Representantes de ONG indígena reclama representatividad en la elección de magistrados del TSE

Por Leonardo Ixim

La elección de cinco magistrados titulares y cinco suplementes por parte del Congreso de la República, para dirigir el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de la preselección realizada por la Comisión de Postulación, generó expectativas en algunas organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión de Postulación se alineó a los intereses del gran empresariado con algunos partidos de derecha, entre ellos el oficialismo, Todos, Une, Lider, etc. Por su parte, el actual rector de la Usac -quien presidió la postuladora- , pretendió introducir personas afines a él en la lista de 40 candidatos presentada al Congreso; sin embargo en la selección final del organismo legislativo, no logró ubicar ningún magistrado.

Organizaciones de la sociedad civil, es decir ong´s con cierta ideología que fetichiza el estado de derecho, como Movimiento Pro Justicia y otras, alegan que pese a que fueron electos los más idóneos por lo menos técnicamente, al final los partidos políticos amarraron en bloque las propuestas. Esta sociedad civil ha oscilado entre cuestionar el papel de la postuladora y alabarlo, de igual forma lo vemos con respecto a la selección final.

Los acuerdos entre los partidos PP, UNE, Todos, Winak, Creo, Urng, y otros más fueron consensuados en bloque, situación criticada por organismos de la sociedad civil pues da pie a la poca transparencia.   Al final, la bancada Lider, quien supuestamente no era parte de la negociación, terminó votando de igual forma, aduciendo que esperaba responsabilidad de los nuevos magistrados. La izquierda -tres diputados, Winak y Urng- votó en bloque por la propuesta montada por el PP.

Los magistrados titulares nombrados fueron: María Eugenia Mijangos, con experiencia en organismos de derechos humanos e internacionales, como el PNUD; Julio Solórzano, con amplia experiencia electoral, ha laborado como director electoral del TSE con fama de honesto y cercano a posiciones conservadoras; Rudi Pineda y Jorge Valenzuela, ambos del Partido Patriota, este último ha sido magistrado suplente en la Sala Tercera de Apelaciones, y presumiblemente será el próximo magistrado presidente. Con ellos el PP buscaría tener el control de este organismo para reeligiese otros cuatro años más.

Por último Mario Aguilar Elizardi, asesor jurídico de varias empresas, cercano al partido Creo, que es expresión de un sector del capital que busca modernizar el sistema político, pero sin interesarse en una verdadera democratización.

Entre los suplentes fueron seleccionados: Aquiles Linares; Oscar Sequen Jocop, cercano a organizaciones cooperativistas e indígenas; Ana Elly Lopez, formada en corrientes del derecho más cercanos a los intereses burgueses; Estuardo Gamalero, cercano a los intereses oligárquicos aglutinados en el Cacif, asesor de la Cámara de Industria y de algunos poderosos bancos. Termina la lista con Augusto López, ex magistrado de la CSJ entre 2004-2009, quien también ha ocupado otros cargos de juez en el organismo judicial.

Los 10 seleccionados fueron de los que mejores acreditaciones académicas tuvieron, con maestrías y doctorados, con experiencia técnica a la hora de organizar eventos electorales, supuestamente partidarios de la transparencia y enemigos del fraude. La mayoría vinculada a la administración estatal, a sectores de la burguesía y partida derecha.

Fue vergonzosa la manera como los partidos burgueses se repartieron a su conveniencia la selección de los diez magistrados. Esta burda maniobra nos indica que diputados y magistrados evitarán a toda costa la profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que es necesaria desde hace años, una que en verdad posibilite una democratización real a favor de los sectores populares, desmonopolizando la participación que tienen los partidos, con la elección de listas abiertas, candidaturas independientes, comités cívicos para diputados, procesos revocatorios.

Ante todo proponemos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares que exijan que se cambie el sistema de elección de los magistrados, no solo del TSE, sino también de la Corte Suprema de Justicia y del jefe del Ministerio Público. Estos funcionarios deben ser electos por voto popular, se les debe poder destituir en el momento en que sus electores consideren que incumplen sus funciones, y se deben eliminar los sueldos desproporcionados que ganan, reemplazándolos por otros más modestos, acordes a su condición de servidores públicos.