Por Martín Escobedo

La reciente visita de Almagro -secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- a Guatemala suscita suspicacias, en medio de la amenaza de que la transición presidencial no tenga lugar este 14 de enero próximo. Almagro comienza su más reciente informe ante la OEA citando a un amigo suyo: “Si nada está roto, no hay que romper nada, y menos podemos ser nosotros los que rompamos algo”. Aquí vale la pena cuestionar si la OEA tiene la potestad de intervenir -pero quizás prefiere no intervenir directamente-.

Es muy notable que Almagro enfatiza en proteger la institucionalidad y el orden constitucional que se encuentran amenazados por el régimen del actual presidente derechista Alejandro Giammattei, que a través de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez penal Fredy Orellana -todos ellos sancionados por Estados Unidos a través de la Lista Engel- busca ejecutar un golpe de Estado técnico.

El binomio presidencial electo del partido Movimiento Semilla - Bernardo Arévalo y Karin Herrera- ha denunciado a los actores mencionados anteriormente como golpistas y ha exigido su renuncia. Estas acciones orquestadas por el aparato de justicia representan un golpe de Estado con el objetivo de evitar que el binomio electo tome posesión, o al menos suspender la personería jurídica del partido. Esto último provocaría que el binomio llegue al poder sin un partido ni bancada legislativa, lo que limitaría su margen de maniobra política y debilitaría la lucha contra la corrupción.

En su informe Almagro no menciona directamente a la FECI, sino que se refiere a “una fiscalía”, pero al menos reconoce que a esta fiscalía no le competen los temas electorales y expone su potencial de alterar el orden democrático. También enfatiza en su desaprobación hacia la suspensión del partido Semilla y que esto puede alterar la gobernabilidad del país. Esto último podría tener consecuencias constitucionales, electorales e institucionales para el país. Si el régimen actual se atreve a tomar el paso de evitar la transición presidencial podría enfrentar sanciones más severas.

Pareciera que para la OEA es importante no romper con el ritual democrático de la transición presidencial cada 4 años, porque de no ocurrir, se podría percibir como la “fractura” de la débil institucionalidad de la democracia guatemalteca -que se mantiene con respirador artificial- y que a su vez es garante de la permanencia y el desarrollo del neoliberalismo y el capital transnacional en el país. Asegurar la gobernabilidad evitaría -en palabras del propio Almagro- “que los actores del sistema político se canibalicen”.  

Pero el informe de Almagro contiene la siguiente contradicción: ejemplifica positivamente las afirmaciones de la Junta Directiva del Congreso que señaló que “es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de diputados o de un partido” y no la orden de un juez. No debemos olvidar que el juez penal Fredy Orellana emitió una resolución, a petición de Rafael Curruchiche, que suspendía al partido debido a investigaciones en su contra (por presuntas anomalías en la recolección de firmas para su creación). Ni lenta ni perezosa, la Junta Directiva del Congreso, en medio de un proceso anómalo, declaró a los diputados de Semilla como independientes y como consecuencia de ello no podían presidir comisiones, ni participar en jefaturas de bloque.

Tampoco menciona directamente las acciones del juez Freddy Orellana ni la participación de la Fundación Contra el Terrorismo, que ha filtrado información privilegiada de los procesos de investigación del Ministerio Público. Ni la actitud pasiva del presidente Giammattei, que no se ha pronunciado respecto de las acciones de Consuelo Porras, pues él prorrogó su estadía en la jefatura del MP. 

En palabras del presidente electo Bernardo Arévalo, dirigidas al actual presidente Giammattei: “trabajar lo más rápido posible para llevar este barco (transición de gobierno) a buen puerto”. Pues la situación del partido Semilla es la de un barco que navega en un mar de incertidumbres en un país con élites depredadoras que temen perder el control del aparato estatal y con ello -posiblemente- enfrentar a la justicia.

Por lo menos Almagro reconoce las presiones políticas y las erráticas valoraciones jurídicas del sistema de justicia que agrede y acosa al partido Semilla. La misión de la OEA permanecerá en Guatemala hasta el 14 de enero próximo para “garantizar” la transición presidencial y con ello presumiblemente no empeorar los problemas estructurales del país que en palabras del propio Almagro son: la desnutrición infantil, el narcotráfico y el crimen organizado.

Recordemos que la OEA fue creada durante la guerra fría para evitar el avance del comunismo y por eso tiene una deuda histórica con los países de Latinoamérica y El Caribe.