Por Arnulfo Gómez

El 6 de septiembre pasado, el Congreso de la República votó en contra del Estado de Calamidad que El Gobierno de Alejandro Giammattei pretendía imponer, siendo la segunda vez en los últimos meses que fracasa en su intento. Según lo publicado en Prensa Libre, el jueves, 9 de septiembre de 2021: “El Congreso de la República publicó este jueves 9 de septiembre el Decreto 10-2021, en el Diario de Centro América, en el que oficializa la improbación del estado de Calamidad que había propuesto el Organismo Ejecutivo”.

El intento de imponer un estado de calamidad se da con el aumento exponencial de casos de Covid-19. Según la página https://tablerocovid.mspas.gob.gt/, hasta el día 13 de septiembre había 515,756 casos acumulados registrados, 12,795 casos registrados de personas fallecidas; esto sin contar toda la población que por falta del abastecimiento de pruebas en los centros asistenciales, por la dificultad de llegar a un centro de asistencia o por diferentes razones no se realiza la prueba.

Con la aprobación del estado de calamidad, Giamatei y su pandilla, pretendían vernos nuevamente la cara de tontos a todos los guatemaltecos. Para estos personajes parece que no basta, parece que no hay manera de llenar bolsillo alguno.

En el fondo, el estado de calamidad propuesto por el Ejecutivo, no pretendía combatir ninguna crisis para las clases más desposeídas, sino que pretendía limitar la libre locomoción de la población, impedir concentraciones o aglomeraciones de personas y suspender reuniones. Como nos pudimos dar cuenta, para nosotros los pobres, solo se trataba de prohibiciones y limitaciones. 

Para la clase gobernante y los empresarios que son quienes realmente manejan el destino de este país, con el estado de calamidad abría una “oportunidad de negocio”, pues dejaba la puerta abierta a las compras sin licitación, dejaba la oportunidad para que el gobierno gastara a manos llenas sin el mayor control. El estado de calamidad no iba a ser lo mismo para pobres y ricos.

Durante las sesiones del Congreso para tratar sobre el estado de calamidad, fue notoria la fractura en el voto oficialista, pues algunas bancadas que hasta ahora eran aliadas del partido de gobierno votaron en contra del decreto presidencial. Algunos de estos diputados defendieron el interés de los empresarios, argumentando que no se puede limitar las actividades económicas, pues se puede producir un nuevo retroceso, igual que el año pasado. Pero las grietas en el oficialismo también obedecen a la proximidad de la discusión del presupuesto del Estado para 2022, que siempre es fuente de divergencias.

El año pasado tuvieron la aprobación de varios préstamos que sumaban una exagerada cantidad de millones de quetzales que supuestamente se utilizarían para encarar la crisis que acechaba por culpa del Covid-19.

Con tal de obtener el dinero de los préstamos,  prometieron cinco hospitales temporales, un subsidio para los trabajadores que se quedarían sin empleo, un bono familiar, entrega de víveres para las personas de escasos recursos, la contratación de personal de salud y muchas promesas más sin cumplir o que se cumplieron a medias y que solo les sirvieron como la oportunidad idónea para desfalcar las arcas del estado. Aparte de lo anteriormente descrito, la pandemia fue una oportunidad para darle publicidad a las empresas y a los estados afines que supuestamente estuvieron “donando” diferentes tipos de cosas y dinero. El gobierno de Giammattei no ha perdido una oportunidad para estar dando agradecimientos y alabando “el buen corazón de los buenos samaritanos” que se apiadan de este país del tercer mundo, de este país que es uno de los más desiguales de Latinoamérica. Pero no es de extrañarse, es así como actúa el capitalismo, no podemos esperar nada menos de los enemigos del pueblo.

Debido la crisis que afecta al país con la creciente cantidad de contagios y muertes por Covid-19, no negamos que se necesita una propuesta de ley seria; pero esta debe servir para proteger a la mayoría de la población, a la clase trabajadora, a los desempleados a los trabajadores informales, a los campesinos, a la población más vulnerable. Por lo tanto, exigimos que se apliquen políticas con el fin de garantizar el bienestar del pueblo de Guatemala; exigimos un seguro de desempleo, exigimos que los empresarios cubran los gastos de salud de sus empleados, exigimos que las empresas cubran los gastos de transporte de sus empleados, que se contrate a más personal de salud y que les pague a tiempo, exigimos el fortalecimiento del sistema de salud pública. Alentamos al pueblo de Guatemala a estar atentos, vigilantes y exigir el manejo adecuado del dinero que con tanto sacrificio damos con nuestros impuestos, a los trabajadores les exhortamos a que les exijan a sus sindicatos que velen por el bienestar de la clase a quienes representan.