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Por Sebastian Ernesto González

En el mes de agosto 2022 se abrió el abanico para las autopostulaciones de convertirse en uno de los nuevos 15 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Las postulaciones cerraron con una cantidad de 185 notarios, dentro de los cuales, seis son miembros actuales que permitieron la reelección ilegal del narcotraficante Juan Orlando Hernández. De la cantidad inicial se mantienen 101 postulantes que se encuentran en la etapa de entrevistas y, en ese listado, permanecen los seis magistrados que intentan reelegirse; Jorge Abilio Serrano, Edgardo Cáceres Castellanos, Maria Fernanda Castro, Rafael Bustillo Romero, Jorge Alberto Zelaya y Edwin Ortiz Cruz.

Según la víspera así es la fiesta

Si de algo hay que estar seguro es que, la actual CSJ ha sido la mas corrupta en la historia del país, quizás, hasta logró superar el “realismo mágico” colombiano o el descarado papel judicial mexicano. Dentro de los postulantes que aún se mantienen dentro de los 101 candidatos, muchos de ellos han sido señalados de tener vínculos con el narcotrafico o bien, coludidos con los asquerosos casos de corrupcion en el régimen juanorlandista.

La corte actual fue electa entre enero y febrero del 2016 y su duración es de 7 años, para la elección de la misma se requirió mas tiempo del usual y para lograr el propósito del entonces presidente del país, Juan Orlando Hernandez, circuló muchos millones de lempiras provenientes del narcotráfico.

La decisión más descarada de sometimiento al poder Ejecutivo que tuvieron,   fue permitir la inscripción ilegal en las elecciones internas del Partido Nacional en el 2017, del entonces presidente Juan Orlando Hernández, para luego imponerse en las elecciones generales mediante un escandaloso fraude en noviembre del mismo año, lo que generó una convulsión social y política que duró varias semanas. La complicidad de la actual CSJ también ha sido con respecto a los gigantescos casos de corrupción en el que una banda criminal muy bien organizada se apoderó de la administración del Estado, facilitando de esa forma el drenaje de miles de millones de lempiras.

Otra decisión muy cínica fue en el 2022, cuando Juan Orlando Hernández estaba en proceso de extradición, le facilitaron la oficina oficial donde sesionan los 15 magistrados, para que realizara un video en el que envió un mensaje a la población hondureña insistiendo en que es inocente.

La Junta Nominadora encargada de enviar un listado al Congreso Nacional, no menor a 45 postulantes ha recibido muchos elogios por todos los sectores, sin embargo, no deja de generar sospechas el simple hecho de que aun se mantengan en el listado muchos candidatos plenamente identificados con casos de corrupción, además, las reiteradas declaraciones públicas de la embajadora estadounidense Laura Dogu y de la representante de la ONU en el país, Alicia Shackelford, manifiestan un marcado interés en imponer una CSJ que siga cumpliendo los objetivos del imperialismo estadounidense sin importar si esta es corrupta o ligada al narcotráfico, tal y como sucede en la que está por culminar su período.

El  jueves 5 de mayo trascendió la noticia de una reunión de diputados del Partido Nacional con la embajadora Laura Dogu, la señora embajadora publicó en su cuenta de twitter “Conversamos sobre transparencia y lucha contra la corrupción y cómo la CICIH puede avanzar en esto. Esta lucha es crucial para estimular crecimiento económico”. Quizás, el mensaje tendría validez si la reunión se hubiera realizado con el polémico  Pastor “Chago”, sin embargo, tratándose de quienes dirigen el Partido Nacional, solamente arbre las sospechas de una conspiración que terminará abriendo una nueva crisis social.

El pueblo debe mantenerse alerta ante cualquier intento de un nuevo golpe técnico

Abrir una nueva crisis social y política en el país sería nefasto para la población, ya de por sí, muy afectada por los doce años del régimen cachureco-liberal. Si bien es cierto, el gobierno de doña Xiomara ya tuvo su prueba de fuego en enero del 2022, antes de la toma de posesión, una crisis dentro del Partido LIBRE que aún no cicatriza, según lo que se vislumbra, esta nueva Corte Suprema significará el inicio de una nueva etapa en el país o por el contrario, el inicio de un nuevo golpe de Estado técnico.

Ell 70 % de la población que linda en la pobreza o pobreza extrema, requiere de una Corte Suprema de Justicia imparcial y que combata de frente la corrupción en la administración del Estado. Pero, además, se requiere que los violadores de los derechos humanos sean castigados por la Ley, que los que permitieron la reelección ilegal de JOH sean penalizados como lo ordena la Constitución de la República y, lo más importante: no permitir otro Golpe para imponer una banda criminal que se adueñe del país.