Por Leonardo Ixim

Los juicios contra personajes involucrados en prácticas represivas en la guerra interna se encuentra en un dilema, en lo que respecta a  ex militares responsables por graves violaciones a los derechos humanos en el marco contra población civil desarmada.

En el contexto que se están llevando a cabo, partimos os procesos de justicia transicional están agotados, esto tanto al hecho que no existe una movilización en torno a la exigencia por verdad y justicia; como por el hecho que tales juicios se están llevando en un sistema de justicia controlado por fuerzas que provienen de la contrainsurgencia desde la década de los 90s del siglo pasado.

La justicia transicional generó  esperanzas para las víctimas de que durante el régimen político que se conformó tras la firma de la paz entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG ) y la implementación de los Acuerdos de Paz, se iba lograr la democratización del Estado burgués. Sin embargo, esa implementación no solo fue limitada, sino tampoco tenía como horizonte esa transformación.

Uno de los casos es por genocidio contra el pueblo maya ixil contra Benedicto Lucas García en 1981 que era jefe del Estado Mayor Conjunto y inicio una serie de campañas militares en el occidente del país para la recuperación territorial contra zonas bajo algún tipo de control de parte del Ejército Guerrillero de los Pobres, integrante del otrora frente político-militar 

Esto a raíz que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones Marco Tulio Pérez Lemus, Jorge Emilio Morales Quezada, presididos por la magistrada Miriam Regina Brolo Salazar de Córdova, con su resolución del 28 de noviembre de 2024, ordenaron que el Tribunal Primero de Sentencia Penal por procesos de Mayor Riesgo grupo A, detenga la fase final del juicio al general retirado (Notas de Coyuntura por El Observador, 03/12/2024)

Esto porque según El Observador citando a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación evitaron la sentencia que estaba por emitirse por la comisión de genocidio y la responsabilidad directa 19 masacres, desaparición forzada, tortura y violación sexual ha 1800 víctimas menciona esta asociación (Ídem).

Los acusados fueron además de Benedicto Lucas,  César Octavio Noguera Argueta (fallecido durante el juicio, en enero de 2020) y Manuel Antonio Callejas y Callejas (apartado del caso por motivos de salud, en enero de 2024). Los dos últimos fueron condenados en el 2018 por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la detención y violación sexual de su hermana Emma Guadalupe.

Por otro lado otro caso es el de la desaparición forzada de la base militar de Coban – al norte del país- ahora denominada CREOMPAZ . Sobre este caso la Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por los magistrados Miguel Enrique Catalán, Eva Recinos y Jaime Amílcar González Dávila, emitió un fallo que anula, desde su inicio, lo actuado en el caso y también las órdenes de captura emitidas en contra de los militares, la prisión preventiva en su contra y la apertura de juicio (Prensa Comunitaria 05/11/24).

Aquí nuevamente es beneficiado Lucas García, junto a Raúl Dahesa Oliva quien era jefe de esa base cuando ocurrieron los hechos, y otros militares como Carlos Garavito, Cesar Cabrera, Byron Barrientos quien fue ministro de gobernación, Edgar Ovalle ex diputado del desaparecido FCN Nación que llevo a Jimmy Morales a la presidencia y otros. Ante eso la Asociación de Familiares Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) apelo la decisión.

De igual forma la Corte de Constitucionalidad avalo la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo B que anulo las órdenes de captura contra Tarso de León Maldonado y Edgar Eugenio Méndez, ex agentes del cuerpo de detectives de la desaparecida Policía Nacional y miembros encubiertos de la inteligencia militar, por el caso Diario Militar, que fue un operativo en el ámbito urbano contra miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, en 1984.