Por Armando Tezucún

El 29 y 30 de septiembre la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), allanó una vez más la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestrando con lujo de fuerza las actas 4 y 8 del proceso electoral, que reflejan el recuento de votos a nivel de las mesas receptoras de votos y de las Juntas Electorales. Esta acción ilegal emprendida por el MP para socavar los resultados del voto popular, ha conducido a las movilizaciones de protesta más importantes desde 2015.

Miles de personas protestan en todo el país

El 29 de septiembre, la organización de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas convocaron a la realización de plantones, manifestaciones y bloqueos de carreteras a partir del lunes 2 de octubre, con el fin de exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez séptimo Penal Fredy Orellana. La Junta Directiva de los 48 Cantones publicó un comunicado anunciando que “Nos declaramos en paro nacional indefinido desde el día lunes 2 de octubre de 2023 haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país a sumarse a la protesta” los funcionarios mencionados “…con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y su orden constitucional” (Prensa Libre 30/09/2023). Los compañeros también indicaron que no han recibido respuesta sobre los memoriales entregados el 18 de septiembre a varias instituciones estatales, y por tanto han tomado la decisión de iniciar el paro nacional indefinido.

Otras organizaciones empezaron a unirse a la convocatoria, como el Consejo de las Autoridades Ancestrales del Departamento de Guatemala, que hizo un llamado a las organizaciones colectivas, estudiantes, taxistas, transportistas, motoristas, iglesias, sindicatos, mujeres y población en general de la capital a sumarse al paro.  

Las acciones iniciaron a partir de las cinco de la mañana del 2 de octubre. Los compañeros del Parlamento Xinca y los 48 Cantones se ubicaron en los puntos de carreteras de la Cumbre de Alaska, la Morería, Cuatro Caminos, Xecachavox y la salida hacia el departamento de Quiché. En Quetzaltenango, la alcaldía indígena de Olintepeque y el Consejo Maya K´iche´ cerraron el paso que conduce a la cabecera departamental y que es un punto de traslado hacia los departamentos de Quiché y Totonicapán. En la ciudad capital una marcha salió de la zona 18, dirigiéndose hacia la sede del MP, en la zona 1, donde permanece un plantón de cientos de personas.

Las acciones de las organizaciones han ido incrementando con el transcurso de los días. El día dos hubo 23 bloqueos en 12 departamentos del país. El martes 3 fueron reportados otros 23 bloqueos, algunos en los mismos lugares, otros en distintas ubicaciones, destacando el bloqueo a Puerto Quetzal, uno de los más importantes del país. Normalmente estas tomas de carreteras son liberadas en horas de la tarde, para ser retomadas al día siguiente; la excepción ha sido el plantón frente a la sede del MP en la capital, que ha sido permanente.

El miércoles 4 la cantidad total de bloqueos subió a 35. En horas de la noche una nutrida marcha de estudiantes de la Universidad de San Carlos arribó a la sede del MP, para reforzar el plantón. Ese mismo día un contingente de antimotines, acompañado de choferes de camiones, disolvió por la fuerza el bloqueo en Puerto Quetzal; de igual manera, antimotines intentaron entrar a Totonicapán para disolver el bloqueo en Cuatro Caminos, pero la población organizada tapó los accesos a la localidad.

El jueves 5, los lugares bloqueados ascendieron a 49, incluyendo nuevas ubicaciones en municipios cercanos a la capital, como Villa Nueva; en Quetzaltenango miles de personas participaron en una manifestación, incluyendo universitarios, taxistas, vecinos y comerciantes de mercados. En la capital, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Rafael Landívar realizaron un plantón a la altura del Centro Cívico, zona 4, y la Universidad del Itsmo se solidarizó con las acciones. Al plantón frente al MP se unieron médicos del Hospital San Juan de Dios.

El viernes 6 los lugares bloqueados llegaron a entre 58 y 62, dependiendo de la fuente de información. El cuerpo de médicos del Hospital Roosevelt, uno de los más importantes de la capital, se declaró en sesión permanente por tiempo indefinido, hasta que se logre la renuncia de los funcionarios nefastos. La Universidad del Valle, la Universidad Mesoamericana, el Liceo Javier y el Colegio La Asunción se solidarizaron también con las demandas populares. Ese mismo día, cientos de personas participaron en manifestaciones en las ciudades de Quetzaltenango y San Marcos.

En una medida de suma importancia, representantes de vendedores de 23 mercados cantonales y 14 satélites de la capital, declararon que dan 48 horas a Porras, Curruchiche y Orellana para que presenten su renuncia; de lo contrario, el lunes 9 estarían cerrando todos los mercados, y obligando a los restaurantes, supermercados y centros comerciales a cerrar. La gremial de taxistas acuerpó los bloqueos de los estudiantes sancarlistas, y una caravana de motociclistas repartidores se unió a las protestas.

El sábado 7, los puntos bloqueados sumaron 94, en los 22 departamentos del país, incluyendo algunas vías de importancia en la ciudad capital. El domingo 8, hacia el mediodía, el reporte era de 71 puntos bloqueados.

Los intentos de diálogo

El miércoles 4 de octubre, la Procuraduría de los Derechos Humanos auspició un primer acercamiento entre los dirigentes de los 48 Cantones y representantes del MP. Estos últimos afirmaron que solamente están dando seguimiento a denuncias recibidas y que los resultados de las elecciones no cambiarán, pues ya fueron oficializadas por el TSE. Ante el reclamo de los líderes indígenas sobre el uso de violencia en la ilegal sustracción de las actas, el representante del MP insistió en que ellos están actuando en apego a la ley. El diálogo finalizó sin acuerdos y los compañeros indígenas declararon que continuarían con las protestas.

El día 5, el presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, expresó que enviarían una carta a las embajadas de varios países y a la comunidad internacional, para denunciar los ataques contra la democracia en Guatemala. La carta fue enviada al Parlamento Europeo, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la ONU, a la OEA y a embajadas de 20 países de América y Europa. Pacheco dijo que “Nosotros vamos a presentarles -la carta- y pedirles el respaldo para que tal vez de esta forma logremos que presente la renuncia -Consuelo Porras- “(Prensa Libre 5/10/2023). Consideramos que es un grave error de parte de los compañeros esperar que la problemática que enfrenta el pueblo guatemalteco la resuelvan los países imperialistas, sus organismos internacionales y los gobiernos burgueses subordinados a su influencia.

Esto sería coincidir en la misma línea que está tomando el presidente electo Arévalo y su partido Semilla, al buscar la venia del gobierno imperialista de Biden y su aliado mexicano Amlo en su reciente gira por esos países. Al imperialismo no siempre le conviene ser aliado de los gobiernos autoritarios, dictatoriales y corruptos; a veces gira al lado contrario y apoya a gobiernos más abiertos y “democráticos”, que permiten apaciguar las luchas de las masas y construir un ambiente de “paz social”. Esto no hace al imperialismo “menos malo”, es el juego de sus intereses, sobre todo cuando se trata de contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región, los imperialismos rivales. Son las propias fuerzas populares y sus organizaciones las que tendrán que ganar a pulso sus demandas, poniendo de rodillas a los corruptos.

El 6 de octubre los compañeros de los 48 Cantones presentaron un memorial solicitando al presidente Giammattei una cita de emergencia ese mismo día para “…dialogar con usted sobre la difícil situación del país y acerca de la necesidad urgente de que usted destituya a la fiscal general Consuelo Porras, por existir múltiples razones que justifican la causa de su remoción…” (Prensa Libre 6/10/2023). La solicitud quedó sin respuesta. Para este menester solicitaron al cardenal Ramazzini que sirviera de mediador.

En otro nivel, ese mismo día Luis Almagro, secretario general de la OEA, dio a conocer que fue aceptada una solicitud del gobierno de Giammattei para efectuar tareas de mediación entre representantes de las protestas y el gobierno. La solicitud fue firmada por el canciller guatemalteco Mario Búcaro, y pide que se inicie un proceso de mediación, estableciendo mesas de diálogo “…para coadyuvar a la cohesión social del país” (Prensa Libre 6/10/2023). Sin duda Arévalo aceptará diligentemente la mediación del organismo imperialista.

Hay otros aspectos de la coyuntura actual que por rezones de espacio no podremos exponer. Solo cabe destacar que el 5 de octubre, el presidente electo Arévalo participó en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), organizado por Fundesa, estrechamente vinculada a la coordinadora de cámaras empresariales, Cacif. El presidente de Fundesa, Juan Carlos Paiz, hizo un llamado a la CC a detener los abusos del MP, y el atropello a la institucionalidad democrática; Arévalo, por su parte, elogió los planes de desarrollo de las instancias empresariales, comparándolos con los de su plan de gobierno.

Sin embargo, las mismas cámaras que tenían un idilio con Arévalo, exigieron a las autoridades liberar por la fuerza los bloqueos de carreteras, destacando el odio clasista de los terratenientes de la Cámara del Agro, que llamó a las personas afectadas a poner denuncias ante el MP, la policía, o la PDH. ¡Vaya alianzas las que está tejiendo Arévalo!