Por Victoriano Sánchez

Después de 90 días de intensa lucha, vale la pena detenerse un momento para evaluar lo que pasa actualmente en Nicaragua. Atrás ha quedado el periodo de ascenso revolucionario. El gobierno Ortega-Murillo ha contenido a las masas estudiantiles y populares a punta de bala, utilizando no solo a las tropas especiales de la Policía Nacional, sino que, en el último periodo, a recurrido a la acción criminal de grupos paramilitares que han sembrado el terror, matando a jóvenes, haciendo detenciones ilegales, y recuperando territorios de manera sistemática.

La última gran conquista militar, contra una insurrección desarmada, ha sido la destrucción de barricadas en el heroico barrio de Monimbó, departamento de Masaya, el pasado 17 de Julio. Los milicianos populares debieron replegarse a las montañas de la Laguna de Apoyo, ante la superioridad militar de más de 1500 paramilitares. De esta manera la dictadura orteguista limpió el terreno, recuperó los territorios liberados, aparentando resurgir como el ave fénix

La condena simbólica a Nicaragua en la OEA

El mismo día en que los paramilitares, apoyados por la Policía Nacional, entraban victoriosos al barrio Monimbó, bailando con los perros y celebrando un combate que realmente no se produjo, se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para conocer finalmente el proyecto de resolución de condena contra el gobierno de Nicaragua, por la sistemática violación a los derechos humanos.

Los revolucionarios jamás podemos confiar en la OEA, pero en las condiciones actuales cualquier acto de condena contra la dictadura orteguista, es bien recibida por la mayoría del pueblo y ayuda a elevar la moral en momentos en que los paramilitares parecen haber derrotado la insurrección desarmada.

Insistimos en que no podemos confiar en la OEA, porque la resolución de condena propuesta por Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, y finalmente adoptada por 21 cancilleres a favor, 3 en contra (Nicaragua, Venezuela y Bolivia), 3 ausentes y 7 abstenciones (El Salvador y pequeños países del Caribe), refleja algunos cambios de posiciones que debemos analizar.

La resolución aprobada el 18 de Julio contiene tres elementos centrales. El primer punto resolutivo, los 21 cancilleres reiteraron “su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH, y alentar a que se proceda a identificar a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales”.

En este primer punto hay una condena a “todos los actos de violencia” en general, no hay una condena tajante y específica contra el gobierno de Nicaragua. Se condenan a moros y cristianos por igual. No es lo mismo el miliciano de Monimbó que defiende a su barrio del ataque de un ejército irregular de paramilitares, que al policía o el paramilitar que llega a asesinar a quienes se levantan contra el gobierno dictatorial. Y por eso condena la violación de derechos humanos en general, y hasta después incluye los actos cometidos por la “policía y grupos parapoliciales”. El informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) es categórico en señalar que el principal violador de los derechos humanos en Nicaragua, es el Estado, es decir, es el gobierno Ortega-Murillo. Sin embargo, la resolución del 18 de abril diluyó las responsabilidades del gobierno asesino.

En el tercer punto resolutivo, los 21 cancilleres urgieron al gobierno de Nicaragua “y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional, como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia en ese país”.

Estados Unidos y los cancilleres de la OEA consideran que el Dialogo Nacional es la instancia que puede generar soluciones pacíficas, cuando en realidad ha sido utilizado por la dictadura para recuperar el aliento, ganar tiempo y asestar golpes mortales a la lucha democrática. Mientras la OEA invoca el lenguaje diplomático, Ortega-Murillo patean y queman la mesa de negociaciones.

Pero es en el cuarto punto resolutivo donde nos quieren dar a beber la cicuta. Los 21 cancilleres resolvieron “exhortar al Gobierno de Nicaragua a que considere todas las opciones para lograr este objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”.

El cambio sustancial consiste en que ni siquiera hablaron de “elecciones anticipadas”, como lo había dicho voceros del departamento de Estado unas horas antes de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, sino que un Dialogo Nacional fracasado implemente las recomendaciones de la misión de Observación Electoral de la OEA (que fueron evacuadas en enero del 2017 y que suponía que serían aplicadas en el 2021) y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente.

Quien relea los dos párrafos anteriores, se dará cuenta que los cancilleres de la OEA han retrocedido y se han acomodado un poco a la posición original de Daniel Ortega, quien ha insistido en que la democratización de Nicaragua estaba contemplada en el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), negociado secretamente entre Ortega Nicaragua y Luis Almagro en diciembre de 2017.

Hace pocas semanas Almagro había hecho una propuesta de que las elecciones generales se adelantaran para marzo del 2019, pero Ortega se envalentonó con algunos triunfos y el propio Almagro reconoció que “(…) Hoy el Gobierno cree tener controlada la situación de fuerza que se aplicó para derrocarlo y por lo tanto no tiene interés (de elecciones anticipadas)”. (La Prensa 12/07/2018).

Pues bien, todo parece indicar que los cancilleres de la OEA han adoptado la posición de Ortega de volver a los acuerdos de enero del 2017, o que cualquier negociación se realice con base a ese acuerdo. De ser así, es un triunfo diplomático de Ortega y lo deja en mejores condiciones para una futura negociación de fechas de elecciones anticipadas.

La revolución en la encrucijada

La revolución democrática en curso ha sufrido algunos reveses, por la ofensiva militar contra el pueblo desarmado, pero todavia no ha sido derrotada, ni aplastada. Las continuas masacres obligan a retroceder en términos reales, aunque se mantenga el espíritu de lucha contra la dictadura.

En las actuales condiciones, solo hay dos posibles salidas: La primera opción, la vía del triunfo revolucionario como el 19 de julio de 1979, se produciría si el pueblo logra derrocar al gobierno asesino, sea por la ruta de la renuncia de la pareja presidencial, o por los efectos de la insurrección de masas.  Esta opción parece alejarse por el momento.

Entonces, por los triunfos relativos de Ortega, esta cobrando fuerza la segunda opción, que es una salida negociada para desmantelar el régimen dinástico y dictatorial. Pero Ortega no piensa negociar al primer susto, sino hasta que las condiciones y las presiones realmente lo obliguen.

Mientras la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) se movía con el falso esquema de una rápida renuncia o rendición de la pareja presidencial, Ortega-Murillo trabajaron en el esquema inverso, ganando tiempo, y recomponiendo sus fuerzas para pasar a la ofensiva, al grado de encarcelar por falsas acusaciones a Medardo Mairena, dirigente campesino en el Dialogo Nacional. De continuar las cosas así, un día de estos tendremos la noticia que todos los miembros de la ACJD han sido encarcelados.

Las victorias pírricas de Ortega le están permitiendo desencadenar una cacería de brujas y un selectivo proceso de judicialización penal contra los dirigentes estudiantiles y luchadores populares.

La resolución de la OEA es una reafirmación de que Estados Unidos y sus aliados en la OEA trabajan arduamente por una salida negociada (nada nuevo) pero el retroceso consiste en que esta negociación se hará bajos las exigencias impuestas por Ortega, a raíz de la ofensiva criminal que ya suma más de 300 muertos, 260 desaparecidos y más de 2,000 heridos.

Para superar esta situación desventajosa, se requiere tener claridad de lo que ocurre.

El acto del 19 de julio

Después de las masacres perpetradas, la relación del FSLN con el movimiento de masas ha sufrido un cambio abrupto. Este es un hecho cualitativo. La relación clientelar, producto de los petrodólares de Venezuela, también influye en este distanciamiento de las masas con el FSLN.

Este año no hubo acto nacional inmenso, sino un modesto acto en Managua y algo similar en los departamentos. Incluso, los buses que acarreaban gente para los actos en las cabeceras departamentales, se apreciaban vacíos.

En Managua se concentra un tercio de la población del país, alrededor de dos millones de personas. A duras penas, con todos los recursos del aparato del Estado, el FSLN logró reunir unas 25,000 personas, menos del 2% de la población de esa zona. Habían espacios vacíos que fueron llenados con banderas ondeantes que creaban el espejismo de una plaza casi llena, pero jamás comparada con los años anteriores.

El problema no es llenar la plaza, porque en el periodo 1990-2006, en los años más duros para el FSLN, siempre llenó la plaza, apelando a las tradiciones revolucionarias del 19 de julio de 1979. El problema que tiene el FSLN bajo la conducción orteguista es que ese discurso se ha agotado y su relación con el movimiento de masas ha cambiado. Por eso afirmamos, sin temor a equivocarnos, que los problemas de la dictadura apenas comienzan. Los reveses serán superados en la medida que se imponga la claridad, y que producto de una discusión democrática, sepamos enrumbar nuevamente la revolución democrática.