Por: Ezequiel Batista        

La seguridad social en Panamá se encuentra en una encrucijada donde solo tiene dos alternativas: volver nuevamente al sistema solidario, por el cual se creó la Caja de Seguro Social, o a un sistema de cuentas individuales el cual fue un experimento fracasado, recomendado por el F.M.I.

A pesar de las múltiples propuestas presentados por el pueblo panameño, por expertos economistas y profesionales e incluso estudios realizados por la O.I.T., la Universidad de Panamá donde expresan claramente que el modelo de cuentas individuales ha sido una estafa a los cotizantes, el presidente José Raúl Mulino y su equipo de asesores insisten en que este sistema de pensiones de capitalización individual se apruebe con la complicidad de los diputados de la asamblea.

Debemos tener claro, que el proyecto 163 es una receta del Fondo Monetario Internacional y no tiene la mínima intensión de beneficiar a los cotizantes de la CSS. Luego de escuchar todas las propuestas por expertos, queda demostrado que no está en crisis. La situación que tenemos en la CSS es administrativa, provocada por diferentes gobiernos y el sector privado para desequilibrar el sistema de pensiones.

Lo que pretende realmente al ejecutivo es descapitalizar los fondos de pensiones de la Caja de Seguro Social para especular en la bolsa de valores estadounidense o depositarlo en la Reserva Federal de EE.UU. o en algún banco privado. Según el artículo 65 establece, claramente, que la CSS podrá delegar la gestión de sus inversiones a personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones.

De acuerdo a este articulo 65 se destinara hasta un 75% a activos en títulos de deuda y un 15% en instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por estados extranjeros, hasta un 10%en instrumentos de capital emitidos por personas jurídicas (empresa privada), instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por instituciones financieras multilaterales de crédito hasta un 20%.

Pero el peligro va más allá, debido a que en el acápite 7 de este artículo se establece lo siguiente: “no podrá hacer inversiones en minería ilegal”. Esto quiere decir que están considerando retomar el tema minero, y legalizar la reapertura de la mina, proyecto que fue declarado inconstitucional, en una lucha sangrienta en el año 2023.

Existe un conflicto de interés por parte de los que defienden la privatización de las pensiones, donde el director de la CSS, Dino Mon, guarda vínculos con el Grupo Mundial y Mapfre donde fue director ejecutivo de ambas empresas. Felipe Chapman quien es ministro de Economía tiene conflicto de intereses debido a que su esposa Mónica García de Paredes De Chapman forma parte de la directiva de Global Bank y la AFP -Progreso. Su hermano Guillermo Chapman III es de la directiva de Banco General, de Profuturo y del Siacap. El hijo del ministro de salud Fernando Boyd Galindo, Federico Boyd Alfaro, forma parte de la firma Morgan y Morgan quien es defensora del proyecto minero.

El premio nobel de economía Joseph Stitgliz manifiesta lo siguiente:” El sistema de AFP genera poca cobertura, mala seguridad en la jubilación y valores mínimos de pensiones. A pesar de que toda la sociedad está pagando este enorme costo. Aquí el que gana, ciertamente es el sector financiero.” Paul Krugman, también premio nobel de economía, en su obra “EL GRAN ENGAÑO”, hace referencia a los 30 años del sistema AFP. Explica que “cuando una población envejece y se tenga que acoger las justificadas quejas destinando cuantiosos fondos públicos para ello ¿cuántos recursos ya se habrán repartido los dueños de las AFP y las compañías de seguros? ¿Por qué permitir que se lucre con una necesidad evidente?”

Tenemos que defender nuestra única institución de seguridad social y en la cual generaciones anteriores la han defendido y han aportado por lo que la solidaridad intergeneracional se ha mantenido. Si se pierde o se rompe esa cadena solidaria ya no podríamos llamarla “CAJA DE SEGURO SOCIAL” porque perdería su esencia solidaria y se convertiría en la “CAJA DE SEGURO EMPRESARIAL”, y nuestros aportes pasarían a ser los subsidios financieros de la CONEP, APEDE, el sistema bancario y campañas políticas de la mafiocracia. Tenemos que luchar en unidad por el bienestar y futuro del pueblo.