continúa.

Definitivamente los numerosos incentivos que reciben todos los diputados de las diferentes bancadas, terminan convirtiéndose en privilegios que sostienen niveles de vida impensables en un país tan desigual como el nuestro.

El endeudamiento sostiene los altos salarios

Honduras es uno de los países que ha dispuesto de la mayor asignación de dinero para hacerle frente a la crisis. Se conocían 3,742 millones de dólares en lo que corría el mes de abril, entre fondos propios y préstamos con la banca internacional. En el mes de mayo el periódico Forbes, auxiliándose con datos del BCH, anunció que “la deuda externa hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de dólares en el primer trimestre de este año…”, y que la deuda en el sector público llega a los 7,863.5 millones de dólares (Forbes, 18 de mayo de 2020). El 14 de mayo la ministra de finanzas, Rocío Tábora, presentó las justificaciones de un nuevo préstamo de 20 millones de dólares suscrito con el Banco Mundial, para, supuestamente, comprar más suministros médicos.

De ser las compras de los supuestos hospitales móviles y demás implementos para los ya existentes hospitales, como ser también las contrataciones de personal médico, la base y excusa del endeudamiento; ocuparía el segundo lugar de prioridades de esta administración nacionalista, el pago de los inflados salarios y sus respectivos 14avos de los magnates de la administración pública, como ser Wilfredo Cerrato y Mayra Falck. Hasta el momento existen varias instituciones del Estado que no han hecho efectivo el pago del 14avo mes a sus trabajadores, pese al anuncio de la ministra de finanzas que asegura haber efectuado el 100% de este pago, 3,553 millones de lempiras en total (Twiteer, Sefinhn, 30 de junio de 2020).

Una oportunidad para estar del lado del pueblo

El pasado 24 de junio, un día antes de la aprobación del nuevo código penal, los diputados de oposición convocaron a una sesión virtual extraordinaria, que tuvo la presencia mayoritaria de 70 diputados distribuidos en 4 partidos: Libre, Alianza Patriótica, Partido Liberal y Pinu. El motivo de esta sesión giraba en torno a la abrogación del código penal y la elección de una nueva junta directiva. La selección de una nueva junta directiva provisional fue un hecho, ocupando los puestos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y prosecretaría un diputado de cada partido. Y al conformarse este nuevo órgano de decisión provisional, se decidió unánimemente la derogación total del código en cuestión. Entregado el documento que hace constar las decisiones de la sesión extraordinaria al poder ejecutivo, solamente quedaba la espera de una respuesta favorable, ocurrió todo lo contrario, el régimen desestimó la abrogación el pasado 4 de julio.

Varias expresiones de victoria y redención que bautizaba a esta iniciativa como el surgimiento de un congreso que está del lado del pueblo, surgieron pese a las ofensivas legales que iniciaron los diputados nacionalistas, acusando primeramente de “usurpación de funciones”, llevando el asunto a los tribunales. Un diputado de libre sostuvo lo que sigue: “Así como hoy hemos abrogado el nuevo Código, podríamos haber hecho muchas cosas para detener al oficialismo y que han golpeado al pueblo hondureño, la oposición debe permanecer muy unida, ojalá que de ahora en adelante podamos demostrarle eso a nuestra gente” (radioprogresohn.net, 24 de junio de 2020). Ese “ahora en adelante” que manifiesta el diputado de libre, debe arrancar con la aceptación de propuestas que pongan en el centro de toda política, a los sectores más desfavorecidos en esta crisis.

De manera que, si el Congreso Nacional ya se encuentra escindido por las diferentes circunstancias que han pasado en las últimas semanas, es posible aún que varios diputados de oposición, que reivindican sus puestos como “surgidos” de la representación popular, decidan hacer retroceder, así como lo hicieron abrogando el código penal, todos estos privilegios y altísimos salarios ―incluyendo los suyos― que son un puñetazo en la cara de los pobres, en medio de una cruel pandemia.

Propuestas de ajuste salarial surgidas en medio de la pandemia

Las propuestas de reducción de los enormes ingresos de los funcionarios no ha sido un tema de agenda, prioritario en las discusiones centrales de los partidos de mayor tradición en la política hondureña. Si bien han existido políticas de ajustes salariales en el pasado reciente, por un lado, como lo fue el 2007 y 2008 en el gobierno de Zelaya (2006-2009), en donde hubo aumentos al salario mínimo; y discursos que “clamaron” en su momento una especie de austeridad gubernamental, por el otro, como nos hizo creer el nacionalista Porfirio Lobo (2010-2014) luego de la crisis económica desatada en el golpe de estado de 2009, en el transcurso de todos estos años lo que ha ido acelerándose aún más, son los aumentos salariales de los altos funcionarios.

El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, planteó a su propio gabinete nacionalista a inicios de marzo, en las “selectas” mesas multisectoriales, la rebaja a los sueldos de sus correligionarios que ocupan altos puestos en las instituciones públicas: “lo hemos propuesto, ni siquiera esperamos que lo propusieran de afuera, nosotros lo hemos propuesto en la mesa y todo ese tema se está revisando para hacerlo de manera integral” (El Heraldo, 26 de marzo de 2020). La imprecación en voz baja que entonó con desgano el ministro de la presidencia, ya lleva tres meses sin que haya causado algún tipo de reacción; lo que preocupa es que la rebaja salarial planteada por estos justicieros a la inversa, es que alcance los ingresos empequeñecidos de los trabajadores que apenas llegan al salario mínimo.

El pasado 3 de abril, a un mes del confinamiento, Luis Zelaya, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dio a conocer al Congreso Nacional un paquete de medidas para enfrentar la crisis, una de ellas consistía en “reducir el 10 o 20 % del salario de funcionarios públicos en labores no esenciales contra la pandemia” (Proceso Digital, 3 de abril de 2020).  Los voceros del FOSDEH lanzaron la propuesta de un necesario ajuste salarial que recorte los inflados salarios de la burocracia: “Esperaríamos que los sueldos de los altos funcionarios se reduzcan en al menos un 40%. Eso daría mayor libertad presupuestaria a las instituciones” (Tiempo Digital, 8 de mayo de 2020).

A su vez, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó la misma iniciativa de reducción de los salarios, pero en un 50% y dirigida “a los empleados públicos que devengan sueldos superiores a los 75 mil lempiras mensuales” (Criterio.hn, 30 de junio de 2020). Una reciente posición sobre el tema la dio la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andeph) que exigen la justa rebaja salarial, pero con la salvedad de que se mantengan intactos los sueldos de la mayoría de empleados que devengan sueldos normales (Ltv.hn, 4 de julio de 2020).

Bajar altos salarios para asegurar los ingresos de los trabajadores

Las consecuencias de la pandemia han dejado entrever con mayores luces de realismo, la ineptitud con la que hoy se maneja una desconcertante crisis, en un país plagado de corruptos y narcotraficantes que están metidos de lleno en las instituciones y el gobierno. En ese sentido, las políticas a cuenta gotas que dependen de numerosos endeudamientos, no toman en cuenta el histórico desequilibrio salarial en el cual nos encontramos, y demuestra que nuestra ministra de finanzas y Cia, piensan más en sostener la lujosa vida del presidente del BCH, que en asegurarle el salario a los trabajadores que hoy no cuentan con la certidumbre de que se les pague el atrasado mes de junio.

A los trabajadores del sector público y privado que estuvieron paleando sus necesidades con los pocos ahorros que les quedaban, se les presenta hoy un panorama más crítico que el de los primeros meses del confinamiento. El gobierno no ha podido sostener políticas más o menos creíbles, debido a los hechos que hablan por sí mismos: desabastecimiento de hospitales, grandes estafas en compras de equipo e infraestructura médica y sobrevaloración de los mismos, falta del pago del 14avo mes a todas las instituciones y la incertidumbre en el pago de los meses subsiguientes.  

Sostenemos que bajarle el salario a la mitad a Wilfredo Cerrato y a la señora Mayra Falck, y a la larga fila de adinerados funcionarios, puede asegurarle más meses de pago a los trabajadores del sector público, y porqué no también, asegurar el verdadero rescate a los trabajadores del sector privado e informales. Lo cierto es que no se deja ver el reflejo de todas las declaraciones en favor de iniciativas como éstas, en acertadas mociones de ley de parte de los congresistas, y mucho menos en decretos de emergencia emitidos desde el ejecutivo. La oportunidad para asumir como suyas estas exigencias de los diferentes sectores, ―que esperamos se aclamen de nuevo en manifestaciones y protestas a nivel nacional―, la tienen hoy, los diputados de oposición.

Tanto el movimiento sindical hondureño compuesto por las organizaciones CGT, CTH y CUTH, como otras organizaciones sociales que están del lado de los más desfavorecidos en esta crisis, deben unir esfuerzos por promover un proyecto de ley que busque la justa confiscación de los salarios desmedidos de estos funcionarios ricos, para así reorientar todos estos fondos a las golpeadas finanzas de los trabajadores que merecen salarios más realistas, y al implemento de políticas de rescate económico mejor ajustadas a la crisis. Es necesario volver partícipes de esta verdadera iniciativa a los diputados de los diferentes partidos políticos que quieran participar en su creación, y que demuestren que pueden sacrificar sus privilegios ante la necesidad de las mayorías.

Por Carlos M. Licona

El multimillonario presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue internado en el hospital militar aduciendo que dio positivo de COVID -19. Mucho se especula sobre la información si es verdad o es mentira, aunque fuera cierto, igual la población no lo cree, han mentido tanto que la nariz ya le dio muchas vueltas por la línea del Ecuador al planeta Tierra.

El nuevo Código Penal: arca abierta para los corruptos

El 10 de noviembre de 2019 tenía que entrar en vigor el nuevo Código Penal, pero el Congreso Nacional hondureño aprobó el 4 de noviembre una ampliación de seis meses de la Vacatio Legis del Código Penal, por lo que la normativa tenía que entrar en vigor el 10 de mayo de este 2020, pero luego se prorrogó hasta el 25 de junio (hoy).

Lo anterior dio lugar para que, desde el congreso nacional, una mayoría simple conformada por la oposición convocara a una reunión extraordinaria vía zoom el día de ayer miércoles 24. Se eligió una Junta Directiva para presidir la reunión y la encabezó el diputado del Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, Doris Gutiérrez diputada del PINU como una de las vicepresidentas y Sobeyda Andino del Partido Liberal junto a Jorge Cálix del Partido Libre como secretarios.

La reunión del Congreso Nacional se convocó en base al artículo 191 de la Constitución de la República, en la reunión se aprobó por unanimidad la abrogación de la entrada en vigor del nuevo Código Penal (suspensión).

El nuevo Código Penal violenta derechos humanos y penaliza la lucha social con penas de más de 15 años bajo el delito de terrorismo, mientras que los casos de corrupción se penalizan con menos de 5 años de reclusión, condena que puede ser permutada por ridículas sumas de dinero, esto significaría que los actuales saqueadores del estado en plena crisis de pandemia, nunca sería encarcelados.

La polémica Ley ha generado que varios sectores acuerparan la actitud de la oposición en el congreso nacional el día 24, entre los que destacan, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Coalición Contra la Impunidad, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y gremios y sindicatos.

Hay que ser objetivos y no creer que el Partido Nacional y sus líderes ya se terminaron, nada más falso que eso, pero si se puede asegurar que lo sucedido en el congreso deja en evidencia el fraccionamiento entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero aun más profundo dentro del mismo Partido Nacional. Para que lo aprobado sobre la suspensión del nuevo Código Penal tenga validez, debe ser publicado en el Diario oficial La Gaceta. Obviamente esto no va a suceder, aunque la maniobra ha asestado un fuerte golpe a Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional), ya que se menciona que en la reunión también hubo diputados suplentes del Partido Nacional.

Solo el pueblo en las calles podrá terminar con JOH

Lo actuado por los diputados en reunión virtual debe ser acompañado por el respaldo general de la población, una prueba de buena Fe de los que antes apoyaron a pie juntillas a JOH en todo lo que quiso, es que vayan a las calles y se coloquen frente a las bayonetas. No se valen comportamientos a media tinta o solo para dorar la píldora, la actitud debe ser frontal contra la dictadura.

Toda la oposición debe autoconvocarse para terminar con esta dictadura que, por ahora, siguen saqueando por miles de millones al erario sin ningún pudor. No se debe generar esperanza en lo actuado el día de ayer, eso solo es un alegrón de pobre si no se acompaña con la lucha en las calles, pero además, tampoco se puede confiar en personajes que dentro del Congreso Nacional llevan 10 años con la dictadura, que se sumen a la oposición pero desde la base, que en ningún momento se les vaya a ocurrir ser dirigentes de las bases que lleva 11 años luchando contra el régimen.

Los casos de corrupción en estos tres meses son peores que las 7 plagas de Egipto, da asco e impotencia la forma descarada en que se roban el dinero. El latrocinio que hacen en este momento debe generar la suficiente rabia e ímpetu para que la población nuevamente se adueñe de los barrios y las colonias y se decida de una vez por todas tumbar a la dictadura.

Por Horacio Villegas

Hasta la fecha, la medida puesta en marcha por la empresa privada y el gobierno, la “apertura inteligente” de la economía, ha terminado en lo que muchos ya habían supuesto: una mayor cantidad de contagio en la población hondureña. Hasta la fecha existen 12,306 casos de coronavirus a nivel nacional, con 358 muertos. Las cifras dadas el 8 de junio, fecha de inicio de esta apertura, era de 5,458, y 262 personas muertas. Las cifras han ido en aumento, contrastando con los casos no oficializados que siguen engordando las estadísticas de SINAGER.

Los más afectados: los trabajadores

Los afectados directos en esta pandemia han sido tanto los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, como los del sector privado, quienes ante las políticas débiles del gobierno y los empresarios como ser el Decreto 33-2020 de “rescate económico”, han tenido que salir de sus casas a ganar algo de dinero para tener que pagar los servicios públicos y costearse sus alimentos.

Los cuestionamientos al gobierno de turno suenan con mayor insistencia en el contexto de un colapso de los hospitales. A las políticas de endeudamiento con la banca internacional, que coloca a Honduras como país centroamericano con mayor presupuesto aprobado en esta crisis, y sin buenos resultados, se suman una a una las confusas estrategias como la compra, al inicio de la cuarentena, de equipamiento y hospitales móviles que aún no llegan ―hoy todo un escándalo de corrupción que involucra a Marco Bográn de INVEST-H, quién está al frente de una gran estafa―, el nulo abastecimiento de hospitales y ahora la entrega indiscriminada de tratamientos ineficaces contra el covid-19 llamados risiblemente “Catracho” y “Maíz”. El CNA ya suma cuatro informes en respuesta al aumento de la corrupción en estos procedimientos de compra, sumando el quinto de reciente publicación que desbroza todo el escándalo que hay alrededor de la compra de los hospitales móviles, y el FOSDEH también ha desplegado sus críticas al endeudamiento y la falta de políticas económicas serias.

Ocultamiento de las cifras reales

Los trabajadores de la salud, estando en condiciones deplorables en los pocos hospitales públicos que atienden la emergencia sanitaria, han tenido que recurrir a varias acciones que manifiestan la verdadera situación que existe en las salas abarrotadas por pacientes. El pasado 9 de junio, tras el intento de destitución del director del Hospital Escuela Universitario, Osmín Tovar, varios trabajadores de este hospital salieron en su defensa, logrando despejar el clima de estas pretensiones. El gobierno nacionalista, a la vez que decreta medidas oficiales en esta crisis, también deja en claro su otra política no tan oficial: censurar y quitar de la escena a los funcionarios públicos que digan la verdad sobre el avance de la crisis sanitaria.

Esta política de ocultamiento de lo que realmente pasa, por un lado, y un absurdo anuncio de estabilidad en los hospitales como lo declara a cada instante Omar Rivera del FONAC, por el otro, solo empeoran la situación actual que se torna cada vez más crítica; al punto de que los médicos ya anuncian entre 3 a 4 muertos por cada turno en el Hospital Escuela (Tiempo.hn, 22 de junio de 2020), y numerosos decesos de trabajadores de la salud que siguen contagiándose. Las funerarias arrojaron la cifra espantosa de 883 entierros que no coinciden con las sumas a cuenta gotas de SINAGER (El Heraldo, 22 de junio de 2020). Todo apunta a un ocultamiento del verdadero drama que ha causado el covid-19 hasta la fecha.

Al presentarse estas condiciones de desahucio gubernamental en los hospitales, es necesario que los trabajadores de la salud continúen manifestando las verdaderas condiciones en las que nos encontramos: con falta de los utensilios más básicos como los hisopos para las pruebas PCR, y sin espacio, ni equipos suficientes para atender a los pacientes que ingresan. Instamos a los trabajadores de la salud a que recurran a los plantones en las afueras de estos hospitales; que exijan todos los recursos que el gobierno solo ha prometido; que también exijan nuevas medidas para las jornadas de trabajo de sus compañeros y compañeras más vulnerables frente al virus, quienes ya han fallecido; y más contrataciones de médicos.

Retroceso en la “apertura inteligente”

Las instituciones del sector público ligadas a actividades económicas, han sido las primeras en retroceder en la apertura. En la circular SPGP-018-2020 del gabinete presidencial, lanzada el pasado 19 de junio, quedan por suspendidas las actividades de las diferentes secretarías de estado y demás “instituciones centralizadas y descentralizadas del poder ejecutivo”, hasta nuevo aviso. Hoy 22 de junio, se dio el inicio al cierre total ―y en condiciones de represión por parte de los policías municipales y demás uniformados― de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela; al parecer el retorno “seguro” a las actividades económicas no contemplaba el equipamiento de los mercados con implementos de bioseguridad.

El riesgo de contagio en los mercados

Las jornadas de entregas “masivas” de mascarillas en todos los rincones del país que comunica el gobierno a cada instante en anuncios publicitarios, no llegó a los lugares de vital importancia y de mayor aglomeración; pues, a duras penas, los comerciantes de estos mercados colocan en sus rostros, en el mejor de los casos, mascarillas de elaboración propia. Los mercados abastecen a la gran mayoría de barrios populares de la capital, lo cual supone una nueva ofensiva para las capas pobres que son las más afectadas. Algunas asociaciones como la ADECABAH (Asociación para la Defensa de la Canasta Básica) suponen que se recrudecerá la especulación de productos de la canasta básica (El Tiempo.hn, 21 de junio de 2020) sin respeto del congelamiento de los precios que promulgó el gobierno desde marzo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el acuerdo ministerial No.023-2020.

Los trabajadores de los mercados deben luchar por adecuaciones a sus puestos de trabajo: como la garantía de tener espacios que den protección tanto a ellos como a los consumidores; a su vez deben reclamar la entrega por parte de los encargados de la llamada “apertura económica”, de todos los implementos de bioseguridad; con esta medida de cierre de los mercados de la capital, el gobierno deja en claro que el alimento de las capas altas que viven en las zonas residenciales costosas de circuito cerrado, la burguesía de la capital hondureña, está asegurado en todos los supermercados de renombre, mientras que el alimento de los pobres está clausurado, hasta que se reduzcan los contagios.