Por Juan del Llano

Con un territorio de 419.000 km2 habitado en 1820 por 1.227.000 personas, hace 192 años que Centroamérica vivió el proceso de insumisión y rebeldías continentales para independizarse del decadente imperio español. Durante tres siglos sufrió la dominación militar, política y religiosa de la Capitanía General, la Audiencia y la Arquidiócesis de Guatemala, brazos autoritarios y expoliadores del Virreinato de la Nueva España.

Las provincias más pobladas eran Guatemala y El Salvador. Los habitantes de Nicaragua se concentraban en el área de los lagos y litoral del Pacífico. El este de Honduras era un espacio natural vacío y en el centro y el oeste habitaban dispersos algunos pueblos de indios. La mayoría de las gentes de Costa Rica vivían entre montañas, en el Valle Central. En 1800 el Virreinato de Nueva España perdió el territorio de Luisiana occidental que fue vendido por Napoleón I a Estados Unidos en 1803; y los gringos compraron La Florida a la corona española, en 1819.

De 103.000 personas inscritas en el censo de tributantes de 1778, casi el 70% eran indígenas guatemaltecos. En Costa Rica sólo el 1% eran contribuyentes. La población originaria era menor en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La fuerza de trabajo estaba compuesta por esclavos, indígenas sujetos a las encomiendas y a servía las familias aristócratas, la iglesia y los funcionarios militares y políticos. En menor grado, como jornaleros y trabajadores, mestizos, mulatos y ladinos mal pagados con especies, fichas o monedas.

Las normas fiscales introducidas en 1747, ataron a los pueblos de indios a los intercambios mercantiles, y las ordenanzas reales de 1785 crearon las intendencias de Chiapas, Salvador, Honduras y Nicaragua -incluida Costa Rica-. La monarquía pretendía satisfacer los apetitos de tierras, riquezas y dinero de los hacendados, funcionarios, clérigos y comerciantes locales, en consonancia con los privilegios de las clases dominantes de Guatemala.

En adelante alcaldes, corregidores e intendentes, comerciantes, especuladores de tierras y el alto clero, aumentaron la explotación y el hostigamiento sobre los pueblos de indios. Entre 1805 y 1809 el 80% de los ingresos de la corona provenían de los estancos y alcabalas. Un siglo atrás, los tributos indígenas proveían ese mismo porcentaje. De ahí que al final del período colonial renacieron los motines de indios motivados por los abusos de los funcionarios de gobierno, la rigurosidad en los tributos y las arbitrariedades en las cobranzas.

Otros rasgos constriñeron el crecimiento económico, agudizaron los conflictos, sociales, acentuaron el desigual sistema de enriquecimiento y el modo de vivir, y revivieron las disputas por el poder político: El carácter monopólico mercantil de la economía, la poca diversidad de la agricultura de exportación afectada, además, por la revolución industrial de 1760-1815, las exacciones de los gobiernos y el clero, la ausencia de libertades para desarrollar otros cultivos, los asaltos y saqueos de los piratas ingleses y zambos mosquitos en el Atlántico, y el difícil acceso al comercio con Europa y América del Sur a través del mar oriental. Las zonas de agricultura más productiva estaban en las tierras del Pacífico.

El movimiento anticolonial

Las posiciones anticoloniales de fuerzas sociales diversas y heterogéneas emergen con claridad diez años antes de la Independencia. En América del Sur, el proceso transcurrió con diferentes rasgos de lucha política entre 1810 y 1824. Las fuerzas populares irrumpen en los enfrentamientos militares a partir de 1812. Al principio, al lado de los monárquicos; después de 1814 alineadas en guerrillas regionales con los bandos en pugna. En 1817 el general Bolívar logró unificarlas y encauzarlas a la guerra anticolonial continental, mediante la incorporación de reivindicaciones e intereses populares a los objetivos de descolonización. El proceso culminó con la derrota del General Morillo y la liberación de Venezuela.

Esos alineamientos de las fuerzas económicas y sociales dominantes durante la colonia, adobados con las intenciones de suprimir la esclavitud y de apaciguar con reformas la situación de los indígenas, las clases trabajadoras y otros estratos medios, se expresaron con altibajos y acentos discordantes en las contiendas militares desatadas en los virreinatos de La Plata, Perú y Nueva España.

La guerra entre Francia y España de 1808-1814 y su desenlace en provecho de la burguesía liberal -manifiesto en las Cortes de Cádiz de 1810- abrieron entre las autoridades de los cabildos y de las audiencias de la Nueva España, el debate en torno a la titularidad de la soberanía ante la abdicación de Fernando VII. En México, las reformas de 1808 y el golpe reaccionario de1809, propiciaron la rebelión del cura Miguel A. Rojas Hidalgo y Castilla, el 16 de setiembre de 1810. El acontecimiento abrió la fase de transición a la guerra civil, a las proclamas de independencia de España y a la constitución de la monarquía de Agustín de Iturbide.

Después que Fernando VII fue reinstalado en el trono monárquico, las situaciones conflictivas y los forcejeos por el poder entre élites civiles, militares y religiosas locales, o entre estas con la burguesía y la aristocracia metropolitanas, crearon un vacío de poder. La efervescencia social urbana se acentuó debido a la crisis de la producción y comercio del añil y el desempleo de los jornaleros salvadoreños y nicaragüenses. El paro forzoso desplazó a la población de los campos, a las villas y ciudades.

Entre 1811 y 1814 el descontento social tomó un alto potencial insurreccional. Los levantamientos, a veces sin relación con el ideario separatista, se acompañaron con reivindicaciones económicas, jurídicas y sociales de beneficio popular. Exigían la destitución de los funcionarios y fiscales corruptos y represivos; demandaban la supresión o reducción de las alcabalas y el papel sellado. Plantearon la abolición del tributo indígena, la repartición de tierras, libertad para cultivar y comercializar tabaco, cacao y azúcar, o la reducción de sus precios.

En la evolución de estas rebeldías, los sectores populares se comportaron en forma más radical. Trataron de ajusticiar a esbirros de la monarquía y a altos funcionarios.   Al grito de “mueran los chapetones”, tomaron haciendas, saquearon tiendas, casas y almacenes, destruyeron garitas recaudadoras, hurtaron víveres, alimentos, ropas y herramientas de trabajo.

El quinquenio 1810-1815 fue el lapso de mayor violencia social, política y delictiva. Hubo cuatro enfrentamientos entre populares con las tropas de la monarquía. El primero en noviembre de 1811 en San Salvador, cuando se solicitó un obispado independiente de Guatemala. El segundo en diciembre de 1811 en Granada, debido al malestar por las ventajas políticas de León y la mala gestión del Intendente. La tercera de nuevo en San Salvador, en enero de 1814, inspirada por la insurrección de Morelos. La lucha más importante ocurrió en Guatemala en diciembre de 1813, organizada en los pasillos y la iglesia del convento de la orden de los Bethlemitas. Estos movimientos fueron disueltos y reprimidos en 1814 y 1815.

Pero lentamente fue configurándose una alianza de fuerzas revolucionarias entre los dirigentes de las familias criollas, los letrados pobres aspirantes a un empleo público y los miembros de las profesiones liberales a quienes se les negaba o regateaba el ejercicio profesional por razones de ideología política, a causa de sus lugares de nacimiento. Algunos pueblos de indios se sumaron a los rebeldes, recelosos o por medios coactivos.

En setiembre de 1820 las Cortes suprimieron las órdenes monásticas; restringieron la actividad de los mendicantes; prohibieron la propiedad a instituciones civiles y eclesiásticas; abolieron las exenciones de impuesto y otros privilegios de los obispos y sacerdotes, y el fuero militar para los oficiales de milicias. Tanto el clero como los soldados se enemistaron con el poder público por esas medidas liberales. El descontento amplió las simpatías por la alianza social que anhelaba y lideraba la independencia de Guatemala.

En 1820 entró de nuevo en vigencia la Constitución de Cádiz de 1812 y el clima legal propició la formación de facciones políticas. El grupo más intransigente lo formaba la oligarquía de hacendados y comerciantes exportadores, y elementos de clase media propagandistas de las ideas monárquico constitucionales o representantes liberales de la burguesía europea y Estados Unidos. Los periódicos El Editor Constitucional dirigido por Pedro Molina, y El Amigo de la Patria, de tendencia más moderada, editado por José Cecilio del Valle, atizaron los debates en torno al libre comercio y el constitucionalismo republicano. También avivaron el regionalismo.  

Guatemala fue epicentro de las confrontaciones y desenlaces. Las provincias de la periferia decidieron a tono con los sucesos que ocurrían en la Capitanía General y la sede del Virreinato. Las actas separatistas se proclamaron después que Yucatán declaró la independencia de España y reconoció el poder de Iturbide, en el Plan de Iguala, el 15 de setiembre de 1821. La separación se consumó en la Intendencia de El Salvador el 29 de setiembre; al día siguiente lo hizo la diputación de León, y en misma fecha, Nicaragua. Los cabildos de Costa Rica sesionaron aparte de los delegados de Nicaragua y el 1 de noviembre del mismo año depusieron al gobernador español. En Honduras, desde el principio Tegucigalpa se anexó a Guatemala y Comayagua al imperio mexicano.

BIBLIOGRAFIA

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