Por Armando Tezucún

El pasado jueves 31 de octubre, en una turbulenta sesión, el Congreso de la República pasó en tercera lectura las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aprobando a la vez un acuerdo para enviar la iniciativa a la Corte de Constitucionalidad para consulta por posibles irregularidades o incompatibilidades con la Constitución de la República, dado que esta ley tiene rango constitucional. La CC deberá pronunciarse en un máximo de 60 días.

Como era de esperarse, las reformas aprobadas están muy lejos de satisfacer las expectativas de democratización del sistema electoral. Para empezar, los cambios consensuados el año pasado con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron en su mayoría ignorados. Desde que empezaron las discusiones finales del proyecto, los diputados desecharon los dictámenes de la Comisión de Asuntos Electorales y del TSE, incluyendo otras propuestas. Una vez más el TSE quedó sin el control necesario para regular y sancionar las faltas como campaña anticipada, además de que no fue elevado su presupuesto al 1% del presupuesto de gastos del Estado. Más bien el financiamiento público a los partidos políticos fue elevado de US$ 2 a US$ 4 por cada voto obtenido en la elección anterior. Se aprobó que sea el TSE quien contrate y distribuya entre los partidos los espacios de publicidad en los medios de comunicación, pero no se le aseguró los fondos necesarios para este oneroso gasto. El TSE había solicitado que fuera la CC la única instancia que conociera los amparos de los partidos contra las multas y sanciones impuestas por el mismo, pero la petición fue ignorada; esto garantiza que los partidos continúen evadiendo el pago de las multas, que dicho sea de paso son cantidades ridículas que no fueron incrementadas, mediante la presentación de recursos ante una diversidad de instancias.

Se aprobaron medidas antidemocráticas como el aumento del número obligado de afiliados a un partido, que se incrementó al 0.5% del padrón electoral de las últimas elecciones generales. Se omitieron otras propuestas que democratizarían el sistema, como la paridad de representación de género en las candidaturas en cuotas del 50%, que quedó en no menos del 30%; lo mismo sucedió con la representación de las etnias indígenas. Quedó fuera también la propuesta que regularía la reelección de alcaldes, que ha sido fuente de corrupción. No se aprobó una propuesta importante que era que los comités cívicos pudieran ser permanentes y no efímeros. No fueron aumentados los controles al financiamiento privado de los partidos políticos, cuyo punto central incluía el levantamiento del secreto bancario.

Como declaró la presidenta del TSE, María Eugenia Villagrán al ver los primeros cambios al proyecto original: “Algunas de las propuestas del Tribunal fueron acogidas, pero otras no. Algunos de los cambios no fortalecen al TSE, como las sanciones, porque no hay medios coercitivos para que cumplan los partidos, porque seguirá habiendo amparos ante las cortes. Es decir, se seguirán atrasando los procesos, y los partidos al final no pagan” y “Está bien que se haya autorizado un incremento (del financiamiento estatal a los partidos), pero a mayor financiamiento debe haber más control, y nosotros propusimos mayores controles para fiscalizar el origen y destino del dinero que reciben, tanto estatales como privados” (Prensa Libre 26/10/13).

Un aspecto positivo es la posibilidad de que los guatemaltecos residentes en el extranjero voten para la elección de presidente y vicepresidente, aunque las organizaciones de migrantes piensan que no es suficiente y demandan que también puedan votar por las planillas a diputados y que los migrantes puedan postularse como candidatos a diputados.

Como vemos, es absurdo esperar que los mismos partidos burgueses que se benefician de un sistema electoral poco democrático, y que prácticamente hacen lo que se les antoja en materia de financiamiento y campañas, legislen contra su propio beneficio. Por ello se hace necesario que sean las fuerzas vivas de la nación, plasmadas en las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares quienes cambien la legislación electoral democratizándola al máximo en una Asamblea Nacional Constituyente popular y soberana que cambie los destinos del país en beneficio de los pobres y oprimidos.

Lo característico de este período en el Congreso es que todo se ha resuelto mediante negociaciones entre los jefes de las bancadas, en un estira y encoge de intereses en el que se rumora que hasta han corrido sobornos y dádivas. Este es un Congreso sin debates públicos que edifiquen e instruyan a la población en los temas de interés para el país. Es lo peor del sistema parlamentario burgués.