Por Armando Tezucún

Las estructuras corruptas, que se enriquecen mediante jugosos negocios con el Estado, no ceden en sus esfuerzos por bloquear el proceso normal de acceso al gobierno del Movimiento Semilla, ganador de la segunda vuelta electoral efectuada el 20 de agosto pasado.

Nuevas acciones ilegales contra los resultados del proceso electoral

Las medidas tomadas por los enemigos de la voluntad popular son cada vez más osadas. Los días 12, 13 y 14 de agosto, en una acción sin precedentes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, realizó una serie de allanamientos en la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y el Centro de Elaboración de Padrones. En estas últimas locaciones, los fiscales del MP abrieron de forma ilegal un total de 70 cajas electorales, seleccionadas como un muestreo al azar.

El material electoral, según Curruchiche, fue tomado como indicios en una investigación producto de una denuncia de un “ciudadano”, derivado de los resultados de la primera vuelta electoral, cuyos detalles fueron mantenidos en secreto, y en la acción se documentó el contenido de las cajas: papeletas con los votos de los ciudadanos, los diversos documentos de recuento de votos elaborados por las mesas receptoras, el padrón correspondiente a cada mesa, etc. A pesar de la circulación en redes sociales de un video en que se ve a una agente de la fiscalía tomando notas al observar las papeletas de los votos, Curruchiche negó que en los allanamientos se haya procedido a hacer un conteo de los mismos. El nefasto fiscal negó que la acción tenga relación con el caso que lleva contra el Movimiento Semilla.

La orden de cateo que amparó a la FECI estaba firmada por el juez Fredy Orellana, el mismo que ordenó ilegalmente la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Semilla; a pesar de la afirmación de Curruchiche, esta orden tiene el mismo número de referencia que la causa que se lleva por el caso Corrupción Semilla.

El personal del TSE que tenía bajo su resguardo las cajas con material electoral se negó a abrirlas, señalando que, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional, solo el TSE y sus órganos, como las Juntas Receptoras de Votos y Juntas Electorales Departamentales, tienen la facultad hacer el recuento de votos, y la ley no contiene ninguna norma que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales.

La magistrada presidente del TSE, Irma Palencia, afirmó que el oficio que autorizó el cateo se refería a allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales, y en ningún momento mencionó apertura de las cajas, conteo de votos o registro de los contenidos de las cajas. “Se ha vulnerado la cadena de custodia del voto, nosotros no somos responsables a partir de que irrumpieron, les quitaron el marchamo a las cajas y sacaron el contenido, nosotros ya no somos responsables si el contenido va a variar … eso para nosotros es grave … y pone en riego todo el proceso electoral”, afirmó Palencia (Prensa Libre 12/09/2023).

La batalla legal

El mismo día 12, el TSE interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con la esperanza de detener el allanamiento del MP, argumentando que, como mencionamos arriba, solo las instancias del organismo electoral tienen la potestad de abrir las cajas electorales, en los tiempos establecidos por la ley. Los magistrados de la CC dieron trámite al amparo el día 13, pero evadieron su responsabilidad, prolongando el proceso, remitiéndolo a una Sala de Apelaciones.

En esa misma fecha, el TSE presentó otra acción legal ante la CC, con el fin de delimitar si un juez penal tiene facultades para cancelar o suspender un partido político constituido al amparo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional; esto obviamente en vista de la decisión del juez Orellana de suspender al Movimiento Semilla el pasado 12 de julio.

Por su parte, el candidato ganador, Bernardo Arévalo, exigió públicamente la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de Curruchiche y de Orellana, responsabilizándolos de violentar el proceso electoral y el orden democrático, reiterando su denuncia de que hay un golpe de Estado en curso. El día 12, Arévalo presentó ante un juzgado la solicitud de retiro de antejuicio contra Porras y Orellana por ocho delitos. También fueron presentadas sendas querellas contra los fiscales Curruchiche y Cinthia Monterroso.

En vista de la situación política, Arévalo decidió suspender temporalmente su participación en el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, que había iniciado el 4 de septiembre, hasta que “se restablezcan las condiciones políticas institucionales necesarias” (Prensa Libre 12/09/2023). Posteriormente, a instancias de la OEA y el Parlamento Europeo, Arévalo propuso a Giammattei una nueva metodología para retomar el proceso de transición, que continuó el día 25; este detalle nos hace ver la influencia que tendrán los organismos del imperialismo en el futuro gobierno de Semilla.

El día 13 el Movimiento Semilla presentó ante la CC un amparo para dejar sin efecto la orden del juez Fredy Orellana que permitió a la FECI abrir las cajas electorales; además interpuso una acción para incorporarse como tercer interesado en el amparo que interpuso el TSE el día anterior. El día 15 la CC resolvió remitir este amparo a la CSJ, constituida en Tribunal de Amparo. Tanto los magistrados de la CC como los de la CSJ han actuado con negligencia respecto a los amparos y acciones presentados contra los funcionarios del MP y el juez Orellana por Semilla y el TSE; desde el mes de julio la CSJ acumula al menos ocho recursos legales que tiene pendientes de resolver. Esto no es de extrañar, pues los magistrados de ambas instancias fueron nombrados en sus cargos por las estructuras corruptas que involucran a diputados, funcionarios de instituciones del Estado y al presidente Giammattei.

Las movilizaciones populares

La lucha más importante está en las calles, en las protestas populares contra las acciones antidemocráticas que quienes quieren burlar el voto de los ciudadanos.

El lunes 18, Bernardo Arévalo presentó un amparo ante la CSJ exigiendo, en su calidad de presidente electo, la destitución de Porras, Curruchiche y Orellana, actividad a la cual pidió a la población en general que le acompañara. A la convocatoria de Arévalo se unieron organizaciones estudiantiles de varias universidades, organizaciones religiosas, grupos de la sociedad civil, y organizaciones indígenas. El lunes 18 por la mañana varios cientos de representantes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán realizaron una marcha que partió de la zona 4 al Centro Histórico de la capital; los compañeros presentaron una acción de amparo ante la CC contra la fiscal general Porras, el jefe de la FECI Curruchiche, y el juez Orellana.

El finalizar la tarde, cientos de personas respondieron al llamado del binomio electo Arévalo – Herrera, haciéndose presente ante la sede de la CSJ donde fue presentado el amparo.

El 19 de septiembre, el Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, llevó a cabo el bloqueo de 19 puntos en diferentes carreteras del país. La organización se unió a la exigencia de renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, y la del presidente Giammattei. Los dirigentes de la protesta aseguraron que no defienden a un partido político, sino el voto de la ciudadanía; además, reivindicaron otras demandas como el aumento de la canasta básica, del pasaje y el costo de la energía eléctrica. En la ciudad capital representantes de Codeca realizaron una marcha ese mismo día.  

Las protestas en las calles son el factor más importante en la lucha por sacar a las mafias corruptas del poder. Arévalo y Semilla tienen, indudablemente, gran capacidad de convocatoria; muchos genuinamente tienen esperanzas en su discurso democrático, otros, como Codeca, protestan por la defensa del voto popular. Es vital tener claro aún desde el momento presente, las limitaciones del programa democratizante de Semilla. Y es indicativo de estas limitaciones la presencia en la tarima de discursos del 18 de septiembre, del representante de la Fundación Para el Desarrollo (Fundesa) Juan Carlos Paiz; Fundesa es parte de la coordinación de cámaras empresariales, el Cacif. También estuvo presente el presidente del Consejo Nacional Empresarial, Rodrigo Salguero. Hay que señalar que, ante los bloqueos realizados por Codeca, las cámaras empresariales publicaron sus usuales comunicados de protesta contra la acción de los compañeros.  

El 22 de septiembre Arévalo estuvo presente en la clausura del XVIII Congreso Industrial de la Cámara de Industria de Guatemala. El presidente electo instó a los empresarios a promover la unidad nacional en beneficio del desarrollo del país y a alcanzar acuerdos. Los industriales le hicieron entrega del Plan Guatemala No Se Detiene, que contiene una hoja de ruta para atraer más inversión extranjera al país, plan que se empezó a implementar en el gobierno saliente de Giammattei. Vale decir que este plan se basa, entre otras cosas, en la implementación de contratos de trabajo a tiempo parcial, la creación de circunscripciones económicas con salarios mínimos diferenciados y otras medidas que van en detrimento de la clase trabajadora.

Es obvio el apoyo a Arévalo de los organismos internacionales del imperialismo, que sin duda lo consideran un gobierno que servirá de barrera de contención para las luchas populares, al fomentar las ilusiones en el sistema democrático formal burgués.

Mientras nos movilizamos unidos en las calles para echar a las estructuras corruptas, no debemos preparar para enfrentar la resistencia que pondrá a las demandas populares más sentidas un gobierno que desde ya coquetea con el empresariado reaccionario.