Por Armando Tezucún

El martes 26 de noviembre, en sesión plenaria, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional, con 127 votos a favor, una moción presentada por los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, para reformar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta decisión, producto de las alianzas tejidas por el oficialismo en el legislativo, apunta a dejar sin efecto la suspensión provisional de la personalidad jurídica de Semilla por supuestos delitos electorales, la cual fue dispuesta por el juez séptimo penal, Fredy Orellana, en julio del año pasado, previo a la segunda vuelta electoral en 2023, utilizando precisamente esta ley.  

Tras la reforma, el artículo 82 de esta ley establece que la normativa no será aplicable “a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica, o bien, a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y/o cancelación, se encuentra únicamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos” (La Hora 26/11/2024).

Los diputados de Semilla celebraron la decisión del legislativo con declaraciones triunfalistas: “Que le quede claro al juez golpista Fredy Orellana, a la fiscal general María Consuelo Porras, que sus esfuerzos por bajarse la democracia no los vamos a permitir. Hoy Movimiento Semilla comienza a recuperar sus facultades” … “Le estamos diciendo a los golpistas ya no más uso de artimañas legales para perseguir a la oposición política. Queremos un país donde la ley se respete y prevalezca la voluntad por sacar a Guatemala de las rejas de la corrupción” (Prensa Libre 26/11/2024).

Era de esperarse que la reforma al artículo 82 de la mencionada ley, al ser publicada en el diario oficial, diera por inválida la suspensión de Semilla, recuperando sus diputados los derechos que no han podido ejercer al tener el status de diputados independientes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró que considera que Semilla no está suspendido, porque un juez penal ordinario, como Orellana, no tiene la facultad de suspender a un partido político.

Sin embargo, el 28 de noviembre, el juez Orellana, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por el infame fiscal Rafael Curruchiche, procedió a cancelar definitivamente la personalidad jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Movimiento Semilla. La solicitud fue hecha en base a sentencias condenatorias dictadas, mediante el procedimiento de aceptación de cargos, contra cuatro personas, en el marco del caso ‘Corrupción Semilla’; estas personas son Ligia Hernández, José Rueda, Jennyfer Estrada y Katherine Estrada. En el caso de Hernández, militante de Semilla y directora del Instituto de la Víctima, estuvo detenida desde agosto, y decidió aceptar los cargos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, debido a la mala salud y quebrantos psicológicos resultantes de su estadía en prisión; logró su libertad al declararse culpable.

El juez Orellana notificó al TSE de su decisión, y la FECI envió una carta al tribunal electoral en la que amenazó con persecución penal a los funcionarios del mismo si no acataban la orden. Ante las amenazas del Ministerio Público (MP), el Registro de Ciudadanos del TSE decidió acatar la disposición y cancelar al partido oficial el 29 de noviembre.

Las acciones del MP, la FECI y el juez Orellana, plagadas de ilegalidades y violaciones a procedimientos legales que sería muy largo enumerar acá, han desatado una serie de acciones ante las cortes por parte de los diputados de Semilla; éstas han puesto al descubierto la complicidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los recién electos magistrados de las Cortes de Apelaciones, con las estructuras corruptas del MP.

La bancada de Semilla, al igual que el presidente Arévalo, ha optado por enfrentar en su propio terreno a las mafias enquistadas en el sistema de justicia, donde se va a enredar en argucias legales sin fin. No nos cansamos de insistir en que las mafias corruptas sólo podrán ser expulsadas por una poderosa movilización popular que presione en las calles, carreteras y centros de trabajo por la salida de los funcionarios que atentan contra la democracia y las libertades. Semilla y Arévalo nunca van a convocar a esta movilización, porque privilegian su alianza con los empresarios y con los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Hacemos un llamado a aquellas dirigencias sindicales y populares que aún creen en Arévalo, a que desechen esas esperanzas y se empeñen en organizar acciones generalizadas contra las mafias, que a la vez reclamen al gobierno el cumplimiento de promesas y la pronta solución a los problemas del pueblo trabajador.