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HONDURAS.- Erróneas medidas que han agudizado la crisis sanitaria

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Por Horacio Villegas

Hasta la fecha, la medida puesta en marcha por la empresa privada y el gobierno, la “apertura inteligente” de la economía, ha terminado en lo que muchos ya habían supuesto: una mayor cantidad de contagio en la población hondureña. Hasta la fecha existen 12,306 casos de coronavirus a nivel nacional, con 358 muertos. Las cifras dadas el 8 de junio, fecha de inicio de esta apertura, era de 5,458, y 262 personas muertas. Las cifras han ido en aumento, contrastando con los casos no oficializados que siguen engordando las estadísticas de SINAGER.

Los más afectados: los trabajadores

Los afectados directos en esta pandemia han sido tanto los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, como los del sector privado, quienes ante las políticas débiles del gobierno y los empresarios como ser el Decreto 33-2020 de “rescate económico”, han tenido que salir de sus casas a ganar algo de dinero para tener que pagar los servicios públicos y costearse sus alimentos.

Los cuestionamientos al gobierno de turno suenan con mayor insistencia en el contexto de un colapso de los hospitales. A las políticas de endeudamiento con la banca internacional, que coloca a Honduras como país centroamericano con mayor presupuesto aprobado en esta crisis, y sin buenos resultados, se suman una a una las confusas estrategias como la compra, al inicio de la cuarentena, de equipamiento y hospitales móviles que aún no llegan ―hoy todo un escándalo de corrupción que involucra a Marco Bográn de INVEST-H, quién está al frente de una gran estafa―, el nulo abastecimiento de hospitales y ahora la entrega indiscriminada de tratamientos ineficaces contra el covid-19 llamados risiblemente “Catracho” y “Maíz”. El CNA ya suma cuatro informes en respuesta al aumento de la corrupción en estos procedimientos de compra, sumando el quinto de reciente publicación que desbroza todo el escándalo que hay alrededor de la compra de los hospitales móviles, y el FOSDEH también ha desplegado sus críticas al endeudamiento y la falta de políticas económicas serias.

Ocultamiento de las cifras reales

Los trabajadores de la salud, estando en condiciones deplorables en los pocos hospitales públicos que atienden la emergencia sanitaria, han tenido que recurrir a varias acciones que manifiestan la verdadera situación que existe en las salas abarrotadas por pacientes. El pasado 9 de junio, tras el intento de destitución del director del Hospital Escuela Universitario, Osmín Tovar, varios trabajadores de este hospital salieron en su defensa, logrando despejar el clima de estas pretensiones. El gobierno nacionalista, a la vez que decreta medidas oficiales en esta crisis, también deja en claro su otra política no tan oficial: censurar y quitar de la escena a los funcionarios públicos que digan la verdad sobre el avance de la crisis sanitaria.

Esta política de ocultamiento de lo que realmente pasa, por un lado, y un absurdo anuncio de estabilidad en los hospitales como lo declara a cada instante Omar Rivera del FONAC, por el otro, solo empeoran la situación actual que se torna cada vez más crítica; al punto de que los médicos ya anuncian entre 3 a 4 muertos por cada turno en el Hospital Escuela (Tiempo.hn, 22 de junio de 2020), y numerosos decesos de trabajadores de la salud que siguen contagiándose. Las funerarias arrojaron la cifra espantosa de 883 entierros que no coinciden con las sumas a cuenta gotas de SINAGER (El Heraldo, 22 de junio de 2020). Todo apunta a un ocultamiento del verdadero drama que ha causado el covid-19 hasta la fecha.

Al presentarse estas condiciones de desahucio gubernamental en los hospitales, es necesario que los trabajadores de la salud continúen manifestando las verdaderas condiciones en las que nos encontramos: con falta de los utensilios más básicos como los hisopos para las pruebas PCR, y sin espacio, ni equipos suficientes para atender a los pacientes que ingresan. Instamos a los trabajadores de la salud a que recurran a los plantones en las afueras de estos hospitales; que exijan todos los recursos que el gobierno solo ha prometido; que también exijan nuevas medidas para las jornadas de trabajo de sus compañeros y compañeras más vulnerables frente al virus, quienes ya han fallecido; y más contrataciones de médicos.

Retroceso en la “apertura inteligente”

Las instituciones del sector público ligadas a actividades económicas, han sido las primeras en retroceder en la apertura. En la circular SPGP-018-2020 del gabinete presidencial, lanzada el pasado 19 de junio, quedan por suspendidas las actividades de las diferentes secretarías de estado y demás “instituciones centralizadas y descentralizadas del poder ejecutivo”, hasta nuevo aviso. Hoy 22 de junio, se dio el inicio al cierre total ―y en condiciones de represión por parte de los policías municipales y demás uniformados― de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela; al parecer el retorno “seguro” a las actividades económicas no contemplaba el equipamiento de los mercados con implementos de bioseguridad.

El riesgo de contagio en los mercados

Las jornadas de entregas “masivas” de mascarillas en todos los rincones del país que comunica el gobierno a cada instante en anuncios publicitarios, no llegó a los lugares de vital importancia y de mayor aglomeración; pues, a duras penas, los comerciantes de estos mercados colocan en sus rostros, en el mejor de los casos, mascarillas de elaboración propia. Los mercados abastecen a la gran mayoría de barrios populares de la capital, lo cual supone una nueva ofensiva para las capas pobres que son las más afectadas. Algunas asociaciones como la ADECABAH (Asociación para la Defensa de la Canasta Básica) suponen que se recrudecerá la especulación de productos de la canasta básica (El Tiempo.hn, 21 de junio de 2020) sin respeto del congelamiento de los precios que promulgó el gobierno desde marzo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el acuerdo ministerial No.023-2020.

Los trabajadores de los mercados deben luchar por adecuaciones a sus puestos de trabajo: como la garantía de tener espacios que den protección tanto a ellos como a los consumidores; a su vez deben reclamar la entrega por parte de los encargados de la llamada “apertura económica”, de todos los implementos de bioseguridad; con esta medida de cierre de los mercados de la capital, el gobierno deja en claro que el alimento de las capas altas que viven en las zonas residenciales costosas de circuito cerrado, la burguesía de la capital hondureña, está asegurado en todos los supermercados de renombre, mientras que el alimento de los pobres está clausurado, hasta que se reduzcan los contagios.

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