Por Armando Tezucún

En el informe de su segundo año de gobierno (coronado por el tragi-cómico atentado contra la vicepresidenta Baldetti), el presidente Otto Pérez Molina vertió una serie de falsedades y verdades a medias para hacernos creer que su gestión fue exitosa. La realidad refleja lo contrario.

El Producto Interno Bruto creció un 3.6% durante 2013, por encima del 3% del año anterior y dentro de las proyecciones estimadas por el Banco de Guatemala. Esta tasa de crecimiento, sin embargo, no refleja los problemas que tuvo el comercio exterior como producto de la debilidad de las economías europeas y estadounidense. El hecho de que las exportaciones tuvieran un levísimo crecimiento del 0.7% indica que el anunciado fin de la recesión en Europa y el aún bajo crecimiento de Estados Unidos no son aún suficientes para incidir positivamente sobre el intercambio comercial exterior guatemalteco, y no lo será por un buen tiempo. El resultado fue un crecimiento de la inversión privada del 9%, muy abajo del 15% previsto, afectando la generación de empleos.

El bajo desempeño del comercio exterior fue uno de los factores que incidieron negativamente en las finanzas del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. En el mes de diciembre los funcionarios del Ministerio de Finanzas anunciaron que la recaudación tendría un déficit de Q 3,829 millones. La crisis fiscal obedeció no solo a la baja en el comercio exterior, la cual repercute directamente en la economía interna de Guatemala, sino también a la incertidumbre causada por la entrada en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria, que ha sufrió numerosas impugnaciones por parte de las organizaciones empresariales, y al creciente contrabando.

A pesar de que Pérez Molina tuvo que ceder ante los grandes grupos corporativos, renunciando a su agenda de reformas (cambios a la Constitución, Ley de Desarrollo Rural, etc.), el enfrentamiento con las organizaciones empresariales continuó. La pugna se dio a nivel del Congreso de la República, en cuyo seno los partidos de oposición bloquearon la aprobación de bonos del tesoro y retrasaron hasta finales de noviembre e inicios de diciembre la aprobación dos préstamos con entidades extranjeras contemplados en el proyecto de presupuesto 2013. El gobierno tuvo que tomar medidas de austeridad y emitir letras del tesoro para financiar sus gastos. El golpe final de la oposición se dio con la no aprobación del presupuesto de gastos del Estado para el año 2014, quedando en vigencia el de 2013, inferior en cerca de Q 4 mil millones.

Por otro lado el gobierno poco a poco incrementó las medidas represivas contra los movimientos populares, aprovechando una disminución de las protestas con respecto a las que se dieron durante todo el año pasado. Las luchas que se dieron fueron básicamente defensivas, sectoriales y aisladas entre sí: empleados estatales y municipales contra despidos, por recontrataciones o por paga de sueldos atrasados; movilizaciones de comunidades por demandas por cobros de energía eléctrica o contra empresas mineras o hidroeléctricas; luchas aisladas de estudiantes de secundaria por bonos y becas. El gobierno logró maniobrar para neutralizar otro sector estatal (además del sindicato oficial de maestros), el de los trabajadores de la salud, con cuyo sindicato firmó un ventajoso pacto colectivo en octubre, pero cooptando a sus dirigentes. Destacan el enfrentamiento del 2 de mayo entre pobladores, guardias de seguridad de una empresa minera y policías, a raíz del cual el gobierno decretó Estado de Sitio en cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa y la protesta de pobladores de Santa Cruz Barillas ante la captura un líder comunitario, que llevó a enfrentamientos con la policía a finales de septiembre. Los asesinatos, atentados y capturas contra dirigentes comunitarios que se oponen a proyectos mineros y empresas hidroeléctricas también han sido numerosos. Según el encuentro anual de defensores de derechos humanos, hasta octubre habían ocurrido 690 ataques contra líderes comunitarios, sindicales, campesinos y activistas de derechos humanos, incluyendo 18 asesinatos, mientras en 2012 ocurrieron 305 en total (Siglo XXI 10/12/13).

Paralelamente han incrementado su presencia y protagonismos grupos de ultraderecha conformados por militares retirados y sus familiares (Fundación Contra el Terrorismo y Asociación de Veteranos Militares de Guatemala). El juicio por genocidio seguido contra el ex mandatario general retirado Efraín Ríos Montt, caso sin precedentes que culminó con una condena de 80 años de cárcel, fue anulado por el sistema de justicia, anulación que fue aprobada con entusiasmo por el gobierno, las cámaras empresariales y los grupos de ultraderecha.

Al mes de diciembre el precio de la Canasta Básica de Alimentos llegó a Q 2,900 mensuales y el de la Canasta Básica Vital (que incluye además de alimentos gastos en vivienda, salud, educación, trasporte, agua, energía, etc.) aumentó a Q 5,292 al mes, poniendo cada vez más en penurias a la población trabajadora. En diciembre el gobierno decretó un aumento al salario mínimo del 5% para el año 2014. Esto situó el sueldo mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas en Q 2,530.34 ($ 316) y para el sector de maquilas y exportación en Q 2,346.06 ($ 293). Si comparamos estos sueldos mínimos de ley, que con frecuencia es el máximo que pagan los patronos, con el costo de las canastas básicas, veremos la dura situación por la que pasan las familias trabajadoras guatemaltecas.

El nuevo año plantea la necesidad de unidad de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares en torno a dos ejes: defensa de los salarios, el nivel de vida y los territorios; y el freno a la política represiva del gobierno. Este es el reto que tenemos por delante.