Por M.M

Organizaciones no gubernamentales como Oxfam, en conjunto de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la Clark University, lanzaron un informe relacionado con las concesiones mineras en el país, titulado “territorios en riesgo (2018)”.

El resumen del informe en cuestión, indica que hasta el año 2015 existían 165 concesiones de explotación minera, que ocuparían un 0.86% (964 Km2) del territorio nacional. Sumado a esto, si se tomaran en cuenta las solicitudes realizadas para áreas de concesión, vendrían a ser entonces, unas 610 concesiones en total.  El informe también menciona todo el marco general que involucra el tema de las concesiones, como ser también las prohibiciones que establece la Ley General de Minería de Honduras, donde excluye como sitios de concesión, las áreas protegidas, las hidrocuencas, el patrimonio nacional, entre otras.

“Actualmente existen 25 traslapes entre áreas protegidas del SINAPH [Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras] y concesiones mineras metálicas y no metálicas. De acuerdo a la actual Ley General de Minería, las áreas protegidas son tomadas como zonas de exclusión de derechos mineros siempre y cuando estén inscritas en el CPPFI. No obstante, hasta el 2015, solo el 1.72% de la superficie acumulada de las 91 áreas protegidas declaradas y propuestas del SINAPH están inscritas. Con esto se puede concluir que, mediante la Ley General de Minería del 2013, se puede concesionar en el 98.28% (4,969,232.46 Ha) de las áreas protegidas del SINAPH sin importar que en sus decretos de creación esté prohibida la minería…”

Estos datos vienen a dar una alerta en las políticas que los gobiernos bipartidistas vienen promoviendo desde hace años, sin ningún respeto de los territorios ocupados por comunidades indígenas y campesinas que priorizan la vitalidad de zonas productoras de agua, de vocación agrícola y forestal. El gobierno nacionalista, con sus 8 años de gobierno que representó Pepe Lobo (2010-2014) y el primer periodo de Juan Orlando (2014-2018), y con el nuevo periodo también fraudulento e ilegítimo de este último (2018-2021), sumaría ―si las luchas populares no se reinician―, 12 años en los cuales se han intensificado las arremetidas en contra de las leyes ambientales y la sistemática venta del territorio nacional.

Las instituciones que tienen que velar por el cuidado de las reservas y áreas protegidas, como ser el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Mi Ambiente, entre otras, no cumplen a cabalidad con las negativas que tendrían que darse a las solicitudes de explotación minera, hidroeléctricas y demás industrias extractivas. Ocurre lo mismo con la defensa de los derechos indígenas, pues los convenios y tratados suscritos por el Estado de Honduras, como ser el Convenio 169 de la OIT, no se cumplen; y hasta conlleva en varios casos la manipulación de consultas a las comunidades o la ausencia de las mismas, y el consentimiento de ciertas instituciones a pesar de las notorias irregularidades en los casos. El Congreso Nacional tiene su parte también de responsabilidad por las aprobaciones a raja tabla y sin discusiones suficientes, de “iniciativas” que apuntan al saqueo y concesionamiento del territorio; los diputados que votan a favor de estas ventas desmesuradas de nuestro territorio, también son responsables directos.

Peregrinar a la capital para dar a conocer el despojo y el saqueo

Las peregrinaciones de los pueblos indígenas forman parte de una etapa que comienza en la década de los años 90 del siglo XX, y que continúa persistiendo en la actualidad. En aquellas extenuantes caminatas de cientos de kilómetros, apegadas a la religiosidad popular según lo expresa el historiador Marvin Barahona, se mostraban, de una forma muy auténtica, varias de las problemáticas que tenían su origen más próximo en el conflicto directo con el Estado y los terratenientes ―principales acaparadores de tierras.

“Las peregrinaciones, vinculadas históricamente a la religiosidad popular tradicional, se transformaron desde 1994 en un instrumento político para movilizar a los indígenas del occidente, que esperaban obtener del Estado el reconocimiento de sus demandas.”

Desde 1994 hasta el año de 1997 hubo cuatro peregrinaciones que emplazaban al Estado al cumplimiento de demandas que tenían que ver con la titulación de tierras, la construcción de obras en las comunidades, entre otras demandas, como ser la libertad de varios miembros de las comunidades que fueron apresados según Barahona, por sus afrentas directas con “terratenientes, militares, políticos, madereros y ganaderos.”  Si bien el nuevo ciclo de gobiernos “democráticos” daba la cara a medias sobre el tema de las peregrinaciones, concediendo a duras penas las demandas de estos grupos, y ratificando convenios como el 169 de la OIT en 1994, las circunstancias desfavorables para las poblaciones indígenas persistieron.

Los casos de represión gubernamental hacia estos grupos ya llevan una enorme cantidad, y en el caso de las luchas emprendidas en contra de la instalación de hidroeléctricas y mineras, ya es de conocimiento público la persecución y el asesinato de representantes de varias comunidades, entre ellos lencas y tolupanes.

Las élites económicas, fieles representantes de la burguesía financiera en el país, esas familias que usualmente conocemos como “árabes”, entre ellos los Atala; en confabulación de otros empresarios y funcionarios públicos metidos en las dependencias encargadas de la energía renovable como Elzia Paz, y también representantes del Partido Nacional como Gladis Aurora, son los responsables en la actualidad, de la fractura de estos movimientos, precisamente, por las conspiraciones que dan como resultado el asesinato de varios líderes indígenas.

Tal parece que, ante todas estas arremetidas en contra de los defensores de los ríos, territorios y bosques, era más que necesario, dar pie a una nueva jornada de peregrinaciones que pusiera en cuestión las administraciones de los gobiernos –todas nacionalistas– que siguieron rudamente las políticas de concesionamiento desde el golpe de estado del año 2009.

Los primeros días de abril del presente año, fueron las fechas en que varios indígenas del departamento de Intibucá, en masivas caminatas desde sus territorios, arribaron a la capital con exigencias al gobierno de turno. La peregrinación liderada por la Coordinadora Popular Indígena de Honduras (CINPH), inició desde la Esperanza, y desembocó en las afueras de la impenetrable casa presidencial.

“A su llegada a Tegucigalpa el pasado martes, los indígenas pedían al Gobierno la liberación de seis de sus compañeros encarcelados, además para que no se cierre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y que se condone todas las deudas.”

Los motivos de esta nueva peregrinación, habrá que encontrarlos en la precariedad económica que aqueja a una gran cantidad de familias que trabajan en el campo. Los mismos indicadores de pobreza e inequidades a nivel internacional, promovidos por entidades como el PNUD, a través del Informe sobre desarrollo humano en el país, sugieren que “las inequidades en la propiedad y la distribución de la tierra también tienen un impacto negativo en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.” 

El acceso al crédito ha sido uno de los problemas que los campesinos tienen a la hora de poder trabajar sus parcelas de tierra, y es un problema que vienen denunciando desde hace mucho tiempo. En el Informe sobre desarrollo humano del año 2011 –9 años después no varían ciertos resultados–, se demuestra que la política de crédito de los bancos no abarca a la mayoría de familias hondureñas: “la banca comercial tiene sus propias condiciones y términos que, por regla general, resultan excluyentes para los más pobres.”

En definitiva, las peregrinaciones actuales de las comunidades indígenas, vienen a ser un gran reflejo de la crisis social en la que nos tienen postrados los gobiernos sucesivos del bipartidismo, y especialmente luego del golpe de estado del año 2009 con las administraciones de los nacionalistas. Las lecciones que debemos sacar las agrupaciones y colectivos de jóvenes opositores a la dictadura, es la constancia y resistencia que estas comunidades mantienen a pesar de haber tenido en su contra todo un sistema de explotación colonial; posteriormente las políticas de expropiación de tierras de los liberales en el tiempo republicano; y más recientemente, las ofensivas de un modelo económico extractivo que forma parte de las políticas de los gobiernos que son herederos de la “transición democrática” de los años ochenta.