Por Marcos Galicia

En medio de luces y sombras se aprobaron en el Congreso de la República 4 reformas a la ley que regula a la Policía Nacional Civil (PNC). Cambios que recuerdan a los abusos contra los derechos humanos cometidos por la extinta Policía Nacional (PN) durante el conflicto armado. Precisamente para evitar que se repitan dichos abusos, se reformó a la PN durante los acuerdos de paz, y derivado de esa reforma se creó a la actual PNC.

Dentro del planteamiento de la lucha de clases, la policía ha sido, históricamente, el brazo armado modernizado de las élites. Guatemala no ha sido la excepción. Desde el PSOCA hemos denunciado los violentos desalojos a manos de la PNC y el ejército a favor de finqueros, terratenientes y empresas extractivistas -incluyendo hidroeléctricas-.

La primer reforma, y la que más preocupación ha generado, ha sido el artículo 60, el cual establece que “siempre que los integrantes de la PNC, en el ejercicio de sus funciones dentro del servicio y en el pleno cumplimiento del deber, deban utilizar sus armas de fuego y como consecuencia el agresor resultare herido o falleciere, se presumirá que ejecutaron un acto ordenado o permitido por la ley, en el ejercicio del cargo público que desempeñan, de la profesión a la que se dedican, de la autoridad que ejercen o de la ayuda que presten a la justicia”.

Desde sectores indígenas y campesinos se denunció que esta modificación blindaría a la policía quitándoles toda responsabilidad en caso de que hagan uso de armas letales para reprimir desde delincuentes hasta población civil. Hay momentos de la historia reciente que nos demuestran que la policía ha utilizado la letalidad para imponer el actual sistema económico y social que empobrece a la mayoría de la población, principalmente a los pueblos indígenas y campesinos, a quienes se les despoja de sus territorios.

Tal es el caso de las represiones del 21N en 2020 en donde la población se manifestó en contra del presupuesto nacional del año 2021, en donde el expresidente Alejandro Giammattei y su régimen se recetaron un presupuesto que iba destinado a la corrupción. Durante esa manifestación hubo uso excesivo de la fuerza policial, que dejó a personas con lesiones graves en los ojos y a otras detenidas injustificadamente. Pero la represión en las áreas rurales es mucho más brutal, como los desalojos contra comunidades indígenas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, entre otros.

Esta modificación representa una gran amenaza para el país ¿por qué? Si Consuelo Porras y su camarilla logran expulsar al gobierno de Movimiento Semilla, será un momento de represión y persecución más amplio. Y si no fuere ese el caso, el retorno de una derecha extrema al país después de este periodo presidencial también podría aprovecharse de esta modificación para reprimir toda protesta o manifestación.

El otro artículo es el 10 en su inciso b: que establece que la PNC podrá “investigar la comisión de hechos constitutivos de delitos o faltas e informar al MP sobre el curso de investigación por iniciativa propia, denuncia o a requerimiento del MP”. Curiosamente esto fue muy mal visto por el Ministerio Público y la oposición del ex partido oficial VAMOS. Luego tenemos la adquisición de cámaras para policías para que se pueda grabar qué hacen durante el tiempo que estén en funciones, pero esto solo aplica para los policías de a pie y excluye a los medios y altos mandos, que tampoco están exentos de corromperse.

Y, por último, está el aumento salarial con un bono para la PNC. El aumento salarial, sumado al bono de mil quetzales, es un pequeño avance, pero sigue siendo poco frente a una canasta básica que casi duplica el salario mínimo. Este esfuerzo por dignificar el trabajo policial es algo que fue bien recibido por dicha institución y otros sectores vinculados a la prevención de las violencias. Existen testimonios que relatan que la precariedad salarial de la PNC propicia actos de corrupción y soborno, este paso podría ser un experimento que podría salir mal porque esto va adjunto a la reestructuración de la PNC con reformas en donde se concentra aún más el poder en los altos mandos.

Cabe mencionar que estas reformas forman parte de acuerdos políticos entre el gobierno oficial de Semilla y la oposición para garantizar maniobrabilidad política y gobernanza en medio del descontento de la población, que tenía muy altas expectativas para este nuevo gobierno. Nuevamente los acuerdos excluyen a las clases trabajadoras y campesinas y demuestran el carácter burgués del gobierno, que no desafían a la oligarquía si no que se acomoda al status quo.