Por Carlos M. Licona

En diciembre de 2011 el Congreso Nacional controlado por el Partido Nacional aprobó las reformas al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) en el que se eliminaron muchos derechos concedidos por la Ley de 1982. Uno de los principales derechos eliminados fue el de obtener una jubilación digna, la Ley de 1982 ordenaba que todo docente al jubilarse debía obtener mensualmente el 90 % del salario promedio de los últimos 36 meses, con la reforma hecha en el 2011 el cálculo se hace con el salario promedio de los últimos 180 meses, disminuyendo la pensión a una ridícula cantidad mensual.

Los docentes al jubilarse, inmediatamente pierden el derecho a ser atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), obligándolos a buscar atención médica en hospitales privados o los públicos que, generalmente, pasan colapsados. Además, mientras todos los empleados del sector público y privado tienen el derecho al “Auxilio de Cesantía” al jubilarse voluntariamente, los maestros hondureños carecen de ese derecho.

Un docente mientras está con vida recibe su pensión mensual, sin embargo, al morirse, sus beneficiarios reciben el equivalente a 60 rentas. De ahí que, demagógicamente y para congraciarse con el magisterio después de ensañarse contra el gremio durante 10 años, en el Congreso Móvil realizado en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en el 2019, el Partido Nacional aprobó el Decreto 57 donde se estipula que todo maestro jubilado con la Ley de 1982 tiene la opción de elegir el recibir las 60 rentas mientras está con vida o bien, no hacerlo y dejar el beneficio a los herederos.

El Decreto Legislativo 57-2019 fue publicado en La Gaceta el 26 de octubre de 2021, haciendo oficial el derecho a solicitar en vida el pago de las 60 rentas según el reglamento aprobado. Sin embargo, la Ley es excluyente ya que, deja al margen a los centenares de docentes pensionados con las reformas hechas en diciembre de 2011.

Los estados financieros del INPREMA deben ser públicos

Según los comisionados interventores del INPREMA, pagar las 60 rentas a los jubilados es descapitalizar la institución, Héctor Díaz, uno de los comisionados, indicó que “cumplir esa petición es casi inalcanzable, ya que se requeriría de al menos 17 mil millones de lempiras, un impacto económico que puede desestabilizar la cartera de la institución, asimismo, afectar los beneficios de los 65 mil maestros activos”. EH (11/08/2022).

Los dirigentes de los seis colegios magisteriales han caído en el juego del argumento de la “descapitalización del INPREMA” y, ya no ejercen presión para consensuar una Ley General que otorgue el beneficio en vida a todo el magisterio o en su defecto, aprobando el “Auxilio de Cesantía”.

La base del magisterio junto a los jubilados deben sentarse a definir una estrategia que en primera instancia, exijan conocer los estados financieros del INPREMA de tal forma que, se tenga una visión global de los mismos. La Ley del “cachureco” Mario Pérez, aprobada demagógicamente en el 2019 es excluyente, se debe exigir una Ley que sea para todo el magisterio que aporta a la institución, y, en la que, según el estudio actuarial de la institución se otorguen en vida no necesariamente las 60 rentas, pueden ser 50, 40 o 30, pero que sea en vida y que; ¡sea un derecho para todos los maestros!.

El discurso de la descapitalización del INPREMA es antiguo y únicamente lo utilizan cuando se trata de favorecer a los afiliados. Durante los 12 años de la narcodictadura entregaron el capital a la banca privada y estos, con elevadísimos intereses lo prestaban a los mismos docentes. También tomaron miles de millones de lempiras y los invirtieron en el Centro Cívico Gubernamental y en el aeropuerto Internacional Palmerola, lo que significa que la Institución nunca ha estado en peligro.

Otro argumento falaz es pretender hacer creer que todo el magisterio se jubilará de un solo, además, si el régimen anterior congeló las plazas de los que se jubilaban, este gobierno tiene la obligación de nombrar un nuevo maestro en cada plaza vacante, de hecho, el Concurso Docente que aún está en proceso es para nombrar maestros, de esta forma el INPREMA siempre se estará capitalizando.

Unidad para exigir también el derecho al IHSS

El magisterio no debe caer en el juego de dividir una lucha entre jubilados con la Ley de 1982 versus pensionados con la reforma de la Ley en el 2011, la exigencia debe ser pareja y justa para todos, además, también hay que exigir el derecho al Seguro Social una vez que se obtiene la jubilación. El gobierno de doña Xiomara Castro está en la obligación de cumplir.